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Si estás por comprar una vivienda, saber cuánto cuesta el metro cuadrado puede ser un primer filtro para decidir dónde buscar, ya que en julio el precio promedio nacional fue de 32,274 pesos, aunque el costo cambia de forma importante entre las entidades del país, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda (Inbaprevi).

Según la más reciente actualización del indicador, durante julio el costo de la vivienda mantuvo su tendencia al alza, con un incremento de 0.5% frente al mes previo y de 4.7% en comparación con el mismo mes del 2025, un comportamiento que mostró diferencias importantes entre los mercados del país.

“Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de los ingresos de los trabajadores mexicanos”, se puede leer en el reporte del área de análisis del banco.

El precio cambia según dónde se busque

El mapa de precios de la vivienda muestra diferencias importantes entre las entidades del país, por lo que el promedio nacional no refleja por sí solo cuánto puede costar una propiedad según el lugar donde se busque.

El siguiente listado ordena los mercados incluidos en Inbaprevi de acuerdo con su precio promedio por metro cuadrado en julio:

La oferta también cambia según el mercado

La antigüedad de las propiedades disponibles también varía de forma importante entre los mercados del país. En algunas entidades, la vivienda nueva concentra una parte importante de la oferta, mientras que en otras existe una mayor presencia de inmuebles con varios años de antigüedad, de acuerdo con los datos de Inbaprevi.

Por ejemplo, la vivienda nueva representó 51.3% de la oferta en Hidalgo y 75.8% en Tamaulipas, mientras que en Ciudad de México este segmento concentró 26.9%. En Morelos, las propiedades de 20 a 50 años representaron 22% de la oferta, frente a 6.3% en Hidalgo.

Para quienes buscan una vivienda usada, revisar la antigüedad de las propiedades disponibles puede ser otro criterio para definir dónde buscar, además del precio habitacional por metro cuadrado, ya que la oferta de inmuebles con varios años cambia de una entidad a otra.

El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la excarcelación de 131 personas como parte de su programa para revisar los casos de quienes están detenidos por delitos relacionados con hechos políticos.

Las excarcelaciones fueron dadas a conocer por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una instancia recientemente creada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, el programa dijo que la excarcelación de estos presos políticos fue acordada por tribunales, a petición de la Fiscalía, luego de que se revisaron los casos de los involucrados.

“El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República”, señaló.

Por separado, Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, que documenta y acompaña los casos de presos políticos en Venezuela, dijo en su cuenta de X que hasta la tarde del sábado habían confirmado 73 excarcelaciones: 55 hombres y 18 mujeres.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, actualizó la cifra por la mañana de este domingo, cuando indicó en X que hasta ahora tienen 78 excarcelaciones confirmadas.

Hasta la mañana del viernes, previo al anuncio del Gobierno, Foro Penal tenía registro de 391 presos políticos en el país: 365 hombres y 26 mujeres.

Desde la captura de Maduro y la llegada de Rodríguez como presidenta encargada, el Gobierno de Venezuela ha anunciado varias medidas relacionadas con las personas detenidas por delitos relacionados con hechos políticos, como excarcelaciones, una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional y el nuevo Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

El Gobierno dice que estas acciones buscan promover la reconciliación en el país. En tanto, algunos políticos de oposición, organizaciones civiles y ciudadanos ven estos anuncios como pasos positivos aunque aún insuficientes. Entre otras cosas, consideran que las salidas de prisión deberían agilizarse e incluir garantías de que los involucrados quedarán libres de cargos penales.

La líder opositora María Corina Machado se refirió al tema este viernes. En su cuenta de X, dijo que todos los venezolanos que salen de cárceles para volver con sus familias dan “una alegría infinita”.

“Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”, señaló.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló por separado que estas excarcelaciones son “un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación” y habló del plan tres fases que delineó para Venezuela tras la captura de Maduro: estabilización, recuperación y transición.

“Desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos”, dijo Rubio en X. “A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”.

El anuncio de las más recientes excarcelaciones ocurre dos días después del cierre de la primera ronda de diálogos entre el Gobierno y un sector de la oposición —sin Machado—, en la que ambas partes acordaron avanzar en cambios al sistema de justicia y atención a las personas afectadas por los fuertes sismos del 24 de junio.

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El pasado 21 de junio, Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales colombianas por 250.830 votos de diferencia, menos de un punto porcentual sobre el senador Iván Cepeda, en lo que fue la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país.

El abogado, de 48 años y con triple nacionalidad —colombiana, estadounidense desde 2023 e italiana desde 2024—, llegaba a la política nacional sin haber ocupado jamás un cargo público, financiando su propia campaña con la fortuna levantada en su bufete y con un movimiento hecho a su medida, Defensores de la Patria.

