Author: rb809rb

La Fiscalía de la Corona sostiene que Williams protagonizó dos agresiones con cuchillo en menos de un día: la primera en la madrugada del pasado sábado, en una estación del este de Londres, y la segunda horas después, durante el ataque a bordo de un tren en Cambridgeshire que dejó diez personas heridas. La Policía no considera que los hechos tengan «motivación terrorista» y mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas una evaluación sobre la salud mental del acusado.

El primer episodio, del que se ha informado este lunes, se produjo en torno a las 00.46 del sábado en la estación de Pontoon Dock, en la red Docklands Light Railway (DLR), donde, según la Policía de Transporte británica, un pasajero sufrió heridas en la cara después de ser atacado con un cuchillo.

El agresor logró huir del lugar antes de la llegada de los agentes, pero las grabaciones de circuito cerrado de televisión y los testimonios de testigos permitieron posteriormente vincular este suceso con Williams, que fue detenido la tarde del mismo día en Cambridgeshire, tras el segundo ataque, que ocurrió hacia las 19.39 del sábado en un tren de alta velocidad de la compañía London North Eastern Railway (LNER), que viajaba de Doncaster a King’s Cross, en Londres.

Poco después de la salida de Peterborough, el acusado habría comenzado a agredir a los pasajeros con un cuchillo, lo que provocó el pánico entre los viajeros. Entre las víctimas figura un trabajador ferroviario que intentó detenerlo y que, según confirmaron fuentes médicas, continúa hospitalizado en estado crítico. El tren fue desviado hasta la estación de Huntingdon, donde agentes armados detuvieron al sospechoso.

El subjefe de la Policía de Transporte, Stuart Cundy, describió la actuación del trabajador como «heroica» y apuntó que «sin duda, salvó vidas», mientras que la responsable de Transporte, Heidi Alexander, declaró que «hay personas que hoy están vivas gracias» a él, y confirmó que el trabajador sigue en cuidados intensivos. «Se interpuso deliberadamente entre el atacante y los pasajeros», añadió Cundy, al presentar los primeros resultados de la investigación. Alexander señaló que «aún hay muchas preguntas que deben ser respondidas».

Tras los ataques, el Gobierno ordenó un refuerzo de la presencia policial en las principales estaciones de Londres, como King’s Cross y St Pancras International, donde este lunes se observaban agentes armados y perros rastreadores en los accesos.

La Fiscalía de la Corona precisó en un comunicado que los once cargos de intento de asesinato corresponden a los dos ataques atribuidos al acusado: diez por los hechos ocurridos en el tren y uno por el ataque previo en Pontoon Dock. Además, se le imputan dos delitos de posesión de arma blanca y otro de lesiones con «daño corporal real», este último relacionado con una agresión a un agente en dependencias policiales después de su detención.

La jefa de turno de la Fiscalía, Tracy Easton, explicó que «la decisión de presentar cargos se adoptó tras revisar un gran volumen de pruebas, incluidos registros de CCTV y testimonios de testigos», y añadió que «los cargos se mantendrán bajo revisión a medida que avance el caso».

Un ex jefe de la Policía de Transporte, Andy Trotter, señaló en declaraciones a la prensa local que «el suceso fue manejado de manera eficaz por el maquinista, el personal ferroviario y los servicios de emergencia», y pidió «una revisión más amplia de la seguridad en trenes y estaciones, así como de la dotación de agentes en la red».

El Gobierno, por su parte, insiste en que el sistema ferroviario británico sigue siendo un entorno de baja criminalidad, y Heidi Alexander afirmó que las medidas de seguridad se revisarán «de manera proporcionada» y descartó la instalación de controles tipo aeropuerto por considerarlos impracticables en una red que mueve millones de pasajeros cada día.

Otro pasajero, entrevistado por ‘The Telegraph’, explicó que al principio pensó que era «una broma de Halloween». «Entonces vi a una persona cubierta de sangre y comprendí que era real. El agresor tenía la mirada perdida, caminaba como si estuviera poseído. Era alto, negro, de unos treinta años, y avanzaba hacia nosotros con el cuchillo en la mano. En ese momento pensé que no saldríamos vivos de allí».

La escena duró catorce minutos que se vivieron como una eternidad para las decenas de personas atrapadas en un tren en movimiento. El convoy de la compañía London North Eastern Railway se detuvo en la estación de Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, a las 19.42, hora local, y ocho minutos después, agentes armados de la British Transport Police (BTP) irrumpieron en el vagón y arrestaron a dos hombres. En los primeros minutos tras la llegada de los equipos de emergencia, la Policía declaró el protocolo «Plato», el código nacional utilizado cuando se responde a un ataque terrorista en curso, antes de que la declaración fuera posteriormente retirada al confirmarse que no existían indicios de terrorismo.

La decisión se tomó después de que los mandos policiales recordaran que, pocas semanas antes, Daesh había difundido un mensaje en el que instaba a «ataques individuales con cuchillos, pistolas o fuego» en Europa y Estados Unidos, especialmente en «transportes y multitudes de cristianos y judíos», lo que llevó a aumentar el nivel máximo de precaución.

Según confirmaron las autoridades, uno de los detenidos fue liberado posteriormente y de momento solo un «ciudadano británico de 32 años» está siendo investigado como sospechoso. Once personas resultaron heridas, dos de las cuales continuaban este domingo en estado crítico.

A la investigación del ataque, que fue calificado por la Policía Británica de Transporte como un «incidente grave», se sumó desde el primer momento la unidad antiterrorista, pero «no hay indicios de que se trate de un atentado terrorista», declaró el superintendente John Loveless, mientras que el ministro de Defensa, John Healey, confirmó que «la primera valoración es que fue un incidente aislado».

«El diablo no va a ganar»

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó por su parte que «sé que muchas personas estarán haciéndose las mismas preguntas que yo me hago ahora, y es por qué, a pesar de tanta actividad, de tantas medidas y campañas, seguimos viendo cada vez más violencia en nuestras calles», y añadió que «está claro que algo no funciona en nuestra sociedad en este momento. No podemos ser un país en el que la gente haga su vida cotidiana con el miedo a enfrentarse a este nivel de criminalidad violenta».

