Un nuevo análisis académico revela un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. De acuerdo con datos recopilados por la Universidad de California, Berkeley, las detenciones de inmigrantes en espacios públicos se multiplicaron por más de once en el último año, lo que representa un incremento superior al 1,000%.
El informe, elaborado por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones (DDP), documenta que los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no se concentran principalmente en cárceles o prisiones, como ocurría en años anteriores, sino que se han expandido a calles, tribunales y oficinas migratorias. Este fenómeno es calificado por los investigadores como “novedoso” por su escala y alcance.
“Even as ICE has arrested more people who likely could win their cases and stay in the United States, arrests have been ending more often in deportation,” Professor David Hausman, co-director of the Deportation Data Project tells @NBCNews: https://t.co/hO3O9gCHF9#BerkeleyLaw
El estudio también identifica una transformación en el perfil de las personas detenidas. La probabilidad de que las autoridades migratorias enfoquen sus operativos en individuos con antecedentes penales ha disminuido considerablemente. En contraste, las detenciones de personas sin historial criminal aumentaron un 770% durante el periodo analizado.
Este giro se explica, en parte, por el incremento de operativos en espacios públicos, donde es más probable encontrar a migrantes sin antecedentes. Mientras tanto, los traslados de personas desde cárceles y prisiones, que anteriormente constituían la mayoría de las detenciones, apenas se duplicaron.
Las cifras contrastan con la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha sostenido que la mayoría de los arrestos corresponden a individuos con antecedentes penales. Sin embargo, los investigadores aseguran que su análisis se basa en datos oficiales obtenidos directamente de ICE mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información.
Menos liberaciones y más deportaciones
Otro de los hallazgos clave es la reducción significativa en las liberaciones de detenidos. Durante la administración anterior, era común que personas sin antecedentes fueran liberadas en un plazo de 60 días mientras continuaban sus procesos migratorios. En la actualidad, esa práctica se ha vuelto excepcional.
El informe señala que la probabilidad de ser liberado en ese periodo cayó a apenas un 7%, mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en menos de dos meses se duplicó, pasando del 27% al 57%. Este cambio ha contribuido a que el número total de deportaciones se quintuplicara en el último año.
Además, la capacidad del sistema de detención se expandió considerablemente. El gobierno federal incrementó más de cuatro veces el número de camas disponibles para personas arrestadas dentro del país, lo que ha permitido mantener a más migrantes bajo custodia por periodos prolongados.
Los investigadores advierten que estas condiciones han llevado a un aumento notable en las salidas voluntarias, que se multiplicaron por 28. Según el reporte, muchos migrantes optan por abandonar sus casos ante las dificultades de permanecer detenidos mientras esperan una resolución judicial.
En conjunto, los datos reflejan una estrategia más amplia: aumentar el número de arrestos, extenderlos a más espacios y reducir las posibilidades de que los detenidos permanezcan en el país.
Aunque el ritmo de operativos mostró una leve desaceleración en semanas recientes, el estudio concluye que la tendencia general de endurecimiento en la política migratoria se mantiene sin cambios sustanciales.
Durante meses, dos vecinos, el demócrata Gareth Fenley y el conservador John Miller, se reúnen diariamente bajo una misión.
Todas las mañanas, se suben a sus autos y recorren varios kilómetros de carreteras rurales bordeadas de granjas hasta llegar a un almacén enorme, gris y vacío de más de 90.000 metros cuadrados.
Al llegar, inspeccionan cuidadosamente el lugar para asegurarse de que no se ha iniciado ninguna construcción.
Respiran aliviados cada vez que comprueban que el edificio sigue intacto.
Ese vasto almacén industrial, que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) compró en febrero, forma parte de un plan de US$38.300 millones para abrir decenas de centros de detención de migrantes en todo el país.
Pero muchos se oponen a dicho plan, no solo en comunidades demócratas, sino también en lugares como Social Circle, un pueblo conservador que apoyó abrumadoramente a Donald Trump en las últimas elecciones y su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
“Las personas tienen distintas razones, pero coinciden con el mismo mensaje”, explica Fenley. “Y ese mensaje es: ‘No queremos aquí un centro de detención’”.
Reuters:
Muchas personas que respaldan las políticas migratorias del presidente temen que el centro de detención consuma recursos críticos del pequeño pueblo, al triplicar su población, y transforme un lugar conocido por su tranquilidad en un “pueblo prisión”.
En marzo, esas preocupaciones llevaron a que el gestor municipal, Eric Taylor, le cortara el suministro de agua al almacén.
La decisión hizo que este pueblo, que solo tiene un semáforo, se convirtiera en un inesperado símbolo de resistencia.
“Si abrimos ese medidor de agua, les damos acceso total a todo el suministro de la ciudad”, le dijo Taylor a la BBC. “No puedo permitir que eso pase sin saber cuál será el impacto”.
Ahora, los planes para construir un centro de detención con capacidad para 10.000 personas parecen estar en pausa.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que también ha parado los planes para adquirir otros almacenes como el de Social Circle, aunque el destino de las instalaciones en las que ya ha invertido millones de dólares sigue sin estar claro.