En las filas de los colegios electorales de Barranquilla se veían gorras con el lema Make Colombia Great Again.

Prometió, en esencia, lo contrario de todo lo que había hecho Gustavo Petro.

En febrero, le había dicho a Reuters que en su gobierno no habría procesos de paz. Sobre ese eje construyó el resto: reanudar los bombardeos contra los grupos armados, volver a la fumigación aérea de los cultivos de coca, levantar diez megacárceles, imponer la cadena perpetua a los asesinos de mujeres y niños, publicar un listado oficial de organizaciones narcoterroristas, recortar el Estado hasta un 40% y cerrar catorce embajadas y quince consulados.

Con Cuba y Nicaragua fue más lejos: anunció que no habría “vínculo alguno con tiranías”.

Con ese programa, De la Espriella tomó posesión del cargo el viernes 7 de agosto en Cali, y no en la plaza de Bolívar de Bogotá. Era la primera vez que un presidente juraba el cargo fuera de la capital. Después se trasladó al cantón militar Pichincha para pronunciar su primer discurso ante los mandos militares.

A la ceremonia, acudieron Felipe VI, Javier Milei y Daniel Noboa, además de una delegación estadounidense encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche. Los representantes del Pacto Histórico no asistieron; tampoco lo hicieron Lula da Silva ni Claudia Sheinbaum. Venezuela, Nicaragua y Cuba, directamente, no fueron invitadas.

La euforia duró poco: tres días después, un terremoto de magnitud 7,4 sacudía el occidente colombiano, con epicentro en San José del Palmar, provincia del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros. Se sintió en Bogotá, en Quito y en varias provincias de Panamá.

Es, según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo más fuerte registrado en el país en lo que va de siglo, y ha devuelto la memoria del de Armenia de 1999, que dejó 1.185 muertos.

A fecha de este mismo viernes, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) era de 285 muertos, 3.975 heridos, 379 desaparecidos y 354 rescatados, repartidos entre 15 departamentos y 426 municipios.

Una catástrofe con tintes geopolíticos

Ese mismo lunes, el nuevo presidente se desplazó de Barranquilla a Bogotá y se puso al frente del puesto de mando unificado instalado en la UNGRD, con el compromiso de dar el parte de víctimas personalmente cada dos o tres horas.

Luego recorrió Pereira, el Chocó y Cali.

El martes 11, firmó el decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional y el miércoles 12, desde el palacio de San Carlos, anunció que echaría mano de la emergencia económica que contempla la Constitución para crear un fondo especial, bautizado Fondo Milagro, con el que canalizar los aportes a la reconstrucción.

La relación entre los planos de la política interior y la exterior empezó a hacerse evidente de inmediato.

La primera ayuda en concretarse fue la estadounidense: el Departamento de Estado comprometió 15,5 millones de dólares el mismo lunes para refugios, alimentos y evaluación de daños, y el martes ya estaba en el país su equipo de respuesta ante desastres, el DART, con 22 especialistas de los condados de Fairfax y Los Ángeles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó esa misma noche el envío inmediato de una delegación, a petición expresa de De la Espriella, quien además pidió ayuda a El Salvador y Ecuador.

México, Brasil, China y Naciones Unidas, en cambio, se quedaron esperando.

Sheinbaum repitió el martes que tenía listo un contingente de 255 militares especializados y veinte binomios caninos y que aguardaba la petición formal, mientras que el portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Jens Laerke, confirmaba que, sorprendentemente, no se había producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional.

La brigada mexicana Topos Tlatelolco acabó llegando a Cali por su cuenta, tras cuarenta y un días trabajando en Venezuela.

Hasta cuarenta y ocho horas tardó el Gobierno de De la Espriella en rectificar. Aunque negó que hubiera un criterio ideológico a la hora de aceptar la ayuda humanitaria, los hechos y las decisiones de esos primeros días así parecían apuntarlo.

Sea como fuere, el miércoles, Colombia empezó a recibir brigadas extranjeras: unos cincuenta rescatistas foráneos empezaron a trabajar junto a setecientos colombianos. Ya por entonces las esperanzas de encontrar supervivientes entre los escombros empezaban a disiparse.

El guiño a Israel y a Marruecos

Antes de la tragedia, De la Espriella ya había querido mandar dos mensajes internacionales de una enorme contundencia: apenas unas horas después de la investidura, en una reunión del vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Asuntos Exteriores, Omar Bula, con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, Colombia reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La declaración formal llegó el sábado 8 y el lunes 10, el mismo día del terremoto, la Cancillería congeló las relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática: no habría más contactos políticos ni diplomáticos, ni intercambio de misiones ni respaldo en foros multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad, donde Colombia ocupa ahora mismo un asiento no permanente.

