Author: rb809rb

En medio de una ardua batalla política en el Congreso, el gobierno de Javier Milei anunció la retirada, al menos de forma temporal, de su reforma de la norma que regula la venta de tierras en Argentina a extranjeros.

Este jueves el Senado argentino debe votar un proyecto llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incluía una controvertida reforma de las normas que regulan la venta de tierras en el campo argentino a extranjeros.

Según el gobierno, la iniciativa tiene el objetivo favorecer nuevas inversiones, fortalecer la propiedad privada y eliminar restricciones que considera arbitrarias e ineficientes.

Sin embargo, algunos aliados parlamentarios del oficialismo, gobernadores de provincias, organizaciones sociales y opositores habían mostrado su rechazo a la reforma al considerar que favorecía a los grandes capitales extranjeros con graves consecuencias sociales y ambientales.

En un principio, para evitar una derrota en el Senado, el gobierno ofreció subir del 15% al 25% el límite máximo de tierras que pueden ser propiedad de extranjeros, luego que fracasara su intento de una liberalización total de las reglas.

Pero esa concesión no fue suficiente y este miércoles la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, anunció la retirada del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el objetivo de que esta última sea aprobada en la sesión del jueves.

Este proyecto legislativo lleva meses empantanado en la Cámara Alta y su votación ya fue pospuesta en julio por falta de acuerdo.

Bullrich dijo en un comunicado que la eliminación del capítulo III de la norma que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011, “fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”.

“La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, señala el comunicado.

1- Qué proponía la reforma

El plan del gobierno de facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros era la parte más controvertida de un proyecto mucho más amplio, bautizado por el Gobierno como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Esta ley, enviada al Congreso en marzo, contempla acelerar los desalojos de personas, obstaculizar la expropiación de tierras y reducir la protección de áreas afectadas por incendios, entre otros aspectos.

El proyecto busca eliminar distintas normas relacionadas con la regulación de la propiedad de los suelos que el gobierno de Milei considera un obstáculo para la inversión y a la seguridad jurídica.

En su tercer capítulo, ahora retirado, la iniciativa proponía derogar el corazón de la Ley 26.737 de Tierras Rurales que está vigente en el país desde 2011 y que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández.

Esa ley establece, entre otras cosas, que los extranjeros no pueden ser dueños de más de un 15% de las tierras del país, de cada provincia y de cada municipio.

Además, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas por cada propietario extranjero y regula la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, zonas de frontera y áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.

El límite de propiedad individual de hectáreas se refiere a aquellos terrenos que están en “zonas núcleo”, es decir, las tierras agrícolas de mayor productividad.

Por otro lado, la ley actual también señala que los extranjeros no pueden adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes ni, en principio, inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Lo que buscaba el gobierno era eliminar todas esas restricciones. Sin embargo, por falta de votos, tuvo que frenar la iniciativa.

Nada más llegar a la Casa Rosada, Milei intentó derogar la Ley de Tierras vigente a través de un decreto en diciembre de 2023, pero tuvo que dar marchas atrás por falta de respaldo.

Y en esta ocasión, el oficialismo hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurar los votos, aunque finalmente no lo consiguió.

2- Por qué defiende la reforma el gobierno de Milei

El Gobierno sostiene que su proyecto permitirá atraer inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario rural y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Por eso, plantea, es necesario eliminar las trabas que impone la ley vigente.

“En su estado actual, es una ley que prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal”, dijo en mayo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, frente a las Confederaciones Rurales Argentinas.

Sturzenegger agregó que si se derogaba la ley de 2011, Argentina podría obtener inversiones cercanas a los US$15.000 millones, sin dar detalles sobre el origen de esos capitales.

El objetivo del oficialismo es eliminar las regulaciones que, bajo su prisma, limitan el desarrollo económico de zonas que, con grandes inversiones extranjeras, podrían transformarse en tierras productivas.

Roberto Frenkel, presidente de la empresa inmobiliaria rural Bullrich Campos y partidario del proyecto oficialista, asegura que las regulaciones han profundizado el atraso en zonas que prosperarían si los capitales ingresaran libremente.

“Hay una demonización del extranjero, pero las provincias necesitan inversión”, le dijo a BBC Mundo antes de conocerse la retirada de la reforma sobre la extranjerización de la tierra.

La inversión extranjera, agregó, no va a generar pobreza ni va a afectar los recursos naturales.

Al contrario, afirmó, “la tierra no da nada si no la trabajas” y lo que se necesita es producir riqueza, generar empleos y desarrollo, independientemente de que sea un argentino o un extranjero el que invierte.

Ante las críticas sobre el peligro para la soberanía nacional de la venta de extensas áreas de tierra en zonas fronterizas, los defensores de la reforma sostienen que el suelo siempre seguirá siendo parte del territorio argentino, aunque el propietario tenga otra nacionalidad.

Uno de los argumentos centrales de esta postura es que no existe una justificación económica para restringir la compra de tierras, como tampoco una geopolítica vinculada a las fronteras del país.

También defienden que el proyecto del gobierno no tendría un impacto negativo en las comunidades locales, ni en los pequeños agricultores o los recursos naturales.

