El balance de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela subió a más de 5,500 el viernes, cuando muchos venezolanos dedicaron un minuto de silencio a las víctimas un mes después de la catástrofe.
El parte sumó 5,546 muertos, mientras que los heridos se mantuvieron en 16,740 personas, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
La última cifra que dio el gobierno en miércoles pasado se estableció en 5,398 fallecidos, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país en menos de un minuto el 14 de junio.
Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, la ONU estimó los primeros días que podrían llegar a 50,000. Otras estimaciones hablan de unos 10,000.
Los equipos de rescate, familiares y voluntarios continúan la búsqueda de cuerpos que aún no han podido sacar de entre los escombros.
Mientras, más de 23,000 personas viven en refugios improvisados, luego de quedarse sin hogar.
Al menos 190 edificios se desplomaron y casi 900 quedaron en pie pero inhabitables, según las autoridades.
Piñata. “¿De qué está hablando?”, fue el primer pensamiento que le vino a la doctora Anely Pérez durante el juicio en su contra en Nicaragua. La mujer escuchaba al fiscal pedir una pena de 20 años de prisión y despojarla de todos los “bienes directos e indirectos” por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “ciberdelitos” contra el Estado nicaragüense.
La médica y figura de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue detenida en marzo de 2023 en su vivienda. Días después, sin previo aviso, la subieron a un vehículo custodiado y la llevaron al aeropuerto junto a su familia, a quienes solo permitieron empacar un bolso de mano. No los dejaron comunicarse con nadie hasta que el avión despegó. Fueron desterrados del país, al igual que más de 300 opositores desde 2018.
La doctora Anely Pérez en su vivienda, ahora confiscada, en Managua, Nicaragua.
La casa, una herencia familiar perteneciente al esposo de la doctora, permanece en un barrio residencial de Managua, rodeada de árboles y jardines. Pero desde aquel día en que fueron desterrados a la fuerza dejó de pertenecer a su familia. Desde el exilio, la médica sigue los cambios que algunas personas le informan. En mayo de este año, tres años después del despojo, la fachada fue pintada, el patio remodelado y nuevas voces comenzaron a escucharse detrás de los muros. No sabe quién ocupa ahora la vivienda ni tiene forma de averiguarlo.
“Esa casa es robada y mi esposo no tenía nada que ver. Esa casa no debió haber sido tocada. No hay en la ley de Nicaragua o algo que diga que eso es bienes directos e indirectos”, explica la dermatóloga a France 24.
El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro, quien perdió una propiedad heredada de su padre en Granada tras su destierro en 2023, coincide: “No existe ninguna base legal. Ortega lo está haciendo con toda la impunidad”, dice.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa mientras asiste a una reunión de líderes de los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio y Promoción (ALBA-TCP), en Caracas, Venezuela, el 14 de diciembre de 2024.
En 2023 Daniel Ortega y Rosario Murillo promovieron reformas para desnacionalizar a 222 presos políticos enviados al exilio y, posteriormente, a otras 95 personas identificadas como opositoras. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense de forma exprés para justificar un destierro que generó una oleada de personas apátridas, o sin nacionalidad, y que provocó la condena de la comunidad internacional.
Bajo esa figura, quienes sean declarados culpables del delito de “traición a la patria” no solo pierden la nacionalidad nicaragüense, sino que también quedan expuestos a la confiscación de todos sus bienes, que pasan a ser administrados por el Estado. Para analistas, este cambio proporcionó un respaldo jurídico a una política de despojo que, hasta entonces, se ejecutaba principalmente bajo las sombras, según denunció Naciones Unidas.
“Hay muchas más propiedades intervenidas”, denuncian críticos
“Las democracias tienen esquema en sus constituciones y en su reglamento de expropiación para zonas donde se van a hacer obras de infraestructura de interés público (como una carretera) con la debida y correspondiente indemnización. Ese mecanismo existe en todas partes del mundo. Pero estos (Ortega-Murillo) están totalmente desbocados en una política confiscatoria brutal”, reitera Chamorro.
