El Gobierno de Gustavo Petro ha iniciado la liquidación formal del Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género, la entidad que fue una de las grandes promesas de su campaña. Pocos meses después de ser elegidos, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez lograron que el Congreso de la República aprobara casi por unanimidad la creación de la nueva entidad. “Este Ministerio es un mecanismo para avanzar en la reducción efectiva de las brechas de desigualdad e inequidad en Colombia”, dijo en su momento Márquez, quien asumió la dirección desde el comienzo.
Pocas semanas después, en diciembre de 2022, la senadora uribista Paloma Valencia demandó la creación del Ministerio ante la Corte Constitucional por problemas en el trámite legislativo, en concreto por la falta de un aval fiscal. La Corte le dio la razón a Valencia y obligó al Gobierno a volver a presentar el proyecto ante el Congreso para discutirlo desde cero y subsanar así los problemas detectados por la justicia. Los magistrados le dieron un plazo de dos años para que fuera aprobado de nuevo. El Gobierno se demoró casi un año en presentarlo y después la oposición impidió durante meses que el proyecto se discutiera y se aprobara. Este 20 de junio se venció el plazo de dos años otorgado por la Corte.
Por eso, el pasado viernes 19, el Gobierno tuvo que emitir el decreto de liquidación, que solo se hizo público este lunes. “Liquídese el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y definida su estructura por el Decreto 1075 de 2023, como organismo principal del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas”, se lee en el documento presidencial.
El texto dispone que la entidad pasará a llamarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, y determina las fases para cerrarlo definitivamente en el plazo máximo de un año. El cierre de la entidad deja a la deriva a cientos de empleados públicos. Este lunes, más de 400 trabajadores del Ministerio que no pudieron entrar a su oficina en la mañana han marchado hacia las instalaciones del Departamento Administrativo de Presidencia, en el centro de Bogotá. Los manifestantes exigen al gobierno nacional garantías laborales tras la negativa de ingresar a las oficinas en medio de la liquidación de la entidad. “Nos sacaron como perros”, han dicho los manifestantes a distintos medios de comunicación.
La excandidata Valencia celebró la decisión: “Gracias a la demanda que gané en la Corte Constitucional, hoy desaparece uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia del gobierno de Petro. MinIgualdad no sirvió para nada. Contrataron a más de 5.000 personas y crearon un fondo paralelo para contratar por derecho privado, a dedo. El dinero que debía llegar a las comunidades más afectadas, terminó en burocracia, eventos y saldos en fiducias. Con esto le ahorraremos al país más de $1 billón anual”, escribió la exsenadora.
Ahora, de acuerdo con el decreto, el presidente de la República deberá nombrar un agente liquidador que actuará como representante legal de la entidad durante todo el proceso de cierre. Entre sus responsabilidades estarán la custodia y administración de los bienes del ministerio, el cobro de acreencias, la celebración de contratos indispensables para la liquidación y la presentación de informes mensuales a la Presidencia. El Gobierno tenía la esperanza de que el proyecto de creación del Ministerio se pudiera discutir en sesiones extraordinarias del Congreso, pero la ley que regula el funcionamiento del legislativo y el vencimiento de términos lo impidió.
Durante sus tres años de vida, el MinIgualdad estuvo salpicado por múltiples escándalos de corrupción e ineficiencia. Desde su creación, fue uno de los ministerios con más bajos niveles de ejecución y una de las entidades más castigadas en los presupuestos nacionales. Por ejemplo, al cierre de 2024, la cartera que buscaba cerrar brechas sociales entre los jóvenes, las mujeres, la población diversa, las personas discapacitadas y la población étnica, llevaba apenas una ejecución del 2,4 % de su presupuesto asignado, uno de los peores indicadores del Gobierno Petro.
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