Buenos Aires 12 de agosto de 2026 (OPS). La representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis, y el jefe de Gabinete de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Sebastián Medina, firmaron ayer un acuerdo marco para contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas de los más jóvenes en salud mental, sexual y reproductiva; prevención de violencias; e inmunizaciones.
Jané Llopis destacó el valor de la articulación intersectorial para impulsar políticas públicas basadas en evidencia, con herramientas técnicas aportadas por un organismo internacional de salud pública como la OPS, y con la perspectiva de derechos que brinda la Defensoría para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes. “Las políticas públicas son más eficaces y sostenibles cuando se construyen con niñas, niños y adolescentes, y no solo para ellas y ellos”, puntualizó la representante.
El enfoque de curso de vida que tiene el acuerdo es otro de los aspectos a subrayar. “La salud se comienza a formar desde la primera infancia y la adolescencia, en diálogo con las familias, las comunidades, la escuela, los servicios de salud y las instituciones”, expresó la representante de OPS. Por esa razón, el acuerdo tiene como objetivo final el cuidado desde las etapas más tempranas para proteger el presente de niñas, niños y adolescentes, como así también posibilitar mejores oportunidades de desarrollo, bienestar y salud integral para toda la sociedad.
Por su parte, Medina resaltó la importancia del acuerdo para formalizar el trabajo realizado y el futuro.
La firma del documento consolida el trabajo que ambos organismos vienen desarrollando de manera conjunta en el último tiempo como, por ejemplo, la búsqueda de estrategias para el acceso oportuno y equitativo a las vacunas. Además, la OPS brindó una capacitación a profesionales de la Defensoría en el uso del kit para el abordaje comunitario de la salud mental de adolescentes y jóvenes con el propósito de que esta herramienta pueda seguir multiplicándose en distintas jurisdicciones del país.
Durante la firma también estuvieron presentes la especialista en Gestión de Programas y Alianzas de la OPS en Argentina, Cecilia Marzoa; y la directora de Unión de Gabinete de Asesores de la Defensoría, Gloria Bonatto.
Por medio de este acuerdo la OPS reafirma su compromiso de continuar acompañando a la Defensoría con aportes de conocimiento técnico, capacitación y cooperación horizontal para que niñas, niños y adolescentes de la Argentina puedan acceder a una salud integral de calidad y respetuosa de sus derechos.
En una mañana de audiencias en Sacramento, la abogada Kamalpreet Chohan revisó una lista con 57 nombres. Todos debían presentarse ante un juez de inmigración y ninguno tenía representación. “Ninguna de estas personas está representada”, dijo, según The Associated Press.
La escena resume uno de los mayores obstáculos para quienes enfrentan un proceso de deportación en California: llegar a la corte sin abogado en un sistema complejo.
Un abogado puede marcar la diferencia
En los tribunales de inmigración no existe el derecho a un abogado pagado por el gobierno. Quien no puede pagar, uno debe buscar ayuda gratuita de organizaciones que suelen tener listas de espera.
De acuerdo con un análisis del Vera Institute of Justice citado por la agencia antes citada, alrededor de 3.2 millones de casos de deportación están pendientes y 52% de las personas involucradas no tiene abogado.
La diferencia en los resultados también es significativa. Un estudio del Congressional Research Service de 2024 encontró que 19% de quienes no tenían abogado consiguió asilo u otra vía para permanecer en Estados Unidos, frente a 47% de quienes sí tuvieron representación.
“Contar con un abogado es fundamental para poder desenvolverse con éxito dentro del sistema”, señaló Adriel Orozco, del American Immigration Council, citado por AP.
Un programa busca llenar el vacío
En Sacramento, Chohan coordina el programa Attorney of the Day, del California Immigration Project, que lleva abogados voluntarios a la corte para orientar a personas que llegan sin representación.
La ayuda no significa que cada inmigrante reciba un abogado para llevar todo su caso. Los voluntarios revisan documentos, explican los siguientes pasos y señalan errores que podrían complicar una solicitud de asilo.
El riesgo no es solamente jurídico. Chohan relató casos de personas que pagaron a supuestos abogados y terminaron estafadas. Uno de los hombres entrevistados por la agencia dijo haber pagado $4,500 a un abogado que, según su relato, no hizo nada por su caso.
El contexto añade presión; Chohan ha visto arrestos de ICE en los pasillos de la corte y el aumento de audiencias masivas para reducir el rezago. En febrero, autoridades estatales señalaron que más de 35 personas habían sido arrestadas en la corte de Sacramento durante el verano anterior.
Para quienes enfrentan una deportación, presentarse a las audiencias sigue siendo crucial, pero hacerlo sin abogado de inmigración puede dejar a una persona frente a un proceso difícil de entender.
El pasado 17 de julio Claudia Carolina Rodríguez Caglianone se encontraba, como tantas otras veces antes, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, para tomar un vuelo doméstico.
“Estaba en la puerta de embarque y, unos minutos antes de abordar, unos agentes de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) me retuvieron y me pidieron la identificación”, cuenta esta venezolana de 28 años.