Según testigos citados por la prensa local, el agresor, vestido completamente de negro, repetía una frase mientras atacaba: «El diablo no va a ganar». La alcaldesa de Huntingdon, Audrey McAdam, declaró que el ataque fue «como una película de terror». «Estoy en shock. Es algo que nunca pensé que podría ocurrir aquí. No puedo imaginar lo que debieron sentir, atrapados en un tren en movimiento».

Pero el ataque, aunque clasificado como un hecho aislado, llega en un momento de creciente alarma por la violencia con cuchillos en el Reino Unido. Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), en el año que terminó en marzo de 2025 se registraron 49.600 delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales (sin incluir Greater Manchester), un 1,4 % menos que el año anterior y un 4,5 % menos que en 2019-20. Pese al leve descenso, los niveles continúan siendo muy superiores a los de hace una década, ya que en 2012 apenas se contabilizaron unos 30.000 casos, en 2016 rondaron los 29.000, en 2018 superaron los 41.000 y en 2019 alcanzaron un máximo histórico de más de 52.000, lo que significa que, incluso con las oscilaciones de los últimos años, el país registra hoy alrededor de un 65% más de delitos con cuchillo que hace diez años, una cifra que refleja la consolidación de un problema estructural más que un repunte coyuntural.

El origen de los sospechosos

El Servicio Nacional de Salud (NHS) informó que en 2024-2025 se registraron 3.500 hospitalizaciones por agresiones con objetos punzantes, y Londres, West Midlands y Greater Manchester siguen siendo los epicentros de esta forma de violencia. Con respecto a los agresores, en la capital, uno de cada cinco sospechosos tiene menos de 18 años y tres de cada cuatro se sitúan entre los 16 y 24. En general, más del 40% de los detenidos por delitos con arma blanca son menores de 25 años y el 90% son hombres. En Londres, aproximadamente la mitad de los sospechosos pertenecen a minorías negra o mixta.

El primer ministro Keir Starmer calificó lo sucedido como «un recordatorio doloroso de que la violencia con arma blanca sigue destrozando vidas y comunidades». La ministra del Interior, Shabana Mahmood, pidió, ante el creciente debate sobre el origen de los autores y su relación con la inmigración, «evitar cualquier especulación sobre el origen de los sospechosos, que son ciudadanos británicos». Mahmood subrayó que «el crimen con cuchillo es una crisis social, no un conflicto étnico».

Desde 2019, el Reino Unido ha endurecido notablemente las sanciones por delitos con arma blanca. La posesión de un cuchillo sin causa razonable puede conllevar hasta cuatro años de prisión. En 2023, el Gobierno prohibió los machetes y los llamados «zombie knives», y en 2025 se amplió la lista a ciertos tipos de espadas y cuchillos de hoja larga. Las ventas en línea están sujetas a controles estrictos de verificación de edad y las plataformas pueden ser procesadas penalmente por incumplimiento. En paralelo, las campañas de entrega voluntaria han retirado de los contenedores casi 60.000 cuchillos en el último año, de los cuales 47.000 eran tipo «zombie» y machetes.

El símbolo del cuchillo

El Reino Unido afronta desde hace más de una década un fenómeno que combina miedo, desigualdad y desconfianza. Los jóvenes que portan cuchillos, según información oficial, lo hacen por sentirse inseguros o por presión del grupo, entre otros motivos. En barrios marcados por el desempleo, el crimen y la precariedad, el cuchillo es para muchos, sobre todo en zonas de bandas juveniles, un símbolo de defensa y, al mismo tiempo, de amenaza.

Esa misma sensación de vulnerabilidad atraviesa episodios recientes que han sacudido al país. Esta misma semana, en Londres, un paseador de perros fue asesinado por un ciudadano afgano de 22 años que había llegado al Reino Unido como solicitante de asilo y que, según la Policía, padecía problemas mentales; y el ataque, que no fue clasificado como terrorismo, provocó indignación pública y reabrió el debate sobre la gestión migratoria y los controles de antecedentes de quienes buscan refugio.

Y el año pasado, la conmoción nacional había sido provocada por Axel Rudakubana, un adolescente británico de 17 años nacido en Cardiff de padres ruandeses, que irrumpió armado con un cuchillo de cocina en un taller musical infantil, asesinó a tres niñas de entre seis y nueve años e hirió a varias personas más. La investigación determinó que actuó solo, sin motivación terrorista, aunque en los primeros días se analizó una posible radicalización en línea, finalmente descartada por falta de pruebas.

La Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que las unidades de lucha antiterrorista colaboran en la investigación «para establecer las circunstancias completas y la motivación del incidente», aunque por el momento no se ha atribuido móvil alguno. No obstante, la policía descarta una motivación terrorista, según el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes. Los interrogatorios a los dos detenidos continúan por separado para comprobar si hay diferentes versiones.

Según testimonios recogidos por la prensa local, el caos se desató unos diez minutos después de que el tren saliera de Peterborough, cuando varios pasajeros comenzaron a gritar que alguien estaba apuñalando a la gente en los vagones delanteros. «Escuché que alguien gritaba ‘corran, corran, hay un hombre apuñalando a todo el mundo’, y al principio pensé que era una broma después de Halloween», relató Olly Foster, uno de los testigos entrevistados por la BBC. Explicó que al intentar ayudar a otros pasajeros notó su mano «cubierta de sangre» y que había «sangre por toda la silla» donde se había apoyado. Foster contó que un hombre mayor intercedió para proteger a una niña y resultó herido en la cabeza y el cuello, mientras otros pasajeros improvisaban torniquetes con chaquetas y ropa. El ataque, según su testimonio, duró entre diez y quince minutos, aunque «pareció eterno».

Sky News informó, citando a varios pasajeros, de que un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones fue visto posteriormente en el andén de la estación de Huntingdon, donde agentes armados le apuntaron con sus armas antes de reducirlo mediante el uso de una pistola táser.