Se rompía así de un tajo una posición, que, con sus altos y sus bajos, había resistido décadas.

Colombia había reconocido a la RASD el 27 de febrero de 1985, bajo la presidencia de Belisario Betancur; Andrés Pastrana congeló el vínculo en 2001 y Gustavo Petro lo reactivó el 10 de agosto de 2022, tres días después de tomar posesión. Todavía en abril de 2026, el ministerio de Asuntos Exteriores informaba de encuentros con la RASD.

Después del giro de ciento ochenta grados para agradar a uno de los mayores socios de Estados Unidos, Restrepo y Bula han abierto además la puerta a negociar un tratado de libre comercio con Rabat.

La cosa no ha quedado ahí.

El lunes 10, el mismo día del terremoto, la Cancillería reconoció también la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. El comunicado invoca la inestabilidad regional y sostiene que el control de la meseta es un “componente esencial” de la defensa nacional israelí.

Israel ocupó el Golán en la guerra de los Seis Días de 1967 y se lo anexionó unilateralmente en 1981, una decisión que la resolución 497 del Consejo de Seguridad declaró nula y sin valor. Hasta ese lunes, el único país del mundo que había reconocido esa soberanía era Estados Unidos, en 2019. Colombia es el segundo. La tendencia está clara.

Hay que recordar, además, que Petro había roto relaciones con Israel en mayo de 2024 por la ofensiva en Gaza.

La normalización con el nuevo Gobierno se selló a las pocas semanas de las elecciones y el 6 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores israelí se reunió durante tres horas con el presidente electo en Barranquilla: de ahí salió, según su propio relato, la decisión sobre el Golán, que ha calificado de histórica y que quiere que otros países imiten.

Colombia trasladará como gesto de apoyo su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

Luz verde a EEUU

No acaba aquí la asimilación de la política exterior estadounidense ni sus repercusiones sobre la interna colombiana.

El miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció en Ciudad de Panamá que Colombia se incorporaba como socio número diecinueve a la Coalición contra los Cárteles de las Américas y que el Gobierno de De la Espriella había pedido a Washington sumarse a su lucha contra el narcoterrorismo “autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes de apoyo”.

El ministro de Defensa colombiano formalizó allí mismo la adhesión, dentro del llamado Escudo de las Américas.

No se conocen el alcance de esas operaciones, las zonas, el número de militares estadounidenses implicados ni la fecha de inicio.

El viernes de la investidura, el Departamento de Estado ya había anunciado 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Colombia, pendientes de la aprobación del Congreso, actualmente de vacaciones.

La reacción de la oposición fue inmediata. Cepeda respondió que “el ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella” pretende entregar el Gobierno, el territorio y la soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos, y recordó el artículo 173 de la Constitución, que reserva al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras.

Petro insistió en que la decisión corresponde al Senado y, en su defecto, al Consejo de Estado, además de advertir que aceptar cooperación no es dar permiso para que vengan a “matar colombianos”.

El expresidente Álvaro Uribe, en cambio, defendió que la ayuda estadounidense en equipos, tecnología e inteligencia contribuye a recuperar la soberanía del Estado. En octubre de 2025, Donald Trump había llamado narcotraficante a Petro y cortado toda la ayuda al país.

El triunfo del “modelo Bannon”

Colombia se suma así a la “vía Steve Bannon” predicada por el exasesor de Trump y líder teórico de MAGA. Para Bannon —y algo de eso había ya en el anunciado “corolario de Trump” a la Doctrina Monroe—, el control total sobre las políticas de Latinoamérica era clave para el desarrollo de las estadounidenses.

El populismo de izquierdas, que durante décadas había asolado el continente, ha dado paso a un populismo de derechas que no es comparable a ninguno anterior y que se limita a seguir el modelo de la Casa Blanca y de figuras como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La duda, ahora, es hasta qué punto van a seguir exactamente los mismos pasos tanto el presidente chileno, José Antonio Kast, como la recién elegida presidenta peruana, Keiko Fujimori.

La relación con la Argentina de Milei es inmejorable y sin duda lo sería con Flávio Bolsonaro si le gana a Lula las inminentes elecciones en Brasil. En el “pack”, por supuesto, vienen Israel y Marruecos, eso ya se ha visto. Que cada uno juzgue si eso son o no buenas noticias para España.