Una organización de derechos civiles presentó este martes una demanda federal en la que acusa a la administración del presidente Donald Trump de compartir con el gobierno de Irán información confidencial de ciudadanos iraníes que solicitan asilo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos rechazó la acusación y la calificó de “FALSA”.
La demanda fue presentada por el Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, que sostiene que el gobierno federal alcanzó el año pasado un acuerdo con autoridades iraníes para “compartir periódicamente los expedientes de inmigración y la información de los iraníes” bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el recurso judicial, desde marzo del año pasado funcionarios estadounidenses habrían enviado por correo o entregado personalmente documentos de inmigración que contienen datos confidenciales de detenidos iraníes, entre ellos órdenes definitivas de expulsión, solicitudes de asilo y peticiones de protección.
El abogado Michael Kirkpatrick, del grupo de litigios de Public Citizen, representa a la organización demandante.
En el escrito afirma que muchos de los afectados son “manifestantes a favor de la democracia, miembros de minorías religiosas como los cristianos evangélicos o miembros de la comunidad LGBTQ que buscan refugio en Estados Unidos debido a los graves peligros que enfrentan en Irán”.
Kirkpatrick sostiene además que divulgar esa información “viola los derechos de confidencialidad de los solicitantes de asilo, pone en peligro a sus familiares y conocidos que aún puedan residir en Irán” y expone a quienes sean deportados “al riesgo de persecución, tortura y muerte tras su llegada a Irán”.
DHS niega las acusaciones
En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones en un comunicado enviado a NBC News.
“El ICE se reúne con todos los países para obtener documentos de viaje para los detenidos” y “brinda a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de contactar con su oficina consular y facilita el acceso consular a las personas detenidas, de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas de la agencia aplicables”, señaló la dependencia.
Los demandantes solicitan que la justicia declare ilegal el presunto acuerdo con Irán y ordene reabrir los procesos migratorios de los ciudadanos iraníes afectados para determinar si reúnen los requisitos para obtener asilo u otra forma de protección.
Como parte del caso, Public Citizen informó que recopila declaraciones juradas de ciudadanos iraníes recluidos en centros de detención migratoria mientras prepara una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos del supuesto acuerdo.
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