El DHS no respondió directamente a una solicitud de comentarios de la BBC sobre la instalación en Social Circle.
Pero señaló en un comunicado que: “Como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”.
El DHS canceló una reunión programada para hablar del almacén de Social Circle porque planeaba una “revisión de los procesos del departamento” bajo su nuevo liderazgo, dijo Taylor.
Los residentes del pueblo se muestran optimistas, pero con precaución.
“Estamos ansiosos por ver el resultado de esta revisión. Ya tomaron la decisión. Ya compraron el edificio, así que habrá consecuencias, se complete o no el proyecto”, afirmó Miller.
Un problema de recursos
En el centro de Social Circle hay una réplica de un pozo, símbolo de los orígenes del pueblo fundado en 1832.
Casi dos siglos después, el agua se ha convertido en el eje de la resistencia local frente a la agencia ICE.
Los habitantes aseguran que el sistema de agua, que abastece a unas 5.000 personas, ha tenido problemas desde hace décadas y que la instalación de ICE requeriría mucho más de lo que este frágil sistema puede proporcionar.
El pueblo tiene permiso para extraer un millón de galones diarios del río Alcovy, al sur de la localidad. En verano, ya utiliza unos 800.000 galones al día.
Según ICE, el centro utilizaría por sí solo un millón de galones diarios.
Taylor explicó que, tan pronto como se presentó la solicitud de suministro de agua, dejó claro a la agencia que no la autorizaría.
“Les dije en ese momento que el medidor de agua estaba bloqueado y que permanecería así hasta que pudiéramos comprender mejor cuál sería el impacto en nuestro suministro”.
BBC NEWS: John Miller tiene su granja de caballos justo frente a las instalaciones que compró la agencia ICE para construir su centro.
Miller, cuyo rancho de 20 hectáreas para caballos está ubicado justo frente al almacén adquirido por ICE, afirmó que las autoridades no hicieron la debida diligencia cuando seleccionaron las ubicaciones de los futuros centros de detención.
“Se repite la misma historia una y otra vez”, aseguró. “No informaron nada a las comunidades. No se les consultó”.
“Entiendo el porqué, pero no entiendo cómo lo están manejando”.
Miller señaló que los funcionarios federales han planteado varias soluciones, incluyendo perforar un pozo en el almacén o transportar un millón de galones de agua al día.
Pero el padre de siete hijos advirtió que perforar nuevos pozos podría afectar al que él utiliza para abastecer a sus caballos, gallinas, gatos y perros.
Transportar tanta agua por las carreteras de dos carriles de Social Circle también generaría problemas. “Serían seis o siete camiones por hora, las 24 horas del día”, señaló Miller.
El DHS no respondió directamente a la lista de preguntas de la BBC sobre cómo planea manejar el suministro de agua.
A Taylor también le preocupa el antiguo sistema de alcantarillado del pueblo, instalado en 1962 y que lleva 20 años necesitando reemplazo.
“¿A dónde se supone que irá todo ese desagüe?”, preguntó.
“No tenemos capacidad para manejar un millón de galones de aguas residuales provenientes de ese sitio”.
Una oposición diversa
La batalla de Social Circle contra ICE comenzó cuando sus residentes se enteraron, a través de un reportaje del Washington Post en diciembre, de que el almacén estaba entre los 23 lugares seleccionados para construir centros de detención.
Rápidamente, apelaron al gobierno y a sus representantes federales, argumentando que el pueblo no contaba con los recursos para la instalación.
Pese a eso, ICE lo compró en febrero por casi US$130 millones, más de cuatro veces su valor estimado inicial.
Desde entonces, Miller, Fenley y otros han liderado la resistencia para frenar el proyecto, organizando protestas y reuniones con cientos de residentes preocupados.
El senador demócrata de Georgia, Raphael Warnock, visitó el lugar y su oficina participó en una reunión informativa con funcionarios de ICE, pero, según un portavoz, “siguen sin responderse muchas preguntas”.
Otras comunidades que también fueron seleccionadas para proyectos similares han manifestado su oposición.
La semana pasada, el estado de Michigan presentó una demanda para impedir que el DHS convierta un almacén en un centro de ICE en la ciudad de Romulus, al argumentar que el centro estaría demasiado cerca de zonas residenciales y escuelas y que estaría en riesgo debido a futuras inundaciones.
Nueva Jersey y Maryland también recurrieron a los tribunales para frenar proyectos de ICE, mientras que residentes de Merrimack, en New Hampshire, lograron convencer a funcionarios electos y detuvieron la construcción de una instalación en su localidad.
BBC NEWS: Gareth Fenley, demócrata, afirma estar preocupada por posibles problemas de derechos humanos que podría traer un centro de detención a su pueblo.
Para algunos residentes de Social Circle, no es solo una cuestión de recursos, sino también de derechos humanos.
Fenley dijo que ella y otros demócratas del pueblo están preocupados por la posibilidad de que haya personas “almacenadas en un lugar que no fue construido para albergar humanos”.
