La fiscal general Luz Adriana Camargo ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pide reactivar las ordenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, y líder de un grupo de disidencias guerrilleras en el suroriente del país. La carta llega una semana después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también pidiera públicamente que se reactive la orden de captura contra quien ha sido el jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente. Las ordenes de captura contra él están suspendidas pues Calarcá está en un proceso de diálogo en la política de Paz Total del Gobierno desde principios del 2024, y Petro ha querido mantener las conversaciones con este a pesar de que la autoridades locales han denunciado que sigue delinquiendo. En ese último punto se enfoca la fiscal Luz Adriana Camargo, quien en su carta menciona cuatro episodios criminales de los que responsabiliza a Calarcá.
Primero, menciona el homicidio a la líder indígena Carmelina Yule, en marzo del 2024, en el departamento del Cauca, “a tan solo dos meses” de recibir el beneficio de suspender sus ordenes de captura, dice la carta. Luego está la masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, en enero del 2026, donde resultaron víctimas siete menores de edad. “Según se ha podido constatar no correspondieron a un enfrentamiento armado”, dice ella sobre el ataque.
Menciona también una “campaña de terrorismo en el Meta” con explosivos en el 2024 y 2025: “19 eventos registrados, 10 en Granada, 5 en Acacias, 2 en Villavicencio, 1 en Mesetas y 1 en Guamal”; y la instalación de minas antipersonales para atacar un convoy militar, y por lo que perdieron la vida seis solados en Antioquia, en julio del 2024.
“Estos crímenes no constituyen hechos aislados ni desobediencias de mandos medios”, dice la carta. Por el contrario, afirma citando un informe técnico, Calarcá “ha continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura”.
Algunos candidatos a la presidencia ya se pronunciaron ante la carta y criticaron que la fiscal mande un mensaje envés de tomar la decisión unilateralmente. “Además, en caso de cometer nuevos delitos, como ocurrió en este caso, la Fiscalía puede reactivar las órdenes de inmediato y no se requiere el aval del Gobierno”, le dijo la candidata del uribismo, Paloma Valencia. El presidente aún no se ha pronunciado.
Calarcá ha sido un cabecilla controversial para el gobierno Petro pues medios como Noticias Caracol han revelado desde noviembre que Calarcá ha tenido vínculos con con un general del Ejército colombiano y un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, y que esos vínculos le permitieron obtener información reservada para evitar operativos de las Fuerzas Militares, y recibir apoyo para llevar a cabo desplazamientos seguros en territorios en disputa.
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