Miles de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos llegan a los tribunales sin representación legal, una situación que puede dificultar sus posibilidades de permanecer en el país. Ante esta realidad, un programa de voluntarios busca ofrecer asistencia jurídica a quienes no pueden conseguir un abogado.
El programa Attorney of the Day envía abogados voluntarios a los tribunales de inmigración para orientar a personas que comparecen sin representación y ayudarlas a entender los pasos de un proceso que puede terminar con su permanencia en Estados Unidos o su deportación.
La necesidad de este tipo de asistencia es relevante bajo la administración del presidente Donald Trump, en medio de una política migratoria enfocada en acelerar los procesos de deportación.
Datos citados por The Associated Press indican que los tribunales han aumentado las solicitudes de asilo rechazadas, mientras agentes de deportación han realizado arrestos en instalaciones judiciales y se han implementado audiencias con decenas de personas para reducir la acumulación de casos.
El problema es que, a diferencia de los tribunales penales, los migrantes no tienen derecho a un abogado proporcionado por el Estado en los procesos. Quienes no pueden pagar un representante deben recurrir a organizaciones sin fines de lucro, que en muchos casos tienen largas listas de espera y no cuentan con suficientes abogados para atender la demanda.
Un análisis del Vera Institute of Justice citado por AP señala que de los aproximadamente 3,2 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, el 52 % de las personas no tiene abogado.
La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Servicio de Investigación del Congreso de 2024 encontró que solo el 19% de los inmigrantes sin abogado obtuvo asilo u otra vía para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Entre quienes sí tuvieron representación legal, la proporción alcanzó el 47%.
Una ayuda en medio del proceso
En Sacramento, California, la abogada Kamalpreet Chohan, coordinadora del programa, revisó una lista de 57 personas que debían presentarse a audiencias y encontró que ninguna tenía representación legal. Su trabajo consiste en orientar a los migrantes antes y después de sus comparecencias y ayudarlos con documentos y solicitudes.
Chohan trabaja con el California Immigration Project y suele permanecer en las salas de espera de los tribunales para revisar documentos, explicar los procedimientos y detectar errores que podrían afectar los casos. También participa en clínicas destinadas a ayudar a los migrantes a completar sus solicitudes de asilo.
Entre las recomendaciones que brinda están completar todos los apartados de los formularios, presentar traducciones al inglés realizadas por una persona y no mediante traductores automáticos, incluir copias de todas las páginas del pasaporte y entregar los documentos con suficiente anticipación para que el juez pueda revisarlos.
La asistencia también busca prevenir que los migrantes sean víctimas de estafas. Chohan relató a AP que se encuentra con frecuencia con personas que pagaron a supuestos abogados que finalmente no hicieron nada por sus casos. En uno de los casos que conoció, un migrante afirmó haber pagado $4,500 dólares a un abogado que terminó siendo un estafador.
El panorama en los tribunales de migración ha cambiado durante el segundo mandato de Trump.
Chohan contó que el verano pasado observó agentes de ICE esperando en los juzgados para detener a migrantes después de sus audiencias. Más recientemente, presenció la implementación de las llamadas “megaaudiencias”, en las que decenas de personas son citadas al mismo tiempo para agilizar los casos pendientes.
Para Chohan, la falta de abogados sigue siendo uno de los principales obstáculos. En Sacramento, señaló, no existen suficientes representantes que trabajen gratuitamente para atender a todos los inmigrantes que necesitan ayuda.
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