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En Chile, los estadios de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Talca, Curicó, Concepción, Chillán, Temuco, Puerto Montt y La Florida fueron construidos o remodelados en los últimos 20 años con recursos públicos.

Fue una política de estado levantada por Michelle Bachelet e impulsada por Sebastián Piñera en períodos consecutivos. Se intentó remodelar el Estadio Nacional en varias oportunidades sin lograrlo, pero la infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos fue un inmenso paso en la capacidad organizativa del país.

El presidente José Antonio Kast pretende, de manera sorpresiva, retomar ese camino tras anunciar que quiere “que varios de los clubes logren sus instalaciones, si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer donde poder potenciarse. Uno va a otros países y hay no solamente centros deportivos para el club, sino también para la nación entera. Que los clubes de las regiones puedan potenciarse, que sea una realidad, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Recuperemos estadios. Démosles estadios a aquellos clubes y que no sea más parte de una campaña política. Esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar, porque lo más importante de los clubes son los hinchas”.

Sus palabras, pronunciadas en el Estadio Nacional mientras promulgaba la nueva ley de sociedades anónimas, provocaron sorpresa, pues las últimas grandes señales económicas del Gobierno apuntar a reducir gastos del Estado en materias tan importantes como salud y educación, y apenas días después de que el ministerio del Deporte anunciara la cancelación de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2026, dejando sin su máxima instancia de competición a cerca de 3.000 atletas.

Más aún, el anuncio de Kast reabrió la polémica sobre financiar con fondos públicos una actividad privada, administrada por propietarios que en muchos casos aún no son individualizados y que, en la Universidad de Chile, están inmersos en un escándalo financiero y judicial sin precedentes en la historia del fútbol chileno. Y coincide con la llegada de diversos actores políticos a las directivas del cuadro azul y Colo Colo: Cecilia Pérez, José Miguel Insulza, Francisco Aylwin, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine, entre otros, que tendrían como misión precisamente hacer lobby con el poder.

Duranta la campaña presidencial, el candidato Marco Enríquez Ominami, hincha de la Universidad de Chile, comprometió ayuda estatal para la construcción del anhelado estadio del club, en una sociedad público-privada que ayudaría a generar empleos e inversión, lo que fue duramente criticado por los adherentes a José Antonio Kast, en el marco de la “situación de emergencia” en que, aseguraban, estaba el país. Hoy es el propio fundador del Partido Republicano quien tomas las banderas de esta sociedad para echar adelante un proyecto que ni siquiera existe, pues la institución universitaria no ha conseguido aún un terreno para construir el recinto.

El inesperado anuncio complica una vez más a la ministra del Deporte, la exatleta Natalia Duco, quien en los dos meses que lleva en el cargo no ha podido acallar las protestas de los deportistas ante los recortes en los planes de las federaciones. Su única promesa, hasta ahora, había sido dotar de mejor indumentaria a los seleccionados en las competencias internacionales.

Si efectivamente Kast decide retomar la política de inversiones en infraestructura deportiva, estaría manteniendo una política muy consolidada en las últimas décadas, pero olvidando un recinto que requiere de una urgente transformación profunda, como el Estadio Nacional. Si es otro volador de luces, será inevitable recordar la promesa del general Augusto Pinochet, poco antes del plebiscito de 1988, que permitiría a Colo Colo finalizar el Estadio Monumental. Esos dineros jamás llegaron, y la promesa electoral quedó en el aire.

Los ilusionados hinchas de la U (que sueñan históricamente con su estadio propio) y los de Colo Colo (que anhelan mejores condiciones en el Monumental) ya se ilusionaron. Aunque todos dudan si el anuncio será sólo una metáfora, como definió el propio José Antonio Kast las promesas que no pueden cumplirse.

La posición en la que ha puesto a México la justicia estadounidense al solicitar la detención de Rubén Rocha, un gobernador del partido en el poder, será un punto de inflexión para bien o para mal. El Gobierno puede dictaminar que Rocha es inocente y ser criticado por su “complicidad” con la corrupción, o puede incriminarlo y ser culpado de entreguismo frente a Estados Unidos. En los dos casos pierde. En otro texto, he abordado las implicaciones de una u otra variante.

Sin embargo, el problema tiene mucho más fondo que un escándalo coyuntural. Toda crisis obliga a una estrategia de control de daños; en política es relativamente aceptable si eso consigue una cancelación definitiva del problema. Exculpar o incriminar a Rocha puede torear una embestida con un daño mayor o menor, pero para desgracia de la 4T eso no le salva de las siguientes embestidas. Se habla de una lista de 50 posibles incriminados por la justicia estadounidense, de la que solo se han difundido los 10 de Sinaloa. No hay estrategia de control de daños que sea útil si eso no va a detener la hemorragia. ¿Qué va a pasar cuándo los tribunales de Estados Unidos comiencen a soltar expedientes de autoridades de Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Guanajuato, del Gobierno federal y del Ejército que protegieron a los capos que hoy están siendo juzgados en Nueva York? ¿Hay algún mexicano que crea que esto no fue así más allá de lo impresentable que nos parezca Donald Trump? Quizá, jugar la carta de la soberanía y optar por repudiar el intervencionismo sirva una vez, lo cual incluso dudo, pero es insostenible frente a la evidencia y el sentido común en el resto de los casos.