“Sin devolvérmela, me dijeron que tenían que hacerme unas preguntas por mi caso de inmigración”, le explica a BBC Mundo, refiriéndose al proceso que tiene abierto desde que solicitara asilo en 2017.
Rodríguez no se subió a ningún avión. A aquello le siguieron más de dos semanas bajo custodia de las autoridades migratorias, de la que recién salió bajo fianza hace unos días, en medio de la presión ciudadana y el apoyo público de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz.
Su caso ilustra lo que varias organizaciones y abogados de inmigración denuncian como un aumento de las detenciones en aeropuertos estadounidenses, incluidas las de personas con visas vencidas pero procesos migratorios abiertos, como solicitudes de asilo y de residencias permanentes pendientes.
Getty Images: Organizaciones proinmigrantes y abogados de inmigración señalan un aumento de detenciones en aeropuertos, incluidos casos de personas con visas vencidas pero con procesos migratorios abiertos.
Los expertos lo atribuyen a un memorando de entendimiento firmado entre ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), vigente desde mayo de 2025 y que permite a ambas agencias compartir información.
“Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en EE.UU.”, contestó ICE al ser preguntado al respecto por BBC Mundo.
Caso de asilo pendiente
Rodríguez dejó atrás su país natal e ingresó a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa de estudiante. Antes de que esta venciera, cuenta, solicitó asilo.
“Ya todos sabemos el régimen que ha sido Venezuela desde la llegada (en 1998 a la presidencia) de Hugo Chávez, y yo, desde que nací, siempre viví en esa corrupción. Además, en el entorno que estaba no me sentía segura”, explica sobre las razones que la llevaron a emigrar.
“Vine aquí por las oportunidades que ofrece este país, que desde hace 11 años es ya el mío”, subraya.
Instalada en Florida, donde también vive parte de su familia, estudió en la St. Thomas University de Miami Gardens, donde se licenció y obtuvo una maestría en administración de empresas.
También formó parte del equipo femenino de fútbol del centro, del que llegó a ser capitana.
Cortesía de la familia de Claudia Rodríguez: Claudia Rodríguez llegó a ser capitana del equipo de fútbol femenino de su universidad.
En 2023 recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario creado por el Congreso en 1990 y que permite a ciudadanos de ciertos países vivir y trabajar legalmente en EE.UU., aunque no otorga residencia permanente ni ciudadanía.
Ampliado por el gobierno del demócrata Joe Biden, ha estado en la mira de la administración de Donald Trump desde que este arrancara su segundo mandato en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Aun así, al tener un procedimiento de asilo pendiente y no contar con antecedentes penales ni historial delictivo, la joven venezolana dice que jamás pensó que sería interceptada por agentes migratorios.
“Nunca imaginé que me pudiera pasar algo así”, reconoce. “Aunque lastimosamente hay otros muchos casos de personas que han sido injustamente arrestadas y están en una situación mucho peor que la mía”.
Tras pasar ocho días en la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Miramar, fue trasladada al Centro de Transición de Broward, en el sur de Florida, donde estuvo detenida durante otros nueve días antes de quedar libre.
“Ella entró a EE.UU. el 25 de enero de 2017 con una visa que le habría permitido permanecer en el país hasta el 24 de julio de 2017. Violando las leyes de nuestro país, se quedó más tiempo del permitido por su visa. La autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO [sic] otorgan estatus legal en Estados Unidos”, le dijo un portavoz de ICE a BBC Mundo sobre el caso de la joven venezolana.
“Un juez de inmigración ordenó la liberación bajo fianza de Rodríguez Coglianone y fue liberada de la custodia de ICE el 3 de agosto”, confirmó la agencia.
AFP vía Getty Images: El gobierno de Donald Trump ha puesto fin al TPS para una docena de países.
Cinco veces más
Casos de personas que han sido detenidas por agentes de inmigración en aeropuertos de EE.UU., tanto en mostradores de facturación como en puertas de embarque, han inundado los medios y las redes sociales en las últimas semanas.
Uno de los más recientes es la detención del futbolista argentino Matías Pourrain, quien juega en un equipo local de Miami, cuando estaba a punto de abordar un vuelo en Fort Lauderdale el pasado jueves con dirección a Los Ángeles, donde debía disputar la final de la liga UPSL.
Según contó a los medios su abogada, Regina Moraes, Purrain llegó a EE.UU. en 2019 con visa de turista y tiene una solicitud migratoria en proceso, por lo que le habían concedido permiso de trabajo.
Su caso es similar al de la argentina Iliana Lick, quien ingresó en EE.UU. en marzo de 2023 con visa de turista y se instaló en Filadelfia. De acuerdo con el relato de su novio, Stephen Melchiorre, la joven, quien trabajaba de niñera, tenía una solicitud pendiente para permanecer en el país.
Lick fue interceptada por agentes migratorios en el aeropuerto internacional de esa ciudad el pasado 11 de julio, desde donde pretendía volar a Kansas City para ver jugar a su selección contra la de Suiza en el marco del Mundial.
Tras pasar por varios centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas, aguarda en unas instalaciones de ICE en Nuevo México la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.
