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Venezuela anunció este miércoles el lanzamiento formal de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de su deuda pública externa y la de la petrolera estatal PDVSA. Se trata del paso más concreto del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez hacia la normalización financiera del país desde que el Estado entró en cesación de pagos hace casi una década.

El comunicado, emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, señala como objetivo central “poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada”. Venezuela se encuentra en situación de impago desde 2017 y atribuye el incumplimiento de obligaciones financieras a las sanciones impuestas por Estados Unidos a partir de ese mismo año. Desde entonces, las deudas, los intereses acumulados y las demandas judiciales relacionadas con expropiaciones se han ido acumulando hasta disparar el pasivo externo mucho más allá del valor original de la deuda.

“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación”, reza el comunicado.

El movimiento se produce en un contexto de acelerada reconfiguración de Venezuela. El pasado 5 de mayo, el gobierno de Estados Unidos dio un paso clave al autorizar, mediante la Licencia General 58 emitida por el Departamento del Tesoro, la prestación de servicios de asesoría legal y financiera a Venezuela y PDVSA con miras a una eventual reestructuración de su deuda.

Esa licencia, que exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultoras y asesores financieros, llegó 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas tras siete años de ruptura. Con la normalización diplomática, el FMI podrá prestar ayuda financiera al Gobierno de Caracas si fuera necesario.

Según un análisis de Reuters, la crisis de la deuda de Venezuela es uno de los mayores impagos soberanos sin resolver del mundo, “el legado de años de colapso económico y sanciones estadounidenses que aislaron al país de los mercados internacionales de capitales”. El país acumula cerca de 60.000 millones de dólares en bonos impagados. La deuda externa total, incluyendo obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, se ubica entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se contabilicen los intereses devengados y las sentencias judiciales.

Entre los principales acreedores están fondos especializados en deuda en dificultades —los llamados “fondos buitre”—, empresas con laudos arbitrales por expropiaciones como ConocoPhillips y Crystallex, y acreedores bilaterales como China y Rusia, que otorgaron préstamos tanto a Nicolás Maduro como a Hugo Chávez.

El anuncio se enmarca en el proceso de relajación gradual de sanciones impulsado por Washington, centrado especialmente en el sector energético venezolano y en la normalización de relaciones bilaterales, tras el ataque estadounidense con el que capturaron a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, asegura el comunicado. El documento no detalla mecanismos concretos, plazos ni interlocutores designados para la negociación, lo que deja abierta la pregunta de cómo se articulará un proceso de esta magnitud en un país que lleva años fuera del sistema financiero internacional.

La controversial Ley 1720, que planteaba la mayor reforma agraria del siglo en Bolivia, fue abrogada la noche del martes por la Cámara de Senadores. La norma permitía la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana, convirtiendo a la tierra en un activo financiero y garantía para créditos, pero perdiendo su característica de inembargabilidad. Varios campesinos percibieron una amenaza de mercantilización del territorio y, desde el día en que la ley fue promulgada, el 26 de marzo, agricultores amazónicos emprendieron una marcha de casi 1.000 kilómetros hacia La Paz, sede de Gobierno. Confederaciones campesinas de otras regiones del país se sumaron al reclamo y mantienen bloqueadas las carreteras de la capital administrativa desde hace una semana.

El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que la reforma está anulada, pero se ha instruido a la Cámara de Diputados a trabajar en una nueva ley que recoja el espíritu de la anterior pero concertada con los sectores movilizados. “La ley 1720 ya no existe, pero hemos introducido una disposición transitoria para que se elabore una nueva norma pactada con los actores involucrados que permita una reclasificación voluntaria de la tierra”, aseguró en una entrevista radial.

El intento de conciliación comenzó el pasado miércoles con un acuerdo entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para devolver la ley al Parlamento. La abrogación prosiguió el sábado en la Cámara de Diputados y ahora fue el turno del Senado, que registró 32 votos a favor, tres en contra y nueve en blanco. Los senadores que apoyaron la revocación justificaron su decisión en aras de “pacificar” el país. “Es una pena que lleguemos a esto porque es una ley que le daba al pequeño campesino la libertad que no tiene (…) estoy dispuesto a votar por la abrogación con el compromiso de que los marchistas acaben con las presiones”, aseguró quien fue el principal impulsor de la norma, el empresario y senador Branko Marinković.

Paz espera algo de oxígeno tras la abolición. Las protestas han ido escalando y se multiplican en varios frentes. Además de los campesinos, están movilizados los profesores públicos rurales y urbanos; entre varios pedidos, sobresale lo que llaman una “compensación salarial” del 30% por la crisis económica, reflejada en la inflación de dos dígitos que pronostican las instituciones financieras. Indígenas aimaras del altiplano, agrupados en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y su brazo miliciano, los Ponchos rojos, demandaban inicialmente la abrogación de la 1720, pero ahora han elevado su exigencia a la renuncia del presidente.

Al ultimátum de la Túpac Katari se ha sumado la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor central sindical del país; ambas organizaciones han firmado un pacto de no dialogar con el Gobierno y llevar las presiones hasta forzar la salida de Paz. Estos sectores populares, en los que se apoyó la anterior gestión de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), acusan al jefe de Estado de haber favorecido con sus políticas —en los seis meses de gestión que lleva— a los latifundistas y élites empresariales, olvidándose de los sectores populares.

El intento de la reforma agraria fue el empujón final para detonar su descontento, pues aseguran que no fueron consultados para la elaboración de la ley y que, más bien, fue impulsada desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cuya directiva está conformada por agroindustriales de la capital económica del país, Santa Cruz de la Sierra. La CAO, en una primera instancia, se declaró en emergencia, pero el miércoles, después de una reunión, decidió apoyar la abrogación y dejar la vía expedita al Senado: “Por pacificar el país, por el bien de todos los bolivianos que están sufriendo y no les llegan tanques de oxígeno por los bloqueos. No pueden continuar con esta excusa”.

Marinković y la bancada de la que forma parte, el partido de derecha conservadora Libre, aseguraron en la sesión del miércoles que los diputados cuentan ahora con 60 días para elaborar una nueva versión de la reforma agraria.