También le inquietan los reportes de abusos en centros de detención.
Al menos 13 inmigrantes murieron bajo custodia de ICE entre enero de 2026 y principios de marzo, según la propia agencia, y grupos de derechos civiles han denunciado que los detenidos enfrentan condiciones inseguras, como falta de alimentos, hacinamiento y negligencia médica.
Otras personas también tienen quejas no solo por quienes estarían dentro de la instalación, sino por la comunidad que la rodea.
“Tenemos una escuela secundaria, un código postal, una tienda de comestibles y un solo semáforo. Y vamos a triplicar el tamaño de nuestro pueblo”, argumenta Valerie Walthart, quien trabaja en una granja veterinaria a pocos kilómetros de la propiedad de Miller.
Walthart añadió que, como madre, le preocupa la seguridad, ya que el centro de detención estaría a solo cinco minutos en auto de la escuela primaria local.
Por su parte, Joy Coker, madre de tres hijos en la zona, aseguró que la ubicación del almacén es “inquietante”.
Entre la necesidad y el rechazo
El representante republicano de Social Circle, Mike Collins, también se opuso públicamente al proyecto de ICE.
“Aunque estoy alineado con la misión de ICE de detener y deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes criminales que han cruzado nuestra frontera debido a las políticas imprudentes de Joe Biden, coincido con la comunidad en que Social Circle no cuenta con los recursos suficientes que requeriría esta instalación”, escribió.
Rick Cook, residente de la vecina localidad de Monroe, dijo que no estaba a favor del centro, aunque considera que Estados Unidos debe endurecer su política contra la inmigración ilegal.
Añadió que él y otros miembros de su iglesia en Social Circle esperan poder ofrecer orientación religiosa a los inmigrantes que sean retenidos en la instalación.
“Pasará lo que tenga que pasar, y trataremos de encontrar la manera de sacar lo mejor de cualquier resultado”, afirmó.
Para Steven Williford, propietario de una granja de ganado en Social Circle y votante de Trump, ICE es un “mal necesario”. Pero no podía creer la noticia cuando se enteró de que construirían un centro de detención en su comunidad.
“Me pareció una locura poner algo así en esta comunidad, sin previsión, sin autorización previa, sin siquiera consultarle a la gente”, afirmó.
“Estoy a favor de hacer lo mejor para el país, pero ¿es esto lo mejor para esta comunidad?”, agregó. “Esa es la pregunta”.
Miller dijo que entiende por qué algunos podrían sentirse confundidos por la reacción de este pueblo republicano. Señaló que los centros de detención son necesarios para mantener a las personas bajo custodia y garantizarles el debido proceso.
“No se puede decir que es algo necesario y luego no estar, al menos en cierta medida, dispuesto a que haya una instalación así”, afirmó.
Sin embargo, añadió que en la práctica ninguna comunidad quiere una instalación de este tipo que afecte la reputación de su localidad.
“Echo de menos los días en que éramos conocidos por el Blue Willow Inn”, señaló, en referencia al famoso restaurante tipo buffet que cerró durante la pandemia y que fue visitado por celebridades como la actriz Helen Mirren.
EPA:
Algunos residentes esperaban que un cambio en el liderazgo federal pusiera en pausa los planes para el almacén.
Trump destituyó a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a principios de marzo, tras las críticas por la ofensiva migratoria de la administración en Minneapolis a comienzos de este año, cuando agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.
El presidente nominó al senador Markwayne Mullin para sustituirla, tras lo cual el DHS dio señales de que podría estar reconsiderando sus planes.
En una declaración a la BBC, el DHS hizo referencia a comentarios de Mullin durante su audiencia de confirmación del cargo:
“Tenemos que proteger el país y lo vamos a hacer, pero queremos trabajar con los líderes comunitarios”, aseguró en marzo.
BBC NEWS: Algunos residentes están preocupados por la seguridad que supone la llegada de 10.000 detenidos a su ciudad.
Estaba previsto que la instalación de Social Circle abriera en abril, pero las obras parecen haberse estancado.
La agencia aún no ha adjudicado un contrato para el almacén ni ha comenzado la gran transformación necesaria para convertir el espacio vacío en un amplio complejo judicial, con áreas de detención, gimnasios, espacios recreativos, salas de audiencias, comedores e incluso un campo de tiro.
Los residentes han recibido con entusiasmo la posible pausa, entre ellos Walthart, quien señaló que la decisión les da a los vecinos “un poco de tiempo para respirar, ya que casi todos los días nos despertamos preguntándonos si hoy será el día en que empiecen a llegar los camiones”.
“Podemos disfrutar de la vida en nuestro pequeño pueblo”, dijo, “al menos por un tiempo más, eso esperamos”.
Fotos: Meiying Wu
BBC:
Haz clic aquípara leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquía nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
El ambicioso plan de expansión de centros de detención migratoria en todo Estados Unidos, impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha encendido alertas por posibles sobreprecios millonarios y beneficios indirectos para grandes instituciones financieras. De acuerdo con una investigación del medio More Perfect Union, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) habría pagado cifras muy por encima del valor de mercado por almacenes adquiridos para este fin.
La estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio por aumentar la capacidad de detención de inmigrantes en el país. Según los registros citados, el DHS buscaba adquirir propiedades por hasta $38 mil millones, con el objetivo de alojar a más de 92 mil personas. Tan solo en lo que va del año, el gobierno federal ya había gastado cerca de mil millones de dólares en la compra de decenas de almacenes.
Sin embargo, los datos analizados por el grupo activista Project Salt Box apuntan a que varias de estas operaciones se realizaron con sobreprecios significativos. En Social Circle, Georgia, por ejemplo, el gobierno pagó casi $129 millones por un inmueble valorado previamente en $29 millones. En Surprise, Arizona, un almacén tasado en $12 millones fue adquirido por $70 millones, mientras que en Socorro, Texas, una propiedad estimada en $11 millones se vendió por $123 millones.
ICE ha comprado con un sobreprecio superior al 100%
Para los investigadores, estas cifras no son anomalías aisladas. “En varias de las compras de almacenes del ICE… las propiedades eran propiedad de fondos inmobiliarios institucionales y se financiaban con deuda bancaria”, explicó Michael Wriston, de Project Salt Box. “Cuando el gobierno federal compró las propiedades, esas ventas coincidieron con el pago de los préstamos y la liberación de los gravámenes”.
En la práctica, esto sugiere que algunas de estas transacciones podrían haber servido como una salida financiera para activos en dificultades, permitiendo a inversionistas recuperar capital —o incluso obtener ganancias— con recursos públicos.
Entre los actores involucrados aparecen grandes firmas como Blue Owl Capital, Goldman Sachs y Deutsche Bank. En Pensilvania, un almacén vinculado a Blue Owl fue vendido al DHS por $119 millones, aproximadamente el doble de su valor estimado. La propiedad había quedado vacía tras la quiebra de la cadena minorista Big Lots en 2024.
En otro caso, Goldman Sachs refinanció un almacén en Maryland meses antes de que fuera vendido al gobierno, mientras que en Nueva Jersey una propiedad previamente vinculada al banco fue adquirida por ICE con un sobreprecio superior al 100%. Un portavoz de la institución declaró a More Perfect Union que el banco no participa en las decisiones operativas ni en la venta de activos individuales.
Deutsche Bank también figura en la lista.
Una de sus filiales vendió un almacén en Salt Lake City por $145 millones, más de 50% por encima de su valor estimado. La operación ha generado críticas adicionales debido al alto consumo de agua proyectado para el sitio, en medio de condiciones de sequía en la región.
El tema ha escalado al ámbito político. El 30 de marzo, 54 legisladores demócratas iniciaron una investigación sobre posibles irregularidades en estos contratos. En una carta oficial, señalaron “acuerdos apresurados y secretos”, así como pagos que superan ampliamente el valor real de las propiedades.
Además, los congresistas advirtieron sobre potenciales conflictos de interés entre funcionarios de la administración y empresas privadas involucradas en las transacciones, así como el uso de mecanismos de contratación propios del sector defensa para acelerar las adquisiciones.
Aunque el DHS ha pausado temporalmente algunas compras para revisarlas, el caso abre un debate más amplio sobre el costo real de las políticas migratorias y quién se beneficia económicamente de su implementación. Para los críticos, el esquema actual no solo impacta a los migrantes detenidos, sino también a los contribuyentes que financian estas operaciones.
Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han cuadriplicado la detención de inmigrantes y quintuplicado las deportaciones, además de mantener una tendencia de arrestar a cualquier indocumentado, sin importar que no tenga historial criminal, revela un nuevo reporte del Deportation Data Project.
“Las detenciones del ICE se cuadruplicaron con creces (4.4 veces). Los traslados del ICE desde cárceles y prisiones, que representaban la mayoría de las detenciones antes de 2025, prácticamente se duplicaron”, indica el reporte.
Esos traslados son posibles con los acuerdos 287(g) que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza con las policías locales y estatales. De enero de 2025 a marzo de 2026, la administración Trump ha logrado 1,501 acuerdos de ese tipo. Al inicio de gobierno se tenían apenas 137 acuerdos.
Los tipos de detenciones de ICE también se han modificado, ya que ha habido operaciones en las calles mucho más que antes.
“Las detenciones callejeras del ICE aumentaron once veces, incluyendo no solo las detenciones en barrios, sino también en juzgados de inmigración y en oficinas de campo del ICE durante controles rutinarios”, advierte el reporte. “Las detenciones fuera de cárceles o prisiones, de esta magnitud, constituyen un fenómeno nuevo”.
Las nuevas políticas de Trump han permitido un aumento de más de ocho veces en las detenciones de personas sin antecedentes penales, contrario al argumento de que se detienen solamente a “criminales”.
La gráfica muestra en azul las detenciones de inmigrantes sin historial detenidos en el gobierno de Biden y el gobierno de Trump.Crédito: Deportation Data Project | Cortesía
Más deportaciones
Debido a que se cuadriplicaron las detenciones, también las deportaciones aumentaron. Esta política se aborda en dos frentes: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentó el número de camas para retener a las personas y procesó a más gente para sacarla de EE.UU.
