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A finales de los años sesenta, Aníbal Troilo, legendario bandoneonista argentino, recitaba en el tango Nocturno de mi barrio: “Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? ¡Si siempre estoy llegando!”. Esos versos bien podrían caberle hoy a Lionel Messi, una leyenda en vida que no termina de irse de la selección argentina, pese al paso de los años —cumplirá 39 en junio—, las metas consideradas definitivas y un cierre de ciclo que transita como quien siempre está “llegando”. Este martes, Messi se despidió de los hinchas argentinos en La Bombonera, arropado por las glorias del campeonato obtenido en Qatar y un estadio desbordante en el que fue el último partido de la Albiceleste antes del Mundial que se disputará en junio en México, Estados Unidos y Canadá. Fue con un partido ante Zambia, que terminó 5-0 para los argentinos, con un gol de Messi.

El partido fue todo para Argentina de principio a fin, ante un equipo débil que no impidió, sin embargo, a los de Lionel Scaloni mostrar la solidez de los buenos tiempos, con un juego armónico, cerrado y por momentos hasta divertido. Justo lo que necesitaba Messi para llegar de buen ánimo a la Copa del Mundo tras un amistoso contra Mauritania, el viernes pasado, que dejó muchas dudas.

El partido comenzó con una presión asfixiante de elenco local, que en la primera llegada a fondo consiguió el primer gol tras doce pases y un centro de Messi que dejó pasar Thiago Almada para la definición de Julián Álvarez ante Willard Mwanza. Tres minutos antes del entretiempo, Messi recibió en el área tras una pared con Alexis Mac Allister y definió cruzado.

En el minuto 49, un pase largo de Messi para Almada terminó con una infracción de Albert Kangwanda, que el árbitro venezolano Alexis Herrera evaluó como penal. Messi cedió el disparo a Nicolás Otamendi, que esta noche se despidió definitivamente de la selección argentina. “Fue una despedida acá en la Argentina. Me voy con la sensación de que siempre di todo para representar al país”, dijo el defensor al término del encuentro.

El cuarto gol del local fue tras una combinación de Valentín Barco con Thiago Almada, cuyo centro atrás terminó con Dominic Chanda convirtiendo en contra. Nicolás González, de taco, permitió finalmente a Barco convertir por primera vez con el seleccionado campeón. Messi se fue del campo con la frente en alto, ovacionado por el público. Tras este amistoso, Argentina concentrará a finales de mayo para otros dos partidos antes de su debut en el Grupo J del Mundial, que compartirá con Argelia, Austria y Jordania.

Ángel llegó a Bogotá desde Venezuela con lo justo para empezar de nuevo y una idea sencilla: abrir una pequeña tienda de barrio. Pero sin historial crediticio ni acceso a la banca formal, su única salida eran los préstamos informales —el llamado “gota a gota”—, con intereses abusivos y condiciones que no solo hacían casi imposible crecer, sino que podían volverse peligrosas si no se pagaba a tiempo. Durante un tiempo, su negocio sobrevivió como pudo. Hasta que alguien decidió prestarle dinero en otras condiciones: sin pedirle lo que no tenía y fijándose en cómo trabajaba cada día.

Ese cambio llegó de la mano de Quipu, la plataforma impulsada por la emprendedora argentina Mercedes Bidart, que analiza la actividad real de pequeños comerciantes como él —sus ventas, sus movimientos, su día a día— para ofrecerles una oportunidad que el sistema financiero tradicional les niega de entrada. A partir de ahí, Ángel encadenó varios préstamos, amplió su tienda y empezó a sostener también la actividad económica de su familia.

Historias como la suya están en el origen del proyecto de Bidart, que parte de una idea tan sencilla como contundente: que la economía informal no es un problema a corregir, sino una realidad que el sistema sigue sin saber reconocer. “Muchas veces no es que estas personas no tengan capacidad de devolver un crédito, es que directamente no existen para el sistema”, explica Bidart. La emprendedora argentina ha sido reconocida con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría CreaEmpresa, cuyo fallo se anunció el pasado 26 de marzo en Alcalá de Henares (Madrid), en el marco del Tour del Talento y con la presencia del Rey Felipe VI. Un galardón que pone el foco en el talento de jóvenes iberoamericanos con capacidad de transformar su entorno y convertirse en referentes.

No es un caso aislado. Antes que ella, otras trayectorias premiadas han seguido caminos parecidos: detectar lo que el sistema deja fuera y construir soluciones desde ahí. Es el caso de la guatemalteca Susana Arrechea, reconocida en 2024 por su trabajo en comunidades rurales, donde ha impulsado proyectos de conectividad y alfabetización digital dirigidos a mujeres indígenas que, hasta entonces, quedaban al margen de las herramientas más básicas para formarse, comunicarse o generar ingresos. El contexto cambia, pero la lógica de fondo se mantiene: identificar a quienes están actuando donde más se necesita.

