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El gobierno del presidente Donald Trump despidió a dos jueces de inmigración que previamente habían desestimado procesos de deportación contra estudiantes universitarios vinculados a la defensa de los derechos palestinos, según confirmó el sindicato que representa a estos funcionarios.

Los casos involucrados corresponden a Roopal Patel y Nina Froes, ambas nombradas como juezas de inmigración en 2024 durante la administración anterior.

Decisiones judiciales en casos de deportación

En febrero, la jueza Roopal Patel determinó que no existían fundamentos para la deportación de Rümeysa Öztürk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, quien permaneció detenida durante 45 días en Luisiana.

Por su parte, Nina Froes desestimó el proceso de deportación contra Mohsen Mahdawi, estudiante de la Universidad de Columbia, arrestado tras una entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense.

Despidos dentro de un grupo mayor de jueces removidos

De acuerdo con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, Patel y Froes forman parte de un grupo de 113 jueces de inmigración despedidos durante la actual administración, mientras que seis destituciones adicionales se habrían producido durante el fin de semana previo al anuncio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los despidos están directamente relacionados con las decisiones emitidas en los casos mencionados.

El Departamento de Justicia, a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El organismo ha señalado en comunicados previos que evalúa de forma continua el desempeño de los jueces de inmigración en función de criterios como imparcialidad, conducta profesional y cumplimiento de la ley.

Remoción de jueces

El representante demócrata Dan Goldman afirmó en redes sociales que las destituciones “violaron procedimientos legales básicos”, y acusó a la administración de remover jueces que no se alinean con su política migratoria.

Según estas declaraciones, más de un centenar de jueces habrían sido removidos desde el inicio del actual periodo presidencial.

Los casos de Öztürk y Mahdawi

Los procesos involucraron a estudiantes que fueron detenidos en el marco de investigaciones migratorias relacionadas con su participación en actividades de defensa de derechos palestinos.

Ambos casos fueron revisados por tribunales de inmigración, que posteriormente desestimaron o frenaron los intentos de deportación presentados por las autoridades federales.

Situación en los tribunales de inmigración

Informes citados por medios estadounidenses señalan cambios en la composición de los tribunales, así como la incorporación de nuevos jueces en distintos estados.

Según datos recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), Massachusetts mantiene decenas de miles de casos pendientes en cortes de inmigración.

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El Gobierno de México informó este lunes sobre la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, y exigió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que el deceso ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, en el estado de Luisiana. Según la dependencia, “hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación”.

La víctima fue identificada como Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien falleció tras ser trasladado de urgencia a un hospital, luego de ser encontrado inconsciente dentro del centro de detención. De acuerdo con la versión oficial del ICE, “el personal lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación”.

Cabrera había sido detenido en enero en Chattanooga y permaneció bajo custodia migratoria durante casi dos meses antes de su muerte.

Tras conocerse el caso, el Consulado de México en Nueva Orleans activó los protocolos de protección consular y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia para brindar asistencia legal y acompañamiento.

La Cancillería mexicana expresó su preocupación por la recurrencia de estos hechos, al señalar que reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de detención, las cuales consideró incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Con este caso, suman ya al menos 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención migratoria desde el regreso a la presidencia de Donald Trump, de acuerdo con cifras oficiales mexicanas.

El caso ocurre en medio de crecientes críticas a la política migratoria estadounidense. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre condiciones deficientes en los centros de detención del ICE, incluyendo hacinamiento, acceso limitado a atención médica y supervisión insuficiente.

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Mauro Yosueth Henríquez tenía 18 años, era capitán del equipo de fútbol de su escuela en Houston y estaba a meses de terminar la secundaria. Su rutina era la de cualquier estudiante: clases, entrenamientos, amigos y el objetivo claro de graduarse. Pero todo eso se interrumpió el 16 de diciembre de 2025.

Ese día, Mauro acompañó a su padre a una cita migratoria rutinaria en Texas. No era un operativo ni una redada: era un trámite. Pero ya no volvieron a casa. Ambos fueron detenidos por agentes de inmigración.