El primer ministro, Keir Starmer, calificó el suceso como «un incidente atroz y profundamente preocupante» y exhortó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades locales. En una breve declaración, expresó su «solidaridad con las víctimas y sus familias» y agradeció la «rápida respuesta» de los servicios de emergencia.

La compañía ferroviaria London North Eastern Railway (LNER), operadora del tren afectado, ha pedido a los pasajeros que aplacen sus viajes, advirtiendo de que las interrupciones en la línea se prolongarán hasta el final de este domingo. Su director general, David Horne, publicó un comunicado en el que se declaró «profundamente consternado y entristecido por este grave incidente» y agradeció a los equipos de emergencia su actuación «rápida y profesional». Añadió que la empresa «hará todo lo posible para apoyar a sus clientes y empleados durante este difícil momento» y aseguró que la prioridad seguirá siendo el bienestar de todos los afectados.

El suceso ha reavivado el debate sobre la violencia con arma blanca en el Reino Unido, un fenómeno que, según datos oficiales, muestra una tendencia ascendente desde 2011. El Ministerio del Interior ha informado de que más de 60.000 cuchillos han sido incautados o entregados voluntariamente en el último año, como parte de una estrategia gubernamental para frenar los delitos con arma blanca. El propio Keir Starmer, antes de su llegada al cargo, describió el fenómeno como una «crisis nacional» que requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las comunidades locales y las fuerzas de seguridad. Portar un cuchillo en público sin una justificación razonable puede acarrear penas de hasta cuatro años de prisión.

El ataque en el tren de Huntingdon se produce apenas un mes después del apuñalamiento en una sinagoga de Mánchester, en el que murieron dos personas, un hecho que también generó conmoción dentro y fuera del país.

La Policía de Transporte Británica continúa recogiendo declaraciones y revisando grabaciones de cámaras de seguridad tanto en los vagones como en las estaciones de la línea afectada. Un portavoz del cuerpo señaló que se espera poder ofrecer información más detallada «una vez se haya completado el análisis forense y las entrevistas a testigos».

En la madrugada de este domingo, la estación de Huntingdon permanecía cerrada al público, custodiada por cordones policiales y unidades especializadas.

El jueves la ciudad fue bombardeada con un misil Iskander durante la madrugada. La letal potencia del proyectil logró volcar una furgoneta que todavía no ha sido retirada de lugar. Decenas de ventanas estallaron y de las pequeñas casas cercanas queda poco más que el esqueleto. Los afectados trataban de recomponer sus hogares cuando tres vehículos aéreos no tripulados rusos se abalanzaron sobre la misma área a plena luz del día.

«Llegamos ayer, estábamos ayudando a la gente y entonces atacaron los drones», explica Serguei de 24 años voluntario de la organización Los Ángeles Salvadores. El joven, por segundo día consecutivo, continúa repartiendo los paneles de contrachapado para parchear casas y apartamentos a sus paisanos. «La situación empeora cada mes. Los bombardeos son cada vez más frecuentes y hay drones sobrevolando la zona. Son muy malas noticias y el frente se acerca», resume el joven voluntario.

Rusia mantiene desde 2022 una macabra campaña para sumir a toda Ucrania en el frío y la oscuridad. Los bombardeos, por tercer año consecutivo, se han vuelto a intensificar este otoño. Ahora, Moscú trata de quebrar las instalaciones energéticas región por región. Los apagones de varias horas se han impuesto en casi todo el país y este año el inicio de la temporada de calefacción se retrasó.

La central térmica de Sloviansk, localidad hermana de Kramatorsk que forma parte del cinturón de ciudades libres en Donetsk, fue alcanzada el jueves. Dos trabajadores murieron. «La gente normal no libra guerras de esta manera, y el mundo debe responder como corresponde a este tipo de tácticas bélicas rusas», denunció el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski. El suministro eléctrico no es constante desde entonces y el ayuntamiento de Kramatorsk informó que los ascensores dejarán de funcionar.

Con la falta de luz aparece el traqueteo de los generadores se extiende por las calles Los bombardeos rusos afectan también a las conexiones móviles. El Kremlin quiere hacer inhabitable la región de Donetsk para expulsar a las personas que usó como parte de su excusa para atacar al país vecino.

Las tropas de Moscú aniquilan cualquier atisbo de vida a su paso y su objetivo final es dominar toda Ucrania. Los diferentes tipos de drones campan a sus anchas cada vez más cerca de las ciudades de primera línea. Pero las gentes del Donbás siguen plantando cara. A pesar de los ataques, los cortes de luz y el riesgo cada vez mayor, los pequeños empresarios de la zona se las arreglan para poder servir un café caliente.

Pokrovsk al límite

Cientos de soldados rusos en pequeños grupos han logrado infiltrarse en la fortaleza de Pokrovsk. La metrópolis del sur de Donetsk, hogar de 70.000 antes de la guerra, ha resistido una brutal campaña de asedio por más de un año. Desde Kiev admiten que la situación es «difícil» allí.

Zelenski destacó este viernes que «170.000 enemigos están concentrados en esta dirección. Es muchísimo». El presidente ucraniano afirma que, por ahora, «no hay cambios. Hay rusos en Pokrovsk, y los nuestros los están aniquilando poco a poco. Nuestras fuerzas controlan la situación«.

Sin embargo, soldados ucranianos desplegados en la zona ya han advertido días atrás al medio ‘Ukrainska Pravda’ que «Pokrovsk se está desmoronando demasiado rápido; no lo esperábamos».

Los indicios de ejecuciones sumarias de narcotraficantes a manos del Gobierno de Río están empañando la versión del gobernador, Claudio Castro, quien ha considerado un «éxito» la acción sobre la facción criminal Comando Vermelho (CV).