En el caso de Bidart, esa mirada parte de una constatación que se repite en buena parte de América Latina: millones de pequeños negocios funcionan al margen del sistema financiero no porque sean inviables, sino porque no encajan en sus reglas. No se trata de una excepción ni de un fenómeno marginal, sino de una economía paralela que sostiene la vida cotidiana de millones de personas, desde comercios de barrio hasta redes familiares enteras. “La economía informal no es algo residual, es una parte central de cómo funcionan muchos países”, apunta.

Quipu nace precisamente de ahí. No se trata de conceder crédito sin más, sino de cambiar la forma de medir el riesgo. En lugar de fijarse únicamente en garantías formales o documentos inexistentes, la plataforma analiza datos que reflejan la actividad real del negocio: ingresos diarios, comportamiento de pagos, dinámica comercial. “Lo que hacemos es mirar lo que sí existe, no lo que falta”, resume. Ese cambio de enfoque permite abrir una puerta que hasta ahora permanecía cerrada para perfiles como el de Ángel, atrapados entre la exclusión financiera y la dependencia de redes informales.

El impacto, explica, no es solo económico. “Cuando alguien accede a un primer crédito en condiciones justas, no solo mejora su negocio: cambia su relación con el sistema”, señala. En muchos casos, ese primer paso permite encadenar nuevas oportunidades, formalizar parte de la actividad o, simplemente, dejar atrás dinámicas de endeudamiento que eran imposibles de sostener. “No estamos hablando solo de financiación, sino de reconocimiento”, añade. “De que alguien te mire y diga: esto que haces cuenta”.

De lo invisible en la economía a lo invisible en el universo

A miles de kilómetros de ese pequeño comercio en Bogotá, otro tipo de invisibilidad ocupa el trabajo de José Eduardo Méndez. El investigador mexicano, reconocido con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría de Investigación, estudia las nebulosas para entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Su campo no tiene que ver con préstamos ni con tiendas de barrio, pero sí con una idea que conecta con la de Bidart: hacer visible lo que no se ve a simple vista.

En su caso, esa búsqueda pasa por descifrar la composición química de las nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas. “Las nebulosas son como un archivo”, explica. “Si aprendemos a leer su composición, podemos reconstruir la historia de lo que ha pasado ahí: cuántas estrellas se han formado, cuántas han muerto y cómo ha evolucionado ese entorno”. Esa especie de arqueología del universo, como él mismo la llama, permite entender no solo el pasado de una región concreta del cosmos, sino también los procesos que han dado forma a las galaxias tal y como las conocemos hoy.

Su trayectoria, que comenzó en la educación pública mexicana y que ha continuado en instituciones como la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la de La Laguna (España), es también una forma de reivindicar el papel de la ciencia en contextos donde no siempre resulta fácil desarrollarla. “En América Latina hay talento de sobra para hacer ciencia de primer nivel”, sostiene. “El problema no es la capacidad, sino las condiciones: acceder a formación avanzada, a financiación o a carreras científicas largas sigue siendo mucho más complicado”.

En ese sentido, el reconocimiento que supone este premio tiene una lectura que va más allá del ámbito estrictamente académico. “Este tipo de galardones no solo visibilizan un trabajo concreto; también sirven para que otros jóvenes se vean reflejados. Para que alguien que está empezando pueda pensar que dedicarse a la investigación no es algo imposible o reservado a unos pocos”, señala.

Más que un premio, una red

“No es solo un reconocimiento puntual”, explica Ingrid Aznar, directora de premios de la Fundación Princesa de Girona. “Lo que buscamos es acompañar, conectar y dar visibilidad a estas personas para que su trabajo llegue más lejos”. Más que un cierre, el anuncio marca el inicio de una etapa en la que los premiados pasan a formar parte de una red que —como ellos mismos repiten— funciona casi como una familia.

Esa red no es solo simbólica. Los jóvenes reconocidos acceden al ecosistema de la Fundación, donde entran en contacto con empresas del patronato, instituciones y otros premiados con los que comparten experiencias o impulsan proyectos conjuntos. En algunos casos, esas conexiones se traducen en colaboraciones concretas o en apoyo directo para desarrollar sus iniciativas. “Todos tienen ese mismo impulso, esa inquietud”, señala Aznar. “Y eso hace que su capacidad de acción se multiplique”.

