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Advertencia: este artículo contiene detalles sobre violencia doméstica y muerte que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

Habían pasado meses desde que Kristil Krug, una mujer casada y madre de tres hijos, empezó a recibir los mensajes.

El acoso había surgido de la nada en otoño de 2023, cuando un hombre que afirmaba ser su exnovio comenzó a bombardearla con mensajes de texto y correos electrónicos cada vez más amenazantes.

La mujer, residente en el estado estadounidense de Colorado, acudió a la policía local en busca de ayuda; el detective asignado a su caso envió órdenes judiciales a Google y a los operadores de telefonía móvil, con la esperanza de descubrir la identidad de su acosador digital.

Pero pasaron semanas sin respuesta por parte de las empresas tecnológicas y sin indicios de quién podría estar enviándole esos mensajes, mientras Krug vivía sumida en el miedo, constantemente en estado de máxima alerta.

La mujer de 43 años llegó incluso a portar un arma mientras llevaba a sus hijos a la escuela para protegerse. Pero no fue suficiente.

Una mañana de diciembre, al volver a casa y estacionar en su garaje, su agresor la sorprendió por la espalda antes de que pudiera entrar en la casa, golpeándola mortalmente en el cráneo y apuñalándola en el corazón.

Una llamada de su marido al mediodía para comprobar que todo estuviera bien condujo rápidamente al hallazgo de su cadáver. El ataque dio a la policía la justificación necesaria para acelerar la ejecución de la orden judicial.

En cuestión de horas se reveló la identidad del acosador, que no era su exnovio: había sido su marido todo el tiempo.

Daniel Krug fue condenado a cadena perpetua en abril tras ser declarado culpable en Colorado de acoso, asesinato y suplantación de identidad.

Su familia asistió consternada al juicio, tratando de asimilar no solo la magnitud de lo ocurrido, sino también la tragedia de saber que las grandes empresas podrían haber revelado la identidad del acosador de Krug mucho antes.

“Estoy segura de que hoy estaría viva”, afirmó la prima de Krug, Rebecca Ivanoff, una exfiscal especializada en violencia doméstica que vive en Oregón. “Habría podido elaborar un plan de seguridad y él nunca habría tenido la oportunidad de acercarse a ella por la espalda como lo hizo”.

Ivanoff, los padres de Kristil y el resto de la familia comenzaron a trabajar para cambiar la ley y salvar otras vidas. La clave, creían, era establecer protocolos que obligaran a las empresas de comunicaciones a responder más rápidamente a la policía en casos de acoso o violencia doméstica.

Según la prima de Krug, todas las personas a las que acudieron con su propuesta —desde agentes policiales hasta legisladores— dijeron que era “obvio” que así debería ser.

El 1 de mayo, Oregón se convirtió en el primer estado en aprobar la Ley Kristil, que obliga a las empresas de redes sociales a responder en un plazo de 72 horas y a las empresas de telecomunicaciones en un plazo de cinco días a las órdenes judiciales de las fuerzas del orden en casos de acoso y violencia doméstica.

Antes de eso, no existían normas sobre cuándo debían responder las empresas ni sobre las consecuencias en caso de incumplimiento. La familia de Krug espera que la legislación se apruebe pronto en su estado natal, Colorado, en otros estados e incluso a nivel federal.

“Esto al menos me ayuda a creer que no tengo que ver su muerte como una estadística sin sentido más… que ella es solo otra víctima de la violencia doméstica”, dijo la madre de Krug, Linda Grimsrud.

Al enterarse de que la ley se había aprobado, dijo, sintió casi lo mismo que al escuchar la lectura del veredicto de culpabilidad del juicio de su exyerno. Pero, afirma, ella, el resto de la familia y quienes los apoyan apenas están empezando, con la esperanza de que la ley se extienda a otros estados, a nivel federal e incluso al extranjero.

Las cuestiones que motivan la Ley Kristil “resuenan profundamente con los retos a los que nos enfrentamos a nivel internacional”, afirmó la profesora Asher Flynn, del Centro de Excelencia ARC para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Monash.

En muchos otros países tampoco existe ningún requisito legal que obligue a las empresas a actuar. Al igual que en EE. UU., en Australia la policía puede solicitar que se agilicen las notificaciones en circunstancias que pongan en peligro la vida.