De la escuela a un centro de detención

Hasta ese momento, Mauro estudiaba en la secundaria Sam Houston Math, Science and Technology Center, en Houston. Profesores y compañeros lo describían como un alumno comprometido, con liderazgo dentro y fuera de la cancha. Era, además, capitán del equipo de fútbol. No tenía antecedentes penales.

Tras la detención, fue trasladado a distintos centros migratorios en Texas. Allí pasó casi cuatro meses bajo custodia. Mientras tanto, en su escuela, su nombre seguía presente: los compañeros organizaron muestras de apoyo, los docentes impulsaron pedidos para su liberación y la comunidad educativa intentó frenar la deportación.

Sin embargo, el proceso siguió adelante.

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El factor clave: el caso de su padre

Aunque Mauro no tenía historial delictivo, su situación quedó atada a la de su padre. Según registros migratorios, su padre tenía una orden de deportación previa emitida, en 2008. Ese antecedente fue determinante en el proceso.

A los 10 años, Mauro había cruzado la frontera de manera ilegal junto a su papá. Y aunque el trayecto posterior fue intachable, quedó detenido dentro de una fortaleza de alta seguridad, el Centro de Detención de Adultos IAH Polk. Allí pasó cuatro meses, hasta que esta semana fue deportado a Honduras.

Allí se reunió con su padre. El regreso no fue solo geográfico. También significó dejar atrás su escuela, su equipo, su entorno social y su posibilidad inmediata de graduarse.

Lo que dejó en Houston

La historia no terminó con la deportación. En Houston, su caso dejó consecuencias visibles. En su escuela, sus compañeros siguieron hablando de él y los docentes siguen destacando el impacto emocional en los alumnos. En su equipo de fútbol lo sienten irremplazable.

A nivel más amplio, el caso reforzó un clima de temor: familias migrantes comenzaron a evitar trámites oficiales, algunos estudiantes dejaron de asistir a clases y se reportó una caída en la matrícula de alumnos inmigrantes en el distrito.

El caso de Mauro no generó impacto solo por lo que pasó, sino por a quién le pasó. No encaja en el perfil que suele asociarse a deportaciones prioritarias: no tenía antecedentes, estaba escolarizado, tenía un rol activo en su comunidad y fue detenido en una cita administrativa, no en un operativo.

Por eso, su historia se convirtió en un punto de debate sobre cómo se aplican las políticas migratorias en Estados Unidos y a quién terminan afectando en la práctica.

Un comunicado oficial explicó que “ICE simplemente está cumpliendo la ley al detener a ambos“, ya que el padre, “Mauro Rigoberto Henríquez-Alfaro, había regresado al país tras haber sido deportado anteriormente en 2008. Padre e hijo han recibido el debido proceso pleno conforme a la ley y se ha ordenado su deportación”.

Una historia que se repite más de lo que parece

Aunque cada caso es distinto, lo que ocurrió con Mauro refleja una situación más amplia: jóvenes que crecieron en EE.UU., integrados al sistema educativo, pero que siguen expuestos a procesos migratorios vinculados a sus familias.

En ese cruce —entre integración y estatus legal— aparecen historias como las de Mauro. Historias que lloran toda una comunidad.

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Cientos de juguetes sexuales fueron arrojados contra los oficiales por manifestantes durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se llevó a cabo la tarde de este sábado en el centro de Los Ángeles.

La manifestación ocurrió frente al Centro de Detención Metropolitano, en Alameda Street, donde el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró aproximadamente a las 12:30 p.m. una concentración no autorizada que causó retrasos en el tráfico entre Aliso Street y Temple Street.

⚠️Traffic Advisory⚠️

Alameda between Temple and Aliso. Demonstrators remain in the area. Please use caution when driving on Alameda and look out for pedestrians.

Multiple additional arrests have been made for vandalism.