Ese acompañamiento se entiende mejor cuando se observa en el tiempo. Es el caso de la psicóloga árabe-israelí María Jammal, primera premiada internacional, que trabaja sobre el terreno con personas refugiadas a través de Humanity Crew. Desde Haifa, en medio de un contexto de conflicto que no ha dejado de intensificarse, ha decidido mantenerse en primera línea para seguir ofreciendo apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Su trayectoria ilustra bien ese tipo de compromiso sostenido que la Fundación trata de visibilizar.

En ese recorrido, la propia Fundación ha ido ajustando el alcance del programa. Tras unas primeras ediciones con un enfoque más global, decidió centrar su mirada en el ámbito iberoamericano y reorganizar sus categorías para diferenciar entre emprendimiento e investigación, dos formas distintas de generar impacto que, sin embargo, comparten un mismo rasgo: el de jóvenes que, más allá del proyecto concreto en el que estén trabajando, muestran una capacidad constante de iniciativa, adaptación y voluntad de transformación.

Lo que tienen en común las historias de Bidart y Méndez no es el punto de partida ni el campo en el que trabajan, sino el tipo de mirada. Una que no se detiene en lo que falta —un historial, recursos, infraestructuras—, sino que parte de lo que ya existe, aunque no siempre sea visible o reconocible para los sistemas tradicionales.

En ese gesto —mirar de otra manera— hay algo más que una solución concreta. Hay una forma de entender el talento que no se mide solo por lo que logra, sino por lo que es capaz de activar en otros. Y quizá ahí, más que en el propio reconocimiento, es donde estos premios encuentran su verdadero sentido.

La imagen de buen mozo que tiene Canadá en el imaginario global se ve en la selva amazónica como si Darth Vader, del lado oscuro de la fuerza de la saga Star Wars, tuviera el título de superhéroe. En este momento, indígenas de diferentes pueblos del Xingú, un afluente del río Amazonas que a veces parece un mar, llevan más de un mes acampados en la oficina de la agencia indigenista brasileña del municipio amazónico de Altamira. Luchan para impedir que la empresa canadiense Belo Sun siga adelante con su proyecto de abrir lo que anuncia como la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. Si la minera logra vencer la resistencia, construirá (y después abandonará) una presa de 35 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos como el cianuro, tres veces el volumen de la presa de la minera Vale, que al romperse en 2019 provocó la muerte de 272 personas.

El oro arrancado de las entrañas de la selva reportará grandes beneficios privados, pero dejará tras de sí impactos irreversibles en el bioma, que crea lluvias, regula el clima y del que depende el planeta para frenar el calentamiento global. Un bioma al que, año tras año, la destrucción acerca cada vez más al punto de no retorno. Para los accionistas, un beneficio estimado de más de 15.000 millones de dólares; para la humanidad, un salto más hacia la extinción.

La Vuelta Grande del Xingú, llamada así porque el río describe allí un meandro de 130 kilómetros, es reconocida como una de las zonas con mayor biodiversidad de la Amazonia. Pero desde 2016, la región se parece cada vez más a un laboratorio del capitalismo en tiempos de colapso. Ese año la hidroeléctrica de Belo Monte —una catástrofe ecológica reconocida internacionalmente— empezó a funcionar y la Vuelta Grande se convirtió en la zona más impactada. No porque haya quedado sumergida, como la mayor parte del territorio afectado, sino porque se secuestra un 80% del agua del Xingú para las turbinas de la central. Eso significa que, para toda la reproducción de la vida, de repente solo quedó un 20% de agua, lo que está provocando el ecocidio del hogar de al menos tres pueblos indígenas, comunidades ribereñas tradicionales y cientos de especies animales y vegetales. Eso es lo que hace el capitalismo, ese lenguaje que separa a los humanos de la naturaleza: convierte uno de los ríos más poderosos de la Amazonia en un grifo ordinario para obtener beneficios privados.

Belo Sun llegó a la Vuelta Grande del Xingú hace más de una década. Todo proyecto predador en la Amazonia empieza con el reclutamiento y la división de las poblaciones locales. En este caso, la presión recayó sobre comunidades que ya venían de sufrir el proceso de precarización y desorganización que provocó Norte Energia, la empresa concesionaria de Belo Monte, y se encontraron debilitadas ante esta nueva fuerza impulsada por grandes cantidades de dinero. Lo que se les repite, día tras día, es que la instalación de la empresa minera es irreversible, que su fuerza es muy superior a la ya mermada capacidad de resistencia de la población local y que, por lo tanto, sería mejor negociar y sacar algún provecho que verse arrollado por un proyecto ya consumado.

