La presión política y social para cancelar el acuerdo de cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Policía de Miami aumentó este jueves, luego de que organizaciones defensoras de migrantes, líderes comunitarios y funcionarios locales exigieran poner fin al programa federal conocido como 287(g), al considerar que ha deteriorado la confianza en las autoridades y convertido a la ciudad en uno de los principales focos de detenciones migratorias del país.
La movilización ocurrió durante una sesión del Ayuntamiento de Miami, donde decenas de activistas respaldaron la iniciativa presentada por la comisionada Christine King, quien solicitó abrir el debate para revocar el convenio firmado hace un año entre la ciudad e ICE.
Según especialistas, el acuerdo autoriza a agentes de la Policía de Miami, tras recibir capacitación federal, a desempeñar determinadas funciones de aplicación de la ley migratoria bajo supervisión de ICE, incluyendo la detención de personas susceptibles de deportación.
Dado el contexto, las organizaciones afirman que Miami encabeza los arrestos migratorios a nivel nacional. Los datos difundidos indican que la oficina regional de ICE con sede en Miami registró 41,310 arrestos migratorios entre enero de 2025 y los primeros cuatro meses de 2026, cifra superior a las reportadas por otras oficinas regionales como Dallas, Nueva Orleans, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio.
Las organizaciones civiles sostienen que la colaboración entre la policía municipal e ICE está generando un efecto de desconfianza entre la población inmigrante.
Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition, ACLU Florida, Florida Rising y otros colectivos han sostenido campañas permanentes para exigir la derogación programa federal, al advertir que la cooperación policial con ICE puede desalentar la denuncia de delitos, aumentar el temor entre residentes y favorecer prácticas de perfilamiento racial.
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