Luis Sánchez* llevaba más de 3 semanas junto a sus 4 hijos en un centro de detención de inmigrantes en Dilley, en el sur de Texas, Estados Unidos.
Dice que a la primogénita, quien sufre de ansiedad, no le quedaban uñas que comer, y que las niñas menores empezaban a mostrar signos de desesperación. “Me llegaron a decir que se querían matar, que firmara lo que fuera para salir porque ya no soportaban estar allí”, cuenta este nicaragüense.
“Pero cuando otro detenido me contó que había una mujer que me podía ayudar a aliviar un poco la situación, me dio recelo”, le cuenta a BBC Mundo.
Sólo cuando se lo volvió a comentar una abogada que visita regularmente estas instalaciones, las únicas del tipo en el país que albergan a familias con menores, se convenció.
Bastaba con mandar un correo con sus datos -le dijo- y Casey Revkin, una californiana que dirige la organización Each Step Home, le ingresaría dinero para poder comprar lo necesario dentro del centro de detención.
Así que, desde la computadora de la biblioteca del centro, le envió este mensaje:
Hola, me presento: Soy [tachado] padre de 4 hijos y mi abogada me dijo que ustedes ayudaban con dinero para comprar cosas. Me gustaría saber si es que pueden ayudarme para comprar agua, cepillos de dientes, pasta de dientes, y algunos snacks para mis hijos. Les agradecería mucho si me ayudan. Muchas gracias.
“Cuál fue mi sorpresa que, a los días, ya tenía $200 dólares en mi cuenta”, recuerda. “Primero compramos agua, y los niños quisieron palomitas, golosinas, frescos. Fue un gran alivio, una forma de que mis hijos se sintieran mejor”.
Centrada en los menores
Revkin le envió ese dinero a Sánchez como lo ha hecho con otros migrantes con hijos detenidos, por sumas que alcanzan hasta los $10,000 semanales.
“Me pongo en su lugar y pienso qué terrible debe ser sentir que no puedes proteger a tus hijos, proveerles de cuestiones tan básicas”, le dice a BBC Mundo Revkin, quien se describe a sí misma como “una madre de California”.
“Así que es una gran satisfacción poder hacer algo concreto por estos niños”.
Su foco en los menores afectados por las políticas migratorias estadounidenses no es nuevo.
Ya en 2018, durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando supo que cientos de niños estaban siendo separados de sus padres al tratar de cruzar la frontera de forma irregular, comenzó a echarles una mano para agilizar los trámites para la reunificación familiar.
Ayudaba a rellenar documentos, a imprimirlos y ordenarlos en una carpeta, buscaba voluntarios que llevaran a quienes iban a recibir a los menores a las citas para tomarles las huellas. “Para las familias eran obstáculos enormes, pero algo que nosotros podíamos perfectamente hacer”, recuerda. Y en torno a ello articuló una organización, Each Step Home.
Con el regreso de Trump a la presidencia y su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, Revkin decidió buscar otras maneras de ayudar.
Cuando en enero supo de la detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, durante la operación antiinmigración en Mineápolis (Minesota), un caso que acaparó titulares, encontró una nueva misión.
El niño fue arrestado cuando regresaba a casa de la guardería, e ingresó junto con su padre en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley (DIPC), el mismo que albergó a Sánchez y sus hijos.
El único centro de detención para familias en el país fue cerrado durante el gobierno del demócrata Joe Biden, pero reabrió sus puertas el año pasado como parte de la ofensiva migratoria del gobierno Trump.
Desde entonces, varios informes de organizaciones en defensa de los migrantes y congresistas han mostrado preocupación por lo que allí ocurre.
Uno de los más recientes, publicado en abril por organizaciones como Human Rights First y Raíces, concluía que “las condiciones inhumanas, el maltrato rutinario y las violaciones del debido proceso que experimentan las familias en Dilley son generalizadas y sistémicas”, algo que tanto la empresa que lo gestiona, CoreCivic, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han rechazado.
Revkin ya había oído hablar de las instalaciones. Por allí pasaron algunas de las familias a las que ayudó a reunirse en el pasado, y de ellas había escuchado quejas sobre la calidad de la comida y del agua.
Los que podían, completaban lo recibido en el centro con lo que compraban dentro del centro.
Para ello, usaban el dinero ingresado en sus cuentas del centro. Dilley y otros centros utilizan un sistema de software que permite ingresar fondos para un detenido específico.
Así, Revkin encontró cómo ayudar: empezó a preguntar a su red de abogados de inmigración, activistas y congresistas cómo podía hacer para depositar fondos en esas cuentas.