Según expertos como Eliseo Núñez, las nuevas confiscaciones marcan una nueva etapa del modelo represivo y remite a las expropiaciones conocidas localmente como “La Piñata”: tras la derrota electoral del FSLN en 1990, cuando se utilizaron leyes de regularización de la propiedad (como las Leyes 85, 86 y 88) para transferir propiedades que estaban en manos del Estado a manos de particulares vinculados al sandinismo.
“Cuando nos desnacionalizan, usan la figura del decomiso de propiedades y bienes, escudándose en la legislación civil, obviamente de forma retorcida, que dice que si alguien pierde un juicio penal o civil, debe pagar con sus bienes el daño causado. Entonces ellos hablan de una apropiación por indemnización de los daños causados al Estado de Nicaragua”, afirma Núñez.
Chamorro sostiene que los casos conocidos representan apenas una fracción del fenómeno. A su juicio, el alcance de las confiscaciones es mucho mayor de lo que ha logrado documentarse públicamente, en parte porque muchos familiares permanecen dentro de Nicaragua y optan por el silencio para evitar represalias. “Hay mucho más de lo que se habla. Hay muchas más propiedades intervenidas”, asegura.
Ese temor, explica, ha impedido dimensionar la magnitud del despojo. “Hay muchas propiedades donde aún están familiares y esos son los que menos están hablando, evidentemente, porque si hacen ruido saben que les van a caer”, afirma. Según el economista, la política de confiscaciones ya no alcanza únicamente a opositores visibles. “Incluso propiedades de personas que están en Nicaragua, que fueron muy cercanas al régimen, también están calladas”, sostiene.
Según el informe La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, elaborado por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, OPTA, de Hagamos Democracia, al menos 135 propiedades de opositores fueron confiscadas por un valor superior a los 250 millones de dólares. La investigación, elaborada por Wilfredo Miranda Aburto y Luciana Quintero, advierte que este nuevo ciclo de confiscaciones revive un problema que Nicaragua aún no terminaba de cerrar. Apenas en 2023 el Estado debía concluir el pago de las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones masivas ejecutadas durante la década de 1980, cuando Ortega integraba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Un trabajador municipal recoge hojas en un carrito que muestra imágenes de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y candidato presidencial del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Managua, Nicaragua, el sábado 5 de noviembre de 2011. Nicaragua celebrará elecciones generales el domingo. Ortega, quien en su momento fue un revolucionario sandinista, parece encaminarse hacia la victoria este domingo en unas elecciones que, según sus críticos, podrían ser el preludio de una presidencia vitalicia.
“La primera piñata de Daniel Ortega, en 1990, le costó a Nicaragua una deuda de más de 2.000 millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años ochenta. El pago de la “piñata” ha sido por medio de Bonos de Pagos por Indemnización, BPI, que fueron incorporados al Presupuesto General de la República desde 1998 para financiar las indemnizaciones de los afectados por la primera “piñata”, dice el estudio.
“El costo potencial de los daños podría superar los 1.000 millones de dólares, dependiendo de la magnitud de reclamaciones, valor de activos y demandas internacionales”, agregó Nuñez.
Ni Anely Pérez ni Juan Sebastián Chamorro saben con certeza qué ocurrió con sus propiedades después de que fueron confiscadas. Y, según ambos, esa incertidumbre forma parte del mecanismo ya que, en los últimos meses, reportes de medios locales evidencian cómo varias propiedades de opositores están pasando a manos de terceros afines al Gobierno para uso comercial.
En lugar de mantener los inmuebles identificados con su inscripción original en el Registro Público, los afectados denuncian que el Estado les asigna nuevos códigos internos que solo las instituciones oficiales pueden rastrear antes de transferirlos a entidades públicas, principalmente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.
Para los antiguos propietarios, ese procedimiento rompe el rastro documental de los bienes. Pérez sostiene que al menos 300 propiedades habrían seguido ese camino, aunque admite que es imposible establecer una cifra definitiva porque quienes fueron despojados perdieron también el acceso a los registros oficiales. “Lo que ellos hacen en el lavado de bienes: transferirlos al INSS y el INSS los vende. Ellos limpian el robo a través de donarlos al instituto pero sigue siendo un robo”, afirma.