“Son tierras abandonadas”, dijo Frenkel.

El gobierno también ha señalado que imponer límites únicamente por la nacionalidad del comprador viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de cualquier inversor que desee adquirir tierras para desarrollarlas.

Y señala que Argentina debe competir con naciones vecinas como Uruguay y Brasil, que imponen menos restricciones a los capitales extranjeros.

3- Qué dicen sus detractores

Los que se oponen a la reforma del gobierno Milei -organizaciones sociales, rurales, ambientales, grupos de científicos y legisladores de oposición- han articulado una serie de argumentos para defender la Ley de Tierras vigente desde 2011.

Las voces críticas aseguran que la tierra es un recurso estratégico que no se puede comparar con una inversión privada en cualquier otro tipo de activo.

“Es una extranjerización de tierras que favorece a las grandes corporaciones multinacionales”, dijo Matías Oberlin, historiador y miembro del Observatorio de Tierras, en diálogo con BBC Mundo.

Oberlin defiende que no es una posición contraria a personas extranjeras que quieran mudarse a Argentina, sino un rechazo a que los grandes fondos de inversión o los magnates hagan negocios sin ninguna regulación.

“Querían vender Argentina”, dice Oberlin.

A los opositores les preocupa que la reforma del gobierno aumente la concentración de la propiedad de la tierra, en detrimento de los pequeños y medianos productores y de las comunidades locales.

El Observatorio de Tierras publicó un estudio en el que señala que cerca de un 5% del territorio argentino está en manos de propietarios extranjeros. Una de las claves de la discusión no se centraba en la cantidad de tierras, sino en las zonas estratégicas donde estas se encuentran.

El análisis señala que, si bien actualmente son 13 millones de hectáreas las que se encuentran en manos de extranjeros, su distribución no es homogénea.

Mientras en algunas partes del país las propiedades extranjeras son escasas, en otras superan los límites de la legislación actual.

Aquellas zonas que generan especial interés comercial, agrega el informe, contienen recursos estratégicos como agua dulce, minerales, bosques, puertos y pasos fronterizos. “Son puntos críticos”, advierte Oberlin.

El investigador afirma que han detectado 36 departamentos (unidades territoriales dentro de las provincias) en los que las tierras compradas por empresas o indivíduos extranjeros superan el límite de 15% establecido por la ley vigente.

Esos departamentos, explica, están ubicados en zonas cercanas a límites territoriales y son ricas en recursos naturales.

La reforma impulsada por el gobierno Milei, argumentaban sus detractores, podía causar graves perjuicios en la Patagonia y otras zonas del país, poniendo en riesgo acuíferos, lagos, humedales o reservas de agua dulce.

También argumentaban que la venta de tierra a extranjeros en zonas fronterizas podría favorecer las actividades del crimen organizado y poner en riego la soberanía nacional.

Ahora que el proyecto ya no incluye la extranjerización de tierras, los críticos continúan oponiéndose al resto de la ley que debe votar el Senado este jueves por sus efectos en expropiaciones, desalojos y las normas que regulan el uso de las tierras quemadas.

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César Gastélum, un influencer de 25 años, estaba transmitiendo en vivo con dos amigos frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa, cuando dos hombres en moto se acercaron, le dispararon en la cabeza y lo mataron.

El ataque, ocurrido el martes en la noche, quedó grabado por su cámara: lo vieron, en directo, cientos de los 500.000 seguidores que tenía “Cesarín”, un joven creador que compartía contenidos de humor, retos, estilo de vida, viajes, vida nocturna y autos.

Se suma a la lista de al menos diez influencers ejecutados en el estado del noroeste mexicano desde que empezó la guerra entre las facciones del cartel de Sinaloa, hace dos años.

Gastélum, según lo que han divulgado las autoridades, no estaba amenazado ni era investigado, como pudo ocurrir en otros casos de creadores asesinados.

Compartía contenido sobre el lujo y antes había publicado material en la tumba de Leobardo Aispuro, “El Gordo Peruci”, otro influencer asesinado en 2024.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, señala un escueto comunicado de la Fiscalía sinaloense, sin dar más detalles.

La prensa local atribuyó las alusiones a un reciente contenido sobre “La Mayiza”, una facción del cartel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada, el capo convicto en Estados Unidos cuyo arresto desató una guerra interna.

Los gobiernos local y federal, en palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometieron investigar y dar con los responsables materiales e intelectuales.

La mayoría de los homicidios de creadores, sin embargo, siguen en la impunidad y no hay registro oficial de una categoría que los tipifique ante la ley.

De manifiesto queda, en todo caso, que muchos creadores de contenido, no solo en Sinaloa, adquirieron un rol protagónico de la vida criminal en México que los ha convertido, cada vez más, en objetivo.

“El algoritmo y el narco promueven lo mismo: llegar rápido al consumo y al lujo como valores máximos”, analiza Claudia Arruñada, experta en comunicación de la Universidad Iberoamericana en México.

“Cuando el modelo del éxito ya no es construir una carrera metódica, sino más bien una carrera meteórica, las redes sociales y el narcomundo terminan involuntariamente siendo aliados”, le dice a BBC Mundo.

