La semana pasada, diversos medios y opinadores contribuyeron a difundir la idea de que había sido aprobada una ley mediante la cual el gobierno de México se apropiaría del 30% de los recursos que administra el sistema de pensiones en el país. Esta versión, como otras que suelen difundir medios y opinadores adversos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es completamente falsa. Ni hay tal expropiación ni es cierto que el gobierno se apoderará de ese dinero que forma parte de los recursos destinados a financiar las pensiones de millones de trabajadores mexicanos. Veamos de dónde proviene tal “confusión”.
El origen de esta interpretación falsa y dolosa comienza con la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. En dicha ley se provee de un marco jurídico más claro para tratar de atraer recursos de inversión de largo plazo en proyectos de infraestructura productiva para el país. Entre otras cosas, la nueva ley permite la posibilidad de crear vehículos financieros especializados que pueden desarrollar proyectos de infraestructura mediante inversión mixta (pública y privada).
Esta nueva ley se combina con otra modificación aprobada en 2024 en la que se amplió el techo porcentual de 20 a 30% del monto de recursos que podrían destinarse a lo que se conoce como instrumentos estructurados. Dentro de estos instrumentos se encuentra precisamente la posibilidad de invertir en proyectos de infraestructura pública o privada. Este techo, cabe mencionar, se aplica exclusivamente a las Sociedades de Inversión (SIefores) que administran los recursos de los trabajadores más jóvenes. El techo establecido desciende hasta el 10 por ciento conforme nos movemos hacia las sociedades de inversión que administran los recursos de los trabajadores con mayor edad y que, por estar más cerca del retiro, suelen preferir poner sus recursos en inversiones más seguras y predecibles.
Lo anterior, de entrada, implica que el 30% no es un porcentaje fijo que se destinará a obras de infraestructura y ni siquiera lo limita a esto, sino que ese tipo de inversión es apenas un componente dentro de las muchas alternativas que se ubican en la categoría de instrumentos estructurados. Ese límite, como ya se mencionó, se estableció desde hace año y medio y, a la fecha, únicamente el 8% de todos los recursos de las Afores se destina a proyectos de infraestructura.
Al momento de aprobar la nueva Ley, un congresista mexicano (el senador Francisco Chíguil) expresó que la mayor certeza jurídica que brindaba la nueva ley podría dar lugar a que aumentara el monto de los recursos de las Afores que se destinan a proyectos de infraestructura. Esta afirmación, perfectamente válida y expresada en forma condicional, de ninguna manera implicaba que a partir de ahora las Afores deberían invertir el 30% de sus recursos en proyectos de infraestructura ni mucho menos. Cabe recordar que las Administradoras de Fondos del Retiro son empresas privadas que gestionan los recursos de los trabajadores y que toman sus decisiones bajo un marco regulatorio claro, pero que no les obliga a poner sus recursos en ningún tipo de instrumento específico.
Así, es completamente equivocado pensar que el gobierno mexicano podría instruirles a estas organizaciones en qué invertir y mucho menos obligarles a disponer de los recursos de los trabajadores para financiar proyectos de inversión que no sean rentables o atractivos desde el punto de vista económico-financiero. Por esta razón, las Afores cuentan con áreas especializadas en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones de inversión. Estas áreas se encargan de evaluar la rentabilidad de proyectos potenciales y, si alguno de estos no resulta suficientemente atractivo, las Afores simplemente deciden no invertir allí.
En un trabajo reciente, coescrito con el ex ministro de finanzas de Chile, Felipe Larraín, analizamos la contribución de los sistemas de pensiones al desarrollo económico de México. El resultado ha sido positivo precisamente porque los fondos de ahorro previsional permiten financiar la inversión, lo que impulsa el crecimiento y la mayor generación de empleo formal en el país. La nueva Ley aprobada va sin duda en el sentido correcto. Al combinarse con la reforma que permite mayores techos destinados a instrumentos estructurados, esto podría ayudar a financiar importantes y necesarias obras de infraestructura en el país. La clave, sin embargo, es que el país sea capaz de generar proyectos de inversión que sean suficientemente rentables para que sean atractivos para que las Afores se vean interesadas en financiarlos. No se trata, en lo absoluto, de expropiarle su dinero a nadie. Por el contrario, se trata de contribuir a generar las condiciones necesarias que permitan detonar la inversión en el país. Los trabajadores deben estar tranquilos: sus ahorros están protegidos y a buen resguardo.
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