Mientras se ejerce presión en el lugar, con indicios claros de truculencia, las batallas en los tribunales siguen su curso, con sentencias que a menudo resultan inexplicables a la luz de la ley. La adhesión explícita de los gobiernos y de parte del poder judicial ha sido decisiva para diseminar la creencia de que no se puede ganar una lucha tan desigual. En el caso de Belo Sun, la decisión está en manos del gobernador de Pará, Helder Barbalho. Anfitrión de la COP30, Barbalho ha intentado mostrarse ante el mundo como un político “verde”, pero sus acciones sobre el terreno revelan otra realidad. La decisión solo se aplica a nivel estatal porque el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prefirió lavarse las manos: el Ibama, la agencia medioambiental brasileña, acudió a los tribunales para evitar que la responsabilidad recayera en la esfera federal.

Por el momento no existen estudios consistentes sobre lo que podría ocurrir cuando la canadiense Belo Sun comience a dinamitar las grandes rocas del Xingú, a solo unos kilómetros de la presa de Belo Monte. Dos empresas con la palabra “bello” en el nombre, lo que lleva la violencia al extremo también en el lenguaje.

La destrucción que algunas multinacionales generan en la Amazonia nunca ha estado en el centro de las preocupaciones de los responsables políticos ni del llamado ciudadano común, y mucho menos ahora que Donald Trump tiene al mundo rehén de sus guerras y de las violentas intervenciones dentro y fuera de Estados Unidos. Quienes han vivido en el horror de un gobierno de extrema derecha, como ocurrió en el Brasil de Jair Bolsonaro (2019-2022), saben que la mejor manera de minar la resistencia es mantener a la población en constante sobresalto. La estrategia es antigua, pero sigue siendo eficaz. ¿Por qué preocuparse por una empresa minera canadiense que avanza para devastar una parte de la Amazonia cuando Trump arrasa Oriente Próximo? Porque es necesario.

La destrucción, al igual que la resistencia, es siempre una articulación colectiva. En el caso de la destrucción, el motor son los beneficios personales; en el caso de la resistencia, la calidad de la vida común. Que la primera se imponga sobre la segunda revela la deformación de lo que se ha dado en llamar “civilización”.

Parte de los pueblos indígenas, que siempre han estado al margen de esa supuesta civilización, recuperan la política del bien común en sus luchas contra las grandes corporaciones. En 1989, poco después del fin de la dictadura militar en Brasil, una guerrera del pueblo kayapó llamada Tuire posó su machete en la cara de uno de los directores de la empresa estatal de energía. Esa imagen dio la vuelta al mundo y retrasó al menos 20 años la construcción de Belo Monte. Ahora son las mujeres del pueblo xikrin las que levantan sus machetes contra la canadiense Belo Sun, acompañadas por indígenas de diversas etnias. ¿Hasta cuándo seguirán luchando solas contra Darth Vader? Las luchas por la vida no se dan en el cine, sino sobre el terreno. Y solo tienen alguna posibilidad con un compromiso global.

España pondrá fin en junio a la vía que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente. El Gobierno dejará de conceder de forma sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así uno de los mecanismos más singulares —y menos discutidos— del asilo español. Tras años de debate interno sobre qué hacer con los venezolanos, que han llegado a copar el sistema, el Ejecutivo ha optado por devolverlos al canal ordinario que debe seguir cualquier inmigrante. La decisión se ha cristalizado en plena tramitación de la regulación extraordinaria de inmigrantes que está preparando el Gobierno tras un acuerdo alcanzado con Podemos, por la cual podrán acogerse a ella quienes acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, explican estas mismas fuentes. En la práctica, esta decisión no es una noticia positiva para los venezolanos que pensaban emigrar a España. Para todos ellos, los trámites se complicarán, ya que en la práctica las autorizaciones por razones humanitarias son residuales y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas, como las médicas, por lo tanto, desaparece una vía privilegiada de la que gozaban dentro del sistema.

Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos. En algunos años, supusieron más del 95% —y en otros prácticamente el 100%— de todos los permisos por razones humanitarias que se concedieron. Las cifras han ido variando, pero durante años se movieron en torno a las 40.000 concesiones anuales. En 2025, el número creció hasta llegar a alcanzar las 50.000.

El funcionamiento del proceso era relativamente sencillo. Los venezolanos solicitaban asilo y entraban en el circuito de protección internacional. En lugar de recibir el estatuto de refugiado, obtenían una autorización de residencia por razones humanitarias. No era asilo en sentido estricto, pero operaba dentro de ese mismo sistema. Ese permiso tenía una duración de 12 meses, renovable por otros 12, y permitía trabajar y residir legalmente en España. En la práctica, era una salida administrativa para miles de expedientes que no encajaban en la definición clásica de refugiado, pero que tampoco podían resolverse con una devolución. Esos dos años de residencia legal abrían además la puerta a una regularización más estable y, con el tiempo, a la nacionalidad.

El principal problema es que lo que comenzó como una excepción para miles de personas —justificada por el Gobierno en el deterioro de la situación que se estaba produciendo en Venezuela— terminó convirtiéndose en un canal estructural. Y acabó colapsando.

