El director de la firma de análisis Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, propuso la implementación de un sistema basado en una stablecoin diseñada específicamente para Venezuela e integrada al sistema financiero formal.
En una nota de coyuntura publicada el 7 de abril, el economista explicó que esta herramienta tecnológica serviría como una alternativa robusta para el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimientos que actualmente se encuentran excluidos del mercado oficial de divisas.
Grisanti señaló que, al no poseer cuentas bancarias en el exterior —requisito indispensable para el sistema SWIFT tradicional—, estas empresas quedan al margen de las asignaciones oficiales.
Asimismo, enfatizó que es fundamental «evitar replicar la experiencia de 2024-2025, cuando el uso informal de criptomonedas, al margen del sistema bancario, introdujo riesgos de opacidad».
Por ello, el planteamiento central de Grisanti es la búsqueda de una moneda digital con «trazabilidad, control operativo y auditoría compartida con socios internacionales», bajo regulación estricta y mecanismos de cumplimiento AML/KYC.
Según el analista, dicho activo digital complementaría el sistema de subastas vigente al ofrecer una vía regulada y transparente para los actores económicos que hoy enfrentan severas restricciones operativas.
Aunado a la creación de la stablecoin venezolana, Grisanti cree necesaria otra medida inmediata y transitoria: la importación controlada de efectivo físico en dólares estadounidenses, con el fin de cubrir las necesidades del comercio minorista y permitir que las pymes operen en divisas dentro del mercado local.
Posteriormente, se implementaría la stablecoin como “solución estructural” para fortalecer la transparencia del ecosistema transaccional y reducir las distorsiones cambiarias, señaló Grisanti en su escrito.
¿Es viable una “stablecoin venezolana”?
A pesar del potencial técnico, el debate sobre la viabilidad de este activo digital persiste debido al entorno regulatorio internacional. Un punto crítico es el impacto de las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), que desde 2019 dificultan la operatividad técnica del sistema y la creación de corresponsalías.
Grisanti advierte que, mientras el ente emisor permanezca sancionado, la posibilidad de integrar verdaderamente al sistema financiero venezolano con el internacional es muy baja, afirmando que «cuando se sanciona al BCV, se termina sancionando a todo el sistema financiero venezolano».
Además de estas consideraciones, hay que tomar en cuenta que una «stablecoin venezolana» bajo estas características planteadas por Grisanti operaría esencialmente como una moneda digital de banco central (CBDC). No es poca cosa. Estas monedas implican un —mayor— control total por parte del sistema formal sobre las sociedades, tal como ha documentado CriptoNoticias con casos como el de China, por ejemplo.
Si bien para el director de Ecoanalítica esta stablecoin no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de política económica para formalizar el comercio y reactivar actividades hoy estranguladas, afirma que el éxito de esta transición dependería de combinar la innovación tecnológica con reformas de fondo.
Entre esas reformas destacan la unificación cambiaria, la eliminación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el de mercado —que actualmente genera «incentivos perversos para el arbitraje»— y el mantenimiento de la disciplina fiscal. Todo esto en aras de un sistema cambiario equilibrado y menos inestable, sintetiza Grisanti.
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