El 7 de abril, el Economist Intelligence Unit (EIU) publicó su Democracy Index 2025. Por primera vez en una década, el puntaje regional de América Latina registró un aumento, pasando de 5,61 a 5,71 sobre diez. Según el informe, 13 de los 24 países evaluados mejoraron su calificación. Previamente, en abril del 2025, la Corporación Latinobarómetro había publicado su informe anual del 2024, con un hallazgo que apuntaba en la misma dirección: el apoyo ciudadano a la democracia en la región subió cuatro puntos porcentuales, de 48% a 52%, el mayor salto registrado desde 2010. Los dos principales termómetros de la democracia latinoamericana, tras años de deterioro sostenido, coinciden en señalar un cambio de tendencia.
La señal no es menor. La región venía de una secuencia de choques particularmente severa: una pandemia que dejó a América Latina como la región en desarrollo con la mayor contracción económica del mundo en 2020, con una caída del PIB del 7,7%, una ola inflacionaria, un brote de violencia política, y un ciclo de estallidos sociales en varios países de la región. En ese contexto, el hecho de que el apoyo a la democracia no solo no se haya derrumbado, sino que haya subido cuatro puntos en 2024 en el Latinobarómetro, es evidencia de una resiliencia estructural que conviene tomarse en serio. A ello se suma el caso de Bolivia, descrito por el EIU como “el desarrollo democrático más importante del año” en el 2025, tras haber recuperado elecciones libres luego de casi dos décadas de deterioro institucional, así como la estabilidad consolidada de Uruguay, Costa Rica y Chile, que mantienen los mejores indicadores regionales en ambos informes.
Sin embargo, al leer con detenimiento los dos documentos, emerge una paradoja que debería moderar cualquier lectura triunfalista. La encuesta del Latinobarómetro, que registra el repunte del apoyo a la democracia, evidencia un desplome simultáneo y generalizado de la confianza en las instituciones que la sostienen. Según los datos del informe 2024, la confianza en los partidos políticos es de apenas 17%, la del Congreso 24%, la del poder judicial 28%, y la satisfacción con el funcionamiento efectivo de la democracia llega apenas a 33%. Más preocupante aún, la confianza interpersonal —indicador clave del capital social que sostiene cualquier democracia— se ubica en 15%, un mínimo histórico para la región.
El Democracy Index mide esta misma fractura, pero desde un ángulo institucional. Según el EIU, América Latina obtiene calificaciones superiores al promedio mundial en proceso electoral, pluralismo y participación política, pero se hunde en el indicador de “cultura política”, el pilar más débil de la región. Es decir, los dos informes, construidos con metodologías distintas y desde perspectivas complementarias, llegan a una conclusión convergente: el edificio institucional se mantiene en pie, pero los cimientos que lo sostienen están erosionados.
Como han documentado Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How Democracies Die, este es precisamente el patrón que precede a los procesos contemporáneos de erosión democrática. La democracia del siglo XXI ya casi no muere por golpe de Estado, como ocurrió en buena parte de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Muere por erosión gradual, a manos de líderes electos que debilitan contrapesos, capturan cortes, presionan a la prensa y erosionan la independencia de los organismos electorales, todo ello contando con mayorías ciudadanas que no identifican estas prácticas como amenazas a la democracia. El ciudadano latinoamericano, de acuerdo con los datos, apoya la democracia como idea, pero ha perdido la capacidad —o el interés— de defender las instituciones concretas que la hacen posible.
El caso paradigmático de esta paradoja es El Salvador. Según el Latinobarómetro, Nayib Bukele es el presidente más popular registrado en América Latina desde que el informe comenzó a publicarse, en 1995. Simultáneamente, el EIU señala que su gobierno autorizó en 2025 un segundo mandato consecutivo en flagrante violación de la Constitución salvadoreña, militarizó funciones civiles y erosionó de manera sistemática los contrapesos institucionales. Pese a este escenario, el apoyo a la democracia en El Salvador subió apenas un punto porcentual —de 46% a 47%—, lo que sugiere que, para una parte importante del electorado salvadoreño, el régimen actual no constituye una amenaza democrática sino precisamente lo contrario.