A la acumulación de decenas de miles de solicitudes anuales se sumó la falta de recursos para gestionarlas. El sistema se tensionó en todos sus niveles: desde la obtención de citas para iniciar los trámites hasta la resolución de expedientes. Con el tiempo, el caso venezolano dejó de ser un episodio más dentro del complejo y lento proceso para lograr el asilo para convertirse en uno de sus principales embudos.

Esta nacionalidad ha concentrado una parte significativa —en algunos momentos, más del 60%— de las solicitudes presentadas en España. Y en algunos años, hasta el 80% o el 90% de las resoluciones favorables no fueron concesiones de refugio, sino permisos por razones humanitarias otorgados casi exclusivamente a venezolanos. Buena parte de la tasa de reconocimiento que España proyectaba en protección internacional descansaba sobre este mecanismo. Sin los venezolanos, ese porcentaje caía a niveles bajos, en torno al 5%-12%, lo que dejaba los datos por debajo del entorno europeo.

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se da en un contexto marcado por varios factores. Por un lado, la evolución de la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que ha alterado el escenario que justificó en su momento este tratamiento excepcional. Entonces se inició un proceso de transición tutelado por Estados Unidos, aunque la antigua vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder y el camino hacia el desenlace de la profunda crisis social y política aún no está despejado. Esto se suma a la adaptación al nuevo marco europeo, más restrictivo en materia de asilo, cuya aplicación arranca en junio de 2026.

Y, sobre todo, la presión acumulada sobre el sistema con la cantidad de solicitudes recibidas. En el Ministerio del Interior están convencidos de que una parte importante de las solicitudes de la mayoría de las nacionalidades no respondía a persecución real, sino a una vía de entrada para la regularización. Y, bajo esa premisa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska llevaba tiempo buscando cómo hacer menos atractiva la vía del asilo para descongestionarla. Primero fue el cambio del reglamento de extranjería el pasado mayo, endureciendo las condiciones para regularizarse tras solicitar asilo. Ahora llega el cierre del paraguas para los venezolanos.

La política de acogida ha convertido a España en uno de los principales destinos de la diáspora venezolana fuera de América. La comunidad se ha disparado en pocos años. Según el INE, en 2018 vivían en España algo más de 255.000 personas nacidas en Venezuela. Ahora son cerca de 700.000, de las cuales más de 250.000 tienen nacionalidad española. Solo en 2024, 35.403 venezolanos adquirieron la ciudadanía. En pocos años, la presencia venezolana se ha multiplicado en todo el territorio.

España se ha volcado con los venezolanos en lo humanitario, mientras ha mantenido una política exterior más contenida frente al régimen chavista. Mientras el PP reclamaba mayor contundencia tras las elecciones de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador, el Gobierno ha optado por mantener el diálogo con Caracas.

Esa postura ha sido criticada por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha acusado recientemente a España de falta de implicación y ha advertido que “la historia juzgará” su papel. Sin embargo, el papel de España también ha sido el de convertirse en uno de los principales destinos del exilio político venezolano y uno de los países europeos que más ha absorbido esta migración.

Edmundo González, que según las actas ganó las elecciones presidenciales de ese año, se instaló en Madrid tras la represión que desató tras aquellos comicios. Otro ejemplo es el de Leopoldo López, que permaneció durante meses en la residencia del embajador español en Caracas antes de que el diplomático lo ayudase a salir del país en 2020. Ayer el Consejo de Ministros le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza en un procedimiento reservado para unos pocos.

El cierre de esta vía plantea, en definitiva, un cambio para la inmensa mayoría de los venezolanos. Durante años, la respuesta dentro del sistema de asilo era previsible: aunque no hubiera refugio, había permiso. A partir de junio, el tratamiento será el de cualquier otro extranjero.

La familia de María Camila Díaz le perdió el rastro hace más de un año. La joven de 25 años, que decidió irse a México a trabajar temporalmente como mesera, se comunicó con su familia por última vez el 26 de febrero de 2025, según ha contado su hermana a varios medios. Luego, dejaron de entrar los mensajes a su celular y desde entonces no supieron más de ella. La esperanza de encontrarla resucitó este lunes, tras la captura de Edgar Johan Taborda Ortiz en Antioquia. Según las autoridades de este país, el hombre de 31 años forma parte de la red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría sido responsable de la desaparición de la mujer.

Durante una rueda de prensa de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Colombia, Óscar Mauricio Rico, general y director de Protección y Servicios Especiales de esa institución, aseguró que una investigación de más de un año permitió identificar a Taborda como el principal responsable de la desaparición de Díaz. El capturado tiene antecedentes por trata transnacional, estafa agravada y desaparición forzada. Además, las autoridades colombianas lo señalan de ser el principal reclutador y articulador de una red de engaño a mujeres colombianas, en la que se les prometían trabajos falsos en México para, una vez allí, explotarlas sexualmente.