Según un análisis llevado a cabo por la cadena NBC de cifras recopiladas por el Deportation Data Project, desde el inicio del segundo mandato de Trump el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de marzo de 2026, ICE realizó 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones; cinco veces más que en ese mismo periodo el año anterior, cuando se registraron 108.
El Deportation Data Project procesa datos del gobierno obtenidos mediante una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información. Publicó los más recientes a finales de marzo pasado y corresponden a arrestos registrados hasta el 10 de ese mes.
BBC Mundo solicitó información oficial a DHS, así como a ICE, para poder comparar y constatar así el potencial incremento de las detenciones, ya que ninguna de las dos agencias publica estadísticas desde hace ya varios meses.
“DHS revirtió la horrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros en nuestro país de manera ilegal viajar en avión por todo nuestro país”, dijo la agencia en su respuesta.
Getty Images: Un agente de ICE ayuda a los agentes de la TSA en el control de seguridad del Aeropuerto LaGuardia en Nueva York.
“Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto. Esta administración está trabajando diligentemente para asegurarse de que los extranjeros que están aquí de manera ilegal ya no puedan volar a menos que sea fuera del país, para autodeportarse”, prosigue la contestación recibida por correo electrónico y atribuida a un portavoz de DHS.
“Aquellos que están en este país ilegalmente tienen donde elegir: pueden usar la aplicación CBP Home y recibir un vuelo gratis y un cheque de US$2.600, o pueden ser arrestados, detenidos y deportados”, dice el mensaje.
Varias organizaciones proinmigrantes se han hecho eco del aumento de la actividad de ICE en los aeropuertos y han reportado incidentes en California, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Massachusetts, Míchigan, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Virginia.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) “ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos durante vuelos nacionales”, dijo en un comunicado su directora de servicios legales, Yunuen Trujillo.
Ante ello, esta organización con sede en California ha instado a inmigrantes con solicitudes pendientes de residencia permanente (green card) o de asilo consultar con abogados antes de planear viajes dentro del país.
Área gris
Cada año, cientos de miles de inmigrantes y visitantes se quedan en EE.UU. más tiempo del permitido por sus visas.
Los casos de muchos de ellos constituyen, según expertos legales, un área gris, al estar esperando extensiones de dichos visados, permisos de residencia o la aprobación de sus solicitudes de asilo, y cuentan con permisos de trabajo.
Bajo otros gobiernos, no eran la prioridad del sistema de deportación, a menos que tuvieran un historial delictivo, y rara vez eran detenidos mientras aguardaban la resolución de sus casos. Pero eso parece haber cambiado bajo el presidente Trump.
“A mí me agarraron en ese proceso, esperando mi corte (audiencia de su caso de asilo en un juzgado de inmigración), que es la que está operando desde que yo apliqué para mi asilo político”, le dice Rodríguez a BBC Mundo.
Cortesía de la familia de Claudia Rodríguez: “Vine aquí por las oportunidades que ofrece este país, que desde hace 11 años es ya el mío”, dice Claudia Rodríguez.
Acuerdo entre ICE y TSA
Abogados de inmigración y organizaciones del ramo consideran que estas operaciones en aeropuertos están siendo posibles gracias a la expansión de un acuerdo entre ICE y la TSA, ambas dependientes del DHS.
La TSA fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se encarga de la seguridad en los aeropuertos, revisando a todos los pasajeros de los vuelos comerciales que salen de EE.UU. y sus equipajes, mientras ICE se ocupa de hacer cumplir las leyes de inmigración y tiene entre sus responsabilidades la detención y deportación de indocumentados.
El memorando de entendimiento original entre ambas entidades, obtenido a través de la Ley de Libertad de Información por American Oversight, una organización que aboga por la transparencia gubernamental, y que BBC Mundo pudo revisar, tiene fecha de mayo de 2025.
“ICE compartirá información con TSA para identificar a individuos de interés para ICE en apoyo de su misión de cumplimiento de la ley”, se lee en el documento, que también señala que “ICE almacenará la información obtenida de la TSA en su base de datos”.
Asimismo, se especifica que “el alcance del acuerdo se limita al intercambio de datos acordados entre las partes para mejorar la seguridad nacional, la seguridad en el transporte, la aplicación de la ley y la gestión de inmigración y fronteras”.
Ni ICE ni DHS respondieron a la pregunta formulada por este medio sobre qué casos abarca exactamente el acuerdo. BBC Mundo tampoco recibió respuesta de TSA.
“Quiero ser la voz de otros”
Cortesía de la oficina de la congresista Debbie Wasserman Schultz: Tras salir en libertad bajo fianza, Claudia Rodríguez denunció en una rueda de prensa las condiciones de los centros de detención en los que estuvo.
En sus primeras declaraciones tras ser liberada, Rodríguez agradeció el respaldo recibido durante las semanas en las que permaneció detenida y expresó solidaridad con quienes continúan recluidos.
“Lo que me sacó de aquí fue el amor. Dejo mi corazón allá con todas las mujeres que están adentro injustamente”, les dijo a los medios que la captaron a la salida de Broward.
Al día siguiente, ofreció una rueda de prensa acompañada de la congresista Wasserman Schultz, demócrata por el distrito 25 de Florida.