“Ese aumento de capacidad fue resultado tanto de nuevos fondos (para nuevos centros de detención y más camas en los centros existentes) como de una disminución en los arrestos en la frontera”, se indica.
Antes, ICE liberaba principalmente a las personas que no representaban un peligro a la seguridad pública, sobre todo si no tenían acusaciones o hubieran sido convictas por algún delito. Eso cambió.
“Las personas sin antecedentes penales solían ser puestas en libertad bajo fianza. Esto cambió en 2025”, se agrega.
En promedio, durante el gobierno del presidente Joe Biden se liberaba a las personas a los 60 días de su arresto, pero ahora esta práctica se ha vuelto poco común, con solamente el 7% de los casos.
“La tasa de deportación dentro de los dos meses posteriores al arresto se duplicó para este grupo, del 27% al 57%”, se agrega. “La disminución en la tasa de liberación explicó la mayor parte de ese aumento en las deportaciones. Quizás debido a la menor tasa de liberación, muchas más personas optaron por abandonar sus casos: las salidas y retornos voluntarios (que son raros en comparación con las expulsiones) se multiplicaron por 28”.
¿Una nueva política menos violenta?
El nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo durante su proceso de confirmación en el Senado que su plan es mantener las políticas migratorias de Trump, pero “sin ser noticia principal” a diario.
“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días”, dijo Mullin. “Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí fuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos”.
Sin embargo, Mullin tiene una visión sobre inmigrantes alineada con la del presidente Trump y la detención de cualquier indocumentado.
En su primer conferencia de prensa esta semana, el secretario lanzó una nueva y polémica idea: evitar vuelos internacionales en ciudades santuario.
No queda claro cómo se implementaría ese plan ni si violaría alguna ley federal, pero Mullin consideró que los aeropuertos en esas ciudades no deberían tener servicios de inmigración, aunque la seguridad y el control de viajeros extranjeros en aeropuertos es un asunto federal, no estatal.
Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años cuya detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó indignación internacional, enfrenta hoy las secuelas emocionales de esa experiencia. A más de dos meses del arresto, sus padres aseguran que el menor vive con miedo constante y recibe atención psicológica para sobrellevar el trauma.
El menor fue detenido en Minnesota junto a su padre a inicios de este año, en un operativo cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. En ellas, el niño —con un gorro azul de conejo y su mochila escolar— se convirtió en símbolo del impacto de las políticas migratorias en la infancia.
Desde entonces, su comportamiento ha cambiado de forma notable. “Como padres, nos preocupa mucho que ya no sea el mismo de antes”, dijo su padre, Adrián Conejo Arias en una entrevista con CBS News. “Nos inquieta que esto pueda durar mucho tiempo”.
“Es ICE, mami”, repite constantemente Liam
Su madre, Erika Ramos, detalló que el niño presenta signos de trauma psicológico, como hipervigilancia, aislamiento y cambios en su conducta. “Mi hijo es muy diferente”, afirmó. Incluso, relató que al ver a policías, Liam reacciona con temor: “Dice: ‘Es ICE, mami’”.
El menor y su padre permanecieron detenidos durante dos semanas en un centro en Texas antes de ser liberados tras la intervención de un juez federal. En su fallo, el magistrado fue contundente al señalar que la detención tenía su “origen en la búsqueda mal concebida e incompetente del gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a los niños”.
A pesar de su liberación, la familia sigue enfrentando incertidumbre legal. El gobierno estadounidense continúa con el proceso de deportación, tras haber desestimado su solicitud de asilo y apelado la decisión judicial que permitió su salida de custodia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, defendió el procedimiento. En un comunicado citado por el mismo medio, indicó que un juez de inmigración ordenó la deportación tras garantizar el debido proceso, e instó a las familias a acogerse a programas de salida voluntaria.
Sin embargo, la experiencia vivida ha dejado una huella profunda. Liam, que antes era descrito como un niño alegre, ahora evita jugar con otros menores y rechaza asistir a ciertas clases en la escuela.
“Lo más difícil fue no poder hacer nada”, recordó su madre sobre el tiempo que su esposo e hijo estuvieron detenidos. “Mi desesperación era ir a sacarlos de ahí”.
El impacto psicológico de las detenciones migratorias en menores ha sido tema de conversación. Expertos advierten que este tipo de experiencias puede tener efectos duraderos en el desarrollo emocional de los niños.
Mientras la familia espera una resolución legal, su principal preocupación sigue siendo el bienestar de Liam.
Annie Ramos, esposa de un soldado del ejército de Estados Unidos, fue liberada tras haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de una base militar en Luisiana.
Ramos, de 22 años y originaria de Honduras, fue arrestada a inicios de abril, apenas unos días después de contraer matrimonio con el sargento Matthew Blank. La joven llegó a Estados Unidos siendo apenas una niña y ha vivido la mayor parte de su vida en el país. Sin embargo, una orden de deportación emitida en 2005 —cuando su familia no se presentó a una audiencia migratoria— complicó su situación legal desde entonces.
