Los servicios de seguridad alemanes están empezando a prepararse para una posibilidad que hasta hace poco parecía remota: que el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) entre en el Gobierno de Sajonia-Anhalt y asuma el Ministerio regional del Interior. No sería un departamento cualquiera. De él dependen la policía y la Oficina para la Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior encargado de vigilar el extremismo y que desde 2023 clasifica precisamente a la organización regional de la AfD como “extremista de derecha”.
La formación ha recurrido esa clasificación, pero la inquietud dentro de los servicios de seguridad se concentra ahora en algo mucho más práctico: qué información sensible podría conocer un ministro de la AfD y hasta dónde deberían seguir compartiéndola otros Länder. La discusión ha dejado de ser puramente teórica. Baja Sajonia ya estudia limitar parte de la información de seguridad que compartiría con Sajonia-Anhalt si la AfD entrara en el Gobierno.
Su ministra del Interior, Daniela Behrens, ha citado expresamente los casos relacionados con espionaje y sabotaje ruso y considera que la proximidad de la AfD al régimen de Vladimir Putin podría abrir riesgos. Stephan Kramer, responsable del servicio de inteligencia interior de Turingia, ha planteado por su parte un sistema de acceso graduado a la información y la posibilidad de restringir determinados datos especialmente sensibles. Nadie ha decidido aislar a Sajonia-Anhalt y Rainer Robra, jefe de la Cancillería regional, advierte de que excluir a un Land de información de seguridad chocaría con la propia cooperación federal alemana.
El escenario ha ganado algo de consistencia desde este jueves, después de que la dirección regional de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) aceptara la invitación de la AfD para mantener conversaciones sobre una posible colaboración. La Unión Cristianodemócrata, el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y la izquierda de Die Linke rechazaron la invitación, mientras el BSW acordó discutir asuntos como educación, energía o política de paz.
Eso no equivale a una negociación de Gobierno, pero vuelve menos abstracta la pregunta de qué podría hacer realmente la AfD si pasara de la oposición al Ejecutivo. El federalismo alemán establece aquí límites muy claros. Un ministro-presidente de la AfD no podría decidir desde Magdeburgo la política exterior de Alemania, levantar las sanciones a Rusia ni modificar por su cuenta el derecho federal de asilo. Sin embargo, los Länder conservan un poder considerable en seguridad interior, educación y cultura, y es precisamente en esos terrenos menos visibles donde un Gobierno regional podría dejar una huella más rápida. Las escuelas son un buen ejemplo.
La AfD quiere cambiar prioridades en la enseñanza de la historia, acabar con buena parte de la educación inclusiva y flexibilizar la obligación de acudir físicamente a clase para permitir más enseñanza en casa. No todo sería sencillo: la escolarización obligatoria está protegida por la Constitución regional y modificarla requeriría una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Pero los planes de estudio, determinadas instrucciones administrativas o la política educativa cotidiana dependen en gran medida del propio Land.
La inmigración muestra justamente lo contrario. Aunque ocupa una parte central del programa de la AfD, la televisión pública ARD ha calculado que alrededor de dos tercios de las más de cincuenta medidas anunciadas no podrían aplicarse tal como están planteadas. Algunas no son competencia de Sajonia-Anhalt y otras chocarían con el derecho alemán, europeo o internacional.
El Land no podría, por ejemplo, decidir unilateralmente que deja de recibir solicitantes de asilo asignados mediante el sistema federal. Sí tendría margen en la ejecución administrativa de determinadas deportaciones, pero una victoria regional no permite trasladar automáticamente a la práctica todo el programa migratorio del partido. Algo parecido ocurre con la radiotelevisión pública.
La AfD ha prometido denunciar el tratado que regula el Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), la radiotelevisión pública compartida por Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt pero para salir de ese acuerdo necesitaría también el respaldo del Parlamento regional y, si la denuncia se produjera antes de terminar 2026, la salida podría hacerse efectiva a finales de 2028. Eso no significaría, sin embargo, que la televisión y la radio públicas pudieran desaparecer sin más, la jurisprudencia constitucional obliga a mantener una oferta audiovisual pública independiente y suficientemente financiada.
La posibilidad de que la AfD llegue al Gobierno ha dejado así de ser una hipótesis lejana para convertirse en un problema institucional que Alemania empieza a estudiar de forma concreta. Hendrik Wüst, ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, ha pedido un grupo de trabajo conjunto entre la Federación y los Länder para analizar qué margen tiene el Estado cuando una formación cuestionada por sus posiciones constitucionales alcanza responsabilidades ejecutivas. La discusión ya no gira únicamente en torno a qué medidas podría aplicar la AfD desde Magdeburgo, sino también sobre cómo reaccionarían el resto de las instituciones si por primera vez tuviera que compartir con ella parte del poder ejecutivo del Estado.
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