Para Gustavo Petro toda derrota legal es una buena oportunidad política. El presidente de Colombia recibió un duro golpe este jueves cuando la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica que el mandatario decretó a fines del año pasado después de que el legislativo le hundiera su cuarta reforma tributaria. Primero fue la rama del poder legislativa, y luego la judicial, quienes cerraron la puerta a la iniciativa que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, cobrando impuestos a los más ricos para enfrentar el déficit fiscal de la nación. Más que por un tema económico, los magistrados se opusieron a que la reforma tributaria se dicte así, por decreto, saltándose la decisión del poder constitucional del Congreso. Petro entonces, ante un público de víctimas de la guerra en el departamento del Chocó, no cedió un ápice ante la crítica legal. “Nos quieren ahorcar”, dijo el presidente sobre las dos instituciones que lo han frenado. “En Colombia no se está construyendo un estado social de derecho”, añadió. Pasó a afirmar entonces que sin dicha reforma tributaria sería imposible indemnizar a las víctimas de la guerra del país. “Y si Colombia no va a alcanzar la paz, entonces tengo que decirle que todo ese poco de funcionarios que hay en la Corte, en el Banco de la República, en el Congreso y hasta en este gobierno, pues tienen que renunciar“, añadió. ”Me dicen que no debo hablar de eso porque entonces me muestro como un dictador. No, el debate público tiene que abrirse”.
El debate público para el presidente es cada vez más lejano a la ortodoxia económica, ―para un mandatario que ya decidió romper la regla fiscal en junio del año pasado―, y también cada vez más desafiante de las lógicas constitucionales. Defendió de nuevo el aumento histórico que hizo del salario mínimo, del 23%, a pesar de que este haya aumentado dicho déficit en las arcas del Gobierno, y fue criticado también en las cortes por ignorar los criterios técnicos usuales. Luego Petro sugirió en su discurso que el Banco de la República emita dinero para darle directamente a las víctimas envés de a los bancos. “¿Por qué el Banco de la República emite dinero nuevo pero se lo entrega al banquero? ¿Por qué no lo entrega de una vez a las cuentas de ahorro del listado de indemnización de las víctimas de Colombia?“, preguntó. ”En vez de que el señoreaje lo haga el dueño del banco, el señoreaje lo haría, dada las circunstancias de Colombia, la víctima que necesita indemnización”.
Luego vinieron los ricos, los enemigos de siempre del presidente, los que han sido llamados “vampiros”. Petro le pidió a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, que ”le toca tomar decisiones audaces” frente a ellos, el mismo que ha dicho que su función no es contradecir al presidente. “Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar”, sugirió. “Yo quiero un recorte, si no es capaz el Congreso de aprobar la reforma tributaria, un recorte billonario de los gastos que se transfieren anualmente del presupuesto nacional vía tasas de interés que tenemos que pagar, vía contratos de 4G y 5G que tienen guardada la plata en los bancos y no están haciendo las obras. El recorte va ahí, hermano”. Los ricos, repitió varias veces, son los banqueros. Los de los bancos privados y los del Banco de la República, con quien está de pelea desde que no bajaron las tasas de interés como el presidente pedía, y entonces decidió que Ávila saliera de la junta de la institución. “Los miembros del Banco de la República no tienen ni idea qué es eso”, dijo Petro. ‘Eso’ siendo el Estado Social de Derecho.
Los críticos a las formas del presidente celebran hoy que en Colombia los contrapoderes reaccionen al enorme poder de un Estado presidencialista: la Corte Constitucional tumba el decreto de emergencia económica, el Consejo de Estado suspende el aumento del 23%, y más recientemente el Banco de la República decide subir las tasas de interés para frenar la inflación a pesar de la voz de protesta del Presidente. Incluso la empresa de energía Ecopetrol, la más grande del país donde Petro tiene mayorías, decidió retirar esta semana a su presidente, Ricardo Roa, por escándalos de corrupción, a pesar de la protesta desde Casa de Nariño.
“El estado de emergencia económica es una herramienta absolutamente excepcional, sujeta a estrictos límites materiales y formales”, celebra Juan David Velasco, socio de Impuestos de Baker McKenzie, sobre la decisión de la Corte Constitucional. “No puede convertirse en un mecanismo alterno de legislación cuando, en un escenario democrático, el Congreso niega o modifica las propuestas del Gobierno. La decisión marca un precedente clave en la defensa del equilibrio de poderes públicos. La Constitución no es un instrumento maleable al vaivén de las coyunturas políticas”.
La parte más amarga de la historia es que, con un sistema de contrapesos que funciona, pero con un mandatario que no está dispuesto a ceder ante esas críticas legales, o a la concertación legislativa, es que Colombia sigue paralizada ante la posibilidad de encontrar soluciones a la grave crisis fiscal que vive el país: el presupuesto del Gobierno sigue desfinanciado, la deuda de la nación ha aumentado a récords históricos, el recaudo tributario sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos. El problema de caja sigue siendo el elefante en el cuarto, ahora con la inflación al alza, las calificadoras de riesgo como Standard & Poors rebajando la calificación de riesgo de Colombia. Para Petro la crisis es culpa de las instituciones, y para las instituciones Petro no está buscando de forma responsable resolver la crisis.
Gustavo Petro no llamó esta vez a una Asamblea Constituyente para resolver lo que ha definido como un bloqueo institucional para hacer cambios. Anunció que volverá a presentar la reforma tributaria ante el legislativo, a pesar de que este está ya en el final de su periodo y el Gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Ver hundir la reforma (por quinta vez) no tiene el objetivo de salir de la crisis, sino uno más electoral. “Benedetti dirá ‘también la hundir’. No importa que, el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional”, dijo el presidente. El pueblo que debe votar el próximo 31 de mayo por un nuevo presidente.