Su detención ocurrió el 2 de abril, cuando la pareja acudió a la base militar con la intención de inscribir a Ramos en el programa de beneficios para cónyuges del ejército. En ese momento, agentes de ICE ejecutaron la orden pendiente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la acción, señalando que se trataba de una medida basada en el cumplimiento de la ley. “Esta administración no va a ignorar el estado de derecho”, indicó la dependencia en un comunicado citado por el Times.
Ramos había iniciado previamente un proceso para regularizar su estatus, incluyendo una solicitud bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que no fue procesada.
Tras su liberación, la joven compartió un mensaje en el que expresó tanto alivio como determinación. “Lo único que siempre he deseado es vivir con dignidad en el país que he llamado hogar desde que era un bebé”, afirmó.
Ramos también destacó el apoyo de su entorno cercano durante el proceso. “Estoy profundamente agradecida a mi esposo, quien nunca dejó de luchar por mí, y a nuestra comunidad, que nos rodeó de apoyo. Gracias a ellos, estoy en casa”, añadió.
Ahora, su prioridad es avanzar en la regularización de su situación migratoria. “Quiero terminar mi carrera, continuar mi formación y servir a mi comunidad”, señaló.
La historia de Annie Ramos tuvo, hasta ahora, un final feliz. El martes fue liberada por ICE tras cinco días de detención, reportó The New York Times.
La joven de 22 años, recién casada con el militar estadounidense Matthew Blank, de 23 años, acudió a Fort Polk, Louisiana, para inscribirse como esposa de un militar. Pero fue detenida por ICE pues tenía una orden de deportación girada cuando tenía apenas 22 meses de edad.
Ramos lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Es estudiante de bioquímica y no tiene historial delictivo. Va a iniciar su proceso de ajuste migratorio a través de su esposo.
La atención mediática del caso hizo que Mark Kelly, senador demócrata de Arizona, de donde procede la familia de Blank, interviniera con el Secretario del DHS, Markwayne Mullin.
“Esta experiencia ha sido increíblemente difícil, pero también me ha hecho recordar el poder de la fe, el amor y la comunidad. Tengo esperanza en lo que está por venir”, declaró Ramos al ser liberada.
Ramos no debió ser prioridad de detención y deportación si en realidad el gobierno quiere centrarse en remover criminales. Pero para la administración se trata de sumar otro número a su cuota de 3,000 arrestos diarios.
El caso de Ramos es esperanzador, pero es más la excepción que la regla. La mayoría culmina en la deportación de personas que no debieron ser prioridad de remoción.
Y es que cuando de inmigración se trata, los reveses de la administración Trump en los tribunales son múltiples y eso parece intensificar la saña con que la Casa Blanca, y en especial el asesor Stephen Miller, responden mostrando una crueldad reflejada en cómo deshumanizan a los afectados.
Las políticas migratorias de esta administración provocan muertes, separación familiar, y daños físicos y mentales que pueden ser irreparables y que pudieron evitarse por ser personas que no tenían que ser detenidas al no ser criminales.
Pero en su afán de llenar cuotas, personas sin historial delictivo se convierten en “daño colateral” de la campaña de deportaciones de Trump.
La prensa reportó sobre el horrendo caso de una niñita de tres años detenida junto a su madre cuando ésta cruzó la frontera por El Paso, Texas. Luego fue separada de su mamá quien fue acusada de hacer declaraciones falsas. Se siguen separando niños de sus madres y padres a pesar de la tragedia humana que provocó la inmoral práctica de cero tolerancia durante la primera presidencia de Trump. Lo hacen de otro modo, pero lo siguen haciendo pues las detenciones y deportaciones indiscriminadas suponen separación familiar.
Y las nuevas reglas impuestas por la administración para devolver esos menores a sus familiares autorizados en Estados Unidos hace que pasen meses antes de la reunificación.
En el caso de la niña, su padre, que es residente autorizado, indicó que las trabas burocráticas impidieron que le entregaran a su hija quien había sido colocada en un hogar temporal donde presuntamente fue abusada sexualmente por otro menor. La niña estaba bajo la custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR) “quienes le dijeron al padre que se había producido un “accidente” y que iban a examinar a su hija”, reportó la AP.
La niña está con su padre y sus abuelos, pero ya acarrea traumas totalmente injustificados.
Como en tantos otros temas donde la administración Trump pretende gobernar por decreto pisoteando la Constitución y los derechos civiles, en inmigración la acción constante de la comunidad, activistas, legisladores, abogados de inmigración y en última instancia los tribunales han frenado muchas de esas políticas. Así lo prueba el caso de Ramos.