La Defensoría Pública del Río de Janeiro (DPRJ) es una de las organizaciones que han informado de graves indicios de ilegalidad durante la ofensiva conjunta contra el CV. El defensor Marcos Paulo Dutra, coordinador del Núcleo de Derechos Humanos de la DPRJ, señaló que las denuncias de violaciones son «muy preocupantes», incluyendo «cuchilladas» y «decapitaciones», así como torturas de detenidos.

«Hemos hablado con los especialistas para ponernos de acuerdo, para que las periciales se realicen con tranquilidad y con mucho trabajo conjunto y precisión, porque los informes que recibimos aquí en Peña son muy preocupantes», declaró el defensor, que relató también casos de disparos a quemarropa, en la cabeza, en la cara y en el pecho.

Dutra también afirmó que, pese a algunas declaraciones de familiares, aún no han confirmado casos de cuerpos descuartizados, pero sorprendió al decir que hay indicios de que entre los muertos hay adolescentes e incluso niños. El informe, que cuenta 132 cadáveres, once más que la cifra oficial, se refiere a «un menor con complexión física de un niño».

Los periodistas Pedro Kirilos e Igor Soares, del diario brasileño ‘Estado de São Paulo’, informaron de que vieron más de un cuerpo decapitado en el camino que hicieron dentro del bosque Serra da Misericórdia, frontera entre las dos favelas, Peña y Alemao.

Según los periodistas, los cadáveres retirados por los propios vecinos hasta la Plaza Sao Lucas, donde fueron expuestos al mundo, estaban «amarrados y con marcas de cuchilladas».

Una vecina que presenció la masacre, Tamara Ferreira, contó a la prensa que «hicieron un depósito de cadáveres allá dentro de la favela: abrieron los cuerpos como si fuesen médicos», además de haber visto una cabeza colgada de un árbol.

Asesinados tras entregarse

El ama de casa Elieci Santana, de 58 años, contó a la Agencia Brasil, que su hijo Fábio Francisco Santana, de 36 años, le envió un mensaje diciendo que se estaba entregando y compartiendo su ubicación. «Mi hijo se entregó, salió esposado. Y le arrancaron el brazo en el lugar donde tenía las esposas», declaró la madre sobre su hijo, que consta en la lista oficial de muertos.

Ese relato de ejecuciones tras haberse entregado y rendido es muy común entre las familias que vienen denunciando sus casos a organizaciones de gobierno y no gubernamentales de defensa de derechos humanos.

La cocinera Tauã Brito, cuyo hijo Wellington murió durante la operación, dice que muchos aún estaban vivos ayer (por el miércoles) en el bosque, a pesar de haber recibido disparos. «Fui al Getúlio (Hospital Getúlio Vargas) para pedir que subieran con nosotros, para que pudiéramos salvar a esos chicos. Nadie podía subir. Estaban vivos», relató.

Según ella, los residentes comenzaron a entrar al bosque para buscar a los heridos y sobrevivientes, solo por la noche, después que la Policía se fuera. «Nos quedamos allí, cada uno buscando a sus hijos, a sus familiares». Emocionada, la madre de un supuesto narcotraficante afirmó que sus protestas «no servirán de nada. Esa es la verdad. Porque aquí hay mucha gente llorando, pero fuera hay mucha gente aplaudiendo. Lo que hicieron fue una masacre», lamenta.

La conmoción que ha desatado a nivel internacional esta masacre con escenas dantescas ha movilizado a las autoridades federales del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva –quien no estaba en Brasil ni ordenó la operación–, y de la Fiscalía. El Ministerio Público Federal (MPF) le exigió al Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro que adoptase el «protocolo de identificación de víctimas de desastres» para los más de 120 cuerpos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció el refuerzo de los trabajos de seguridad pública en Río con el envío de veinte peritos criminales de la Policía Federal. Los expertos trabajarán en análisis de balística, genética forense, medicina legal y necropsia para la identificación de cuerpos, una medida para dar «transparencia, independencia técnica y respeto a los derechos de las víctimas y de sus familiares». Las acciones del Gobierno federal buscan responder a los cuestionamientos de las familias y tratar de confirmar o refutar las denuncias de ejecuciones y tortura, además de ofrecer apoyo a los que están en duelo, según informó en una nota la Defensoría.

La Policía Civil de Río de Janeiro difundió ayer la lista de los fallecidos identificados, confirmando que, al parecer, la mayoría eran miembros y líderes de la dirección nacional del Comando Vermelho. Según el secretario de Policía Civil, Felipe Curi, las investigaciones de inteligencia muestran que en las favelas Peña y Alemão se realizaban «entrenamientos de tiros, para que los marginales fuesen formados aquí y volvieran a sus estados de origen para diseminar la cultura de la facción».

La mayoría con antecedentes

Entre los 117 sospechosos muertos, al menos 78 tenían antecedentes criminales y 42 estaban prófugos. Un total de 39 muertos identificados eran de otros estados brasileños, incluyendo jefes de facciones de lugares tan distantes como Amazonas, Pará y Bahía.

A pesar de las críticas internas y externas, el gobernador Cláudio Castro (PL) mantuvo su posición sobre el éxito de la operación, asegurando que su gobierno continuará la lucha contra el crimen organizado. «Nuestro trabajo es librar a la sociedad del tráfico de drogas, de la milicia, de todo aquel que perjudica nuestro derecho de ir y venir», afirmó Castro en sus redes sociales.

El Consejo de Seguridad sometió a votación una resolución sobre el Sahara Occidental impulsada por EE.UU., el gran aliado de Marruecos en su ambición por resolver el conflicto de una manera en la que el territorio quede bajo soberanía del país.

La resolución buscaba renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), que ha sido liderada por el diplomático Staffan de Mistura. Pero, de forma decisiva, el texto reconocía el plan marroquí, ideado en 2007, como la «solución más seria, creíble y realista» para el Sahara Occidental y como la base para las negociaciones que se deben desarrollar a partir de ahora para «conseguir una solución política final y aceptable por todos que procure autodeterminación para el pueblo del Sahara Occidental». Es decir, que respalda la solución marroquí para acabar con el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, que tiene el apoyo de Argelia.