Ese habría sido el caso de María Camila. “Las hipótesis de las autoridades de la Ciudad de México y Colombia hablan de una posible desaparición forzada, presuntamente ordenada por esta estructura criminal que atentó contra su vida y que fue amenazada anteriormente”, declaró Rico, que aseguró que Taborda la contactó y gestionó su traslado a la capital mexicana. De acuerdo con Andrés Montes, el abogado de la familia Díaz, sus seres queridos confían en que María Camila sigue con vida, pese a que no han recibido ningún tipo de información sobre su paradero por parte de las autoridades de ningún país.

La lucha contra las redes de trata con fines de explotación sexual entre Colombia y México suma ya varios años. En general, el patrón suele ser el mismo: delincuentes contactan a mujeres jóvenes a través de redes sociales, y les prometen que pueden conseguirles trabajo como meseras o modelos en lugares turísticos como Cancún o Ciudad de México. Los supuestos empleadores les garantizan los tiquetes aéreos y la vivienda. Pero, luego de trasladarlas, las incomunican, las amenazan y las prostituyen.

Ese fenómeno se ha ido haciendo público a partir de casos masivos y notorios. Uno de los más mediáticos se registró en enero de 2024, cuando ocho colombianas denunciaron en redes sociales que estaban siendo retenidas contra su voluntad en el estado de Tabasco, en el sur de México. Gracias a su alerta, las autoridades locales pudieron rescatarlas y repatriarlas. Otro caso similar se presentó el año siguiente, esta vez en el estado caribeño de Quintana Roo, cuando 14 mujeres colombianas fueron liberadas de una red que las obligaba a prostituirse en zonas como Cancún y Playa del Carmen.

El sueño se ha terminado para Jamaica. La República Democrática del Congo ha obtenido la victoria y ha conseguido uno de los últimos boletos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Ante 45.000 aficionados en el Estadio Akron, en Guadalajara, los Leopardos se han impuesto los Reggae Boyz 1-0 en el repechaje. El conjunto africano formará parte del Grupo K, donde lo esperan los combinados de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

La selección africana esperó en la final del repechaje a los Reggae Boyz, que eliminaron previamente el pasado jueves a la selección de Nueva Caledonia (1-0). Es la segunda ocasión en que los Leopardos clasifican a un Mundial. La primera vez como República Democrática del Congo. Anteriormente lograron competir en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire.

Los congoleños tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en las eliminatorias africanas al estar emparejados en el mismo grupo que Senegal, que consiguió la clasificación al Mundial. Obtuvo un segundo lugar tras sumar 22 puntos de 30 posibles. Sin embargo, su auténtico desafío llegó en el repechaje de su continente, donde eliminó a Camerún (0-1), mientras que desde los 12 pasos dejó fuera de la carrera a Nigeria.

Ninguna de las dos selecciones logró marcar la diferencia durante los 90 minutos regulares. Aunque los Leopardos fueron mucho más ofensivos, los tres palos y el portero jamaiquino Andre Blake evitaron al menos unos tres goles de los atacantes africanos.

El primer tanto tardó 100 minutos en llegar para abrir el marcador. Fue en el primer tiempo adicional que Axel Tuanzebe, defensor de Congo y del Burnley inglés, rompió el candado en la zaga jamaiquina. Con un remate desde muy cerca al centro del arco, tras un saque de esquina, se llevaron la ventaja los Leopardos en los primeros 15 minutos del alargue.

La afición jalisciense, casi en su mayoría, se volcó con el seleccionado africano. Cánticos como “Vamos Congo” o “Sí se puede” se escucharon a lo largo del encuentro en cada situación de peligro en la que incursionaron los Leopardos. A pesar de estar con la desventaja, los Reggae Boyz no dejaron de intentarlo durante el segundo tiempo del alargue. La presión jamaiquina continuó hasta que, para agregarle más tensión y ansiedad a los últimos ocho minutos del partido, el árbitro argentino Facundo Tello sufrió un calambre y tuvo que ser reemplazado por el cuarto colegiado.

Jamaica, sin cambios tras agotar todos sus movimientos en los 90 minutos, tuvo que aguantar con sus jugadores en cancha durante todo el alargue. El Congo pudo sellar la clasificación, pero Cédric Bakambu erró el remate con la zurda muy cerca del palo izquierdo, pero se marchó ligeramente desviado. Con suspenso y sufrimiento, pero los más de 20.000 congoleños finalmente estallaron en felicidad tras conseguir la clasificación al Mundial.