Lamentablemente, aunque muchos casos no progresen, el daño está hecho. Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), “aunque el balance de victorias y derrotas de la agenda migratoria del gobierno aún se está decidiendo en los tribunales, estos cambios normativos han tenido repercusiones drásticas en innumerables personas, incluso en los litigios en los que el gobierno ha acabado perdiendo. Las detenciones prolongadas e injustificadas, la interrupción de la educación, la amenaza de deportación a un país lejano y la incertidumbre que se ha extendido incluso a los titulares de la tarjeta verde y a otros no ciudadanos que residen legalmente en el país han contribuido a crear un clima de miedo que se ha dejado sentir en los hogares y las comunidades de inmigrantes. Parece probable que avivar este miedo sea un objetivo de la administración en sí mismo, como un esfuerzo por animar a las personas a marcharse por su propia cuenta”.
Es la política migratoria Trump-Miller en su máxima expresión: ocasionar el mayor daño posible aunque al final los casos no progresen.
Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.
La batalla legal por el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” regresó a los tribunales federales. Un panel de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito escuchó los argumentos de grupos ambientalistas que exigen el cierre inmediato de la instalación, ubicada en el corazón de la Reserva Nacional Big Cypress, en los Everglades de Florida.
Las organizaciones, encabezadas por Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica, solicitaron a los magistrados que levanten la suspensión de una orden judicial previa que obligaba a desmantelar el sitio. El centro, convertido en un símbolo de las estrictas políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, permanece operativo tras un bloqueo legal emitido en septiembre pasado.
Los grupos conservacionistas solicitaron a un tribunal federal de apelaciones que restituya una orden previa que obligaba a las autoridades estatales a clausurar la instalación, argumentando que su operación viola leyes ambientales federales y causa daños a uno de los ecosistemas más sensibles de Estados Unidos.
El centro permanece en funcionamiento y continúa albergando a migrantes detenidos, luego de que la corte suspendiera en septiembre la orden de cierre emitida por un tribunal inferior.
La instalación fue impulsada por el gobierno estatal de Florida como parte de las políticas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump, lo que ha generado una fuerte controversia tanto legal como ambiental.
Environmental groups on Tuesday asked a federal appellate court panel to drop its temporary halt of a lower court’s order instructing state officials to close an immigration detention center in the heart of the Florida Everglades known as “Alligator Alcatraz.”…
Debate legal sobre control federal y daño ambiental
Durante la audiencia, los jueces centraron sus cuestionamientos en determinar si el gobierno federal ejerce suficiente control sobre la instalación como para obligar al cumplimiento de la Ley Nacional de Política Ambiental.
El abogado del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, Jesse Panuccio, sostuvo que la normativa federal solo aplica cuando existe tanto financiamiento como control directo por parte de agencias federales, algo que, según afirmó, no ocurre en este caso.
Aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aprobó más de 600 millones de dólares para apoyar la construcción y operación del centro, la defensa estatal insiste en que eso no implica supervisión federal.
Por su parte, los grupos ambientalistas argumentan que el proyecto debió someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción, algo que, aseguran, nunca ocurrió. También señalan que la instalación amenaza la vida silvestre de la zona, donde habitan especies en peligro como caimanes, panteras y cocodrilos.
Representantes de organizaciones como Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica afirmaron ante la corte que el daño ecológico es evidente y continuo desde la apertura del centro en 2025.
Otras demandas y denuncias por condiciones de detención
El litigio ambiental es solo uno de varios frentes legales abiertos contra “Alligator Alcatraz”. Otras demandas han cuestionado la legalidad de su operación y las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos.
En uno de esos casos, un tribunal federal ordenó mejorar el acceso de los detenidos a asesoría legal, incluyendo la garantía de llamadas confidenciales no monitoreadas con sus abogados.
Asimismo, organizaciones defensoras de derechos civiles han denunciado posibles violaciones al debido proceso dentro de la instalación, lo que ha incrementado la presión política sobre las autoridades estatales y federales.
Pese a estas controversias, el centro sigue operando mientras el proceso judicial avanza. La corte de apelaciones deberá decidir en las próximas semanas si restablece la orden de cierre o permite que la instalación continúe en funcionamiento durante el desarrollo del juicio.
El caso se ha convertido en un símbolo del choque entre las políticas migratorias restrictivas y la protección ambiental en Estados Unidos, con implicaciones que podrían sentar precedentes sobre el uso de territorios ecológicamente sensibles para fines de detención migratoria.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)dispararon este martes a un inmigrante, al que intentaban arrestar durante una parada de tráfico, en una carretera cerca de la ciudad de San José.
El inmigrante, identificado por ICE como Carlos Iván Mendoza Hernández, era acusado de ser un pandillero buscado en El Salvador, según un comunicado del director interino de ICE, Todd Lyons.
“On April 7, 2026, ICE officers were conducting a targeted vehicle stop in Patterson, CA to arrest Carlos Ivan Mendoza Hernandez, an 18th Street Gang member wanted in El Salvador for questioning in connection to a murder. As officers approached the car, the wanted gang member… https://t.co/JbkIuQAba5
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 7, 2026
De acuerdo con la agencia federal, Mendoza Hernández sería un presunto miembro de la pandilla Barrio 18, que opera en Los Ángeles, y que es buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.
“Cuando los agentes se acercaron al automóvil (para arrestarlo), el miembro de la pandilla utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente“, declaró el director interino de ICE en su comunicado.
