María Filomena Bonilla Oliva tiene 61 años y ya no puede caminar sin ayuda de su bastón o de alguien que le acompañe. Vive sola en su casa de la comunidad de San José de Gracia, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, la capital de Sonora. En 2022, a Mena, como la conocen sus amigos y familiares, le confirmaron que en su cuerpo tenía la presencia de seis metales pesados. Ese mismo diagnóstico llegó tarde para su esposo, de 72 años, que murió cuatro meses antes de que recibieran los resultados. Bonilla Oliva y su marido son solo dos de los habitantes de la cuenca del río Sonora que fueron gravemente afectados tras el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que el 6 de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó en aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi. Han pasado 12 años de maltrato institucional hacia los cientos de víctimas de este desastre y de impunidad en el caso en el que la empresa sigue operando con normalidad y ante la inacción de los gobiernos que han pasado de frente.
Mena sobrevive pagando ella misma sus tratamientos en medio de un continuo desgaste emocional y físico ante la indiferencia de las autoridades. “Me siento muy defraudada porque creo que la insensibilidad está en ellos. No importa de qué color, de qué partido sean, han sido igual. No han tenido sensibilidad con el pueblo que sufre, porque tienen todas las investigaciones, están todos los estudios realizados, pero siempre quieren volver a empezar. Ya son 12 años de espera, pero el gobierno hasta ahorita no ha dado resultados. Todo queda en veremos, en reuniones, en fotos, en los discursos y en su publicidad”, se lamenta con una voz triste y cansada al teléfono.
Mena necesita prótesis para sus rodillas; los doctores le dijeron que las venas de sus piernas se tapan. Tiene dos años “lidiando” con la tiroides, en donde también tiene quistes que, le dicen, solo basta con que sean monitoreados cada año. El dolor en sus piernas ya es insoportable; dice que también tiene un efecto emocional y psicológico grave porque ya no puede regar sus plantas o cuidar su terreno como solía hacerlo. Tampoco puede ir ya por sí sola al hospital del IMSS Bienestar más cercano; pagar un taxi es carísimo, y trasladarse a pie, aunque sea una distancia corta, le es insostenible.
Es ese mismo hospital, ubicado a más de 50 kilómetros de su casa, al que dejó de ir porque en su primera visita la doctora de turno le preguntó sus síntomas y sus enfermedades, y sin revisarla le preparó una receta médica con una orden para los análisis que pudieran determinar la presencia de metales en su cuerpo. Cuando Mena preguntó si esos estudios se los harían ahí mismo, la médica le respondió que no, que el Estado no contaba con esos recursos, que fuera a pedírselo a la empresa que había sido responsable. “Me dijo que fuera a Grupo México para que me los patrocinaran. ‘¿Cómo me dice usted eso, doctora, cree que si los estamos demandando me van a recibir con los brazos abiertos?’, le respondí yo”.
El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre minero que se recuerda en la historia de México. Los desechos tóxicos que se vertieron en los cuerpos de agua que abastecen a las comunidades alrededor de la cuenca del río Sonora afectaron la salud y la vida de unas 22.000 personas de las comunidades de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Muchas de esas familias abandonaron los pueblos ante una tierra enferma en la que ya no pudo cultivarse nada. También el agua y el aire están aún contaminados y las acciones de remediación han quedado en el papel. Pobladores de los municipios afectados crearon los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), a través de los que comunican y mantienen su lucha en contra de la empresa a la que han demandado por unas 55 omisiones comprobadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 11 juicios de amparo para empujar a que lleven a cabo una verdadera reparación del daño que hasta ahora no ha sucedido pese a lo que el Gobierno ha comunicado reiteradamente.
La abogada Cynthia Arco, de la organización civil Poder Latam —que ha acompañado a las ocho comunidades afectadas tras el derrame desde los primeros momentos posteriores a la tragedia— define el actuar de los gobiernos de todos los niveles y de la empresa como “una simulación”.
“Los CCRS han obtenido victorias en la última instancia judicial del país, en la que han determinado que Grupo México no ha cumplido con la remediación, que el fideicomiso Río Sonora, que sería el mecanismo de pago de las afectaciones, fue una simulación, un mecanismo fallido. Y a pesar de todas estas decisiones judiciales y de todas estas victorias, Grupo México acude a tribunales administrativos que son inferiores a la Suprema Corte con el propósito de mantener estos procesos de justicia interminables, de estar impugnando con argumentos que no tienen base legal para retardar la justicia”, dice.
Arco recuerda que en 2014 la Profepa celebró un convenio con Grupo México para reparar las afectaciones del derrame y de ese convenio nació el fideicomiso Río Sonora, que, en comunicados, se anunció que se comprometían a aportar la cantidad de 2.000 millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones. “En estos procesos jamás se les dio participación ciudadana a las víctimas”, reclama. Además, tres años después, en 2017, ese fideicomiso fue cerrado con opacidad sin que se verificara el cumplimiento de lo prometido.
