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México y Estados Unidos realizaron 52 reuniones técnicas bilaterales en los primeros siete meses de este 2026 para la revisión del tratado de libre comercio que operan junto con Canadá (T-MEC), al margen de que las tres naciones han mantenido en curso la administración de este acuerdo. Sobre ello, la Secretaría de Economía informó que el gobierno de México defendió los intereses del sector productivo nacional y mantuvo 85% de las exportaciones de acero, aluminio y automóviles a Estados Unidos libre de arancel.

Esto representó el mejor trato preferencial a nivel global ante las medidas arancelarias y comerciales impuestas y mantenidas por Estados Unidos sobre las exportaciones mexicanas desde 2025, al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a las exportaciones mexicanas.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 30.5 del T-MEC, al 31 de julio de 2026, funcionarios mexicanos participaron en 10 reuniones de Coordinadores, en las que se revisó el avance de los compromisos del Tratado y de los trabajos de sus comités, subcomités y grupos, así como aspectos de su gobernanza institucional.

Entre los principales temas abordados destacan el proceso de revisión del T-MEC, la designación de los nuevos funcionarios por parte de Estados Unidos y Canadá, y los avances en comités sobre facilitación comercial, medio ambiente, Consejo Laboral y el Diálogo PYME. A partir del entendimiento alcanzado el 31 de julio de 2025 entre México y Estados Unidos, se desarrolló un diálogo bilateral para atender temas de interés común en materia comercial, migratoria y de seguridad, con la participación de la Secretaría de Economía, así como un seguimiento continuo a barreras no arancelarias y medidas con posible impacto en la relación comercial.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, como parte de los trabajos preparatorios para la Revisión del T-MEC, se llevaron a cabo 52 reuniones técnicas bilaterales en las que se abordaron temas prioritarios, como seguridad económica, reglas de origen, propiedad intelectual, barreras comerciales y medidas bajo la Sección 232, lo que permitió avanzar en la definición de entregables claves para la Revisión Conjunta del Tratado. Por otro lado, en el marco de la Asociación Estratégica Integral México-Canadá (AEIMC) y del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, en octubre de 2025 se coordinaron los compromisos de la Secretaría de Economía mediante trabajos con la Embajada de Canadá y las contrapartes canadienses, alineando iniciativas de comercio, inversión e innovación con las prioridades bilaterales.

Una misión comercial de Canadá a México tuvo lugar del 16 al 20 de febrero de 2026, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en la que la Secretaría de Economía presentó el Plan de Cooperación Económica México-Canadá (2026-2030). Fue integrada por más de 370 delegados y más de 240 organizaciones canadiense. Posteriormente, los días 7 y 8 de mayo de 2026, se llevó a cabo la misión comercial de México a Canadá.

A pesar de tener en pausa la decisión de instalar una planta de ensamblaje en suelo nacional, Changan México tiene clara su estrategia: el bolsillo del consumidor no pagará las consecuencias de los nuevos aranceles a la importación de vehículos chinos, y ya alista un plan de contingencia para proteger sus precios, el cual incluye abastecer al mercado mexicano directamente desde sus instalaciones en Brasil.

Ante el inminente agotamiento de su inventario exento de este impuesto, la automotriz oriental afirma que cuenta con “un brazo fuerte de manufactura” que es Brasil para ayudar a atender la demanda mexicana.

Así lo confirmó Samuel Echeverría, director de operaciones de Changan México a El Economista, quien detalla que su plan es incrementar la competitividad en el país sin sacrificar el margen de sus distribuidores ni trasladar los costos arancelarios al consumidor final.

Si bien México es un mercado estratégico para la manufactura de vehículos, persiste la incertidumbre en la definición de las reglas de operación de la industria automotriz de Norteamérica. Mientras que Changan invierte en Brasil — a partir del primer trimestre del 2026— más de 1,000 millones de dólares para producir vehículos que atiendan al mercado local y Latinoamérica.