Foto handout difundida por el gobierno de Nicaragua donde se ve a los copresidentes Daniel Ortega (I) y Rosario Murillo (D) durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Managua, Nicaragua, el 19 de julio de 2026
El patrón se repite en las sedes de los medios de comunicación independientes confiscados desde 2018. Las instalaciones de ‘Confidencial’, ‘La Prensa’ y ‘100% Noticias’ pasaron a manos del Ministerio de Salud y del instituto técnico estatal (INATEC) para funcionar como casas maternas o centros educativos.
Chamorro explica que, al pasar de una institución a otra y acumular nuevos registros, se diluye el vínculo con el propietario original y se dificulta reconstruir la historia del inmueble. A ello se suma, asegura, la falta de trazabilidad derivada de códigos internos que reemplazan las inscripciones tradicionales y el hecho de que el Registro Público de la Propiedad pasara de depender de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría General de la República, el mismo órgano que representa los intereses del Estado.
“Lo que están haciendo es ocultando, mediante un número no trazable, esa propiedad, de tal manera que el propietario no se da cuenta de que su propiedad va de mano en mano y no puede denunciarla”, afirma.
Para el analista Eliseo Núñez, una de las decisiones con mayores implicaciones ha sido el traslado de propiedades confiscadas al INSS. Explica que estos inmuebles pasan a formar parte de los activos con los que el Estado busca capitalizar el sistema de pensiones, una práctica que, según señala, ha sido reconocida por el Fondo Monetario Internacional,dentro de procesos de saneamiento financiero.
Esa incorporación, advierte, vuelve más compleja una futura restitución de los bienes, ya que cualquier decisión afectaría el patrimonio del instituto y, por extensión, el financiamiento de las pensiones. Sin embargo, sostiene que el mecanismo también deja más clara la responsabilidad del Estado. “Si la propiedad fue vendida a un tercero, es más complejo ir contra un tercero de buena fe. Complica la devolución, pero simplifica la vía de la compensación o indemnización, porque queda claro que el Estado te la quitó y debe pagártela al valor que tenía al momento de quitártela”, explica.
Archivo: el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018.
“Esos bienes serán destinados para beneficio de los pobres”: Ortega
“Los traidores se enjuagan la boca diciendo que usted que está fuera del país, que le van a quitar sus bienes, aquí no hay confiscación. A nadie se le confisca un bien porque está en nuestra Constitución”, defendió en 2025 el diputado oficialista Filiberto Rodríguez.
En mayo de 2024, el mandatario reconoció públicamente la magnitud de las confiscaciones y afirmó que el Estado había incautado propiedades valoradas en “varios millones” de dólares. Según dijo, los inmuebles pertenecían a personas vinculadas con operaciones de lavado de dinero y defendió que permanecieran bajo control estatal. “Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero (…) todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense”, afirmó.
Ortega agregó que esos bienes serían destinados “para beneficio de los pobres”. “Lo importante es que esa riqueza mal habida, que estaba en manos de delincuentes, está en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud”, repitió Ortega, quien recientemente anunció su intención de anular las elecciones en el país centroamericano.
El debate sobre la propiedad privada en Nicaragua se amplió recientemente con la aprobación de una ley que declara como “propiedad del Estado” una franja de 15 kilómetros tierra adentro en las fronteras con Honduras y Costa Rica, bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional y combatir el crimen organizado. La medida motivó una advertencia del Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos sobre los riesgos de invertir en el país, al considerar que la legislación podría derivar en nuevas confiscaciones de bienes.
“Además de ser confiscatorio, violenta el derecho universal a la propiedad privada y tiene efectos devastadores en el país, merma el derecho de propiedad y por lo tanto disminuye las inversiones privadas extranjeras”, comentó Chamorro.
El líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro habla con los medios de comunicación tras llegar desde Nicaragua al Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, en Chantilly, Virginia, el jueves 9 de febrero de 2023. Unos 222 reclusos, considerados por muchos como presos políticos del gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, llegaron a Washington el jueves tras una liberación masiva aparentemente negociada.
Núñez insiste en que el problema trasciende el patrimonio. “Independientemente de lo material, es muy importante que se sepa lo que pasó. El reconocer que teníamos razón como víctima es esencial”, afirma. Para quienes fueron despojados y señalados como “traidores a la patria”, añade, la reparación también pasa por desmontar la narrativa oficial que los convirtió en delincuentes. “Es fundamental que reconozcan que te calificaron injustamente de delincuente”, dice, al advertir que la memoria, la verdad y el reconocimiento público son componentes inseparables de cualquier eventual transición democrática.