“Llegamos al 80% de los detenidos”
Su primer depósito fue $50 para la familia de un bebé de dos meses con una infección respiratoria. Hoy dice que destina a ese fin unos $10,000 semanales. “La cifra fluctúa, pero calculamos que estamos cubriendo de esa forma a un 80% de los que están en Dilley”, asegura.
El dinero le viene de donaciones. “Organizamos una recaudación de fondos durante el Día de la Madre que salió muy, muy bien, y eso nos ha mantenido hasta ahora”, explica.
Con esa ayuda, las familias en Dilley pueden comprar desde agua embotellada, cereales y sopa deshidratada, pasando por champú y acondicionador, hasta golosinas o cuadernos y pinturas.
“Es un hada madrina”, le dice a BBC Mundo Kristin Etter, una abogada de la organización Texas Immigration Law Council que trabaja pro bono en Dilley y otros centros. “No hay mejor forma de resumir lo que representa. La gente realmente no podría sobrevivir sin ella”, subraya.
“Es indignante que los contribuyentes de EE.UU. estén gastando $15 millones al mes para arrestar a niños y familias, y aun así tengamos que depender de una ciudadana privada, muy generosa, para recaudar fondos y poder cubrir sus necesidades básicas mientras están en este centro de detención”, agrega.
La empresa privada que gestiona el centro, CoreCivic, rechaza los señalamientos.
“CoreCivic lleva 40 años asociado al gobierno federal, tanto con gobiernos demócratas como republicanos, para brindar atención segura y humana a las personas que nos son confiadas”, contestó su portavoz, Ryan Gustin, por escrito a las consultas de BBC Mundo.
Tras aclarar que la compañía no decide a quién se arresta ni por cuánto tiempo, subrayó que Dilley está “sujeto a múltiples niveles de supervisión y es vigilado muy de cerca por nuestros socios del gobierno para garantizar el cumplimiento total de las políticas y procedimientos, incluidos los estándares de detención”.
En la misma línea, refutó las afirmaciones sobre la mala calidad de la comida y el agua, diciendo que pruebas independientes muestran que el agua es limpia, filtrada y proviene de las mismas compañías de servicios utilizadas por la comunidad circundante. “Nadie bajo nuestro cuidado está obligado a pagar por el agua, que es la misma que beben nuestros empleados”, agregó en su respuesta.
Sobre la alimentación, señaló que se proporciona un menú rotativo de tres comidas “nutritivas” al día, además de refrigerios, aprobados por un dietista e inspeccionados para garantizar su calidad y frescura.
Ante las críticas por el alto costo de los productos en el centro, Gustin dijo que es similar al de las tiendas de conveniencia, y que el personal de CoreCivic realiza evaluaciones de precios cada dos años. Las ganancias de las ventas se destinan al “fondo de bienestar de los residentes” del centro, agregó.
En la misma línea, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le dijo a BBC Mundo que a todos los detenidos se les proporcionan “tres comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de higiene personal”.
“Los inmigrantes ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas. El personal y los detenidos beben la misma agua potable limpia de la comunidad local”, prosigue la respuesta enviada a este medio por correo.
“Dilley cumple con los estándares federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones regulares”, se lee en el texto. “Estar en detención es una elección. Estados Unidos está ofreciendo a los inmigrantes ilegales US$3.000 y un vuelo gratis para autodeportarse ahora. (…) Si no lo hacen, serán arrestados y deportados sin oportunidad de regresar”.
Ayuda más allá de la detención
Luis Sánchez* insiste en que su experiencia en Dilley fue otra, y que los depósitos recibidos de Revkin supusieron “un gran confort” para su familia.
Eso lo motivó a hablarles a otros detenidos de esta asistencia y contarles que solo tenían que escribir un correo como lo hizo él y enviar los datos para que les pudieran hacer el depósito en sus cuentas.
“Conocí a muchos que llegaron sin nada, gente a la que habían arrestado nada más cruzar de México y que no tenían a nadie que les ayudara”, recuerda.
Él y sus cuatro hijos salieron de Dilley el 1 de julio, tras casi tres meses allí confinados, y se encuentran bajo supervisión intensiva (ISAP), un programa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) alternativo a la detención.
Había ido guardando parte del dinero donado por Revkin y con eso compró los boletos para volver a la ciudad en la que residían antes de ser detenidos, cuenta.
Pero la asistencia no terminó ahí.
“Con la detención habíamos perdido todo. Yo me quedé sin trabajo. Así que también nos echaron una mano para poder empezar de nuevo”, admite.
“La primera semana nos ayudaron con la comida, ahora que los niños empezaron a clases, les compraron sus útiles escolares. En esos días, realmente nos salvó la vida”.
*Nombre cambiado a petición del entrevistado para proteger su identidad.
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