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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- Después de que la Justicia estadounidense sentenciara al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua, México sigue haciendo frente a la sangrienta guerra interna que provocó su detención en el seno del Cartel de Sinaloa, al tiempo que ha reavivado la controversia con Washington para exigir que aclare el papel que jugó en su controvertida captura.

El 25 de julio de 2024 aterrizó en Texas el histórico cofundador del Cartel de Sinaloa, quien acusó a uno de los hijos de su antiguo socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de llevarlo por la fuerza a EE.UU.

El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidió un informe completo a Washington para saber si intervinieron sus agentes en el país vecino, pese a que la versión que le trasladaron fue que en la detención de El Mayo no hubo participación de EE.UU.

Eso fue siempre puesto en duda por México y ahora, dos años después, la polémica se ha acrecentado por la reciente donación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo del avión en el que fue trasladado el narcotraficante a Estados Unidos.

Esta circunstancia hizo que la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, sostuviera, tras la sentencia contra Zambada, que es “obvia” la participación estadounidense en su detención, mientras que semanas atrás la Fiscalía General de la República (FGR) había enviado nuevos requerimientos de información para esclarecer los hechos.

Una detención que el Gobierno “no puede dejar pasar”

Para el analista de seguridad David Saucedo, el controvertido arresto de El Mayo de hace casi dos años es algo que “no puede dejar pasar” el Ejecutivo de Sheinbaum, al tratarse de “la captura de un mexicano en territorio mexicano por agentes de Estados Unidos”.

“Esto es algo que los distintos gobiernos de México han combatido durante décadas”, explicó a EFE Saucedo, quien no tiene dudas que el FBI intervino y negoció la captura del capo, de 76 años.

A la controversia política se suma la situación en la que quedó el estado de Sinaloa (noroeste) tras la traición dentro del homónimo cartel, que provocó una guerra interna entre facciones que deja más 3.000 asesinatos y miles de personas desplazadas.

Pese al masivo despliegue militar de la Administración de Sheinbaum para contener la situación, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más “puntuales” y se han trasladado a las zonas rurales, según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio.

La guerra es entre las facciones de Los Mayos, vinculados a los hijos de Zambada, y Los Chapitos, de los vástagos de El Chapo, quienes se disputan el liderazgo de una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo.

El experto en seguridad aseguró que las autoridades solo tienen una presencia “disuasiva”, por lo que no cree que terminen los enfrentamientos criminales en el corto plazo.

“No hay detención de los cabecillas de la estructura criminal. Lo único que hay es un manejo, una administración del conflicto para tratar de reducir la violencia homicida”, lamentó.

Saucedo percibe que las facciones del Cartel de Sinaloa se han “fortalecido para financiar la guerra”, mientras tienen sus estructuras militares “intactas”.

Además, sus principales líderes- como Iván Archivaldo o ‘El Mayito Flaco’- siguen en libertad y buscados por el Gobierno mexicano y Washington, que ofrece hasta 15 millones de dólares como recompensa.

Esto se une a la acusación formal de EE.UU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalaron por, presuntamente, haber trabajado para Los Chapitos a cambio de sobornos.

(c) Agencia EFE

Venezuela tardará años en recuperarse de los terremotos, afirmó el viernes la Cruz Roja, un mes después de la catástrofe del 24 de junio que dejó más de 5.000 muertos.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) señaló que miles de personas con enfermedades crónicas siguen sin recuperar por completo sus tratamientos, lo que pone en riesgo su salud y ejerce una presión adicional sobre un sistema sanitario que ya está al límite de su capacidad.

La atención médica, el apoyo en salud mental y el acceso al agua potable son las prioridades inmediatas, dijo el portavoz de la FICR, Scott Craig, quien insistió en que “esta catástrofe está lejos de haber terminado”.

“La recuperación aquí se medirá en años, no en semanas”, afirmó a los periodistas en Ginebra.

El vocero reportó un total de 5.000 muertos y 17.000 heridos por el desastre, e indicó que unas 23.000 personas siguen viviendo en refugios temporales. Muchas familias siguen dependiendo del agua embotellada para beber, cocinar y lavarse.

“Los sobrevivientes viven con ansiedad, miedo, tristeza e insomnio, mientras lloran la pérdida de sus familiares, hogares, empleos y medios de vida”, declaró el vocero.

“Los centros de salud, las escuelas, los sistemas de agua, la electricidad y el alcantarillado quedaron destruidos o gravemente dañados”, agregó.

Los sismos de 7,5 y 7,2 de magnitud sacudieron el norte de la capital, Caracas, y devastaron cientos de edificios, especialmente en el estado costero de La Guaira, el más afectado.

Un mes después, las labores de búsqueda continúan para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros. Sin embargo, las operaciones se han reorientado para enfocarse en la ayuda humanitaria y la reconstrucción. 

Según Craig, lo principal ahora es atender a los sobrevivientes.

Para ello, la FICR busca recaudar unos 60 millones de dólares para ayudar a 300.000 personas durante dos años. Actualmente, cuenta con 25% de los fondos necesarios.

“Solicitamos financiamiento sostenido y flexible que pueda acompañar a las familias a lo largo de todo su proceso de recuperación, no solo durante las semanas en que las cámaras (de televisión) están presentes”, exhortó.

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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- La percepción de inseguridad de los mexicanos descendió al 59,8 % en el segundo trimestre de 2026, un nivel 3,4 % menor al 63,2 % que se reportó en el mismo periodo de 2025 y tras una caída del 48 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del Gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Esto significa que seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En diciembre de 2025 llegamos a 63,8 % (de percepción) en promedio. Y ahora en junio de 2026 baja a 59,8 %, es decir, 4 % menos. Y ya por lo menos son cuatro meses, seis meses de tendencia a la baja”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina desde el central estado de Morelos.

El resultado de abril a junio es menor al 61,5 % de enero a marzo y también menor al 63,8 % que se registro de octubre a diciembre de 2025, al 63 % de julio a septiembre, pero supera al 59,1 % de octubre a diciembre de 2023, cuando alcanzó su menor nivel desde que hay registro, apuntó el instituto autónomo en su reporte.

La percepción de inseguridad ha crecido desde 2023 pese a que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de asesinatos descendió a 51,4 en marzo frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 35 homicidios menos por día.

De acuerdo con datos del Gobierno mexicano, los homicidios cayeron un 48 % en los primeros 19 meses de la presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 59.500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 65,6 % de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 52,6 % de los hombres.

Las ciudades más inseguras de México

La ciudad con mayor incremento de percepción de inseguridad fue San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, en el estado de Nuevo León, que pasó de 4,4 % a 10,6 %.

Le siguen Los Mochis (21,1 % %), en Sinaloa; y Apodaca (33,4 %), en Nuevo León.

En contraste, la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad fue Ciudad Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, que pasó de 55,5 % a 41,3 %, le siguió Nuevo Laredo (26,5 %), en Tamaulipas y Zapopan (54,1 %) en Jalisco.

(c) Agencia EFE