El 9 de junio de 1956, poco antes de la medianoche, la policía detuvo a 12 personas en una casa a las afueras de Buenos Aires donde se habían reunido para ver una pelea de boxeo. Las llevó a la comisaría y de allí a un descampado donde las fusiló. Cinco murieron; siete lograron escapar. El escritor y periodista Rodolfo Walsh —muerto en 1977 por la dictadura— reconstruyó esos asesinatos en uno de los libros pioneros de la no ficción, Operación Masacre, al tirar del hilo que le lanzó un conocido en un bar:
—Hay un fusilado que vive.
Ese fusilado era Juan Carlos Livraga. Hoy vive en Estados Unidos, donde se exilió hace más de seis décadas. Con 96 años, su testimonio grabado fue el primero que se escuchó en el juicio por la verdad que arrancó este miércoles en José León Suárez, a pocos metros de donde ocurrieron los crímenes y hoy se levanta un monumento que los recuerda.
La Justicia argentina se dispone a reparar una deuda histórica: arrojar luz sobre uno de los hechos más oscuros de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, responsable del derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. “Es un día histórico”, dijo el abogado querellante Alberto Palacio en un auditorio colmado. “Es un acto reparatorio fundamental”, agregó frente a víctimas, familiares, autoridades, estudiantes y periodistas.
La policía asesinó a cinco de los detenidos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. Los demás —Livraga, Reinaldo Benavídez, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Julio Troxler— se salvaron.
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—¿Dónde está Tanco?
Durante su testimonio, Livraga recuerda esa pregunta que le hizo uno de los policías que los fueron a buscar en la noche del 9 de junio. Creían que entre ellos estaba el general Raúl Tanco, uno de los ideólogos —junto al general Juan José Valle— del frustrado golpe contra el régimen de Pedro Eugenio Aramburu. Aunque no lo encontraron, a ellos se los llevaron igual. Livraga recibió un golpe con la culata de un fusil que lo dejó inconsciente. Recuperó el conocimiento cuando lo arrastraban por el suelo hacia una camioneta militar, y uno de los uniformados se burló de él. “¿Con esta facha (pinta), pensabas hacer la revolución?’, me preguntó”, agrega en su relato. Livraga, conductor de autobús de 26 años, tenía pensado ir a una cita cuando terminase la pelea de boxeo.
Quien le grita esa noche, se sabrá después, es el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez. Era el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Nunca tuvo que rendir cuentas ante la justicia. Murió en 2001.
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Livraga cuenta que esa noche los trasladaron hasta una comisaría y, horas después, hacia un descampado de José León Suárez. “Me tiré al suelo”, dice Livraga. “Escuché gritos, tiros, y yo sin moverme boca arriba, respirando despacio”, continúa. “Este respira, disparale”, escuchó poco antes de que una bala le diera en el rostro y le atravesase la mandíbula. Se desvaneció. Al despertar, muy dolorido, con mucho frío, se levantó y comenzó a caminar hasta que encontró ayuda y fue trasladado a un hospital. Recibió atención médica, pero después fue encarcelado durante dos meses.
Había pasado medio año cuando Walsh se encontró con él y, poco después, con otros sobrevivientes. Junto a su compañera, Enriqueta Muñiz, comenzaron a investigar la masacre de José León Suárez, ocurrida poco antes de que el régimen impusiera la ley marcial para abortar la sublevación de Valle y Tanco. Ese lapso temporal fue clave: los fusilamientos fueron clandestinos e ilegales. Livraga se dirigió también a los tribunales, pero su denuncia fue remitida a la Justicia militar y no prosperó.
Siete décadas después, el juicio por la verdad a cargo del juzgado federal número dos de San Martín, bajo la conducción de la jueza Alicia Vence, no contempla condenas, sino que apunta a reconstruir los crímenes y obtener una reparación histórica para las víctimas y sus familias. “Existen hechos cuyo juzgamiento conserva relevancia jurídica e institucional, aun cuando ya no resulte posible una respuesta penal”, señaló Vence. “El examen judicial de determinados hechos es importante para la sociedad toda. Es así que nos convoca hoy el examen de hechos ocurridos entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de junio de 1956”, subrayó.
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—Cuando se enteró, mi mamá se puso a llorar. Gritó, gritó y gritó. Ese momento feo lo tengo grabado para toda la vida. Mi niñez fusilada, mi juventud fusilada; espero que esto termine de una vez.
La voz de Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez, se quiebra al recordar el momento en el que su madre, embarazada de cinco meses, se enteró de que su marido estaba muerto. Ella tenía 10 años. Ese día se olvidaron a su hermano menor, de seis, en la comisaría donde les dieron la noticia. Su madre perdió el bebé que esperaba. Tenía terror. Les obligó a mantener silencio sobre lo ocurrido, recuerda Rodríguez, hoy con 81 años, orgullosa de poder comparecer por primera vez en su vida a un tribunal.
Delia Garibotti cuenta al tribunal que no ha podido olvidar la última imagen de su padre, Francisco Garibotti:
—Lo vi a mi papá en el cajón. Tenía un tiro en el corazón.
Berta Carranza, en cambio, admite que no tiene recuerdos de él, de Nicolás Carranza, porque tenía solo dos años cuando lo fusilaron, pero sí de la vida difícil que enfrentó su familia a partir de ese momento y de la herida que todavía sigue abierta:
—Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad.
Este juicio tomó impulso tras el antecedente del juicio por la Masacre de Napalpí, realizado en 2022, donde la justicia reconoció la muerte en 1924 de 500 indígenas qom y mocoví a manos de la policía en la provincia norteña del Chaco. Allí pudo testificar Rosa Grilo, la última sobreviviente de esa matanza.
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