La candidata chilena para liderar las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha relatado este martes que el expresidente de centroderecha Sebastián Piñera -fallecido en 2024-, la impulsó a postularse como secretaria general del organismo internacional, cuando no estaba en los planes de la socialista. “Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo’“, le dijo el exmandatario, según contó la dos veces presidenta de Chile en el conversatorio A 20 años del primer Gobierno paritario presidido por una mujer, organizado por la Universidad de Valparaíso. Bachelet decidió hacer pública la anécdota una semana después de que el Gobierno del ultraconvervador José Antonio Kast le retirara el apoyo a su candidatura, acusando inviabilidad. Es una decisión fuertemente criticada por las izquierdas.

Kast defendió esta mañana en una entrevista con radios locales el del apoyo de Chile a la candidatura de la socialista y planteó que Bachelet, con su influencia internacional, podría colaborar “en instalar la marca Chile en el mundo, pero eso no es a través de la ONU”. “Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia, no nos golpeen a nosotros”, añadió, en referencia a la crisis migratoria, lo que se interpretó como una crítica a Bachelet para la eventual conducción de la problemática.

Una semana atrás, y en medio de un complejo momento para el Gobierno de Kast por las subidas históricas a los precios de los combustibles, la Administración de derechas informó que le retiraba el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet, respaldada también por México y Brasil. El argumento de la Cancillería de Kast, que encabeza Francisco Pérez, fue que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”. La decisión fue fuertemente criticada por la oposición, que lamentó que la política exterior no fuese abordada como una política de Estado, como suele ser la tradición chilena. “En este momento hay solo cuatro candidatos, digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una cantidad enorme. La vez pasada eran 13”, aclaró Bachelet esta mañana, en una evidente alusión a la “dispersión” mencionada por el canciller.

La expresidenta aprovechó la instancia para conmemorar los 20 años desde que se convirtió en la primera presidenta mujer de Chile para compartir que cuando estaba dirigiendo una agencia de Naciones Unidas en Nueva York, visitó Chile, como solía hacer para celebrar las fiestas de fin de año con su familia. “Cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas. Estando yo ahí me dice ‘Michelle, ¿no quiere ser la próxima Secretaria General de Naciones Unidas?’. Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Dije no, de ninguna manera. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo“, relató.

La anécdota marca el claro contraste entre el liderazgo de Piñera y Kast frente a la figura de la expresidenta. Sin mencionar el retiro del apoyo que sufrió su campaña de su propio país, la socialista concluyó: “Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por la primera mujer secretaria general”.

Desde que la Administración de izquierdas de Gabriel Boric (2022-2026) oficializó la candidatura de Bachelet el pasado 2 de febrero, en la última etapa de su mandato que finalizó el 11 de marzo, varias voces de las derechas se mostraron en contra, en particular desde la Unión Demócrata Independiente (UDI). Kast se había mantenido al margen del asunto, aunque el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo por esos días que la inscripción de la candidatura era “el amarre más grande” que estaba dejando el Gobierno saliente.

Tras un encuentro privado entre Kast y Bachelet el 20 de marzo en La Moneda, quienes se han reunido dos veces desde que el mandatario resultó electo, la Administración de derechas informó el retiro del apoyo a la candidatura, y el compromiso de no respaldar ninguna otra. La candidata a liderar la ONU agradeció en un comunicado “el apoyo y la confianza” que inicialmente le dio Chile, pero sostuvo que entiende que “las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”.

Consultado sobre si hubo presiones del Gobierno estadounidense de Donald Trump para que tomase esa decisión, el presidente chileno lo descartó. “Pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios, y cómo esos escenarios influyen también en Chile”, afirmó, y recordó la crisis humanitaria en Haití que tuvo que enfrentar Bachelet en su segundo mandato. “En parte nosotros pagamos esa crisis con una inmigración muy grande de personas de Haití. En ese momento yo habría tomado una decisión distinta a la que tomó la presidenta”, aseveró Kast, quien dejó en el aire si Chile votará o no por Bachelet.

“Se acerca el día” para que las familias puedan reunirse de nuevo en Venezuela. Así ha resumido la líder de la oposición, María Corina Machado, los resultados de su reunión este martes en el Departamento de Estado con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos”, ha escrito Machado en su cuenta en la red social Instagram. El texto viene acompañado de una fotografía de los dos políticos. Ella, sonriente. Él, más serio.

“¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!”, ha agregado la premio Nobel de la Paz tras lo que ha sido su segundo encuentro en el Departamento de Estado con Rubio desde la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. “¡Avanzamos!”

