La política migratoria del presidente Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate, esta vez por el impacto en menores de edad. De acuerdo con datos analizados por The Marshall Project, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 6,200 niños durante el segundo mandato del mandatario, una cifra que ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en salud.
El aumento de niños inmigrantes detenidos es significativo. Durante el último año de la administración de Joe Biden, el promedio diario de menores detenidos era de apenas 24. Con el regreso de Trump y la reactivación de la detención familiar, esa cifra se disparó a 226 menores al día, es decir, casi diez veces más.
Las condiciones dentro de los centros de detención también han sido cuestionadas. Testimonios recogidos por la misma organización describen falta de atención médica adecuada, acceso limitado a educación y alimentos en mal estado. “Todos los estadounidenses deberían estar consternados por el hecho de que estemos encarcelando a miles de niños”, advirtió Leecia Welch, asesora legal de la organización Children’s Rights. “Esto genera una cantidad increíble de trauma”.
Familias denuncian mala calidad de los alimentos
La Academia Estadounidense de Pediatría ha advertido que incluso períodos cortos de detención pueden provocar efectos duraderos en la salud mental de los menores. Casos documentados incluyen ansiedad, regresión en el desarrollo —como niños que vuelven a mojar la cama— e incluso intentos de autolesión.
Uno de los puntos más críticos es el tiempo de detención. Aunque el acuerdo judicial conocido como “Flores” establece un límite de 20 días para menores, los datos muestran que más de 1,600 niños han permanecido bajo custodia por periodos superiores.
Las denuncias también apuntan a instalaciones específicas, como el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas, donde ha estado recluida una gran parte de los menores. En documentos judiciales, familias reportaron haber encontrado “gusanos y moho en la comida”, además de agua en mal estado. Un padre incluso declaró: “Los bebés están adelgazando porque apenas pueden comer”.
El gobierno federal ha rechazado estas acusaciones. En presentaciones ante tribunales, autoridades aseguran que no existe evidencia de alimentos contaminados y defienden que la atención médica cumple con los estándares. Además, un portavoz del ICE sostuvo que “estar detenido es una elección”, en referencia a los programas de autodeportación promovidos por la administración.
Sin embargo, abogados migratorios y organizaciones civiles cuestionan esa postura, señalando que muchas familias enfrentan decisiones bajo presión y sin información clara.
Castro: “Trump está arrebatando infancias”
El impacto tras la detención tampoco es menor, ya que más de 3,600 niños han sido deportados desde el inicio del segundo mandato de Trump, muchos de ellos sin previo aviso suficiente, obligando a sus familias a reconstruir sus vidas en condiciones precarias.
Para expertos como Elora Mukherjee, de la Universidad de Columbia, el problema es estructural. “Esto constituye una crueldad contra los niños”, afirmó. “Refleja un sistema donde los más vulnerables están pagando el costo de decisiones políticas”.
El futuro es incierto. La administración Trump busca ampliar la capacidad de detención familiar y, al mismo tiempo, intenta eliminar el acuerdo Flores, lo que podría permitir la detención indefinida de menores.
“La cruel campaña de deportación masiva del gobierno de Trump está arrebatando infancias e infligiendo traumas que estos jóvenes llevarán consigo toda la vida. Es injusto y debe terminar”, reveló el demócrata Joaquín Castro en respuesta al análisis sobre los datos de detención recientemente publicados.
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