«EE.UU. da la bienvenida a esta histórica votación, que se apoya en este momento único y aprovecha el impulso hacia una paz en el Sahara Occidental que tarda mucho en llegar», reaccionó el embajador de EE.UU., Mike Waltz, que fue durante unos meses el consejero de seguridad nacional de Donald Trump.

«Pedimos a todas las partes que vengan a la mesa de negociación en las próximas semanas para implicarse en discusiones serias y con la propuesta de autonomía creíble y realista de Marruecos como la única base para una solución justa y duradera a esta disputa», añadió.

Trump ha sido, de hecho, pieza central del proceso que acaba de tomar gran impulso en la ONU. Marruecos presentó ante la ONU en 2007 una propuesta que plantea que la «región autónoma del Sahara» disponga de competencias administrativas, judiciales y económicas propias, mientras que asuntos como defensa, exteriores, moneda, bandera y religión quedarían bajo control del Estado central. Según la propuesta, los saharauis tendrían un gobierno y un presidente elegido por el parlamento regional, posteriormente investido por el rey de Marruecos.

El impulso de Trump

En la recta final de su primer mandato, a finales de 2020, Trump respaldó ese plan marroquí. Fue una contrapartida a la decisión de Marruecos de normalizar sus relaciones con Israel a través a los Acuerdos de Abraham, el gran éxito diplomático de Trump hasta la fecha. Casi a la vez, el presidente norteamericano reconoció la soberanía marroquí sobre la excolonia española. Fue un intercambio de favores entre ambos aliados.

A partir de ese momento, todo cambió y poco a poco los países europeos se fueron sumando a este respaldo al plan marroquí. El giro más importante lo protagonizó el Gobierno español de Pedro Sánchez, quien, en marzo de 2022, cambiaba la postura histórica de España. Francia, Bélgica y el Reino Unido también validaron la autonomía marroquí como la «opción más creíble». En total, Rabat logró ampliar significativamente sus apoyos con cerca de 125 países consideran que es un marco viable para buscar una solución.

Tras estos reconocimientos, quien quedó en una posición de casi hundido fue el Frente Polisario. Desde su fundación, el Frente Polisario ha sido considerado como el interlocutor del pueblo saharaui (primero contra la ocupación española) y después contra el control marroquí. Durante este tiempo, ha ido perdiendo apoyos entre los Estados occidentales al tiempo que ha mantenido estrechas relaciones con la Unión Africana, Rusia, China y sobre todo, Argelia, que es su principal valedora.

De hecho, la de Argelia fue la única voz discordante en la sesión del Consejo de Seguridad. Rusia y China, dos de los cinco países con derecho a veto en el organismo -los otros son EE.UU., Reino Unido y Francia-, y los únicos que podían hacer descarrilar la resolución, optaron por abstenerse. Como también lo hizo Pakistán. Once países votaron a favor. Y Argelia se negó incluso a participar en la votación.

«El texto no refleja la doctrina de la ONU sobre descolonización, cuya implementación ha permitido que muchos países estén representados aquí», protestó su embajador, Amar Bendjama. «La decisión sobre el futuro del Sahara Occidental no puede pertenecer a nadie más que al pueblo bajo dominio colonial».

El rey Mohammed VI de Marruecos tenía previsto pronunciar un discurso al pueblo marroquí para celebrar el impulso a su plan por parte de la ONU.

La operación y las muertes ocurrieron el martes, cuando Lula estaba incomunicado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) sin internet, de vuelta de una gira diplomática a Asia. Según Lewandowski, Lula reaccionó con «horror» y «sorpresa» al conocer el número de muertes y convocó inmediatamente a una reunión con sus principales ministros, que duró tres horas, el miércoles.

La medida siguiente fue sancionar leyes más duras, publicadas el jueves en el ‘Diario Oficial’. La Ley 15.245 modifica el Código Penal y la Ley de Organizaciones Criminales, tipificando delitos de obstrucción de acciones contra el crimen organizado y conspiración para obstrucción, con penas de reclusión de cuatro a doce años.

En ambos casos, el texto enfatiza que la prisión provisional del investigado deberá cumplirse en un establecimiento penal federal de seguridad máxima, incluso antes del juicio. Además, la legislación aumenta la protección personal de autoridades judiciales, fiscales y agentes de seguridad en riesgo. La ley busca cerrar las brechas para los líderes y mandantes de crímenes, y evitar su influencia desde las cárceles.

En el plano político, Lewandovski, que había intercambiado críticas con Castro, ha establecido una alianza de última hora con el gobernador de Río, con el anuncio de la creación de una oficina de emergencia para mejorar la integración de las esferas federal y estatal contra el crimen organizado.

«Es un foro donde las fuerzas van a conversar entre sí, tomar decisiones rápidamente hasta que la crisis sea superada. Este es el embrión de aquello que queremos crear con la legislación de la Seguridad Pública», afirmó el ministro.

El Gobernador Castro, que días antes había acusado al Gobierno Lula de dejarlo «solo en esta guerra», se mostró alineado, y reforzó que el objetivo es eliminar las barreras para hacer «una seguridad pública que atienda a nuestro verdadero y único cliente, que es el ciudadano».

Lula defiende estrategia coordinada

En sus redes sociales, el presidente Lula defendió la necesidad de un trabajo coordinado para golpear la «espina dorsal del tráfico» sin poner en riesgo a inocentes. Lula citó como ejemplo la Operación Carbono Oculto de agosto, realizada en Sao Paulo, que golpeó a otra facción, el Primer Comando de la Capital (PCC), por bloquear sus fuentes de blanqueo de fondos. El caso ha sido recordado por usar la inteligencia policial y sin dar un solo tiro.

El mandatario también pidió la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de la Seguridad que envió al Congreso Nacional, para garantizar que las diferentes fuerzas policiales actúen de manera conjunta en el enfrentamiento a las facciones criminales. Lula ha dejado claro que prefiere una estrategia que ataque las finanzas y bloquee el abastecimiento de armas al crimen, en contraposición al modelo de confrontación directa y alta letalidad como la operación de Río.