Wasserman visitó las instalaciones en la que estuvo detenida la joven venezolana y, aunque no les permitieron un encuentro en persona, pudieron hablar por teléfono. “Historias como la de Claudia y tantas otras deben conducirnos a la acción”, declaró Wasserman tras aquella conversación.
El pasado martes, durante la comparecencia conjunta ante los medios, Rodríguez denunció los momentos en los que, estando bajo custodia, se sintió “como un animal”.
Al describir las condiciones en Miramar, habló de comida a veces vencida, falta de higiene en las instalaciones, la imposibilidad de ducharse, de cambiarse de ropa, de detenidas obligadas a dormir en el suelo. “Me sentí deshumanizada”, subrayó.
“Había personas con cáncer que recibieron la primera quimioterapia antes de ingresar y a las que no se les permitió recibir la segunda”, recordó. También aseguró haber conocido a dos mujeres que sufrieron abortos espontáneos, una afirmación que ICE ha tachado de “totalmente falsa”.
Al ser transferida a Broward, una instalación administrada por ICE en Pompano Beach, dijo que las condiciones mejoraron.
“Es una práctica de larga data brindar atención médica integral desde el momento en que un inmigrante entra bajo custodia de ICE”, le dijo a BBC Mundo un portavoz de ICE, en respuesta a estos señalamientos.
“Esta es la mejor atención médica que muchos inmigrantes han recibido en toda su vida. Y las comidas son certificadas por dietistas. Asegurar la seguridad, protección y bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad principal en ICE”.
Conversando con BBC Mundo, Rodríguez insiste en que “hay una gran falta de humanidad” en todo el proceso y sostiene que su misión ahora es visibilizar los casos de aquellos en una situación similar a la suya pero con menos recursos.
“Voy a seguir a mi corazón, y ahora mismo lo que me está dictando es que tengo que ser la voz de todas esas personas”.
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La Policía boliviana interceptó un autobús que transportaba decenas de ladrillos de marihuana y exhibía un gran emblema del club brasileño São Paulo, destinado al traslado del equipo durante su estancia en el país para disputar un partido de la Copa Sudamericana, informaron este martes autoridades y la compañía.
La agencia AFP dijo que el Tricolor paulista llegó al país andino para enfrentar al local Bolívar en La Paz, en un duelo por la ida de los octavos de final de la Sudamericana.
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Bus de São Paulo fue interceptado con 86 kilos de marihuana
La empresa transportista descartó cualquier responsabilidad del São Paulo en la operación de narcotráfico frustrada por la Policía, contó.
“Aclaramos que toda la responsabilidad corresponde a los conductores bolivianos”, dijo en una carta la compañía Cosmos, que São Paulo envió a la AFP.
Bus de São Paulo Foto:Policía boliviana
“El equipo de São Paulo no utilizó ese bus, se le asignó otro”, precisó.
El control policía fue clave
La intervención policial ocurrió en un puesto de control en la zona cocalera de Villa Tunari, en Cochabamba, en el centro del país, dijo la agencia.
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Agentes antinarcóticos posan en una fotografía difundida por la Policía este martes con tres detenidos, junto a la carga y el bus que lleva las siglas SPFC del tres veces campeón de la Copa Libertadores, precisó AFP.
Unos 65 paquetes rectangulares fueron incautados en el bus “con una sustancia verduzca” que, tras las pruebas químicas, dieron “resultado positivo para marihuana”, informó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
La carga fue escondida en bolsas para hacer compras y los ladrillos estaban forrados en papel película. Pesaba unos 86 kilogramos, según medios locales, señaló.
El bus debía encargarse de los traslados de los jugadores del club por la ciudad de Santa Cruz, donde concentraron horas antes de viajar al altiplano.
São Paulo y Bolívar jugarán su duelo de vuelta en Brasil el próximo martes, sentenció.
Carlos Mauricio Cassinelli, médico legista o forense y coordinador de la Junta Médica Interdisciplinaria que elaboró un informe sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona, declaró en el juicio que, durante sus últimos días de vida, el astro presentó “signos de una insuficiencia cardíaca” que no fueron controlados de forma debida por los médicos a cargo.
“Edema de miembros inferiores, diuresis abundante, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión y de taquicardia son todos signos de alarma compatibles con una insuficiencia cardíaca que deberían haberse controlado”, expresó Cassinelli, exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica.
Juicio de Diego Maradona toma un giro de 180 grados
El perito también se refirió a la exagerada hinchazón que Maradona presentaba. “Esta acumulación de líquidos eran signos secundarios a la insuficiencia cardíaca. El corazón no puede bombear la cantidad de sangre que le llega y el líquido comienza a desparramarse hacia otros lugares del cuerpo”, explicó.
Las hijas de Diego Maradona, Gianina Maradona y Dalma Maradona Foto:EFE
El exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica fue el coordinador de una junta médica creada en 2021 a pedido de la Justicia argentina para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona, precisó la agencia AFP.
Según el testigo, esa junta tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue “un trabajo conjunto” en el que más de veinte profesionales de distintas especializaciones llegaron a un consenso.