El experto considera que Nicaragua volverá a enfrentarse a un debate que ha marcado buena parte de su historia contemporánea. “El tema de la propiedad es el espejo de nuestra historia política”, sostiene. Los conflictos sobre la tierra y los bienes, explica, han acompañado las principales crisis del país y han alimentado ciclos de confrontación, revoluciones y cambios de régimen. Resolverlos, advierte, exigirá no solo decisiones internas, sino también respaldo internacional, negociación diplomática y mecanismos de arbitraje que permitan cerrar una de las heridas más persistentes de la historia reciente de Nicaragua.
Para Pérez, lo perdido no se limita a la vivienda valorada en el mercado en más de 700.000 dólares, sino a lo que había adentro: una colección de libros heredada de su abuelo lector, la pintura que un famoso artista nicaragüense le hizo a su padre, los cordones umbilicales y los primeros dientes de sus hijos. “Eso ni todo el dinero del mundo va a poder pagarme”, concluye.
Cuando era una estudiante en Detroit, Michigan, Madonna descubrió a Frida Kahlo durante una visita a un museo. Desde entonces quedó fascinada por la pintora mexicana, al punto de que, tras alcanzar la fama internacional, se propuso adquirir una de sus obras. Años después, ya consolidada como una de las artistas más exitosas, sumó una segunda pieza a su colección. Autorretrato con mono y Mi nacimiento respectivamente. La cantante ha expresado en numerosas ocasiones la profunda admiración que siente por Kahlo y por el simbolismo de su arte. Sin embargo, una entrevista reciente ha dejado al descubierto que la versión que conoce sobre sobre la historia de esas pinturas no es del todo precisa.
Durante un recorrido por su hogar en Londres para la revista Vogue, la intérprete de Like a Prayer mostró Autorretrato con mono, que adquirió en una subasta hace años. “(Frida Kahlo) tenía muchos monos, pero la verdadera razón por la que los tenía era porque los entrenaba para que le avisaran cuando su esposo se había acostado con otra mujer. Él regresaba a casa después de salir de su estudio, donde solía ‘divertirse’ con alguna de sus modelos, y los monos se volvían locos. Así era como ella se daba cuenta”, contó Madonna en el video.
En realidad, el significado que los monos araña tenían para la mexicana estaba más ligado a su lucha personal que a las infidelidades de Diego Rivera. De hecho, Fulang-Chang, el animal que aparece en Autorretrato con mono, fue un regalo del mismo muralista. De acuerdo con especialistas en la obra de la artista, estas mascotas simbolizaban, en parte, a los hijos que nunca pudo tener debido a las secuelas del accidente que sufrió en su juventud. También eran compañeros que le brindaban consuelo y formaban parte del grupo de animales, integrado además por perros, gatos, loros y hasta un ciervo, con el que convivía en su casa en Coyoacán.
En otro fragmento, Madonna afirma que Mi nacimiento —una obra que le compró a un conocido que la tenía guardada en su armario— refleja la compleja relación de la mexicana con su madre, Matilde Calderón. De acuerdo con la cantante, la pintora fue rechazada por ella durante gran parte de su vida, una experiencia con la que se identificó por haber crecido sin una figura materna.
La correspondencia entre Frida Kahlo y doña Matilde dibuja un panorama muy distinto. “Mamacita linda”, comienza una de las cartas que le escribió su hija mientras se encontraba de viaje en el extranjero. “Escríbeme mucho. Tú mejor que nadie sabes qué gusto me dará recibir cartas de ustedes y, sobre todo, tuyas. Así que no dejes de escribirme. Yo lo haré, si puedo, a diario”, se despide Frida, quien firma la carta como “tu Frieducha”, un apodo afectuoso que utilizaba en su correspondencia con su madre. De hecho, la obra que tiene Madonna, que muestra a una mujer dando a luz mientras su rostro permanece cubierto por una sábana, fue realizada poco después de la muerte de la madre de Frida Kahlo, un acontecimiento que la dejó profundamente devastada, por lo que se cree que fue una forma de lidiar con el duelo.
