La administración del presidente Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal luego de que una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes presentara una demanda en la que acusa al gobierno de compartir información confidencial de solicitantes de asilo iraníes con autoridades de Irán, una práctica que, según la denuncia, podría poner en peligro la vida de decenas de personas y sus familiares.
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Washington, D.C., por el Iranian American Legal Defense Fund (IALDF), informó ABC News. El recurso legal solicita frenar de inmediato el supuesto intercambio de datos y revisar los expedientes que ya habrían sido entregados al gobierno iraní.
Alegan violaciones a la confidencialidad del asilo
De acuerdo con la denuncia, muchos de los ciudadanos iraníes que solicitaron asilo en Estados Unidos son activistas prodemocracia, integrantes de minorías religiosas o miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes huyeron de su país por temor a sufrir persecución.
La organización sostiene que las leyes federales prohíben compartir cualquier información que permita identificar a una persona como solicitante de asilo, ya que ello podría exponerla a represalias si es deportada.
“Revelar su información confidencial al Gobierno iraní viola el derecho a la confidencialidad de los solicitantes de asilo y los expone al riesgo de persecución, tortura y muerte”, señala la demanda.
Según el IALDF, más de 100 ciudadanos iraníes han sido deportados durante la administración Trump.
Denuncian reuniones entre funcionarios iraníes y detenidos
La querella también asegura que funcionarios vinculados a la Sección de Intereses de Irán sostuvieron reuniones con decenas de ciudadanos iraníes retenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con el documento judicial, varios de los detenidos afirmaron que nunca autorizaron esos encuentros y que los representantes iraníes ya conocían detalles de sus expedientes migratorios, incluidas sus solicitudes de asilo.
La organización Public Citizen, que representa legalmente al IALDF, afirmó que esa práctica vulnera las normas federales de confidencialidad y coloca en riesgo tanto a los solicitantes como a familiares que permanecen en Irán.
“Revelar su información confidencial al gobierno iraní viola las regulaciones federales que exigen confidencialidad y expone a estas personas al riesgo de persecución, tortura y muerte”, indicó Public Citizen.
Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Departamento de Estado habían emitido una respuesta oficial a las acusaciones.
La organización demandante pidió al tribunal ordenar el cese inmediato del presunto intercambio de información y designar a un perito independiente para revisar todos los expedientes que ya habrían sido compartidos con autoridades iraníes.
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