Echeverría señala que la marca contempla aprovechar su infraestructura industrial en Sudamérica —con operaciones consolidadas en Brasil— para complementar la oferta nacional con modelos como el sedán IDO o el SUV CS55.

“El volumen que Changán representa para México son 20,000 unidades y en Centro y Sudamérica tenemos 80,000 unidades de consumo”, especificó.

Frente a las regulaciones arancelarias a vehículos importados (luego de que México elevó a 50% su arancel a vehículos provenientes de países sin tratado comercial), la estrategia preventiva de Changan le permitió arrancar el año con un stock de 22,000 unidades. Actualmente, la red cuenta con un remanente de 8,000 vehículos, el cual se complementará con nuevos embarques desde China para abastecer la demanda específica de modelos y colores.

Gobierno chino, respaldo

Gracias al respaldo directo de su matriz estatal en China, la marca absorberá el impacto arancelario sin modificar los precios de lista en los pisos de venta.

“Somos una empresa que pertenece al gobierno Central (Chino). Tenemos el apoyo muy importante de nuestro corporativo en China para los precios que necesitamos traer y no perder esa competitividad. En ningún momento pensaríamos trasladar estos nuevos aranceles al cliente final porque estaríamos totalmente fuera de mercado”, aclaró el directivo.

A pesar de una reciente desaceleración en el ritmo de ventas mensuales —pasando de un volumen habitual de 2,000 a 1,500 unidades—, el balance anual se mantiene positivo para la marca en México, aseveró el director de Changan.

“En el acumulado llevamos un 30% contra el año anterior, es una cifra aún muy buena. Al día de hoy tenemos un acumulado de 14,400 unidades y una expectativa de cerrar el año con 23,000”, refirió Echeverría.

Durante treinta años México ha tenido dos productos de exportación que no aparecen en ninguna balanza comercial: su gente y su pobreza. Cuando el salario no alcanza, la gente se va; cuando la gente se queda, el salario bajo es la ventaja competitiva que ofrecemos al mundo.

Este mes se instala en Washington la cuarta ronda de revisión del T-MEC y la agenda, tal como la describen los tres gobiernos, no menciona ninguna de las dos cosas. Habla de cadenas regionales de suministro, manufactura, sustitución de importaciones asiáticas, reglas de origen. Son las mismas palabras con las que la Secretaría de Economía resumió la tercera ronda, en julio, donde la palabra trabajo apareció en la lista de temas como un rubro más, en algún lugar entre la logística y los aranceles.

En las mesas de negociaciones todo lo que se negocia se produce con trabajo, y el trabajo es lo único que entra a la sala sin voz propia.

Es importante poner frente a los negociadores una estrategia de cinco ejes que, como la que ha venido planteando el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio para el componente laboral del tratado a los gobiernos de México y Estados Unidos.

Dicha estrategia se presenta como una aportación técnica no como un reclamo. Los tres países construyeron la integración más profunda del hemisferio sobre la espalda de sus trabajadores y, treinta años después, siguen tratando los derechos de mexicanos, los salarios y las condiciones como un anexo de cumplimiento, no como el fundamento de la economía que dicen defender.

El primer eje apunta a la impunidad corporativa. Hoy una violación laboral se sanciona, cuando se sanciona, en la instalación donde ocurrió, y el grupo que la permitió sigue operando con normalidad en sus demás plantas. Por eso se ha pedido consecuencias automáticas y públicas, con la posibilidad de escalar hasta el grupo corporativo. Cuando una empresa que viola derechos en una planta no tiene un problema en esa planta, tiene un modelo. El tratado debería tratarlo como tal.

El segundo eje toma el instrumento del que más se enorgullece Washington, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, y le señala sus límites. En lo que va de 2026 Estados Unidos ha solicitado revisiones por presuntas violaciones a la libertad sindical en instalaciones mexicanas. El mecanismo funciona, lento, poco efectivo e insuficiente, en pocos sectores y sólo sobre asociación y negociación colectiva. Se está proponiendo extenderlo a todos los sectores y a los asuntos salariales. Hay trabajadores con sindicato auténtico y contrato legitimado que siguen ganando un salario que no les alcanza para la semana. El mecanismo, tal como está, no tiene nada que decirles.

