¿Cómo asegurar la independencia judicial en momentos de debilitamiento institucional? La respuesta se hace cada vez más compleja. Según lo conocido hasta ahora, el ministerio de Justicia impulsaría un giro a la reforma que se encuentra en el Senado para establecer el mecanismo de nombramiento de jueces. Por supuesto, queda aún mucho para analizar con detalle, pero el reciente referéndum italiano ilustra un aspecto fundamental: las dificultades para emprender reformas institucionales sin apoyos transversales.
La propuesta del gobierno italiano en materia de reforma judicial fue rechazada por 53,72% de los votos, con una participación electoral de casi 60%, mayor a la inicialmente esperada. La reforma constitucional proponía dos modificaciones estructurales a la justicia italiana. La primera era la separación de los magistrados en dos carreras diferenciadas para jueces y fiscales. Quienes promovían los cambios, señalaban que la separación de carreras es común en democracias liberales fuertes y que constituía la formalización de una práctica ya existente después de las llamadas Reformas Cartabia de 2022. Sus críticos, sin embargo, señalaban que no existía una real necesidad de este cambio—justamente en atención a las reformas recientes.
Respecto de la segunda reforma, la división del consejo de la magistratura incluía consejos separados para jueces y fiscales, cambios en su composición, la introducción de nombramientos por sorteo (una idea que aparece en nuestro país) y de un organismo disciplinario separado. Y mientras sus promotores lo veían como una manera de reducir el corporativismo judicial y el faccionalismo interno, las críticas apuntaron principalmente a los riesgos de captura política y las posibilidades de control desde el Ejecutivo, debilitando la institucionalidad judicial.
El caso italiano ilustra la necesidad de emprender reformas institucionales que cuenten con consenso técnico y político. Claramente, la reforma sometida a referéndum trataba asuntos altamente técnicos. Ello, sin embargo, ocurrió debido a que la reforma judicial no logró los dos tercios requeridos en su tramitación legislativa. Además, da cuenta de cómo las dificultades de la administración de la Justicia impactan también en la discusión política. Según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, las causas civiles y comerciales en Italia demoran, en promedio, 540 días en resolverse en primera instancia y 2.217 días considerando apelaciones. Y si bien la confianza en la Justicia se sitúa en torno al 45% según la OCDE, las demoras y la impredecibilidad de los procesos judiciales intensificaron la exposición del Poder Judicial a una mayor discusión política sobre su rol y conformación. Ello, además, en el contexto de un país en que la judicatura ha formado parte de la discusión política por décadas, particularmente después de los casos de corrupción (Mani Pulite en los 1990, Berlusconi en los 2000), y las tensiones con el actual gobierno.
Abordar los desafíos de reformas institucionales requiere no sólo de consensos técnicos sobre los distintos ámbitos sino también de acuerdos políticos transversales. Ello, en tiempos de polarización y fragmentación no es fácil. Sin embargo, en tiempos en que el fortalecimiento democrático es aún más crucial.
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