— LAPD Central Division (@LAPDCentral) April 12, 2026

Videos publicados en las redes sociales muestran a manifestantes atando juguetes sexuales a la valla que rodea la instalación federal, arrojándolos hacia los vehículos policiales y exhibiendo carteles explícitos contra la agencia federal de inmigración.

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Según publicaciones de Frontlines TPUSA, los artículos fueron enviados desde Minneapolis para la protesta de este sábado. La ciudad de Minnesota fue escenario de varios tiroteos relacionados con las agencias federales de inmigración en los que murieron dos personas.

Los manifestantes reunidos frente al Centro de Detención Metropolitano corearon consignas contra ICE y empujaban la valla perimetral de seguridad, mientras los agentes mantenían una presencia en el área.

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El LAPD declaró ilegal la concentración después de que las autoridades describieran como un comportamiento delictivo por parte de algunas de las personas que participaron en la protesta, según la División Central del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Al parecer, las autoridades de Los Ángeles emitieron órdenes de dispersión para los manifestantes y arrestaron a cinco personas por presunto vandalismo.

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El LAPD dijo que Alameda Street, entre Aliso y Temple, así como tramos cercanos de Commercial Street, permanecieron cerrados debido a la actividad policial como consecuencia de la manifestación contra ICE.

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Un profesor de filosofía y matemáticas de la Universidad Estatal de California Channel Islands (CSUCI) fue absuelto después de ser arrestado por supuestamente agredir a agentes federales durante una redada en el condado de Ventura en julio de 2025.

El Dr. Jonathan Caravello fue detenido durante las protestas por un operativo de inmigración en una granja de cultivo de cannabis en la localidad de Camarillo.

Según los fiscales federales, el Dr. Caravello arrojó una granada de gas lacrimógeno en contra de los agentes federales. De haber sido declarado culpable, el profesor habría enfrentado una sentencia de hasta 20 años de prisión.

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Miembros de la comunidad de CSUCI, entre ellos estudiantes y profesores, manifestaron su apoyo al Dr. Caravello desde que fue arrestado hace nueve meses, por lo que celebraron su absolución. La comunidad dijo que la experiencia del docente no es única.

El Departamento de Justicia acusó formalmente al Dr. Caravello de agresión a un agente federal con un arma mortal o peligrosa.

Caravello estaba entre las personas que acudieron a la carretera que comunica Camarillo con la granja de cannabis para protestar por la presencia de los agentes federales durante la redada, que se llevó a cabo el 10 de julio de 2025.

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El profesor universitario reiteró que no niega haber lanzado una granada de gas lacrimógeno, pero aseguró que la arrojó lejos y por encima de las cabezas de los agentes para proteger a los miembros de la comunidad que se encontraban en el lugar.

Durante la audiencia del viernes en la que se dictaminó su absolución, Caravallo declaró que era importante alzar la voz y dar voz a los demás.

“Mis compañeros, mi gente que está haciendo este trabajo en las calles ahora mismo y que se enfrenta a la misma represión, a ellos no se les presta atención“, agregó el profesor de filosofía y matemáticas.

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La redada en la granja de cannabis en Camarillo formó parte de los operativos que la administración Trump intensificó desde el 7 de junio de 2025 para arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país.

“El gobierno de Estados Unidos me encarceló durante tres meses simplemente por defender a mi comunidad. Todos tenemos el deber cívico de defender a nuestra comunidad“, expresó la activista Sandra Samanea.

La presidenta de la Asociación de Profesores de California, Margarita Berta-Ávila, declaró que los fiscales federales no han ganado ni un solo caso de “agresión a un funcionario federal” porque, según ella, el público reconoce que estos cargos son intentos de intimidar y acosar a manifestantes pacíficos.

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Marco Rubio, secretario de Estado, ordenó que les fueran retiradas las tarjetas de residencia permanente a tres inmigrantes iraníes por considerar que su estancia en el país nunca debió autorizarse.

A medida que se prolonga la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la administración Trump ha comenzado a detener y hasta expulsar a inmigrantes de origen iraní que llevaban muchos años de residir legalmente en el país.