Hasta el momento, el Departamento de Estado no se ha pronunciado públicamente sobre la reunión a puerta cerrada, que figuraba en la agenda oficial de Rubio para este martes. La líder de la oposición venezolana se vio en febrero, también a puerta cerrada, con el presidente estadounidense Donald Trump, al que regaló la medalla de galardón del Nobel de la paz.

El encuentro entre el jefe de la diplomacia estadounidense y la líder del partido Vente Venezuela se ha celebrado un día después de que Estados Unidos reabriera oficialmente su embajada en Caracas.

Ambos países habían roto sus lazos en 2019, pero el presidente Donald Trump y la nueva presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pactaron la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la intervención militar estadounidense y la confirmación en el puesto de máxima responsabilidad de la que fue el número dos de Maduro.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre, tras pasar más de un año en la clandestinidad después de las elecciones de julio de 2024 en las que triunfó la oposición según los organismos y numerosos gobiernos internacionales, para recoger en Oslo su premio Nobel de la Paz.

Tras el secuestro de Maduro, Machado ha expresado en numerosas ocasiones su intención de regresar a Venezuela para participar en el proceso de normalización política de su país.

La Administración de Trump ha reconocido a Rodríguez como presidenta de Venezuela y apunta que aún será necesaria una fase de normalización y otra de estabilización en el país al que ha impuesto su tutela, antes de que se den las condiciones para que puedan celebrarse elecciones.

El sábado pasado, Vente Venezuela volvió a asegurar que Machado regresará a su país “en los próximos días”, aunque no fijó una fecha para ese retorno.

La semana pasada, una delegación venezolana que encabezaba el encargado de negocios Félix Plasencia visitó Washington para reunirse con representantes de la Administración republicana y recibir el control de la Embajada de Venezuela en la capital estadounidense. El edificio permanecía custodiado por el Departamento de Estado desde 2023.

En una intervención por videoconferencia en un foro de negocios en Miami patrocinado por Arabia Saudí, Delcy Rodríguez apuntó el pasado viernes los pasos que da su gobierno para garantizar la seguridad jurídica a las empresas, aunque no aludió a ningún plazo para la celebración de comicios. “Es importante que el entorno para las inversiones pueda darse en un ámbito de seguridad donde el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”, manifestó Rodríguez desde Caracas.

La guerra del Gobierno de Gustavo Petro contra la mayoría de la junta directiva del Banco de la República escaló este martes a un territorio desconocido. Germán Ávila, ministro de Hacienda y miembro de esa junta, se retiró súbitamente de la sala donde se llevaba a cabo la reunión en la que los siete miembros debían definir la tasa de interés de referencia para Colombia. Convocó de forma rápida a su propia rueda de prensa y anunció, en solitario y ante las cámaras, que el tipo subiría 100 puntos básicos, hasta el 11,25%. Lo hizo 40 minutos antes de la rueda de prensa oficial, un evento inédito que sirvió como marco para una decisión sin antecedentes: no planea regresar a las reuniones de la junta directiva.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, comenta a EL PAÍS que no recuerda algo así en la historia del banco central de Colombia. Ávila, por su parte, fue contundente: “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano, hasta que este último entienda que hay una coherencia con la realidad económica y social del país. No podemos ser artífices de una política monetaria que solo responde a representantes del sector financiero”, dijo el economista, experto en política de vivienda.

Ávila aprovechó el momento para cuestionar de frente la legitimidad del proceso de alza de tasas que acababa de abandonar y del que ha sido permanente crítico. Dijo que el Emisor está “supeditado a las encuestas de los analistas” y trazó una línea entre dos modelos de economía: “La economía rentista pretende obtener, a través de la política monetaria, grandes beneficios, y la economía real que defiende el Gobierno”. Fue una seguidilla de reproches: “Nosotros creemos que debe existir la independencia entre el Banco de la República y el Gobierno, pero no puede ser una independencia de la sociedad. Porque aquí se están defendiendo unos intereses particulares y dejando de lado los de la sociedad colombiana. Esas encuestas son hechas con los intereses del sector financiero y los intereses de los inversionistas del mercado de capitales”, sentenció.

Lo que Ávila describió como una defensa de la sociedad es, en la práctica, una impugnación del mandato constitucional del Banco de la República: controlar la inflación. La meta concreta de esa inflación no responde a las encuestas de analistas, sino a una decisión fijada por la propia junta de tiempo atrás, pues hay un consenso en que un aumento de precios de alrededor del 3% al año no afecta a la economía ni a los más pobres, como sí lo hacen las alzas más aceleradas. En ese contexto, la Constitución de 1991 le dio independencia al banco central, buscando garantizar que las decisiones sobre el precio del dinero no las toma el Ejecutivo, pues los gobiernos tienen incentivos para ser menos persistentes en la lucha contra la inflación y buscar que haya tasas bajas, para así impulsar el gasto público con deuda más barata.

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