Riesgo político de Castro

La Operación Contención, llevada a cabo por las Policías Civil y Militar de Río, ha sido duramente criticada por la ONU, movimientos sociales, ONG de Derechos Humanos y expertos, que la han calificado de «masacre» y «carnicería».

En medio de la crisis de seguridad, el Gobernador Claudio Castro enfrenta un riesgo político inminente. La presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Carmen Lucía Antunes Rocha, marcó para el próximo martes el juicio de dos acciones que podrían llevar a la casación e inelegibilidad de Castro y otros aliados, acusados de abuso de poder político y económico en otro caso que vincula al político en un escándalo de corrupción electoral. Para aliados de Castro, la acción de la jueza estaría coordinada con el Gobierno Lula, al pautar el asunto justo en el momento de la repercusión de la operación.

El juicio puede colocar en riesgo la carrera del gobernador y llevarlo incluso a una destitución, en un momento en que Castro apuesta en su reelección el próximo año.

Desde las favelas atacadas, donde viven más de 100 mil personas, el escenario es desolador después de la exhibición de más de 60 cuerpos en una plaza de la favela Peña. Los testimonios recogidos en la prensa local traen denuncias de tortura, de ejecuciones sumarias, incluso de personas rendidas. La fiscalía de Río de Janeiro ha solicitado a la policía que entregue las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

«Encontramos muchos muertos sin camisa, fusilados, con manos y dedos amputados y también decapitados», declaró a Agencia Brasil un vecino que participó en el rescate de cuerpos en la madrugada en el bosque vecino a la favela. La mayoría de las declaraciones son anónimas.

«Muchos cuerpos estaban deformados, con perforaciones en el rostro, perforaciones de cuchillo, cortes de huellas dactilares, dos cuerpos decapitados, la mayoría de los cuerpos no tenía cara, esa era la condición», contó Erivelton Vidal Correa, presidente de una asociación comunitaria.

Madres y familiares denunciaron que sus hijos enviaron mensajes o audios indicando que se estaban rindiendo antes de morir. «Mi hijo se entregó, salió esposado. Y le arrancaron el brazo», afirmó Elieci Santana, madre de una de las víctimas, cuyo relato es común entre las familias. Los propios habitantes tuvieron que retirar decenas de cuerpos del bosque en camionetas, en un intento desesperado por llevar heridos al hospital.

Geert Wilders, el populista de extrema derecha que ganó ampliamente las elecciones en 2023 coqueteando con la idea de la salida de Holanda de la UE, tiene ahora prácticamente cerradas casi todas las puertas para volver a formar una coalición de gobierno. En contraposición, el liberal y fervientemente proeuropeo Rob Jetten ha sido premiado con un ascenso meteórico en los últimos días de la campaña y tiene muchas posibilidades de convertirse en primer ministro.

Por ahora, lo único que falta por saber es cuál de los dos partidos tiene el mayor número de votos directos, para establecer quién puede decir que ganó las elecciones. La primera reacción de Wilders, antes del final del recuento oficial, daba a entender que no cedería fácilmente su posición. «El PVV quiere liderar la formación de un nuevo gobierno si nos convertimos en el partido más votado. Mientras no haya total claridad al respecto, el D66 no podrá iniciar su labor de exploración. Haremos todo lo posible para impedirlo», publicó en redes sociales.

Sin embargo, toda la prensa holandesa, sin excepciones, ha dado como vencedor a Rob Jetten teniendo en cuenta que el mensaje de los electores parece lo bastante evidente. En todo caso, aparte de algunos colegios electorales donde se habían producido problemas técnicos menores, en realidad solo faltan por escrutar los últimos votos de los residentes en el extranjero. En este caso se prevé que los resultados de los aproximadamente 90.000 neerlandeses que votaron a distancia y se calcula que podrían darle un escaño más al D66. Se conocerán a partir del lunes por la tarde, según ha anunciado el Ayuntamiento de La Haya, que es el responsable del recuento de estos votos. En todo caso, a escala nacional, D66 ha obtenido más de 15.000 votos por encima del PVV.

Esta perspectiva abre la puerta a que sea Rob Jetten el encargado de iniciar las consultas para convertirse en primer ministro, en sustitución del independiente Dick Schoof, ahora mismo en funciones. Si como todo parece indicar llega a ocupar este puesto, Jetten, de 38 años, sería la persona más joven en ocupar el cargo desde la Segunda Guerra Mundial y el primero abiertamente homosexual.

Tercera fuerza

El tercer puesto en número de escaños lo ocupará el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), también liberal, aunque considerado más conservador respecto a sus socios de D66. El VVD ha estado en todas las coaliciones de gobierno en este país desde el siglo pasado y, aunque ha perdido dos escaños, mantiene 22 y resiste como tercera fuerza política. De su experiencia en la inestable coalición con el excéntrico Geert Wilders, su nueva líder Dilan Yesilgöz –la sucesora de Mark Rutte–ha logrado atraer a muchos votantes que hace dos años apoyaron al PVV (según las encuestas un 15%).

Sin embargo, el gran prodigio es lo que ha logrado Jetten, que ha sabido atraer desde votos del PVV (un 5%), de los conservadores del NSC (afiliados al Partido Popular Europeo y que han perdido todos sus escaños) y sobre todo de la coalición entre verdes y socialistas (GroenLinks-PvdA) que le habría transferido un 20% de sus votantes. El candidato de esta coalición de izquierdas, el ex vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que llegó a soñar con ser aupado al puesto de presidente del Ejecutivo comunitario, anunció anteanoche su dimisión después de dos intentos fallidos de hacerse con el Gobierno de su país.

El gobierno de coalición formado por cuatro partidos después de las elecciones de 2023 se derrumbó en junio pasado, cuando el propio Geert Wilders decidió abandonarlo alegando que se estaban frustrando sus esfuerzos por llevar a cabo la «política de asilo más estricta de la historia». La Cámara Baja del Parlamento holandés cuenta con 150 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 76 diputados.