Un escenario aún más inquietante es el venezolano. Pese al fraude electoral documentado en 2024 y ampliamente reportado por observadores internacionales, el Latinobarómetro constata que el apoyo a la democracia en Venezuela “no se derrumba, permanece incólume”. Esto solo es explicable si se asume que la palabra “democracia”, para amplios sectores de la ciudadanía, ha dejado de nombrar el régimen existente y ha pasado a nombrar una aspiración abstracta, una ausencia, un deseo. Y cuando un mismo término puede ser reclamado por regímenes tan distintos como el uruguayo y el venezolano, su capacidad analítica para discriminar entre democracia y autoritarismo se debilita.
El caso colombiano ilustra la otra cara del fenómeno. De acuerdo con el EIU, Colombia registra la caída más pronunciada en puntaje democrático de la región durante 2025. A los 26 asesinatos de políticos, incluyendo el de Miguel Uribe Turbay, se suma que existen 81 municipios identificados como de “alto riesgo electoral”. Igualmente, es importante mencionar que actualmente los grupos armados tiene presencia en al menos 790 municipios del país, equivalente a 71% del territorio nacional. En otras palabras, la erosión democrática en Colombia no es simbólica, sino material. La capacidad del Estado para garantizar el ejercicio básico de la política —postularse, votar, representar— está siendo directamente desafiada.
El riesgo del actual repunte, entonces, no radica en su fragilidad numérica, sino en que puede ocultar una dinámica de vaciamiento institucional profundo. Según los datos del Latinobarómetro, 25% de los encuestados declara indiferencia ante el tipo de régimen que los gobierne, y 17% apoyaría un gobierno autoritario bajo ciertas circunstancias. Adicionalmente, el 65% de los ciudadanos está insatisfecho con el funcionamiento de la democracia. Estas cifras, combinadas con el colapso de la confianza institucional, describen el terreno fértil sobre el cual operan los populismos iliberales. Como señala Yascha Mounk en The People vs. Democracy, la amenaza principal a la democracia no proviene de golpes militares o dictaduras clásicas, sino de líderes elegidos democráticamente que, una vez en el poder, erosionan los contrapesos liberales (tribunales, prensa, minorías), apelando a una legitimidad otorgada por un apoyo popular mayoritario.
Las perspectivas para 2026 no son alentadoras. El propio EIU describe el panorama regional como “incierto” y enumera los motivos: elecciones presidenciales con riesgos de polarización y daño democrático en Perú, Colombia y Brasil; una reconfiguración del equilibrio externo bajo el segundo gobierno de Donald Trump, cuya política exterior ha abierto espacio para el abrazo explícito de líderes iliberales en la región; y un deterioro significativo de la seguridad en varios países, que convierte cada ciclo electoral en una apuesta de mayor riesgo institucional. Sobre una base de 15% de confianza interpersonal y 17% de confianza en los partidos políticos, cada una de estas elecciones puede actuar como reafirmación democrática o como un escalón adicional en el proceso de erosión.
Por este motivo, la pregunta estratégica relevante ya no es si la democracia latinoamericana va a sobrevivir. Los datos sugieren que, como aspiración, probablemente lo hará. La pregunta es que significará la palabra “democracia” dentro de una década: seguirá caracterizándose como el conjunto de prácticas que tradicionalmente la han definido—elecciones competitivas, contrapesos efectivos, prensa libre, alternancia, garantías de derechos— o será reducida a una etiqueta flexible que cualquier gobierno pueda reclamar sin pagar costo reputacional. Esa batalla no se libra en los informes del EIU ni en los promedios regionales del Latinobarómetro. Se libra en ese 15% de confianza interpersonal, el 17% de confianza en los partidos, el 24% de confianza en el Congreso y en ese 28% de confianza en el poder judicial.
Por ello, es imperativo que los gobiernos de la región, los partidos políticos y los actores de la sociedad civil entiendan que el repunte de 2024 y 2025 no son un punto de llegada, sino una oportunidad frágil. Reconstruir la legitimidad de las instituciones democráticas —a través de reformas judiciales que garanticen independencia, partidos políticos con reglas internas creíbles, parlamentos que recuperen funciones de representación y control, y políticas públicas que reduzcan la distancia entre el Estado y el ciudadano y puedan otorgar los avances sociales y de desarrollo económico que promete la democracia— son la única forma de que el repunte estadístico se traduzca en consolidación real. De lo contrario, la democracia latinoamericana sobrevivirá como palabra en las encuestas, pero continuará vaciándose como práctica institucional concreta. Y, como ha demostrado la historia reciente del continente, cuando una democracia solo se sostiene en la palabra, tarde o temprano termina perdiendo también la palabra.