Verónica Ojeda, expareja de Diego Armando Maradona Foto:EFE
Diego Maradona no tuvo atención
Cassinelli señaló que “no hubo un médico que estuviera a cargo de la evolución del paciente”, pese a que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados, “figuraban a cargo de la internación domiciliaria” a la que Maradona fue sometido del 11 al 25 de noviembre de 2020, justo antes de su fallecimiento.
Los médicos, según el testigo, ignoraron los signos de alarma que conocieron, de acuerdo con mensajes de texto y audios revelados durante el juicio: “Al menos realizar una visita presencial para evaluar estos síntomas, una consulta con un especialista en clínica médica o un cardiólogo, o directamente internarlo en un sanatorio para realizar un efectivo diagnóstico”.
Expareja de Diego Maradona reveló detalles del último día que vio con vida al futbolista Foto:EFE
“Un paciente con una miocardiopatía dilatada a causa del consumo de cocaína nunca más va a tener un corazón normal. La insuficiencia cardíaca puede estar compensada, pero todos coincidimos en que debió haber tomado su medicación para esta patología crónica”, aseguró Cassinelli.
La agencia indicó que, según la declaración de dos médicos que lo trataron en una clínica privada previo a su fallecimiento, Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco tiempo antes de su muerte.
Diego Armando Maradona Foto:EFE
Cassinelli expresó: “Creo que los médicos no conocían o no se interiorizaron en todos los antecedentes que tenía el paciente”. Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicoanalista Carlos Díaz; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, sentenció la agencia.
Brasil ha perdido en las últimas cuatro décadas una superficie de vegetación nativa dos veces mayor que toda Francia, lo que aumenta su vulnerabilidad a fenómenos meteorológicos extremos asociados a El Niño, según reveló un estudio publicado el miércoles.
Distintas regiones del país más grande de Sudamérica se preparan para sequías, inundaciones e incendios, ante el recrudecimieto de El Niño hacia finales de año.
En su estudio anual sobre el uso del suelo en Brasil, la red de monitoreo ambiental MapBiomas señaló que la vegetación nativa, que hace cuatro décadas cubría el 79% del territorio brasileño, hoy cubre el 65%.
Las mayores pérdidas se registraron en la selva amazónica y en el biodiverso bioma de sabana del Cerrado.
Gran parte de esas áreas alimentan ahora la agricultura o ganadería. Las tierras para esos usos ahora ocupan el 32% del territorio de Brasil, frente al 18% en 1985.
Un análisis de MapBiomas mostró que las zonas dominadas por la agricultura fueron más vulnerables a los extremos meteorológicos durante tres episodios pasados de El Niño de gran intensidad.
Tasso Azevedo, coordinador general de la organización, dijo a la AFP que las zonas deforestadas de la Amazonía habían registrado “una caída más significativa de las precipitaciones en comparación con las zonas boscosas” durante el episodio de El Niño 2023-2024.
Mientras tanto, en las áreas cultivables del sur se registraron “precipitaciones excesivas” en comparación con las zonas de vegetación nativa.
El estado de Rio Grande do Sul sufrió inundaciones históricas en 2024, que dejaron alrededor de 200 personas muertas.
“El uso del suelo no altera a El Niño en sí, pero puede cambiar el impacto que tiene”, señaló Azevedo.
Las decisiones sobre la expansión de las áreas cultivables “pueden influir en nuestro nivel de vulnerabilidad”, agregó.
El mes pasado, el gobierno brasileño advirtió de un “El Niño muy fuerte” este año.
Con una frecuencia de cada dos a siete años, este fenómeno calienta las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que provoca durante meses importantes modificaciones en los regímenes de vientos, presión y precipitaciones a escala mundial.
Este año, la mayoría de los modelos prevén un episodio de El Niño de magnitud excepcional, potencialmente el más intenso jamás registrado, en medio del calentamiento del planeta provocado por la actividad humana.
La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA) también ha alertado de que un “Súper Niño” podría afectar cultivos clave del país, como café, soja y azúcar.
Edificios colapsados, balcones caídos, fachadas de iglesias que se derrumbaron en apenas segundos. Colombia tiene una historia sísmica de larga data, pero el terremoto del lunes, que se produjo a una profundidad de más de 100 kilómetros bajo tierra, generó daños estructurales aún en evaluación en los que también intervinieron otra serie de factores.
Sumado a una región que es sísmica en gran proporción; la construcción informal, la deficiencia en el mantenimiento de algunas estructuras y edificaciones vulnerables que se construyeron previo a las normativas antisísmicas más recientes son algunas de las causas de los daños más graves, apuntan especialistas consultados por CNN.
Más de 200 personas murieron y al menos 2.000 resultaron heridas luego de que el sismo de magnitud 7,4 se desató en José del Palmar, Chocó, al oeste de Bogotá, pasadas las 7 de la mañana del lunes, hora local. Las cifras podrían aumentar en los próximos días, a medida que avancen las tareas de rescate y recuperación.
