Lo que surgió en la década los pasados años sesenta como una iniciativa de cooperación se ha convertido con el tiempo —y el deterioro económico en Cuba— en una importante fuente de ingresos para el régimen de La Habana. Las misiones médicas cubanas iniciaron en 1963 con el envío de una primera brigada permanente a Argelia y desde entonces los médicos cubanos son un producto de exportación esencial para las arcas de la isla. Un informe publicado este martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia violaciones a los derechos laborales de esta mano de obra estatal, incluidos alegatos de “esclavitud moderna” y denuncias de ausencia de retribución justa, extensas jornadas laborales y represalias contra el personal médico y sus familias.
La CIDH expresa en un documento de 200 páginas “su preocupación por las condiciones laborales a las que estarían expuestas algunas personas trabajadoras cubanas que participan en misiones médicas”. Entre las denuncias recibidas por el organismo “destacan la ausencia de una retribución justa para una vida digna, la imposición de extensas jornadas laborales, la presión para incorporarse al programa sin recibir copia de su contrato de trabajo, así como la existencia de represalias contra el personal y sus familias en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas”. Alerta, además, de “vulneración de derechos humanos”, en particular, respecto a las alegaciones de “esclavitud moderna” y de “trata de personas” de quienes laboran en el sistema de salud cubano. El Gobierno de la isla ha negado estos señalamientos, según el documento.
La idea de las misiones es ofrecer cooperación médica a países que la solicitan a través de acuerdos bilaterales. Cifras oficiales muestran que al menos 165 países han abierto sus puertas a personal médico cubano en América Latina, África, Asia y Europa. El Gobierno cubano ha movilizando a más de 600.000 profesionales de la salud a lo largo de seis décadas. “Esta práctica ha experimentado un crecimiento sostenido, hasta convertirse en la actualidad en lo que se estima constituye la principal fuente de ingresos del Estado cubano”, afirman desde la CIDH. “Las misiones, además de considerarse una expresión de solidaridad internacional por algunos países receptores, son reconocidas y valoradas por algunos Estados receptores por contribuir significativamente al fortalecimiento de sus sistemas públicos de salud”, agregan.
El objetivo de estos convenios es, según recoge la CIDH, mejorar la formación médica, fortalecer la educación permanente en salud, ofrecer a la población una atención de calidad, intercambiar experiencias, asistencia técnica, atención en salud a pacientes y capacitación e investigación. Los médicos consultados por el organismo de la OEA advierten, sin embargo, pésimas condiciones de trabajo, tratos diferenciados respecto de las personas trabajadoras de los Estados de acogida y situaciones de explotación laboral.
Una de las denuncias más controvertidas está relacionada con la confiscación del salario por parte del Estado cubano. El informe advierte de la existencia de condiciones laborales precarias “motivadas por la retención de una parte significativa de sus salarios por parte del Estado cubano, severas restricciones a sus libertades fundamentales y una falta generalizada de protección jurídica. Además, se señala la existencia de mecanismos de control sobre su vida privada y profesional, incluyendo sanciones por establecer vínculos personales con personas ciudadanas locales o brindar declaraciones sin autorización previa. En caso de abandonar la misión, el personal médico puede enfrentar represalias graves, como la prohibición de regresar al país, lo que conlleva separaciones familiares forzadas y presiones sobre sus allegados en Cuba”.
Otros organismos de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado también el férreo control ejercido por el Gobierno sobre estas brigadas médicas. HRW ha calificado las condiciones laborales de los médicos cubanos como “draconianas” y ha instado a las autoridades que reciben esa colaboración a exigir a La Habana reformas y cambios en el reglamento de esos programas.
La CIDH ha explicado que recibió “información detallada” sobre graves vulneraciones de derechos humanos, que incluyen “situaciones compatibles con formas contemporáneas de esclavitud o trabajo forzoso, incluyendo prácticas como fraudes contractuales, retención de documentos de identidad, confiscación de sueldos, control y vigilancia de la vida privada”. Estas misiones médicas sufren ahora también la presión de Estados Unidos, cuyo presidente, el republicano Donald Trump, exige un cambio de timón en el liderazgo de la isla. Países como Guatemala, Honduras o El Salvador han expulsado al personal cubano. Incluso aliados del régimen de La Habana, como el nicaragüense Daniel Ortega, han cancelado los contratos. “Esta situación se desarrolla en un contexto de profunda crisis socioeconómica que enfrenta el país, caracterizada por la escasez de bienes esenciales, la inflación sostenida, la precarización de los servicios públicos y la disminución del poder adquisitivo de la población”, destaca el informe de la CIDH.
La organización de la OEA ha instado al Estado cubano y a los países receptores a reformar el modelo de misiones médicas internacionales para erradicar prácticas que vulneran los derechos fundamentales de su personal sanitario. El organismo exige garantizar la voluntariedad de la participación, el pago íntegro y directo de salarios justos, el respeto a la libertad de movimiento y la eliminación de cualquier forma de trabajo forzoso, represalias o restricciones sindicales. Asimismo, recomienda establecer mecanismos de inspección independientes y marcos normativos que aseguren condiciones laborales dignas, seguras y transparentes, “alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos”.
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