A los arrestos de dos familiares del asesinado comandante iraní Qasem Soleimani, efectuados la semana pasada, se suman las detenciones de Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo, quienes fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en espera de pronto ser expulsados del territorio estadounidense.

Los tres iraníes en cuestión son familiares Masoumeh Ebtekar, exvicepresidenta iraní desde 2017 hasta 2021 y quien también fue portavoz de los estudiantes que tomaron la Embajada estadounidense en Teherán tras la revolución islámica de 1979.

“Como principal portavoz e intermediario mediático de los secuestradores, Ebtekar… elaboró propaganda que mostraba falsamente el trato humano a los rehenes, organizando entrevistas preparadas en las que se presionaba a los rehenes estadounidenses para que describieran su trato en términos positivos, incluso mientras estaban retenidos en régimen de aislamiento, con los ojos vendados y hambrientos, y sometidos a terror físico y psicológico, incluyendo palizas y simulacros de ejecución”, detalló el Departamento de Estado a través de un comunicado.

Asimismo, responsabilizó al gobierno de Barack Obama de ser responsable de haberles permitido no sólo el ingreso al país a los inmigrantes señalados, sino incluso de otorgarles una tarjeta de residentes permanentes.

“En junio de 2016, apenas unos meses después de que la Guardia Revolucionaria Islámica se apoderara de dos buques de la Armada estadounidense y capturara a 10 marineros estadounidenses, la administración Obama otorgó a los tres ciudadanos iraníes la condición de residentes permanentes legales (LPR) a través del Programa de Visados de Diversidad para Inmigrantes”, enfatizó.

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Marco Rubio, secretario de Estado, se comprometió a redoblar esfuerzos para continuar deportando a individuos ligados a grupos terroristas.

“A su familia nunca se le debería haber permitido beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país.

Estados Unidos nunca puede convertirse en un hogar para terroristas antiestadounidenses ni para sus familias, y bajo la administración Trump, nunca lo será”, escribió.

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Las detenciones recientes en Texas por uso de documentos falsos para trabajar no son hechos aislados. Forman parte de una estrategia más amplia de control migratorio y laboral en Estados Unidos. Según reportes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), los operativos se concentran en sectores como hotelería, construcción y servicios, donde se detectaron irregularidades en la verificación de identidad y autorización de empleo.

Caso reciente en Texas: una red de identidades falsas y documentos falsificados

Un caso reciente en Texas muestra cómo operan estas redes en la práctica. En el condado de Bexar, autoridades arrestaron a Lloyd Marshal Garza (42) y José Roel Ávila (23) tras desmantelar una operación de robo de identidad y falsificación de documentos.

La investigación comenzó cuando una persona recibió una notificación por la compra de un vehículo que nunca había realizado. A partir de ahí, los agentes descubrieron un esquema más amplio. Según la policía local, los sospechosos utilizaban identidades robadas para realizar compras. Contaban con documentos falsos y herramientas de falsificación y manejaban información de múltiples víctimas.

Durante los operativos, se encontraron identificaciones falsas, correo robado, equipos para producir documentos y listados con datos personales de víctimas.

Uno de los detenidos señaló a un tercer sospechoso como el responsable de crear los documentos, lo que reforzó la idea de que no se trata de casos aislados, sino de redes organizadas.

Cómo funcionan estas redes de documentos falsos en Texas

Detrás de cada caso hay un mecanismo que se repite. No se trata solo de una persona que “miente”, sino de un sistema informal que facilita el acceso a trabajo en contextos restrictivos.

El esquema suele incluir:

El formulario I-9 —obligatorio en EE.UU.— es el punto clave. Según el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), los empleadores deben revisar documentos válidos, pero no están obligados a detectar falsificaciones sofisticadas.

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El dato que explica por qué el fraude sigue creciendo

El uso de identidades falsas para trabajar no ocurre en el vacío. Forma parte de un problema mucho más amplio en Estados Unidos. Según la Federal Trade Commission, en 2024 se registraron más de 1,1 millones de reportes de robo de identidad, una de las categorías más frecuentes de fraude en el país. En muchos de estos casos, los datos robados se utilizan para abrir cuentas, solicitar beneficios o acceder a empleo.