Independientemente de los mitos que ha creado (o le han dicho) sobre la pintora mexicana, la Reina del Pop ha descrito a Frida Kahlo como su eterna musa y un “ángel guardián” que la ha acompañado desde sus inicios, cuando aún luchaba por abrirse camino en la música. Sin embargo, el hecho de que posea dos obras de la artista también ha despertado dudas sobre la legtimidad de su propiedad. La controversia se debe a que la obra de Frida Kahlo está protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Asimismo, en un decreto presidencial de 1984 Miguel de la Madrid declaró monumento artístico la obra de la pintora, otorgándole una de las protecciones más estrictas del país al prohibir su exportación definitiva. También se establece que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) debe autorizar y supervisar cualquier salida del país.
Washington, 24 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que Venezuela todavía no está “preparada” para celebrar elecciones, pero aseguró que ha habido “avances” al respecto.
“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances”, respondió el mandatario a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y anunció que el objetivo último es la transición democrática en Venezuela, pero no ha establecido un calendario electoral.
Trump dijo este viernes que “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico” y destacó el beneficio que están logrando tanto las empresas estadounidenses como el pueblo venezolano del mercado petrolero.
“Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso”, insistió.
Trump aseguró que conoce muy bien el país desde hace mucho tiempo dado que fue dueño de Miss Universo, concurso en el que Venezuela “siempre lo hizo muy bien”.
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, unas conversaciones apoyadas por Washington.
La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó el jueves desde Filipinas que la Nobel de la Paz “puede tener un rol” en la transición.
Los rescatistas continúan la búsqueda de cuerpos en medio del desastre provocado por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio de 2026. Desde el 18 de julio, más de 10.000 usuarios en redes sociales compartieron el supuesto caso de una mujer encontrada con vida entre los escombros de un edificio, 24 días después de los sismos. Sin embargo, las imágenes virales corresponden a un operativo ocurrido al siguiente día de la emergencia. De acuerdo a las autoridades, el último sobreviviente fue hallado el 2 de julio.
“Rescatan a jovencita luego de 24 días en Venezuela. Dios sigue sorprendiendo y en medio del dolor de los familiares y la incertidumbre de si sus seres queridos estarán vivos”, se lee en decenas de publicaciones en Facebook, Instagram, X, Threads y TikTok.
Captura de pantalla tomada el 24 de julio de 2026 de una publicación en Facebook
El doble sismo que azotó el norte de Venezuela dejó a miles de personas sin hogar. Más de 21.000 viven en campamentos en condiciones de hacinamiento y carencias.
La angustia de los familiares aumenta por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de los edificios colapsados con los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras las noticias falsas sobre el hallazgo de personas con vida aumentan el suplicio.
Sin embargo, el rescate de las imágenes virales no se produjo 24 días después del terremoto, sino apenas horas más tarde.
Una búsqueda inversa en Google de uno de los fotogramas del video viral llevó a otra publicación en Instagram, en la que llaman “Anaí” a la persona que recibe auxilio.
Una pesquisa con las palabras clave “rescate”, “Guaira” y “Anaí” condujo a un reporte del programa colombiano Los Informantes, que documenta el salvamento de Anahiz entre las ruinas del edificio Ritamar Palace.
Según el informe, el operativo estuvo a cargo del Grupo de Rescate y Operaciones Especiales Caricuao (GROEC), un grupo de voluntarios dedicado a la atención de emergencias.
Consultado por AFP Factual, Everth Celis, quien lidera el grupo, confirmó que la mujer de las imágenes virales fue rescatada por su equipo el día siguiente del terremoto.
De acuerdo con los metadatos de la secuencia, a los que tuvo acceso AFP Factual, la labor se culminó a las 3H35 locales (7H35 GMT) del 25 de junio de 2026.
La grabación original del procedimiento se compartió el 30 de junio en el perfil en Instagram del grupo de voluntarios.
El último rescate con vida de una persona se produjo el 2 de julio, según indicó Protección Civil al medio venezolano El Pitazo. El 23 de julio, la entidad desmintió la circulación de rumores sobre más rescates de sobrevivientes.