Los equipos de rescate buscan este martes sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado en Cali, Colombia, tras el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026. – JOAQUIN SARMIENTO/AFP/AFP vía Getty Images
El problema de la informalidad en la construcción
Además del epicentro en el departamento de Chocó, ciudades como Cali, Pereira y Manizales, entre otras, han resultado gravemente afectadas por el movimiento sísmico, al igual que muchos municipios pequeños que rodean a estas ciudades.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes en un segundo reporte nacional que contabilizaban 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas y 807 centros educativos también dañados, según dijo en una conferencia de prensa en Pereira, capital del departamento de Risaralda.
“Fue un sismo bastante profundo, que tiene una profundidad de un poco más de 100 kilómetros pero que, dada la cantidad de energía liberada, pudo llegar con mucha fuerza a la superficie y abarcó gran cantidad del territorio nacional”, explica a CNN el profesor Albert Ortiz, ingeniero civil y director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, en Cali.
Si bien se trata de un sismo que los investigadores pueden prever como probable y para el que se prepara la infraestructura, explica Ortiz, todavía hay falencias debido a un alto porcentaje de informalidad en la construcción, sobre todo en algunos municipios más pequeños que rodean a las ciudades más pobladas.
Este factor es crucial, coincide Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, doctor en Estructuras y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Dice que precisamente esa es una de las causas de los mayores daños: las construcciones que no tienen supervisión de ingenieros estructurales o la planificación adecuada. “En Colombia lastimosamente se tiene un índice muy alto de informalidad en la construcción, que está alrededor de 60 % y que realmente es muy alto”.
No obstante, los especialistas explican que generalmente es la combinación de varios factores lo que desencadena los derrumbes y daños, por lo que resulta poco probable llegar a identificar un solo indicador de forma independiente.
“Actualmente tenemos las estructuras con criterio de ingeniería que debieron soportar el sismo, tal vez con algunos daños en elementos no estructurales”, señala Ortiz, también investigador de la Red Colombiana de Ingeniería Sísmica (CEER, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, prevalecen muchas estructuras construidas previas al primer reglamento oficial de construcción sismo resistente, creado en el año 1984 a raíz del destructivo sismo de Popayán, en el oeste de Colombia, ocurrido en 1983. La actualización más reciente de este código, llamado entonces código colombiano de construcciones sismo resistentes, fue en 2010.
Gutiérrez Melgarejo explica que, si bien la normativa ya existía, no fue “legislativamente exigible” hasta la reforma constitucional de Colombia de 1991. Por lo tanto, muchas edificaciones construidas previo a estos años son las más vulnerables, con mayores falencias a la hora de un movimiento sísmico de fuerte magnitud como el ocurrido en Chocó.
“Hay muchas estructuras que son muy viejas y no se han actualizado a los códigos actuales. Esto genera un problema porque a las estructuras, como a un vehículo, hay que hacerle mantenimiento, evaluaciones cada ciertos años para que no se deterioren ni las estructuras, ni los materiales”, dice Gutierrez Malgrejo, magíster en Ingeniería Civil.
En la actualización del reglamento de construcción en 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia señaló que la reglamentación sismo resistente que había regido en los últimos años “cumplió su cometido principal de evitar colapso y daño estructural grave de las edificaciones” ante los sismos, pero aclaraba que seguía siendo “notoria” la desprotección de los elementos no estructurales “y su potencial peligrosidad para la vida humana”.
Rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros de una vivienda colapsada tras el terremoto, en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. – JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images
Falencias en el mantenimiento y una construcción que cambió
Ubicado en una zona sísmica, Colombia es un territorio parte de una región donde convergen placas tectónicas que hacen que este tipo de eventos sean frecuentes y esperables.
Los especialistas explican que este tipo de sismo de subducción, en el que la placa Sudamericana y la placa de Nazca colindan, ocurrió en particular en una zona sísmica de las más altas, donde las condiciones requieren de construcciones acordes.
Para un sismo de esta magnitud, los efectos son lo que se estiman los investigadores, dice Ortiz, que fue parte del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico, donde estudian qué se puede esperar de un sismo en función de su grado de intensidad.
“Nosotros esperábamos que, para un sismo de esta magnitud, obviamente tuviéramos unos niveles de daño acordes a lo que estamos viendo, desafortunadamente porque tenemos estructuras que son muy vulnerables” en parte por falta de reparación, señala.
El mantenimiento de los edificios, dice, es relativo de acuerdo a cada ciudad o municipio.
Muchos edificios colapsados son construcciones que tienen alrededor de 30 años y que, al ser edificios residenciales, las personas no tienen el presupuesto para “reforzarlo”, agrega el profesor de la Universidad del Valle. Reforzar un edificio en Colombia de unos 5 o 6 pisos puede costar unos US$ 1.000.000, estima.
Gutiérrez Malgrejo dice por su parte que el mantenimiento de las estructuras es algo que afecta no solo a Colombia, sino también a otros países vecinos de Latinoamérica. Una problemática frecuente, analiza, es que las construcciones no se actualicen a lo que establecen las regulaciones más recientes.
Las edificaciones más antiguas, además, probablemente carecen de elementos que la ingeniería ha descubierto en años posteriores al sismo de 1983 y que impulsó la primera reglamentación a nivel nacional.
