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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo intentarán por segunda vez. Los dos mandatarios tienen previsto verse este viernes, al mediodía local, en Caracas, según anunció el propio mandatario colombiano. Este será el primer encuentro oficial de un jefe de Estado en la Venezuela sin Nicolás Maduro y un paso más en la consolidación de Rodríguez en el poder.

Delegaciones de alto nivel de los dos países están reunidas desde la mañana de este jueves, y Miraflores confirmó la cita presidencial esa misma noche. Hasta entonces había dudas, pues un antecedente pesaba: en marzo, el encuentro entre ambos pactado en Cúcuta, del lado colombiano de la frontera, se canceló a última hora por decisión de Caracas, que invocó motivos de “fuerza mayor” mientras la prensa aguardaba en la frontera.

Colombia ha manifestado su interés en entrar al negocio eléctrico venezolano —pieza clave para la reactivación petrolera que Estados Unidos quiere apuntalar— y también ha insistido en la reapertura del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, con el trasfondo de la rápida disminución de la producción de gas natural en el país. Las relaciones económicas entre los dos países, suspendidas por el antecesor de Petro y reactivadas con su llegada en 2022, aún palidecen frente a la importancia que tuvieron a fines del siglo pasado, pero de ambos lados hay intereses en revivirlas para empujar las economías de los dos países.

Pese a ello, en la agenda del viernes, Petro adelantó que el foco será otro: la seguridad. La frontera entre los dos países se extiende por más de 2.000 kilómetros, y la mirada está puesta, en particular, en la zona montañosa y selvática del Catatumbo: tiene una de las mayores extensiones de cultivos de coca en Colombia y es escenario de un conflicto armado entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC, que ha desplazado a decenas de miles de personas. “El tema es de seguridad y de un plan conjunto”, afirmó el presidente colombiano. Y anticipó el pilar sobre el que pretende construirlo: el fortalecimiento de la inteligencia binacional. “Si no hay inteligencia, las bombas caen donde no es; si los disparos se dan sin inteligencia, terminan matando a la gente, como ya ha pasado en Colombia”.

Del lado venezolano, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, desplegó a finales de 2024 la Operación Relámpago del Catatumbo contra bandas de narcotraficantes. En las redadas policiales y militares fueron apresados alcaldes opositores, jueces y fiscales supuestamente involucrados en actividades ilegales. Entonces, el dirigente chavista vinculó las agrupaciones criminales instaladas en la zona con la “derecha colombo-venezolana”. “Están implicados Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez [expresidentes colombianos de derecha] con María Corina Machado [opositora venezolana] a través del financiamiento de campañas electorales por recursos del narcotráfico”, dijo Cabello sin ninguna prueba.

Aun con el tropiezo de Cúcuta, las relaciones —rotas durante los años más duros del madurismo— no se resintieron. Al día siguiente, varios funcionarios de Petro viajaron a Venezuela, entre ellos la canciller y los ministros de Defensa, Comercio y Minas y Energía. De esa cita salió el anuncio de que la comisión binacional se reuniría este jueves y viernes, inicialmente en Maracaibo. Después, la sede cambió a Caracas, como contó el propio Petro la semana pasada en España. “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, dijo a este diario.

En ese mismo viaje, durante una entrevista con RTVE y la agencia EFE, el mandatario colombiano dejó sobre la mesa su receta para destrabar el futuro de Venezuela: un cogobierno entre el chavismo y la oposición durante “uno o dos años” que, a su juicio, abriría paso a unas “elecciones libres de verdad”. “Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, dijo. Esa propuesta no figura en los planes de Miraflores y el Gobierno de Delcy Rodríguez la recibió con silencio. Petro marcó distancia con el Gobierno Maduro luego de las elecciones de julio de 2024, cuando el opositor Edmundo López se declaró ganador y reveló las actas que demostraban las votaciones a su favor. Maduro negó ese resultado, pero nunca mostró documentos similares, como los que pidió, entre otros, Petro.

En la misma conversación en Barcelona, Petro deslizó otro de sus posicionamientos, que incomodó a la opositora Machado, también de gira en España esos días. Existe, aseguró Petro, “un gran temor” en el pueblo venezolano ante la posibilidad de una “vendetta política” si regresa la opositora y premio Nobel de la Paz.

La delegación colombiana ha comenzado a llegar a Venezuela a principios de esta semana. Viajaron 83 miembros del Gobierno Petro, que se han reunido en comisiones técnicas con cerca de un centenar de funcionarios venezolanos. Los temas prioritarios han sido fronterizos, migratorios y consulares; educación y cultura; cooperación energética y de riesgos, seguridad alimentaria; y comercio, industria y turismo.