Días antes de que Venezuela cumpliera un mes del doble terremoto que destruyó cientos de edificios en Caracas y La Guaira, el 24 de junio de 2026, circularon rumores sobre el hallazgo de nuevos sobrevivientes entre las ruinas. Aunque las autoridades desmintieron la información, en redes sociales se compartió más de 5.000 veces un video del rescate de un hombre, quien habría permanecido “28 días bajo los escombros”. Sin embargo, la operación, en realidad, sucedió al tercer día de la emergencia.
“Rescatan con vida a una persona tras 28 días bajo los escombros en Venezuela”, afirma una de las entradas difundidas en Facebook ( 1, 2), TikTok ( 1, 2) e Instagram.
En la grabación de casi un minuto se observan bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias de España socorriendo a un adulto mayor que dice: “Esto es un milagro, un milagro”.
Captura de pantalla de una publicación en Facebook, tomada el 24 de julio de 2026
En la noche del 22 de julio corrieron rumores de que tres personas habrían sido localizadas con vida bajo los escombros de torres de apartamentos de interés social conocidas como OPP 26, en La Guaira, las cuales fueron arrasadas por los terremotos del 24 de junio, de magnitud 7,2 y 7,5.
Sin embargo, Protección Civil desmintió la información.
El gobierno nacional informó el 23 de julio que los equipos de socorro, apoyados por contingentes internacionales, lograron poner a salvo a 6.462 personas. No obstante, las familias todavía siguen buscando los cuerpos de sus seres queridos.
En este contexto, la secuencia que circula no corresponde a un rescate reciente.
Una búsqueda inversa con Google Lens de fragmentos del metraje condujo a una publicación del 27 de junio, publicada por uno de los rescatistas, quien se identifica en redes sociales como @sensei.frank.
En un video anterior, el socorrista precisó que el operativo se desarrollaba en el edificio Mi Club, en Playa Grande, La Guaira.
El sobreviviente fue identificado por Bolivariana de Aeropuertos, empresa administradora de las terminales aéreas del país, como José Antonio Villareal, jubilado del Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo.
Otras grabaciones corroboran que el operativo fue al tercer día de los sismos ( 1, 2).
El último rescate de un sobreviviente se produjo el 2 de julio, según indicó Protección Civil al medio venezolano El Pitazo.
AFP Factual verificó un video similar que supuestamente mostraba a una sobreviviente 24 días después de la tragedia.
Ciudad de México, 24 jul (EFE).- Después de que la Justicia estadounidense sentenciara al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua, México sigue haciendo frente a la sangrienta guerra interna que provocó su detención en el seno del Cartel de Sinaloa, al tiempo que ha reavivado la controversia con Washington para exigir que aclare el papel que jugó en su controvertida captura.
El 25 de julio de 2024 aterrizó en Texas el histórico cofundador del Cartel de Sinaloa, quien acusó a uno de los hijos de su antiguo socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de llevarlo por la fuerza a EE.UU.
El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidió un informe completo a Washington para saber si intervinieron sus agentes en el país vecino, pese a que la versión que le trasladaron fue que en la detención de El Mayo no hubo participación de EE.UU.
Eso fue siempre puesto en duda por México y ahora, dos años después, la polémica se ha acrecentado por la reciente donación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo del avión en el que fue trasladado el narcotraficante a Estados Unidos.
Esta circunstancia hizo que la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, sostuviera, tras la sentencia contra Zambada, que es “obvia” la participación estadounidense en su detención, mientras que semanas atrás la Fiscalía General de la República (FGR) había enviado nuevos requerimientos de información para esclarecer los hechos.
Una detención que el Gobierno “no puede dejar pasar”
Para el analista de seguridad David Saucedo, el controvertido arresto de El Mayo de hace casi dos años es algo que “no puede dejar pasar” el Ejecutivo de Sheinbaum, al tratarse de “la captura de un mexicano en territorio mexicano por agentes de Estados Unidos”.
“Esto es algo que los distintos gobiernos de México han combatido durante décadas”, explicó a EFE Saucedo, quien no tiene dudas que el FBI intervino y negoció la captura del capo, de 76 años.
