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Son uno de los encantos letrados de Buenos Aires y sus estantes ofrecen literatura en todo el país: unas 1.500 librerías y más de 500 empresas editoriales pequeñas y medianas existen hoy en Argentina. Ese ecosistema, advierten sus protagonistas, está en riesgo. “Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”, señala una declaración conjunta de las principales organizaciones que representan a quienes publican, venden y escriben libros en el país sudamericano. La señal de alerta se encendió en rechazo a un proyecto del Gobierno de Javier Milei para desregular el sector.

La iniciativa pretende derogar la ley de protección de la actividad librera y es el tercer intento del Ejecutivo en esa dirección desde que la ultraderecha llegó al poder, a fines de 2023. Aprobada hace 25 años, la ley vigente establece que los libros solo se pueden comercializar a “un precio uniforme de venta al público”, fijado por el editor o importador. La norma admite unas pocas excepciones: descuentos no superiores al 10% en ferias del libro y actividades afines, rebajas de hasta el 50% únicamente para compras realizadas por organismos públicos, para distribución gratuita.

Se trata de un régimen similar al que opera en muchos países, como Francia, España, Alemania y México, entre otros. El propósito del precio único es impedir que los grandes supermercados —y hoy también las grandes plataformas web— ofrezcan los títulos de mayores ventas, los best sellers, con descuentos que destruyan ese mundo diverso que incluye a librerías de barrio y editoriales independientes.

El proyecto para terminar con ese esquema fue elaborado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Además de derogar el precio unificado, la propuesta del Coloso, como llama Milei a su ministro, desguaza el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

“En Argentina existe una ley que no te permite vender libros baratos, te obliga a venderlos a un precio uniforme en todo el país”, defendió Sturzenegger su iniciativa. “Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”, argumentó a través de sus redes sociales. Sin precios establecidos, sostuvo, “la competencia simplemente los obligaría [a los actores del sector] a ofrecer más productos y a mejores precios”. Desde su perspectiva, la disyuntiva está planteada entre “defender un negocio protegido por una ley o pensar en la gente”.

El rechazo al proyecto del Gobierno ultra es ampliamente mayoritario en toda la cadena productiva del libro, reúne a filiales de empresas multinacionales y editoriales independientes, a grandes y pequeñas librerías. Así lo plasmaron en una declaración en defensa de la ley vigente la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación de Librerías, la Cámara de Librerías Independientes, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, entre muchas otras organizaciones del sector. “Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías”, afirman en el pronunciamiento conjunto. “Son librerías que seleccionan cuidadosamente su catálogo, lo acercan a sus lectores en cada ciudad, en cada pueblo, y sostienen un sinfín de actividades culturales. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”.

En la misma declaración, responden los argumentos del Gobierno: “La experiencia internacional desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados”.

Más títulos, menos ejemplares

La drástica reforma que busca implementar el Gobierno se produce en una coyuntura particular para la industria editorial, afectada por la bajada del consumo y de los ingresos, sobre todo de las clases medias, y por el retiro del Estado. Las ventas en librerías, estiman en el sector, bajaron cerca de un 30%. Si bien en el último año, la Agencia Argentina de ISBN registró un total de 36.942 publicaciones, un incremento del 17% respecto de 2024, en el mismo lapso se produjo una marcada caída en la tirada total: pasó de 52,6 millones a 34,6 millones de ejemplares, una merma superior a un tercio. Esa contracción se explica, en buena medida, por el abrupto descenso de las compras institucionales y para programas de edición educativa estatal, que pasaron de representar el 29% de la tirada total en 2024 a solo un 5% el año pasado, según el último informe de la Cámara del Libro.

