Tenía 27 años y había ido al médico. Cuando salió de la consulta, avisó que regresaría a casa “cerca de la tardecita”. Fue lo último que se supo de Mario Golemba, en el año 2008. Casi dos décadas después, la justicia argentina detuvo este lunes a 16 policías de la provincia de Misiones, en el noreste del país, investigados por la desaparición forzada de Golemba. La fiscalía los acusa de haber participado, con distintos grados de involucramiento, de un plan criminal que incluyó la detención ilegal de la víctima, su sometimiento a violencia física y un posterior “pacto de silencio” para ocultar los hechos.
Aunque aún se desconoce su paradero y no fueron hallados sus restos, los investigadores creen que Golemba fue asesinado en la comisaría del pueblo Dos de Mayo, a 1.100 kilómetros de Buenos Aires.
Mario Golemba trabajaba como agricultor y vivía con su familia en el paraje rural conocido como Picada Indumar, una zona yerbatera, cerca de ese pueblo misionero. Era muy delgado y buscaba ganar peso. Con ese propósito, aquel 27 de marzo, 18 años atrás, visitó a un médico nutricionista en la ciudad de Oberá, a unos 80 kilómetros de su hogar. El mensaje de texto anunciando su vuelta a casa se lo mandó, desde su teléfono, a su pareja: iban a casarse a fines de ese mismo año.
Ante su ausencia, la desesperación de su familia creció desde esa misma noche. A las 48 horas, sus padres presentaron una denuncia judicial. Los carteles con su rostro se multiplicaron por toda la provincia: “¿Dónde está Mario?”, “¿qué pasó con Mario?”, “¿hasta cuándo esta agonía?”, preguntaban. La gobernación de Misiones ofreció una recompensa. Pero nada sirvió. El rastro se perdía en Oberá.
La morosa investigación que esta semana desembocó en la detención de 16 policías tuvo su primera pista un año después de la desaparición de Golemba. Dos presos que habían estado detenidos en la comisaría de Dos de Mayo declararon como testigos de identidad reservada. “Me dio la impresión de que decían la verdad”, contó por entonces el padre de la víctima, Antonio Golemba, fallecido en 2016. “Cada uno por separado cuenta lo mismo. Ellos dicen que vieron a Mario llegar esposado [a la comisaría], uno de ellos lo conocía de la cooperativa de yerba de Indumar. Dice que [los policías] lo golpearon y que después pudo ver cómo se llevaban a Mario en una camioneta”.
Una versión que la familia de Golemba creyó verosímil indicaba que la policía confundió a Mario con un sospechoso buscado en aquella época, un presunto integrante de una banda de ladrones que operaba en la región.
La pesquisa inicial, a cargo del Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, no logró determinar qué había pasado. La causa se reactivó a mediados de 2021, cuando la querella que representa a los familiares de Golemba logró que el expediente pasara a la justicia federal de Posadas, la capital de Misiones. Allí comenzó una investigación centrada en el delito de desaparición forzada de persona, un crimen de lesa humanidad, imprescriptible.
Sobre la base de pruebas, escuchas telefónicas a los sospechosos y testimonios recabados, la jueza María Verónica Skanata ordenó este lunes la detención del comisario Evaldo Katz, quien al momento de los hechos estaba a cargo de la sede policial de Dos de Mayo; los oficiales de guardia Edgardo Arce y Liliana Saft; el jefe de guardia Carmelo Cerdán Cruz; el secretario José Pereyra Da Silva; el chofer Alejandro González Samudio; los guardias Maximiliano Gutiérrez, Ramón Cardozo, Mario Villar y Diego Armando Amarilla; los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, y los agentes Wiliams Gabriel Lunge, Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer. Varios de los imputados ya son personal retirado. Salvo en el caso de Ortiz, que permanece prófugo, las detenciones fueron realizadas por la fuerza de Gendarmería en distintos puntos de la provincia.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía federal, los policías habrían utilizado la estructura de la comisaría para concretar la detención ilegal de Golemba y hacerlo desaparecer. La fiscalía entiende que los acusados participaron de un plan criminal común, con diferentes aportes funcionales.
Además, la fiscal Silvina Gutiérrez señala que, tras la desaparición, pusieron en marcha un “pacto de silencio institucional” que incluyó “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”. El resultado de ese pacto fue, afirma la parte acusatoria, “mantener oculta la suerte de Mario Fabián Golemba y prolongar hasta la actualidad el desconocimiento acerca de su destino”.
La familia de Golemba espera ahora poder avanzar en el esclarecimiento total del crimen. “La verdad ya está explicitada. Estamos convencidos de la participación criminal de este grupo en un plan común”, dijo el abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl a Radio Up. “Esperemos que puedan empezar a hablar y que en corto tiempo se haga justicia”, añadió. Cuando hace cinco años se abrió la causa federal, la primera persona en declarar ante la fiscalía fue, recordó el diario Clarín, la madre de Mario, Irma Komka: “Solo les pido un huesito para poder llevarle una flor”.