El próximo Gobierno de Colombia, que asumirá el cargo el 7 de agosto, deberá hacer frente a una serie de retos formidables. Si bien algunos de ellos son comunes a otros países latinoamericanos, otros —como un grave desequilibrio fiscal, una producción récord de cocaína y una situación de seguridad muy deteriorada— son más propios de Colombia.

En este contexto, podría resultar tentador centrarse en los problemas internos y relegar la política exterior a un segundo plano. Colombia Global (Planeta) sirve como un correctivo a ese tipo de pensamiento. Argumenta de forma convincente por qué eso sería un grave error. De hecho, esta publicación, que llega en el momento justo, comienza con un diagnóstico sólido y aleccionador de la situación nacional, combinado con un llamamiento urgente a centrarse en lo que denomina la «pentacrisis», que abarca salud, energía, seguridad, política fiscal y relaciones internacionales.

A los autores principales del volumen, el exministro de Asuntos Exteriores de Colombia Guillermo Fernández de Soto y el experimentado diplomático, agudo analista y autor del aclamado América Latina: La visión de sus líderes (Planeta, 2024), Andrés Rugeles, se suman los colaboradores más jóvenes y especialistas en política exterior Tatiana Dangond A. y Mario Carvajal Cabal.

Su análisis exhaustivo y sus propuestas políticas se inscriben en el marco general de la consecución de los objetivos de una mayor seguridad y desarrollo. Para abordar con éxito la agenda nacional es necesario perseguir un conjunto de prioridades coherentes en materia de política exterior, basadas en una serie de principios fundamentales. Entre dichos principios se incluyen la defensa de la democracia, el derecho internacional y un multilateralismo renovado.

Las valoraciones y recomendaciones del libro son notablemente realistas y pragmáticas. Abogan por que Colombia desempeñe un papel más vigoroso en la configuración de los asuntos regionales, hemisféricos y globales. El país cuenta con activos y recursos considerables que, empleados con acierto, lo situarían en una posición más sólida para llevar a cabo una política exterior más acorde con intereses nacionales.

Como señalan los autores, Colombia tiene “un capital valioso que aportar en talento humano, recursos naturales, materias primas, cambio climático, energías limpias y seguridad alimentaria. En pocas palabras, el país posee lo que otras naciones y bloques necesitan y anhelan para competir eficazmente en el marco de la triple transición verde, digital y energética”.

Al mismo tiempo, Colombia Global reconoce los numerosos obstáculos que se interponen en el camino hacia la consecución de los ambiciosos objetivos que plantea. El entorno internacional es, al fin y al cabo, “frágil, polarizado y fragmentado”. Además, varias de las tendencias globales analizadas —la expansión de la delincuencia organizada transnacional, el profundo debilitamiento de las instituciones multilaterales, las democracias en peligro y las crecientes desigualdades— son motivo de preocupación.

Sin embargo, hay que reconocer que los autores van más allá del diagnóstico y las recomendaciones. Ofrecen una orientación constructiva y establecen los pasos que deben darse para abordar y superar los obstáculos. Las diversas hojas de ruta que contiene este magnífico volumen se refieren a cómo Colombia puede mejorar las relaciones bilaterales con países de todo el mundo y reforzar su participación en organizaciones multilaterales regionales y globales.

El libro dedica una atención prioritaria al mantenimiento de relaciones productivas con Estados Unidos, llegando incluso a proponer un Plan Colombia 2.0 para ayudar a abordar la grave crisis de seguridad de Colombia y otros problemas relacionados en los países vecinos. Para Colombia, la situación en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, reviste una importancia crítica. El libro es inequívoco sobre la necesidad de una transición democrática y un eventual esfuerzo colectivo de reconstrucción.

Nadie discute que, dado el actual entorno mundial, la integración regional es más crucial que nunca. Los avances en este frente han sido decepcionantes. Colombia Global propone excelentes ideas sobre cómo reformar y revitalizar diversos organismos regionales y hemisféricos, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (fundada en Bogotá en 1948) y la Cumbre de las Américas. El próximo Gobierno colombiano haría bien en seguir sus consejos.

Diego Andrés López, alcalde de Mesitas del Colegio, un municipio a 50 kilómetros de Bogotá, está marcado por la historia de las mujeres de su familia. Primero fue su madre, Lucila Suárez. Palomo, como es conocido, cuenta que creció viéndola sostener el hogar mientras criaba seis hijos. Eran los años ochenta y noventa y, aunque dedicó buena parte de su vida a cuidar de su familia, nunca logró completar las semanas exigidas para pensionarse. Años después, López vio otra brecha, ahora cuando sus hermanas tuvieron que interrumpir la lactancia materna exclusiva cuando, tras 18 semanas, terminaron sus licencias de maternidad. Las luchas de esas mujeres se convirtieron en suyas, y el administrador público las llevó hasta la Corte Constitucional.