“Aún con problemas y con las crisis de Argentina, tenemos una industria editorial muy poderosa que provee excelentes libros de muy buenos autores, con grandes traducciones”, dice el escritor y editor Damián Ríos, codirector del sello Blatt & Ríos. “La ley vigente”, agrega, “permitió que pasáramos de unas 500 librerías a alrededor de 1.500 y que se crearan centenares de editoriales gracias a que podemos comercializar títulos que son de nicho en muchos casos, para un público argentino que es muy sofisticado en sus lecturas, con intereses muy diversos”. El editor enfatiza el peso dentro del sistema de los libros que no son grandes ventas. “El título que más vendió en los últimos años en el país es Sinceramente [el libro de la expresidenta Cristina Kirchner]. Vendió unos 400.000 ejemplares. Yenny [la cadena de librerías más grande del país] vende 5 millones de libros al año. O sea, 10 veces más que el libro que más vendió en los últimos 15 años. El peso de los best sellers es más o menos el 12% de las ventas totales. Los libros que no lee nadie son casi todos”, destaca.

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para impulsar su proyecto es que, sostiene, fomentará la competencia. “Las editoriales ya competimos, todas queremos que el lector dedique su tiempo a nuestros libros”, dice Ríos. “Competimos haciendo libros que estén bien escritos y bien editados… Hablamos con los autores desde que tienen una idea, nos mandan un borrador, lo comentamos, hacemos sugerencias, después lo corregimos, le buscamos una tapa atractiva, lo publicamos y nos ocupamos de distribuirlo. Un libro es un trabajo de meses o años”.

Para Rodolfo Hamawi, profesor de Economía de la Cultura y exdirector nacional de Industrias Culturales (2009-2014), la clave del actual régimen del libro es que “garantiza la bibliodiversidad: la existencia de cantidad de títulos, diversidad temática y accesibilidad. Esas tres características que se dan en Argentina no se ven en tantos países,menos todavía en América Latina”. El autor de Libros y gobiernos advierte que “no hay bibliodiversidad sin librerías. Porque se necesitan locales especializados para poder albergar y exhibir los más de 30.000 títulos que se publican cada año. Si los best sellers los vende más baratos un supermercado, esas librerías van a cerrar, porque para poder vender 500 libros de poesía al año necesitan también poder vender esos best sellers. Entonces, algo que en términos inmediatos puede, para algunos títulos, significar una baja de precios, va a terminar en un proceso de concentración”. El Gobierno, concluye Hamawi, “olvida o no le interesa que el libro es un bien cultural, un bien público. Ahí se expresan nuestros autores y nuestra cultura, se construyen nuestras identidades y se educan los jóvenes. Ahí compartimos miradas sobre nuestra historia, nuestro futuro y nuestro presente. Un libro es mucho más que una mercancía cualquiera”.

El consenso del sector en defensa de la ley y en rechazo a la desregulación se respira estos días en la Feria de Editores (FED), abierta en Buenos Aires hasta este domingo. Entre los libros exhibidos por más de 300 editoriales pequeñas y medianas de la región, se dejan ver carteles con consignas como “no a la derogación de la ley del libro”, “defendemos la actividad librera” y “Argentina defiende su soberanía cultural”. En los pasillos de la feria, que llevan los nombres de reconocidos escritores ya fallecidos, como Juan José Saer, Juan Forn, Sara Gallardo y Hebe Uhart, las sonrisas y los comentarios exhiben un repentino cambio de clima: el pesimismo que desde hace semanas reinaba entre editores, libreros y autores trocó en esperanza en las últimas horas. En la madrugada del viernes, el Senado argentino le puso freno a uno de los principales proyectos de Milei para este año, su propuesta de eliminar los límites a la extranjerización de las tierras del país. La ultraderecha perdió parte de los apoyos parlamentarios con que contaba y el fracaso dejó paso a la versiones que indican que el Ejecutivo podría postergar su batería de iniciativas desregulatorias. En la FED, la editorial cordobesa Documenta ofrece sellar sus ejemplares, a modo de exlibris, con dos leyendas: “un libro no es un yogur” o “los libros también son nuestro territorio”.