“A partir de las tragedias hemos aprendido cómo hacer las columnas, cómo hacer las vigas, cómo hacer los muros, cómo restringir la flexibilidad del edificio… no se trata de que la estructura está mal construida, sino que se construyó en una época donde los requerimientos eran otros”, apunta Ortiz. Esto se traduce en daños en elementos de mampostería y bloques de ladrillo, un tipo de construcción muy común en el país.
Los ingenieros coinciden en que a Colombia podrían esperarle meses de recuperación. Evaluaciones sobre daños, edificaciones y estructuras en riesgo serán apenas los primeros pasos de una reconstrucción que llevará tiempo.
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El primer bombardeo aéreo contra guerrilleros ordenado por el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dejó dos rebeldes muertos en una zona fronteriza con Venezuela, confirmó el martes una fuente militar a la AFP.
El ultraderechista De la Espriella asumió el poder el viernes con la promesa de intensificar los ataques aéreos contra los grupos criminales, con apoyo de Israel y Estados Unidos, en medio de la peor crisis de violencia en la última déacada en el país.
La ofensiva contra una posición del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se llevó a cabo la noche del lunes en una zona rural de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informó el Ministerio de Defensa en un comunicado el martes.
La operación dejó al menos tres civiles heridos, entre ellos una mujer de 44 años, en un poblado del municipio de San Calixto, según la estatal Defensoría del Pueblo.
Varias familias tuvieron que desplazarse de sus hogares, denunció el organismo, que pidió a la fuerza pública “prevenir afectaciones a la población civil”.
Según la cartera de Defensa, el bombardeo se hizo con “énfasis en la protección de la población civil” y destruyó dos búnkeres y cinco campamentos guerrilleros.
En imágenes divulgadas por el ministerio se ve soldados disparar un cañón desde tierra, en medio de la oscuridad, mientras helicópteros sobrevuelan la zona.
Tropas en tierra incautaron posteriormente 1,5 toneladas de explosivos, entre ellas más de 400 granadas “adaptadas para ser lanzadas desde drones”, y varios fusiles automáticos y municiones.
De la Espriella, que reemplazó en el poder al izquierdista Gustavo Petro, prometió interrumpir las negociaciones de paz infructuosas de su antecesor con los grupos armados y enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo”.
En su primer fin de semana como presidente, seis miembros de grupos ilegales fueron abatidos en las primeras operaciones militares en varios puntos del país.
Lima, 12 de agosto de 2026.- Con el propósito de enfrentar las brechas de acceso, información y pertinencia cultural en salud materna y planificación familiar, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), a través de la unidad de Curso de Vida, Salud de la Mujer y Salud Infantil (HL), junto a la DIRESA Loreto, organizó el taller participativo de co-creación “Voces y Saberes Vivos” en Iquitos. La actividad tuvo como objetivo validar y adaptar materiales sobre Anticoncepción Inmediata Post Evento Obstétrico (AIPEO) a nivel comunitario, contribuyendo a fortalecer la consejería en planificación familiar, el acceso informado a métodos anticonceptivos y la prevención de embarazos no planeados en el periodo posparto, en el marco de las estrategias para reducir las muertes maternas en la Amazonía peruana.
La provincia de Maynas, en la región Loreto, enfrenta desafíos relacionados con la atención de emergencias obstétricas y registra el mayor número de muertes maternas de toda la región. Para contribuir a cambiar esta realidad, se viene impulsando el proyecto “Respuesta a Emergencias Obstétricas y Embarazos no Planeados”, en cuyo marco se desarrolla el taller de validación y adaptación de materiales sobre AIPEO, una intervención que fortalece la planificación familiar posparto y favorece decisiones informadas y voluntarias sobre anticoncepción después de un evento obstétrico.
Esta actividad fue posible gracias al financiamiento de MSD para Madres y la Embajada de Canadá y al acompañamiento técnico de Pro Mujer, aliados estratégicos en el fortalecimiento de la salud materno-infantil y los derechos sexuales reproductivos en la región. Contó con la participación de 30 obstetras, enfermeras, coordinadoras regionales de estrategias y agentes y defensoras comunitarias de Loreto, Amazonas y Ucayali con el fin de intercambiar experiencias e integrar perspectivas de diferentes regiones amazónicas para mejorar la comunicación comunitaria sobre AIPEO, planificación familiar y decisión informada.
Una iniciativa regional innovadora para adaptar materiales de salud materna y planificación familiar con pertinencia cultural
Con este taller, Perú continúa una innovadora iniciativa en la Región orientada a la adaptación cultural de materiales de salud materna y planificación familiar con participación activa de comunidades indígenas. La experiencia en la Amazonía peruana contribuye a consolidar una metodología regional que reconoce el valor de los saberes comunitarios y de la participación de las comunidades indígenas locales en las políticas de salud pública culturalmente pertinentes.