Ganó la primera demanda en 2023, cuando los magistrados le dieron la razón y ordenaron reducir de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización requeridas para que una mujer pueda pensionarse en Colombia. La decisión, que se aplicará de manera paulatina hasta 2036, fue producto de la acción legal que López emprendió en homenaje a su madre. La segunda es una demanda que presentó a comienzos de abril y busca que el alto tribunal amplíe la licencia para las mujeres lactantes durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Las 18 semanas remuneradas de licencia de maternidad colombianas superan la de otros países de la región como Perú y Uruguay (14 semanas), Argentina (13) o México (12). Sin embargo, sigue siendo menor al tiempo de lactancia materna mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de cerca de 27 semanas. Con esos argumentos de salud, López enfocó la demanda que busca acercar a Colombia a Chile, que otorga 30 semanas. “Lo que se busca garantizar es que, a futuro, tengamos niños mucho más sanos y saludables, porque está demostrado que, al tener en esa primera etapa una lactancia materna segura y continua, se evitan muchos problemas de salud”, cuenta en medio de sus ocupaciones como alcalde.

López Suárez, de 43 años, cuenta que ya lleva más de una década intentando entender las dificultades que enfrentan las mujeres en una sociedad tan desigual como la colombiana. Empezó en 2014, cuando vio a sus hermanas integrar el colectivo Mujeres en Red, una fundación que busca acoger a mujeres sin respaldo económico, casi todas cabeza de familia. Él ya era político local -llegó al concejo de su pueblo de más de 20.000 habitantes en 2008- y tras renunciar como coordinador de la oficina local de vivienda, en 2018 se sumó a la organización como el primer gestor de proyectos de esta iniciativa. “Yo les digo a las mujeres que ahí las entendí a ellas porque también sufrí discriminación”, dice y se ríe. “Me decían que no podía ocupar ese cargo por ser hombre, y las entiendo, lo decían con toda razón”, reconoce.

Permaneció allí hasta 2019, y dos años más tarde, por su trayectoria en la búsqueda de soluciones para las mujeres precarizadas, la secretaria de la Mujer de la Gobernación de Cundinamarca lo llamó a gerenciar varios proyectos allí. “Hay muchos debates que en Colombia todavía son incipientes, como el del aporte de las mujeres dan al PIB a través de la economía del cuidado”, explica, y cuenta una anécdota. “Hace poco, en un colegio le pregunté a los niños qué hacía su papá, y contestaron en qué trabajaba. Y cuando les preguntaba qué hacía la mamá, decían que nada, porque estaba en la casa”. Con ese ejemplo, pone sobre la mesa la necesidad de que el trabajo en casa, ejercido predominantemente por mujeres, también tenga un valor y un reconocimiento social y económico.

El alcalde de Mesitas del Colegio cuenta que ha enfrentado la estigmatización que suele provocar quien reclama la ampliación de derechos consolidados. “Muchos hombres me preguntan por qué no impulso causas para que ellos también se pensionen con 1.000 semanas. Otros dicen que debo ser gay y que por eso defiendo estos temas, pero no es así”, comenta. Y añade: “Claro que pensionarse es difícil para cualquier trabajador, pero a nosotros no nos despiden por tener hijos”.

Esas objeciones, en su mayoría provenientes de otros hombres, son el terreno en el que con frecuencia se desdibuja su propuesta. Esta semana, por ejemplo, discutió en una emisora radial con un periodista que citaba la ausencia de licencia de maternidad remunerada en Estados Unidos como argumento para restarle peso a su demanda. López prefiere comparar a Colombia con los países que más se acercan a las recomendaciones de la OMS en materia de licencias para la maternidad, y advierte que, aunque pueda implicar un mayor costo fiscal en el corto plazo, la ampliación es una inversión en salud pública y bienestar que reduce cargas sociales a futuro.

Ahora, la Corte Constitucional deberá decidir si admite su demanda y la estudia a fondo, como ocurrió hace tres años. Es uno de las decenas de acciones que llegan al tribunal, pero López parte con el antecedente de haber ganado una primera batalla constitucional en favor de las mujeres. Repite que su motivación principal está en sus hermanas, a quienes ha visto reorganizar sus proyectos de vida en función de la maternidad. Aun así, cuida la forma en que se define: “No soy feminista. Veo una situación que es injusta y que necesita solución. Prefiero decir que soy, quizás, un hombre pragmático”.