Las imágenes han dejado en shock a la opinión pública de Brasil y del mundo por haber ocurrido en dos favelas de la zona norte de Río de Janeiro, los complejos de Alemão y Peña, donde viven más de 100.000 personas, la mayoría una población pobre que trabaja en los barrios ricos de la ciudad. En las calles de barrios de clase media, la gente se cuestiona, que las víctimas podrían ser personas que trabajan en sus casas. De hecho, el ritmo de la ciudad ha sido afectado en el transporte, en las escuelas y en los hospitales.

La operación, ordenada por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha levantado una discusión política que será central en las próximas elecciones entre el bolsonarismo y el petismo, representado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La acción liderada por Castro, que es bolsonarista, ha sido comparada inclusive con una realizada por el Gobierno brasileño hace poco más de un mes, en São Paulo, en que fueron capturados líderes de otra facción, el PCC (Primer Comando de la Capital) sin que se diera ningún tiro y asfixiando financieramente al grupo.

La comparación ha puesto en jaque el argumento de Castro, que dice haber planeado la operación durante un año, y ha sido cuestionada por no haber sido consultada al Gobierno central, en un momento en que el presidente Lula da Silva estaba fuera del país, retornando de una gira diplomática en Asia.

Castro, aliado al expresidente Jair Bolsonaro, fue defendido por bolsonaristas, entre ellos, el senador Flavio Bolsonaro, favorable a una estrategia como la que fue usada por Castro, el martes. Del otro lado, el gobierno Lula y sus ministros vienen defendiendo la estrategia usada en la Operación Quasar, de São Paulo, más enfocada en inteligencia y que golpea los esquemas de blanqueo de fondos de los narcotraficantes.

Castro, que inicialmente había defendido la operación, asegurando que estaba autorizada por el Poder Judicial y acompañada por la Fiscalía, admitió más tarde que la acción podía haber excedido sus límites. «Esta es una guerra que está pasando los límites que el estado (de Río de Janeiro) debería estar defendiendo solo. Para una guerra de esta, que nada tiene que ver con la seguridad urbana, deberíamos tener un apoyo mucho mayor. En este momento, quizás hasta de las Fuerzas Armadas», señaló en sus primeras declaraciones. Más tarde, replicado por el ministro de justicia, Ricardo Lewandowski, admitió que no había consultado al equipo del Gobierno Lula.

Un traslado macabro

El macabro traslado a la plaza fue una iniciativa de los propios vecinos para facilitar la identificación por parte de los familiares. Muchos de los cuerpos presentaban heridas de bala, e incluso algunos tenían el rostro desfigurado. «En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido a lo que estoy viendo hoy. Es algo nuevo. Brutal y violento a un nivel desconocido», declaró a la prensa el activista Raull Santiago, que ayudó en el traslado de los cuerpos.

Los cadáveres, recogidos en una zona de monte vecina a la favela donde se concentraron los feroces enfrentamientos el martes, no figuraban en el balance oficial de 64 muertos, incluídos entre ellos cuatro policías, difundidos el día anterior por el equipo del gobernador, que anunció el número primero como una victoria del Estado contra el crimen organizado, y que ha retrocedido en esa posición tras las críticas desde el Gobierno, de la defensoría pública, de organizaciones de defensa de derechos humanos e incluso de la ONU.

«Estamos horrorizados con la operación policial en curso en las favelas de Río de Janeiro, que supuestamente ya ha resultado en la muerte de más de 60 personas, incluyendo cuatro policías», publicó en una red social el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Letalidad policial

A nivel nacional, la Defensoría Pública de la Unión (DPU) emitió una nota repudiando el aumento de la letalidad policial y criticó que las acciones estatales «no pueden resultar en ejecuciones sumarias, desapariciones o violaciones de derechos humanos», especialmente en comunidades marginadas. La DPU recordó que la Corte Suprema brasileña homologó a principios de año un plan para reducir la letalidad en Río, estableciendo el uso excepcional de las operaciones como forma «de garantizar la seguridad pública en consonancia con la protección a la vida« desde el Estado.

Mientras tanto, en la sede del Instituto Médico Legal (IML) cientos de personas llegadas desde diversos puntos del estado se aglomeraban en busca de información sobre familiares. En entrevista a la Agencia Brasil, una mujer, identificada como Carol Malícia, relató que su pareja, Vitor, padre de su hija, le había contactado el martes diciéndole que estaba «acorralado» y que no sabía si iba a «soportar por mucho tiempo». Según el medio, el hombre fue encontrado más tarde herido. Otro familiar, que prefirió el anonimato, criticó la forma deshumana en que se encontraron los cuerpos: «Los dejaron ahí tirados, desnudos. Ni a un animal se le trata así, no importa lo que haya hecho la persona», declaró.

Por su parte, el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le ordenó a la Fiscalía General de la República (PGR) que se manifieste en 24 horas sobre la operación. El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le solicitó al Supremo que el gobernador Cláudio Castro presentase un informe detallado con la justificación formal de la acción y las medidas para asegurar la responsabilidad de los agentes.

La operación, denominada Contención, que según Castro llevó un año de planificación y que involucró a 2.500 agentes policiales, buscaba cumplir un centenar de órdenes de prisión e impedir la expansión territorial del Comando Vermelho, una organización que, según el Mapa de Grupos Armados, ha sido la única en aumentar su control territorial en el estado, alcanzando más del 51% de las áreas dominadas por grupos armados. La Policía Civil reportó la incautación de más de cien fusiles, pistolas y granadas, además de más de cien detenciones.

La anticipación, in crescendo desde hace semanas, resulta mayúscula y la incertidumbre ha estado a la par. China no ha ofrecido anticipo alguno hasta la víspera. «El presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump mantendrán un profundo intercambio de opiniones sobre cuestiones estratégicas y de largo alcance relativas a los vínculos bilaterales, así como los principales asuntos de interés común», ha confirmado, lacónico, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun durante la rueda de prensa diaria del organismo, a menos de veinticuatro horas vista.