A la controversia política se suma la situación en la que quedó el estado de Sinaloa (noroeste) tras la traición dentro del homónimo cartel, que provocó una guerra interna entre facciones que deja más 3.000 asesinatos y miles de personas desplazadas.
Pese al masivo despliegue militar de la Administración de Sheinbaum para contener la situación, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más “puntuales” y se han trasladado a las zonas rurales, según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio.
La guerra es entre las facciones de Los Mayos, vinculados a los hijos de Zambada, y Los Chapitos, de los vástagos de El Chapo, quienes se disputan el liderazgo de una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo.
El experto en seguridad aseguró que las autoridades solo tienen una presencia “disuasiva”, por lo que no cree que terminen los enfrentamientos criminales en el corto plazo.
“No hay detención de los cabecillas de la estructura criminal. Lo único que hay es un manejo, una administración del conflicto para tratar de reducir la violencia homicida”, lamentó.
Saucedo percibe que las facciones del Cartel de Sinaloa se han “fortalecido para financiar la guerra”, mientras tienen sus estructuras militares “intactas”.
Además, sus principales líderes- como Iván Archivaldo o ‘El Mayito Flaco’- siguen en libertad y buscados por el Gobierno mexicano y Washington, que ofrece hasta 15 millones de dólares como recompensa.
Esto se une a la acusación formal de EE.UU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalaron por, presuntamente, haber trabajado para Los Chapitos a cambio de sobornos.
Venezuela tardará años en recuperarse de los terremotos, afirmó el viernes la Cruz Roja, un mes después de la catástrofe del 24 de junio que dejó más de 5.000 muertos.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que miles de personas con enfermedades crónicas siguen sin recuperar por completo sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud y ejerce una presión adicional sobre un sistema sanitario que ya está al límite de su capacidad.
La atención médica, el apoyo en salud mental y el acceso al agua potable son las prioridades inmediatas, dijo el portavoz de la FICR, Scott Craig, quien insistió en que “esta catástrofe está lejos de haber terminado”.
“La recuperación aquí se medirá en años, no en semanas”, afirmó a los periodistas en Ginebra.
El vocero reportó un total de 5.000 muertos y 17.000 heridos por el desastre, e indicó que unas 23.000 personas siguen viviendo en refugios temporales. Muchas familias siguen dependiendo del agua embotellada para beber, cocinar y lavarse.
“Los sobrevivientes viven con ansiedad, miedo, tristeza e insomnio, mientras lloran la pérdida de sus familiares, hogares, empleos y medios de vida”, declaró el vocero.
“Los centros de salud, las escuelas, los sistemas de agua, la electricidad y el alcantarillado quedaron destruidos o gravemente dañados”, agregó.
Los sismos de 7,5 y 7,2 de magnitud sacudieron el norte de la capital, Caracas, y devastaron cientos de edificios, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado.
Un mes después, las labores de búsqueda continúan para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros. Sin embargo, las operaciones se han reorientado para enfocarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción.
Según Craig, lo principal ahora es atender a los sobrevivientes.
Para ello, la FICR busca recaudar unos 60 millones de dólares para ayudar a 300.000 personas durante dos años. Actualmente, cuenta con 25% de los fondos necesarios.
“Solicitamos financiamiento sostenido y flexible que pueda acompañar a las familias a lo largo de todo su proceso de recuperación, no solo durante las semanas en que las cámaras (de televisión) están presentes”, exhortó.
Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 59,8 % en el segundo trimestre de 2026, un nivel 3,4 % menor al 63,2 % que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 48 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del Gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Esto significa que seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“En diciembre de 2025 llegamos a 63,8 % (de percepción) en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59,8 %, es decir, 4 % menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina desde el central estado de Morelos.
El resultado de abril a junio es menor al 61,5 % de enero a marzo y también menor al 63,8 % que se registro de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59,1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.
La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.
De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 48 % en los primeros 19 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 59.500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.
La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 65,6 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 52,6 % de los hombres.
Las ciudades más inseguras de México
La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, que pasó de 4,4 % a 10,6 %.
Le siguen Los Mochis (21,1 % %), en Sinaloa; y Apodaca (33,4 %), en Nuevo León.