En paralelo, el Federal Bureau of Investigation (FBI) reportó pérdidas superiores a 12.500 millones de dólares por delitos digitales, lo que muestra la escala del ecosistema fraudulento en el que se insertan estas prácticas.

El punto clave: muchas de las identidades usadas no son inventadas, sino robadas a personas reales.

El rol de los empleadores: entre negligencia y complicidad

Las investigaciones muestran que no todos los casos son iguales. Algunos empleadores desconocen que los documentos son falsos, no aplican controles adecuados o ignoran señales de irregularidad.

Otros, en cambio, son acusados de facilitar o tolerar el fraude. El propio ICE sostiene que las auditorías laborales apuntan tanto a trabajadores sin autorización como a empresas que incumplen la ley.

Por qué el sistema de control no alcanza

Estados Unidos cuenta con herramientas para verificar empleo, pero no son infalibles. El sistema E-Verify, administrado por el U.S. Department of Homeland Security, procesa más de 40 millones de verificaciones laborales al año. Sin embargo, incluso las autoridades reconocen que los documentos falsificados de alta calidad pueden pasar controles básicos.

Además, el fraude se adapta rápido: cuando un método se detecta, aparece otro.

Por eso no sorprende cuando las autoridades detectan trabajadores que utilizaban identidades ajenas o documentación falsa para acceder a empleos en sectores con alta demanda. Es más: los patrones se repiten:

• Documentos aparentemente válidos.
• Contrataciones rápidas.
• Falta de verificación profunda.

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Qué riesgos enfrentan los trabajadores

Para quienes usan documentación falsa, las consecuencias pueden ser graves. Pueden sufrir procesos penales por fraude o robo de identidad, e incluso llegar a la deportación u otro tipo de restricciones migratorias.

Las autoridades y expertos en tema migratorios subrayan la importancia de trabajar con los papeles en regla y evitar la propuesta de esas redes que operan de manera criminal.

Los atajos ante la necesidad de trabajar

Pero, más allá de los operativos, el fenómeno refleja una tensión estructural: la necesidad de trabajar frente a un sistema migratorio restrictivo. Mientras exista esa brecha y no asomen otro tipo de mecanismos de inclusión, las redes de documentos falsos seguirán operando.

Porque las redadas en Texas muestran solo la superficie de un problema más profundo. El fraude con documentos para trabajar no es un hecho aislado, sino parte de un sistema alimentado por la demanda laboral, el robo de identidad y fallas en los controles.

En ese contexto, las cifras oficiales dejan claro que no se trata de casos puntuales, sino de un fenómeno en expansión.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a retirarse de varios puntos de control de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos, donde había sido desplegado para apoyar a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ante el aumento de filas provocado por la falta de personal.

De acuerdo con información publicada por Reuters, los agentes federales empezaron a abandonar sus funciones en algunos de los 14 aeropuertos donde fueron asignados desde el pasado 23 de marzo, en una medida impulsada durante la administración del presidente Donald Trump para contener el caos en los filtros de seguridad.

La presencia de ICE respondió a una crisis operativa en la TSA, luego de que numerosos empleados dejaran de presentarse a trabajar debido a retrasos en sus pagos durante un periodo de tensión presupuestaria. Esto provocó largas filas, demoras significativas y presión en los principales aeropuertos del país.

Aunque los agentes de ICE no contaban con la capacitación completa de los oficiales de la TSA, su labor fue clave para agilizar el flujo de pasajeros. Entre sus funciones estuvo la revisión de identificaciones en accesos, la organización de filas y el apoyo logístico a viajeros, incluso repartiendo agua en zonas de espera.

Aeropuertos confirman el retiro de agentes del ICE

En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, una de las terminales donde se implementó esta medida, la directora ejecutiva interina y financiera, Tracy Borda, confirmó que la presencia de ICE ya concluyó.