Por dolorosa o complicada que parezca, la mejor opción para Claudia Sheinbaum, me parece, es una salida hacia adelante. Después de todo, el segundo piso de la 4T no generó este orden de cosas; se originó a lo largo de lustros y empeoró con los años de “abrazos, no balazos” que, dicho sea de paso, ella ya corrigió. Mal haría en asumir como propia cualquier cosa que pueda ser percibida como una defensa de una clase política que, en el fondo, la propia presidenta está interesada en depurar.

¿Por qué no lo ha hecho, entonces? Mi impresión es que ella asumió esa tarea como un proceso que el propio relevo electoral de las gubernaturas habría realizado de manera natural; formaba parte de una estrategia de depuración que, al mismo tiempo, no hiciera olas con el entramado construido por López Obrador.

Dos ejemplos. Sin duda, ella habría preferido no tener a Adán Augusto López como coordinador del Senado, pero debió esperar 16 meses antes de considerar que tenía la fuerza y existía el suficiente desgaste del tabasqueño para relevarlo sin provocar exabruptos. Lo de Rubén Rocha es otro caso: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, llegó a Sinaloa tras el estallido de la guerra entre los Chapitos y las huestes de Mayo Zambada, y lo primero que hizo fue hacer a un lado a las autoridades locales, desarmar a sus policías y provocar la salida de la fiscal del Estado; seguramente informó a Sheinbaum del grado de infiltración del narco en las altas esferas del Gobierno de Rocha. Y sin embargo, la presidenta eligió a lo largo de estos meses apoyar explícitamente al mandatario y ofrecerle un espaldarazo tras otro. O algo bueno sabe sobre Rocha que desconocemos o predominó en ella la cautela, considerando que se trataba de una figura que había sido aupada al poder y protegida por López Obrador.

Más que sumar a los reproches o abusar de la ventaja de juzgar a agua pasada, convendría reflexionar respecto a lo que sigue. El verdadero legado de López Obrador no son las decisiones que tomó en el camino sino el proyecto de nación que fundó su movimiento: “Por el bien de todos, primero los pobres”. En muchos sentidos, la situación del mundo es otra y la de México particularmente. Apenas han transcurrido 20 meses de los 72 que gobernará Claudia Sheinbaum. El presente y el futuro inmediato de la 4T dependen en gran medida de su capacidad para afrontar los retos de un país sacudido por el fin de una era.

Tengo la impresión de que la firmeza de su liderazgo es mayor del que ella misma se ha atribuido; posterga el combate frontal de prácticas indeseables con tal de no poner en riesgo la unidad del movimiento. En realidad, los riesgos de división son menores comparados con la erosión creciente que deja lo que comienza a ser percibido como un desinterés de Morena para llevar a tribunales a sus figuras encumbradas.

Y bien mirado, la situación ofrece una oportunidad única. Durante décadas en todas estas regiones bravas las élites (y la sociedad misma) optaron por una especie de convivencia tolerada con el crimen organizado. Los narcos generaban derrama económica y la gente asumió que no habría mayor problema si se limitaban a sus asuntos. Pero sucedieron dos cosas: primero, que no se limitaron a ellos y de la siembra y el trasiego pasaron a delinquir en contra de la población y a corromper el poder político más allá de las áreas de seguridad; segundo, y consecuencia de lo anterior, algunos comerciantes y ciertos miembros de la clase política dejaron la mera convivencia e intentaron aprovechar a su favor el poder económico y de fuego del narco. Creyeron que podrían administrarlo pero terminaron subordinados a él. Hoy hay gobiernos estatales y municipales de estas regiones que son rehenes de ese poder criminal.

La crisis que vive Sinaloa podría ayudar a cambiar este paradigma y generar una nueva intolerancia política a los acuerdos a los que los gobernadores se sentían obligados. Y no olvidar que tales acuerdos en el fondo eran un reflejo de una sociedad en su conjunto que había normalizado una falsa noción de convivencia con el narco.

La cuota de violencia y crimen en contra de la población muestra que tal convivencia termina siendo un mito. Por no hablar de que sirve como un pretexto para la intervención abusiva de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum bien podría utilizar esta crisis para emprender un cambio a fondo al respecto, impulsar una cruzada de saneamiento de la administración pública en relación al narco, introducir nuevos protocolos y seguimiento. La primera tarea, sin embargo, sigue siendo la de despejar dudas sobre el interés de la 4T en poner la justicia por encima de la lealtad política o la unidad del movimiento. @jorgezepedap