“Sin embargo, estas vías son discrecionales y dependen de que la policía identifique y califique la situación como urgente”, señaló la profesora Flynn. “Esto significa que los casos solo pueden escalarse a los mecanismos de respuesta de emergencia una vez que el riesgo se ha intensificado claramente, en lugar de en las primeras fases del acoso o el control coercitivo”.

Nicole Westmarland, profesora de criminología y directora del Centro de Investigación sobre Violencia y Abuso de Durham (Reino Unido), señaló cómo el acoso ha ido “transformándose” a lo largo de los años.

Westmarland califica el abuso facilitado por la tecnología como un “problema de salud pública mundial” que las fuerzas policiales han tenido dificultades para enfrentar de manera generalizada.

“Solíamos hablar de violencia y abuso propiciados por la tecnología; creo que ese término ya casi no sirve, porque… prácticamente todo está facilitado por la tecnología”, afirmó. “Se trata de un cambio radical”.

En Oregón, uno de los principales promotores del proyecto de ley, el congresista Kevin Mannix había sido el autor de la primera ley estatal contra el acoso en 1995. Ha sido testigo de esa “transformación” a lo largo de las décadas y “reconoció inmediatamente el problema” cuando se enteró del caso de Kristil.

El “tiempo habitual” que tardan las empresas en tramitar las órdenes judiciales es “de unas seis semanas, porque tienen un sistema de tipo ‘primero en llegar, primero en salir’”, explicó.

“Es claro que, en la situación de Kristil, si las empresas de comunicaciones hubieran facilitado su información de inmediato, probablemente ella no habría sido asesinada”, asegura Mannix. “Y al ver eso, nos dimos cuenta de que necesitábamos una categoría especial de orden judicial dedicada a situaciones de violencia doméstica y acoso”.

Mannix, republicano y legislador veterano, se reunió con las empresas de comunicaciones para negociar y afirmó que estas “reconocieron que no estábamos planteando una orden judicial generalizada, sino una específica para estas situaciones”.

La BBC solicitó comentarios a Google y los operadores de telefonía móvil a los que se les notificaron órdenes judiciales en el caso de Krug, pero no recibió respuesta inmediatamente.

En el pasado, Google ha señalado que recibe un gran volumen de solicitudes policiales a diario y ha afirmado que cuenta con un equipo dedicado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a atender las solicitudes de emergencia.

La madre de Krug se refirió al delicado equilibrio entre la privacidad y la seguridad en lo que respecta a este tipo de casos.

“Es un tema complicado, ¿verdad?, porque tiene que ver con… la libertad de expresión y tus derechos y libertades”, dijo. “Pero es que no creo que, sobre todo en esta era tecnológica… la gente tenga cómo esconderse”.

Meg Garvin, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Derecho de las Víctimas de Delitos, afirmó que ella también consideraba que la ley era “sin duda un paso en la dirección correcta”, aunque también se sentía “un poco molesta por el hecho de que hayamos tenido que aprobar una ley para intentar subsanar esta laguna”.

Espera que la legislación sirva como “una especie de llamada de atención”.

“Las jurisdicciones que no la tienen, y las empresas de esas jurisdicciones, deberían hacer un examen de conciencia y preguntarse: ¿por qué no daríamos prioridad automáticamente a las solicitudes de información que implican riesgos para las personas?”, afirmó.

La madre de Krug se ha volcado en la defensa de esta causa en su propia jurisdicción, visitando a los legisladores en el Congreso de Colorado junto con el padre de Kristil para recabar apoyos para la ley que lleva su nombre.

Mientras tanto, ambos se centran igualmente en ayudar a criar a los hijos de Kristil, que ahora tienen 17, 13 y 11 años.

Krug, que siempre fue muy protectora de sus hijos, querría defender a sus hijas y a su hijo de la atención mediática y de cualquier dolor, pero también apoyaría el trabajo que se está realizando en su honor, aseguró su madre.

“Estaría orgullosa de que podamos… intentar que la familia de otra persona no tenga que pasar por semejante sufrimiento, o al menos causar una pequeña onda en el estanque”, dijo Grimsrud sobre la bailarina, que era además una mente brillante de la ingeniería bioquímica y tenía un agudo sentido del humor.

“Siento con toda mi alma que ella está ahí y que quiere vernos triunfar… si puede hacer algo bueno por otras familias, sé que estaría orgullosa de esto”.

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