“La buena noticia es que, según nos han dicho, a partir del jueves ya no habrá agentes de ICE en el aeropuerto”, declaró durante una audiencia presupuestaria.

Borda añadió que, pese a la naturaleza inusual del despliegue, no se registraron incidentes relevantes durante su estancia.

“Realmente no tuvimos ningún problema”, aseguró.

Presencia de ICE sigue latente

En Cleveland, las autoridades señalaron que los agentes se retiraron desde el viernes pasado, mientras que en Phoenix dejaron de operar el lunes. Pittsburgh también reportó la ausencia total de personal de ICE en sus instalaciones.

Sin embargo, no todas las terminales han dado detalles claros sobre la salida de los agentes. Aeropuertos clave como los de Nueva York (JFK, LaGuardia y Newark), así como los de Houston y Fort Myers, han remitido las solicitudes de información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a la propia TSA, sin ofrecer comentarios directos hasta ahora.

A pesar del retiro en los controles de seguridad, la presencia de ICE en aeropuertos no desaparece por completo. Los agentes podrían continuar con operaciones dentro de las terminales como parte de sus funciones habituales de control migratorio.

Según datos citados por Reuters, la colaboración entre agencias federales en entornos aeroportuarios ha derivado en más de 800 arrestos desde el inicio del actual mandato presidencial hasta febrero de 2026, lo que evidencia la coordinación entre dependencias del DHS más allá de situaciones extraordinarias como la reciente crisis en los filtros de seguridad.

Con la normalización paulatina del personal de la TSA y la reducción de filas, el retiro de ICE marca el fin de una medida emergente.

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Un inmigrante baleado el martes pasado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguró que fue baleado antes de mover su vehículo, el cual fue interceptado en una carretera de California, según declaró este jueves su abogado.

Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido cerca de la interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros (90 millas) al sur de Sacramento, capital de California.

Sobre el incidente, Todd Lyons, el director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos cuando intentaba huir.

“On April 7, 2026, ICE officers were conducting a targeted vehicle stop in Patterson, CA to arrest Carlos Ivan Mendoza Hernandez, an 18th Street Gang member wanted in El Salvador for questioning in connection to a murder. As officers approached the car, the wanted gang member… https://t.co/JbkIuQAba5

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 7, 2026

Patrick Kolasinski, abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, dijo en una conferencia de prensa que el hombre huyó porque temió por su vida.

“Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”, dijo el abogado, que se mostró preocupado por la salud del inmigrante, que ha sido sometido a varias cirugías.

Mendoza Hernández se dirigía al trabajo cuando fue interceptado por los agentes de ICE en la autopista.

El DHS advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos “para protegerse” a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público.

Lyons también afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato. Pero Kolasinski también disputó este jueves esas acusaciones contra su cliente.

El abogado del inmigrante negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación que enfrentó en El Salvador, según información de The Modesto Focus.

Asimismo, describió al inmigrante como un hombre trabajador y amoroso con su familia.

Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota. 

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Esta semana recoge varias noticias sobre el alcance de la agenda de deportaciones del gobierno que siguen su curso en medio del cambio de mando en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Opinión reportó que según un nuevo informe del Deportation Data Project, “las políticas migratorias del presidente Donald Trump han cuadriplicado la detención de inmigrantes y quintuplicado las deportaciones, además de mantener una tendencia de arrestar a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal”.

“Las detenciones del ICE se cuadruplicaron con creces (4.4 veces). Los traslados del ICE desde cárceles y prisiones, que representaban la mayoría de las detenciones antes de 2025, prácticamente se duplicaron”, agregó el diario.

Los traslados de prisiones a ICE son posibles bajo los acuerdos 287(g) entre las agencias migratorias y los gobiernos locales y estatales. Esos acuerdos han aumentado significativamente bajo el gobierno de Trump, 1,501 de ellos de enero de 2025 a marzo de 2026.

Otro elemento que influye en el alza de los arrestos son las detenciones callejeras que, de hecho, van más allá de las calles y se amplían a juzgados y oficinas de ICE. Según el reporte, esto supone “un fenómeno nuevo”.