Los detalles respecto a dónde y cuándo siguen siendo un misterio. La reunión tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Busan, a priori en un salón de recepciones del Aeropuerto Internacional de Gimhae, según ha aventurado la prensa local. Este espacio, llamado Narae Maru, cuenta con la particularidad de encontrarse dentro de una base militar de la fuerza aérea surcoreana.

Un entorno blindado a disposición de los hombres más poderosos del mundo, en línea con el secretismo imperante, y también una prudencia ante las manifestaciones anti-China y anti-Estados Unidos acaecidas hoy –aunque marginales en número– en Seúl. Narae Maru, recientemente renovado, ya acogió en 2019 una cumbre de Corea del Sur con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

El cara a cara, por tanto, se aleja de su escenario previsible, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la vecina ciudad de Gyeongju y que cuenta con la asistencia de múltiples mandatarios internacionales. Esta cita ha quedado reducida a poco más que una excusa, dado que la comitiva estadounidense ya ha confirmado que Trump, tras hacer acto de presencia en la cena oficial de este miércoles, no participará en el evento. Sí lo hará Xi, quien aprovechará para entrevistarse, entre otros, con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la recién elegida primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

La mejor arma

«China está dispuesta a realizar esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para lograr resultados positivos y ofrecer una nueva orientación e impulso al desarrollo estable de las relaciones […]. Daremos a conocer los detalles de la reunión a su debido tiempo», ha añadido Guo, con la parquedad característica del sistema pero con un marcado tono constructivo que ha evitado mención explícita a las disputas.

Los aranceles universales que Trump anunció con fanfarria el pasado mes de abril pronto se focalizaron en China, dado que el gigante asiático fue el único contendiente que golpeó de vuelta. Comenzaba así la segunda edición de la guerra comercial iniciada en el primer mandato del presidente, cuyo legado más sustancial quizá consista en haber llevado la relación de Occidente con China al terreno de la confrontación explícita.

El intercambio sucesivo de impactos elevó los aranceles estadounidenses al 145% y los chinos al 125%, un embargo oficioso que amenazaba con aniquilar los intercambios entre las dos primeras economías del mundo, valorados el año pasado en 650.000 millones de dólares (558.000 millones de euros). En este segundo asalto, no obstante, China estaba preparada y tenía dispuesta su mejor arma: las tierras raras.

Las restricciones a la exportación de estos materiales esenciales para la industria global, cuya producción China monopoliza, abortaron el primer acercamiento entre sus equipos negociadores, encabezados por el secretario del Tesoro Scott Bessent y el viceministro de Comercio He Lifeng.

A aquella tentativa inicial, celebrada en mayo en Ginebra, le siguieron otras tres –Londres en junio, Estocolmo en julio y Madrid en septiembre–. Todo parecía encaminado a una tregua cuando, hace tres semanas, China redobló por sorpresa su régimen de restricciones, ante lo que Trump blandió nuevos aranceles del 100%.

Cuentas pendientes

Otra reunión este domingo en Kuala Lumpur sorteó esta última desavenencia y alumbró un «acuerdo preliminar», listo para la ratificación definitiva de Xi y Trump. Sus detalles constituyen un misterio, pero los comentarios de uno y otro lado apuntan que EE.UU. podría rebajar los aranceles del 20% derivados del tráfico del fentanilo mientras que China retomaría la importación de soja. Dos medidas que, por sí solas, ni siquiera suponen un retorno al status quo anterior a abril.

Otras dos cuestiones medirán la solidez del entendimiento. En primer lugar, y por extensión lógica de la dinámica precedente, lo que suceda con las tierras raras. Bessent daba a entender este domingo durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC que esperaba que China postergara la implementación de sus últimas restricciones «durante un año para reexaminarlas».

A cambio, EE.UU. cancelará la entrada en vigor de su última ronda de aranceles y tampoco aplicará medidas restrictivas. Ahora bien: no deja de resultar revelador que durante su gira asiática Trump haya firmado acuerdos para la colaboración en materia de tierras raras con cinco países –Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya–, como antes hiciera con Australia y Ucrania. Tampoco Xi se lleva a engaño: los avances del nuevo plan quinquenal, difundidos esta semana, enfatizan la idea de la autosuficiencia y la innovación tecnológica.

En segundo lugar, toda mención –Xi dixit– a «la cuestión más sensible en la relación»: Taiwán. China desearía que Trump expresara su rechazo a la independencia o, incluso más allá, su apoyo a una «reunificación pacífica». El régimen considera al territorio, autónomo de facto, una provincia rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por las armas. «No renunciaremos bajo ninguna circunstancia al uso de la fuerza y nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas necesarias», ha reiterado este jueves Peng Qing’en, portavoz de la Oficina China para Asuntos de Taiwán.

Sea como fuere, ambos mandatarios lucirán en el encuentro sus perfiles favoritos. Trump, el de «Nobelable» hombre de entendimiento. Xi, el de fuerza indiscutible capaz de sentar a la mesa a todo un presidente de EE.UU. Un diálogo que no pretende cooperación, sino convivencia, lo suficientemente ambiguo como para confundir paz con tregua.

Misiles desde Corea del Norte

Al comienzo de su gira asiática, Trump pedía a la prensa que «difundiera el mensaje» de que estaba «dispuesto al cien por cien» a reunirse con Kim Jong-un. «No hay muchos otros mecanismos aparte de Internet, tienen muy poco servicio telefónico», explicaba. Corea del Norte, no obstante, tiene su propio lenguaje.

El régimen ha saludado el desembarco del presidente estadounidense en la península con el disparo de un «misil de crucero estratégico mar-superficie», según la agencia oficial KCNA. Un ensayo armamentístico a modo de respuesta, negativa, a las reiteradas invitaciones de Trump a mantener una cumbre improvisada a su paso por la región, como ya hiciera en 2019 tras el G20 de Osaka.

Claro que este también posee su propio lenguaje. «Conozco a Kim Jong-un muy bien, nos llevamos muy bien», aducía. «No hemos conseguido encontrar el momento».