“Siguiendo su entrenamiento, nuestros agentes dispararon en defensa propia para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público”, agregó Lyons.
El director interino del ICE agregó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) acudieron al lugar donde ocurrió el tiroteo al inmigrante salvadoreño.
La balacera se desató cuando los agentes de ICE realizaban una parada al vehículo en el área de Patterson, en el Valle Central, con el propósito de detener al inmigrante salvadoreño
El incidente ocurre en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que comenzó en febrero, después de que los demócratas en el Congreso votaron en contra de financiar al DHS si se destinaban fondos para ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El DHS recibió fuertes críticas desde enero, después de que agentes federales que participaron en operativos de inmigración en Minneapolis estuvieron involucrados en tiroteos en los que fallecieron dos ciudadanos estadounidenses.
Un agente de ICE mató a balazos el 7 de enero en Minneapolis a Renee Nicole Good, quien conducía su camioneta supuestamente en su dirección; mientras que el 24 de enero falleció el enfermero Alex Pretti por balazos de un agente de CBP cuando estaba inmovilizado en el suelo.
La entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que Pretti había cometido un acto de terrorismo doméstico y que estaba en posesión de un arma, afirmaciones que no fueron corroboradas por ninguna evidencia.
Noem también ofreció una versión inicial del tiroteo de Good, que fue evidenciada por el video grabado en el lugar. Además, la entonces funcionaria dijo que Good convirtió su vehículo en un arma y que intentó atropellar a un agente federal.
Este martes, la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus informó en las redes sociales que estaba prestando asistencia en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes de ICE en su jurisdicción en Patterson.
“En este momento, podemos confirmar que ningún agente de la ley local estuvo involucrado en el incidente“, aclaró la oficina del sheriff.
No se tiene información sobre el estado de salud de Mendoza Hernández, quien fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica.
La política migratoria del presidente Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate, esta vez por el impacto en menores de edad. De acuerdo con datos analizados por The Marshall Project, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 6,200 niños durante el segundo mandato del mandatario, una cifra que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en salud.
El aumento de niños inmigrantes detenidos es significativo. Durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de menores detenidos era de apenas 24. Con el regreso de Trump y la reactivación de la detención familiar, esa cifra se disparó a 226 menores al día, es decir, casi diez veces más.
Las condiciones dentro de los centros de detención también han sido cuestionadas. Testimonios recogidos por la misma organización describen falta de atención médica adecuada, acceso limitado a educación y alimentos en mal estado. “Todos los estadounidenses deberían estar consternados por el hecho de que estemos encarcelando a miles de niños”, advirtió Leecia Welch, asesora legal de la organización Children’s Rights. “Esto genera una cantidad increíble de trauma”.
Familias denuncian mala calidad de los alimentos
La Academia Estadounidense de Pediatría ha advertido que incluso períodos cortos de detención pueden provocar efectos duraderos en la salud mental de los menores. Casos documentados incluyen ansiedad, regresión en el desarrollo —como niños que vuelven a mojar la cama— e incluso intentos de autolesión.
Uno de los puntos más críticos es el tiempo de detención. Aunque el acuerdo judicial conocido como “Flores” establece un límite de 20 días para menores, los datos muestran que más de 1,600 niños han permanecido bajo custodia por periodos superiores.
Las denuncias también apuntan a instalaciones específicas, como el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde ha estado recluida una gran parte de los menores. En documentos judiciales, familias reportaron haber encontrado “gusanos y moho en la comida”, además de agua en mal estado. Un padre incluso declaró: “Los bebés están adelgazando porque apenas pueden comer”.
El gobierno federal ha rechazado estas acusaciones. En presentaciones ante tribunales, autoridades aseguran que no existe evidencia de alimentos contaminados y defienden que la atención médica cumple con los estándares. Además, un portavoz del ICE sostuvo que “estar detenido es una elección”, en referencia a los programas de autodeportación promovidos por la administración.
Sin embargo, abogados migratorios y organizaciones civiles cuestionan esa postura, señalando que muchas familias enfrentan decisiones bajo presión y sin información clara.
Castro: “Trump está arrebatando infancias”
El impacto tras la detención tampoco es menor, ya que más de 3,600 niños han sido deportados desde el inicio del segundo mandato de Trump, muchos de ellos sin previo aviso suficiente, obligando a sus familias a reconstruir sus vidas en condiciones precarias.
Para expertos como Elora Mukherjee, de la Universidad de Columbia, el problema es estructural. “Esto constituye una crueldad contra los niños”, afirmó. “Refleja un sistema donde los más vulnerables están pagando el costo de decisiones políticas”.
El futuro es incierto. La administración Trump busca ampliar la capacidad de detención familiar y, al mismo tiempo, intenta eliminar el acuerdo Flores, lo que podría permitir la detención indefinida de menores.
“La cruel campaña de deportación masiva del gobierno de Trump está arrebatando infancias e infligiendo traumas que estos jóvenes llevarán consigo toda la vida. Es injusto y debe terminar”, reveló el demócrata Joaquín Castro en respuesta al análisis sobre los datos de detención recientemente publicados.