Los niños son los más afectados por la campaña de deportaciones de Trump

Otro reporte, esta vez del Marshall Project, concluyó que “ICE ha detenido a más de 6,200 niños durante el segundo mandato del mandatario, una cifra que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en salud”, escribió La Opinión.

“El aumento de niños inmigrantes detenidos es significativo. Durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de menores detenidos era de apenas 24. Con el regreso de Trump y la reactivación de la detención familiar, esa cifra se disparó a 226 menores al día, es decir, casi diez veces más”, agregó el diario.

Diversas organizaciones, activistas, abogados de inmigración y familiares denuncian constantemente las deplorables condiciones de los centros de detención donde no hay atención médica ni pronta ni adecuada, la educación es limitada y ni hablar de la comida en mal estado.

“Todos los estadounidenses deberían estar consternados por el hecho de que estemos encarcelando a miles de niños”, advirtió Leecia Welch, asesora legal de la organización Children’s Rights, informó La Opinión. “Esto genera una cantidad increíble de trauma”.

El niño Liam Conejo Ramos ejemplifica ese trauma

La Opinión también reportó que Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido en Minnesota junto a su padre y enviado a un centro de detención en Texas cuya historia causó indignación, está experimentando secuelas de esa experiencia, según sus padres. Liam y su padre fueron liberados tras la intervención del congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro. “A más de dos meses del arresto, sus padres aseguran que el menor vive con miedo constante y recibe atención psicológica para sobrellevar el trauma”, informó el diario.

“Como padres, nos preocupa mucho que ya no sea el mismo de antes…Nos inquieta que esto pueda durar mucho tiempo”, dijo el padre de Liam, Adrián Conejo Arias, a CBS News.

Y es que el caso de Liam y su familia dista de haberse resuelto. El gobierno rechazó sus peticiones de asilo y también apeló la decisión judicial que resultó en su liberación.

En esa oportunidad, el juez federal Fred Briery, del distrito Oeste de Texas, señaló que la detención de Liam y su padre “tiene su origen en la mal concebida e incompetente aplicación por parte del gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello implica traumatizar a los niños”.

Y en una excepción a la regla, ICE libera a la esposa de un militar

Annie Ramos, una indocumentada de 22 años de edad recién casada con el militar Matthew Blank, de 23 años, fue detenida por ICE cuando acudió a Fort Polk, Luisiana, a registrarse como esposa de un militar. Fue enviada a un centro de detención pues tenía una orden de deportación girada cuando tenía apenas 22 meses de edad.

El caso generó gran atención mediática y la intervención del senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, logró la liberación de Ramos tras cinco días de detención.

Sin embargo, el desenlace del caso de Ramos es una excepción, no la regla porque miles como ella, que han vivido en Estados Unidos toda su vida y no tienen historial delictivo se convierten en prioridad de detención y deportación para el gobierno de Trump y su cuota de 3,000 arrestos diarios.

CBP deporta a ciudadano estadounidense a México, reporta Univision

La corresponsal nacional, Lidia Terrazas, reportó que Brian Morales nació en Denver, Colorado, pero creció en México. Regresó a Estados Unidos hace un año y fue detenido durante un control de tráfico cerca de Fredericksburg, Texas, junto con otros miembros de un equipo de construcción.

Morales asegura que tres agentes de CBP no le creyeron que es ciudadano y que tiene los documentos para probarlo. En su lugar, lo amenazaron con acusarlo de fraude y encarcelarlo si no firmaba su salida voluntaria. Fue deportado sumariamente a México.

El uso de perfil racial es una de las prácticas aplicadas por el gobierno de Trump en su campaña de detenciones y deportaciones lo que ha resultado en el arresto de residentes autorizados y ciudadanos.

Cita de la semana

“Mi hijo es muy diferente”, afirmó la madre de Liam Conejo Ramos, Erika Ramos. Cuando ve policías, agregó, “dice: es ICE, mami”.