El tercer eje es el más incómodo para las tres capitales porque usa el propio tratado como evidencia. El T-MEC establece que entre 40 y 45 por ciento del contenido automotriz debe producirse por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora. Los tres gobiernos ya aceptaron, por escrito, que el acceso preferente al mercado regional puede condicionarse al salario. Se está pidiendo un piso regional de 7.25 dólares por hora con semana de 56 horas de pago, menos de la mitad del estándar automotriz, como condición de preferencia comercial para el resto de la economía.

Un piso regional es la única manera de que México deje de competir con su pobreza y de que sus trabajadores dejen de ser el producto que cruza la frontera cuando el salario falla. Si el principio vale para un motor, ¿por qué no vale para quien trabaja el campo, distribuye y empaca alimentos o atiende un mostrador? La única respuesta honesta es que la industria automotriz tiene cabilderos en tres capitales y los trabajadores del comercio y la alimentación no.

El cuarto eje pregunta quién vigila. Los mecanismos del tratado dependen de que un gobierno decida activar una queja, y los gobiernos tienen agendas que no siempre coinciden con las de una planta. Se ha propuesto una alianza trinacional de verificación laboral integrada por organizaciones de la sociedad civil, con una premisa que nadie ha logrado rebatirme: nadie sabe mejor qué ocurre en un centro de trabajo que quienes trabajan en él. Poner esa información en una red con capacidad de denuncia cierra el espacio a las prácticas irregulares que hoy sobreviven porque quien podría reportarlas no tiene canal para hacerlo.

El quinto eje mira hacia donde los negociadores todavía no miran. La inteligencia artificial ya decide, en muchas empresas de la región, a quién contratar, a quién despedir y con qué criterios, sin que nadie tenga obligación de explicarlo. Se propone un pilar tecnológico con derechos digitales y reglas claras ante la llegada de la IA y la robótica. Un tratado que se revisa en 2026 y no dice una palabra sobre esto nace obsoleto.

Nada de esto es utópico ni ajeno al acuerdo. El T-MEC ya reconoce que los derechos laborales son exigibles y ya contempla mecanismos para atender su incumplimiento. Lo que se exige es que esos instrumentos dejen de ser una herramienta de vigilancia sobre México y se conviertan en un estándar para los tres países, con alcance sobre salarios, sobre grupos corporativos y sobre la tecnología que está reorganizando el trabajo.

Se está pidiendo que en Washington y Ottawa se fije un capítulo laboral que fije el piso para los tres pases, pues se estima que es el inicio del camino para volver a Norteamérica el bloque económico más poderoso del mundo y el TMEC un contrato no solamente económico, sino social.

La cuarta ronda puede terminar como la tercera, con “trabajo” enlistado entre los temas atendidos y ninguna consecuencia para quien produce la riqueza que los tres gobiernos se reparten en la mesa. O puede ser el momento en que los negociadores reconozcan lo evidente: que no hay cadena de suministro, ni manufactura, ni sustitución de importaciones sin gente que trabaje, y que esa gente lleva treinta años esperando que alguien la tome en serio. México tiene una tercera opción además de exportar a su gente o exportar su pobreza: exportar trabajo digno y ser la puerta de salida de los mejores productos con las condiciones más justas. Los trabajadores ya presentaron la propuesta para lograrlo. Si la respuesta es el silencio, ese silencio también tendrá dueño.

Ya lo dijo el presidente Trump que su problema no es con la planta que produce en México, sino con la que produce de forma barata. O sea, con salarios bajos y sindicatos ficticios. Nuestra presidenta respondió diciendo que México ya no presume mano de obra barata, sino mano de obra calificada. Muy bien. Entonces pónganlo en blanco y negro y hagan que se cumpla con un salario base regional. Así deja de ser una discurso y se convierte en una victoria de nuestro gobierno.