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Mientras en buena parte del mundo los ciudadanos conocen a su nuevo presidente la misma noche de las elecciones, en Perú la espera puede tardar más de un mes. Es ya costumbre que el escrutinio electoral no proclame a un ganador, sino que apenas ofrezca una fotografía preliminar de una contienda que suele resolverse lentamente entre actas observadas, apelaciones y acusaciones de fraude. Esa agónica espera puede repetirse en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, porque Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió este miércoles de que puede repetirse la lentitud en el conteo y que el país probablemente no tenga plena certeza sobre quién será el próximo jefe de Estado hasta julio.

La justificación de Burneo no deja dudas de la lentitud que tendrá el proceso: “Hemos tenido una carga procesal sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son dos organizaciones políticas que están compitiendo, así que estimamos que no menos de un mes, o quizás en un mes, estaríamos ya proclamando los resultados, o antes dependiendo de la carga procesal que tengamos”, ha señalado el funcionario electoral, quien recibió amenazas de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el candidato ultraconervador que se quedó a 21.210 votos de tentar la presidencia.

La demora en definir los resultados alimenta una ansiedad colectiva comparable a la del videoarbitraje en el fútbol: una incertidumbre larga, frustrante y cargada de suspicacias, que termina por empañar la percepción del proceso democrático. El JNE tardó 33 días en oficializar el conteo al 100% de los votos de la primera vuelta, realizada el 12 de abril, y confirmar así el pase al balotaje de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El 15 de mayo se proclamó finalmente que la hija de Alberto Fujimori obtuvo 2.877.678 votos (17,18%) y que el heredero político de Pedro Castillo sumó 2.015.114 respaldos (12,03%).

El proceso volvió a exponer las fragilidades del sistema electoral y alimentó el discurso de los candidatos que no reconocieron los resultados, quienes denunciaron un presunto intento deliberado de alterar el escrutinio. Fue el partido de López Aliaga, exalcalde de Lima, el que impulsó una serie de impugnaciones de votos que terminaron por entrampar aún más el proceso. Cerca de 60 Jurados Electorales Especiales —los órganos encargados de impartir justicia en materia electoral— tuvieron que resolver unas 68.000 actas observadas a lo largo de 2.300 audiencias. A ello se sumaron las graves fallas logísticas de la primera vuelta: 211 mesas no llegaron a instalarse en Lima, lo que obligó, en un hecho sin precedentes, a prorrogar las elecciones por un día adicional en medio del malestar y el desconcierto general.

Burneo ha señalado que ha dispuesto que todas las mesas de sufragio queden instaladas desde el sábado 6 de junio, con el objetivo de evitar contratiempos durante la jornada electoral. Asimismo, ha reiterado que el JNE actuará con transparencia e imparcialidad y ha asegurado que, desde el inicio de la distribución del material electoral, se supervisará que este llegue oportunamente a todos los locales de votación.

Hace unos días, la Contraloría determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, Piero Corvetto, por una “serie de irregularidades” que repercutieron directamente en el derecho al voto de 55.261 electores de Lima durante la primera vuelta. A pesar de dichas fallas, la misión electoral de la Unión Europea descartó cualquier indicio de fraude, un criterio refrendado después por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Este domingo, en el Centro de Convenciones de Lima, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez medirán fuerzas en el esperado debate presidencial, un encuentro que podría resultar decisivo en la recta final de la campaña. La expectativa gira en torno al desempeño de ambos candidatos en cuatro bloques temáticos especialmente sensibles para el electorado: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

La Secretaría de Salud recoge este miércoles el primer caso de gusano barrenador en humanos en Ciudad de México. La información del boletín epidemiológico llega tres semanas después de que las autoridades informaran del primer caso de infección por miasis en la capital, en ese momento, en un doberman de 12 años. No obstante, la ciudad queda lejos del total de 352 casos reportados en humanos en todo el país. Chiapas, el Estado más afectado, tiene 131.

Los datos de la dependencia están actualizados hasta el pasado vienes. Por su parte, la Secretaría de Agricultura recoge en su monitoreo que la capital cuenta con dos casos activos desde el pasado lunes, tres días después de la cifra presentada por Salud. Consultada por más detalles sobre las infecciones en humanos, Agricultura remitió a la Secretaría de Salud. En cuando a las cifras totales -tanto de animales como de humanos- registra que la capital tiene cinco activos de los 2.100 casos a nivel nacional.

La detección de la infección en el doberman —confirmada a finales de abril, pero reportada el 5 de mayo— se presentaba entonces como “un caso aislado”, de acuerdo con las informaciones de las autoridades. El reporte aparecía como resultado de una infección incubada por la larva en la oreja izquierda del animal, donde tenía una herida causada por una pelea con otro perro. El perro fue ingresado en una clínica veterinaria de Topilejo, al sur de la capital, donde quedó bajo supervisión. Las autoridades aseguraron entonces la implementación de una estrategia de contención en la zona para prevenir más casos. La capital, que está a menos de un mes de albergar los primeros partidos del Mundial de Fútbol, ha sumado seis casos -uno no está activo- desde entonces.

Cuando apareció el primer caso, la Secretaría de Agricultura afirmó que no se detectaron casos secundarios “debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado”. Y subrayó que se aplicaráin medidas de prevención. “El Gobierno de México, a través de Senasica [Servicio Nacional de Sanidad], mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata”, expuso la dependencia en su escrito.

La plaga del gusano barrenador—que se creía erradicada en México desde 1991— volvió a aparecer en el último año como un quebradero de cabeza para las autoridades. El Senasica registró a comienzos de enero 492 casos activos, una cifra con la que celebraba “una reducción del 57% respecto a diciembre de 2025″. Ciudad de México ha sido un pequeño oasis en el interior del país, al no reportar por meses ningún caso.

La reaparición de los casos de gusano barrenador encendió las alertas en la Administración estadounidense, que decidió cerrar la frontera para el ganado mexicano meses atrás. El asunto abría un nuevo frente en las relaciones del Gobierno republicano y el de Claudia Sheinbaum, que han mantenido una tensión constante por la lucha contra el narcotráfico y los temas comerciales. México, por su lado, ha buscado dar la vuelta a la situación con la apertura de una fábrica de moscas estériles en Chiapas, Moscamed que se prevé que esté lista en junio.