OPS – SACHA CINE
“Voces y Saberes Vivos”, un espacio de co-creación
El corazón del taller estuvo centrado en las comunidades y en la escucha activa de sus necesidades reales y cotidianas en salud sexual reproductiva. En el encuentro, se abordaron mitos, barreras culturales y necesidades de información relacionados con la planificación familiar y la AIPEO en el ámbito rural. Los participantes coincidieron en que el intercambio horizontal es clave para diseñar materiales educativos que reflejen y respeten sus realidades y que promuevan decisiones informadas, voluntarias y libres de estigma. A diferencia de los mecanismos tradicionales de consulta técnica, la metodología implementada se basa en un enfoque crítico-dialéctico inspirado en la pedagogía comunitaria latinoamericana de Paulo Freire que sitúa a las comunidades como sujetas activas de su propia transformación y de la construcción de conocimiento.
Las jornadas de trabajo se desarrollaron bajo cuatro ejes metodológicos, integrados de manera participativa. En primer lugar, se realizó un diagnóstico participativo para identificar brechas, saberes locales y necesidades sobre planificación familiar y AIPEO. Asimismo, se promovió un análisis crítico del rol comunitario para comprender y superar las tensiones existentes entre las prácticas locales y los lineamientos institucionales. Estos ejes permitieron orientar la adaptación de los mensajes desde la experiencia de las propias comunidades y un enfoque de derechos.
A partir de este proceso, se dio paso a la fase de co-creación y adaptación, en la que diversos actores propusieron de forma conjunta mensajes, metáforas e imágenes para adecuar el rotafolio técnico de la OPS a su realidad local. Finalmente, se consolidó una metodología replicable para promover el acceso a información clara, culturalmente pertinente y basada en derechos sobre AIPEO y el autocuidado desde un enfoque basado en los derechos sexuales y reproductivos.
La OPS/OMS continuará brindando cooperación técnica para fortalecer la planificación familiar posparto, mejorar la calidad de la consejería y asegurar que los materiales educativos respondan a las necesidades, lenguas, prácticas y prioridades de las comunidades amazónicas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) encendió las alarmas ante el plan de ICE para incorporar guantes capaces de aplicar descargas eléctricas durante sus operativos de inmigración, al considerar que la herramienta podría facilitar el uso de la fuerza y aumentar el riesgo de abusos.
La reacción ocurre después de que AP revelara que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla gastar hasta $20 millones para adquirir miles de estos dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., y distribuirlos entre sus agentes antes de marzo.
El equipo, fabricado por Compliant Technologies LLC, funciona como un guante de patrulla convencional hasta que el agente activa un interruptor que libera una descarga al entrar en contacto directo con la piel.
Para la ACLU, sin embargo, el problema no es solamente la tecnología, sino quién podría utilizarla, bajo qué circunstancias y con qué nivel de supervisión.
ACLU cuestiona el uso de descargas por ICE
Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre seguridad pública de la ACLU, cuestionó que una herramienta de este tipo sea necesaria para la aplicación civil de las leyes de inmigración.
En declaraciones recogidas por la agencia antes citada, la representante de la organización puso el foco en una característica particularmente polémica: la posibilidad de activar el dispositivo con un botón que podría pasar inadvertido para la persona detenida.
“ICE pasó el último año demostrándole a este país que recurre a la fuerza con demasiada rapidez. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con apenas tocar un botón que quizá nadie más pueda ver que accionan”, afirmó Rolnick Borchetta.
La crítica va más allá de cuestionar el dispositivo. La ACLU sostiene que existe un problema de confianza respecto a la manera en que los agentes de ICE utilizarían esta nueva herramienta.
“Contar con guantes que pueden usarse con tanta facilidad para causar un dolor terrible en los encuentros es una receta para dañar a la población”, agregó la representante.
Así funcionan los guantes que ICE quiere comprar
Los G.L.O.V.E., siglas en inglés de ‘Generated Low Output Voltage Emitter’, están diseñados para generar un estímulo eléctrico doloroso cuando el guante entra en contacto directo con la piel.
De acuerdo con el fabricante, el agente puede activar el sistema mediante un interruptor y utilizarlo para conseguir que una persona deje de resistirse. La empresa sostiene que el efecto puede producirse en cuestión de segundos.
John Peters, presidente del Institute for the Prevention of In-Custody Deaths, explicó a AP que la descarga es “inmediata y aguda” y la comparó con “un piquete de abeja”.
El fabricante asegura que los dispositivos ya han sido utilizados en algunas cárceles y departamentos de policía, principalmente en situaciones específicas de traslado o cuando existe resistencia física.
También establece restricciones: los guantes no deberían utilizarse como castigo, contra personas que solamente muestran desafío verbal ni contra grupos considerados de alto riesgo, como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Aun así, la ACLU considera que el posible uso de la herramienta por parte de ICE merece especial escrutinio.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreció comentarios sobre el cuestionamiento. Por su parte, Jeff Niklaus, director ejecutivo de Compliant Technologies, respondió: “Lamentablemente, no podemos hablar sobre este tema”.
El plan todavía requiere que ICE concrete el proceso de adquisición. Pero para la ACLU, el debate ya está sobre la mesa: si los agentes tendrán una herramienta capaz de provocar dolor con solo presionar un botón, la pregunta será qué controles existirán para impedir que una detención migratoria termine en un uso innecesario de la fuerza.