Es algo que también menciona Mena, que, asegura, ha estado en presencia de todas las autoridades que se han acercado a los comités, de los que ella forma parte, y a quienes en persona les ha pedido una y otra vez que sus testimonios sean tomados en cuenta en las decisiones que se toman y que sean informados sobre lo que el Gobierno ha negociado con la empresa. Arco, añade: “Todos estos datos, las dudas, todas estas faltas de garantía, esta falta de transparencia, esta simulación por parte de las autoridades, hacen que la gente se sienta que se están repitiendo los mismos vicios que en 2014. Porque se está celebrando otra vez un convenio con la empresa a puerta cerrada, con cláusulas de confidencialidad, sin dar participación a la gente, sin atender realmente todas las demandas históricas de las comunidades”. Hasta ahora, ni la defensa legal de las comunidades afectadas y mucho menos los habitantes, muchos de ellos enfermos de gravedad, saben con exactitud lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la empresa han pactado en este caso, que en los hechos lleva 12 años de impunidad y de abandono a las víctimas.
A finales de 2021 y principios de 2022, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizó análisis en sangre y orina a 1.500 personas, entre las que identificó 705 casos que dieron positivo a presencia de plomo en sangre que requerían tratamiento de por vida, y determinó, además, que el 99,8 % de la población está expuesta a metales pesados de una manera “homogénea”.
“Esto quiere decir que en los ocho municipios hay presencia todavía de contaminantes y requieren una vigilancia epidemiológica y atención a la salud en materia de toxicología en toda la cuenca. Sin embargo, de estas 1.500 personas, hay 705 que ya requieren tratamientos de por vida, que ya presentan enfermedades crónicas como arsenicosis, cáncer, daño renal. Incluso hay ciertas personas que van a requerir quelaciones [una terapia que usa fármacos intravenosos u orales para atrapar metales pesados o minerales tóxicos en la sangre y eliminarlos del cuerpo a través de la orina]”, recuerda la abogada.
Con estos datos, Poder Latam promovió ante un juzgado una solicitud de medidas cautelares vía amparo. “El juez de distrito catalogó el asunto como urgente y grave y ordenó que se le brindara la atención médica integral a las personas, que se coordinaran las autoridades ambientales y sanitarias para emitir alertas a la población, que se hicieran monitoreos y también se emitieran medidas a favor de niños y niñas que habitan en los diferentes planteles escolares de la cuenca, precisamente porque los niños no saben y consumen agua directamente de la llave, lo que ha arrojado que las infancias tengan altos niveles de plomo en su sangre. A la fecha, las autoridades no han dado cumplimiento a estas medidas cautelares. En el Río Sonora no existe un plan de atención urgente para atender estas problemáticas de salud”, dice Arco.
Al contrario de las decenas de compañeros de Mena que han muerto en estos años y de las enfermedades y afectaciones a las comunidades que resultaron directamente dañadas por el vertido tóxico, la actividad de la compañía responsable, Grupo México, del empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, va viento en popa. El grupo acaba de firmar un acuerdo en abril pasado con BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, para crear una plataforma de energía con 14 centrales de generación estratégicamente ubicadas en zonas de alta demanda en todo México. Aunque las demandas por su manejo de residuos o vertidos ilegales en varias partes del país no han cesado. En 2019, el Gobierno mexicano abrió una investigación sobre el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, una joya y reserva natural al noroeste del país, solo por mencionar otro ejemplo.
Un hospital ‘fantasma’
En diciembre de 2025, el Gobierno federal anunció la construcción de un hospital especializado para dar atención a esta población. Hace solo unos días, por el aniversario de la tragedia, el Gobierno de Sonora, liderado por el morenista Alfonso Durazo Montaño, colocó simbólicamente -otra vez- la “primera piedra” de un centro médico que antes, en 2015, también había sido prometido como medida de remediación y “justicia ambiental”. A través de un comunicado público leído en medio de la ceremonia, los CCRS dijeron: “Ese proyecto nunca se completó; fue el monumento a la impunidad que hoy sigue de pie, y a nuestra vista. Hoy se coloca, por segunda vez, la primera piedra de un hospital que representa una deuda enorme para las comunidades del río Sonora”.
Hasta el 4 de agosto, aseguraron, y pese al tiempo transcurrido desde los anuncios del hospital, no existe evidencia pública de que la obra haya iniciado. “Esto no impide que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar o cualquier autoridad sanitaria de los tres niveles implementen las acciones que fueron ordenadas. Así como dice Mena, no hay ni siquiera un médico toxicológico en la región que atienda esta problemática. A pesar de ser uno de los principales estados mineros en México, no hay medios de prevención. Seguimos peleando por ellos. Entonces, el hecho de que no haya un plan de atención a la salud no resuelve el hospital; la problemática seguiría siendo un edificio [además sin el presupuesto necesario], pero realmente sin capacidad para atender una problemática grave como es la del caso del río Sonora, en materia epidemiológica y toxicológica”, dice Arco.
Ni el Diario Oficial de la Federación (DOF) ni otros documentos formales dan cuenta de los acuerdos entre el Gobierno de Sheinbaum y Grupo México. Tampoco hay rastros oficiales del dinero del que se dispone para remediar las afectaciones a la salud y al territorio tras 12 años del peor desastre minero en la historia del país.