En contraste, la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad fue Ciudad Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, que pasó de 55,5 % a 41,3 %, le siguió Nuevo Laredo (26,5 %), en Tamaulipas y Zapopan (54,1 %) en Jalisco.
Amenazada por mensajes de extorsionadores, la panadera Roxana Quispe cuenta ansiosa los días para el próximo cambio de gobierno en Perú, pues vive en un barrio pobre llamado igual que la presidenta electa que prometió mano dura contra el crimen: Keiko Fujimori.
“Espero que venga acá y vea nuestras necesidades”, dice a la AFP Quispe, de 42 años. Reside desde hace 18 en este vecindario de lomas arenosas y algunas vías sin asfaltar en Ventanilla, en las periferias del Callao, el peligroso puerto vecino a Lima.
La derechista Fujimori, de 51 años, asumirá el mando del país andino el 28 de julio, tras derrotar por apenas 50.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez.
Tendrá como uno de sus principales desafíos resolver la peor crisis de inseguridad en décadas, atizada por la propagación de bandas criminales, locales y extranjeras, que controlan el sicariato y la extorsión.
“Le tengo mucha fe”, afirma Quispe. Ha recibido mensajes extorsivos en su celular y espera que Fujimori cumpla su palabra y frene la delincuencia, la principal preocupación de los peruanos.
Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
Aunque la apretada elección dividió al país, ahora nada remite a su rival Sánchez en este asentamiento informal fundado por más de un centenar de familias en 1996, durante el gobierno del presidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko.
Allí, una farmacia, una pequeña cancha de fútbol y un comedor popular también se llaman como ella. Y en los muros y postes solo quedan los restos de la publicidad electoral de Fuerza Popular, el partido que dirige desde 2010.
El barrio fue nombrado así porque el gobierno de Alberto Fujimori legitimó esa invasión de terrenos con títulos de propiedad, cuando todavía no tenían servicios básicos.
“Es una manera de agradecimiento”, dice César García, de 52 años, uno de los fundadores y ferviente fujimorista.
En esta pequeña comunidad, la mayoría expresa abiertamente su simpatía por el clan de origen japonés. Pero otros se reservan su opinión. Y también hay escépticos.
“No creo que cumpla el 100% de sus promesas, todavía hay dudas”, dice Luzmari Anaya, una vendedora de alimentos de 36 años.
– “Vivíamos en la oscuridad” –
Más de 20 kilómetros al este, sobre un cerro pedregoso del populoso distrito limeño Carabayllo, otro vecindario de casas precarias lleva el mismo nombre Keiko Fujimori y comparte orígenes similares.
“Vivíamos en rocas, en tierras abandonadas, en esteritas. Vivíamos en la oscuridad porque no había luz y comprábamos agua de cisternas. Ahora tenemos calles gracias a Alberto Fujimori”, asegura Elsa Lorena, de 48 años, que allí dirige un comedor popular.
Y 30 kilómetros al sur, en una alejada ladera de Lima, otro asentamiento precario también está registrado con el nombre de la próxima presidenta.
Para el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se trata de “sectores urbano-marginales que tienen necesidades y que seguramente van a reavivar el nombre” para intentar conseguir más “titulación, obras e infraestructura”.
Durante la campaña, la presidenta electa apeló al recuerdo del gobierno de su padre Alberto, fallecido en 2024, y que aún polariza a los peruanos.
Condenado por graves violaciones de derechos humanos y corrupción, el exmandatario derrotó a la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y conectó con algunos sectores pobres desatendidos, con el impulso de pequeñas obras como aulas escolares, postas médicas y letrinas.
“Y es probable que (Keiko Fujimori) tenga una actitud muy parecida a la del padre, de tener gestos, no los llamemos populistas, pero sí para la ‘platea’”, dice Maldonado a la AFP.
Fujimori promete combatir el crimen con expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales con jueces anónimos y hacer que los presos trabajen por sus alimentos.
“Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y eso es lo primero que vamos a hacer (atender) la próxima semana”, aseveró Fujimori ante la prensa el miércoles.
“Espero que después de tantos gobiernos que nos han decepcionado ella cumpla lo que está prometiendo”, expresa Herbert Pagan, de 63 años, un vigilante del barrio Keiko Fujimori de Ventanilla.