Un fenómeno opaco

En enero de 2025, desde una avioneta cayeron sobre las calles de Culiacán unos panfletos que acusaban a 25 influencers y músicos, entre ellos el famoso Peso Pluma, de estar vinculados a “La Mayiza”.

Cuatro de esos nombres ya habían sido ejecutados, y aparecían en el volante como “ELIMINADO”. Dos fueron asesinados desde entonces.

Gastélum no estaba en la lista ni era investigado por las autoridades por posibles vínculos con el crimen, pero su brutal asesinato inevitablemente será interpretado por muchos como parte de una aparente tendencia.

La tendencia del “narcoinfluencer“, que parte de un fenómeno opaco y cuya magnitud es difícil de estimar: algunos sí trabajan para el narco, pero otros, tal vez la mayoría, están atrapados en ese contexto o son periodistas ciudadanos que investigan el tema.

Mucho de lo que se sabe, además, ha surgido después de que Estados Unidos decidiera investigar y sancionar a cientos de mexicanos supuestamente involucrados con el narco.

Las indagaciones están en curso y la mayoría de los creadores acusados han negado cualquier tipo de implicación.

La explicación de por qué los matan tal vez no sea, necesariamente, que estén involucrados en prácticas ilegales: ser joven, visible y ostentoso en Culiacán hoy te puede convertir en blanco.

La nueva forma de publicidad del narco

Los carteles en México son multinacionales con variadas ramas de negocios que, como cualquier empresa, incluyen un área de publicidad.

Varios estudios universitarios han encontrado que los carteles usan a creadores de contenido como una suerte de community managers para dar a conocer sus aspiraciones y posiciones.

Cuando se enfrentan entre ellos, además, los activos de propaganda de un bando, como un influencer, se vuelven blanco del otro.

Así como durante años han usado a los músicos para glorificar a sus líderes o reciclar el mito del bandido social en lo que luego se denominó “narcocorridos”, hoy algunos influencers son quienes ayudan en esa labor publicitaria.

“Y lo hacen, promueven la narcocultura, de manera mucho más eficiente que la canción, porque ya no es con metáforas, no es una ficción, sino alguien mostrando la que supuestamente es su propia vida y vinculándola con esas estructuras simbólicas del narco”, dice Arruñada.

Un estudio del Colegio de México encontró que sobre todo en TikTok, una red en la que casi no hay moderación, los narcos intentan reclutar a través de videos que promueven la vida fácil, la ostentación y el desafío a la policía.

En Sinaloa, las facciones hoy enfrentadas de “La Mayiza” y “Los Chapitos” usan hashtags y narrativas típicas de las redes como parte de su batalla recurrente: los primeros adoptaron el sombrero ranchero como símbolo y los segundos convirtieron la pizza en su ícono.

A Gastélum, de hecho, se le vio recientemente con el sombrero campesino que se atribuye a “La Mayiza”. Pero eso, más que una prueba, es una muestra de que la cultura popular también ha sido cooptada por el narco.

Otra forma de lavado

Además de ser la cara aspiracional que normaliza la cultura del narco, se cree que el influencer, aunque en menor medida, también puede participar en labores de lavado de dinero.

En julio de 2025 se conoció una lista de 64 creadores de contenido sinaloenses investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, por supuestamente usar sus perfiles para convertir dinero sucio en limpio.

Hay varios mecanismos, según ha reportado el periodista Óscar Balderas: a través de rifas y sorteos, emprendimientos, patrocinios o suscripciones, el influencer gana una notoriedad que luego se retribuye con el dinero ganado en la plataforma por cuenta de los altos números de reproducciones.

Las plataformas no han rechazado de manera unánime o contundente estas suposiciones, aunque Meta dijo no haber encontrado violaciones a sus políticas en las cuentas señaladas y YouTube cerró la cuenta de “El Makabélico”, un influencer y músico, después de que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

En realidad, más que las plataformas, son los influencers quienes serían el mecanismo de lavado, puesto que usan sus actividades y negocios como fachada para limpiar el dinero.

Gastélum, en todo caso, no estaba entre los investigados por la UIF.

Además de investigar el fenómeno, el gobierno de Sheinbaum ha querido romper el vínculo entre la cultura popular y el narco interviniendo las letras de los corridos y promoviendo otros temas en la producción artística mexicana.

Al tiempo, ha librado la guerra más efectiva en años en contra del crimen, logrando reducir los homicidios en un 48% en 2025, según cifras oficiales.

Sin embargo, sucesos como el de Gastélum, vistos en vivo, dan la impresión de que el narco sigue marcando la vida no solo en las calles mexicanas, sino también en el mundo digital y la cultura.

Arruñada, profesora de la Iberoamericana, sostiene: “Los casos de influencers asesinados muestran que, más allá de si están involucrados con el narco, el contenido que está simbólicamente relacionado al narco no va a desaparecer, sino al contrario, va a migrar al siguiente formato y lo va a hacer de manera todavía más eficiente y masiva”.

Y concluye: “Nadie imaginó que la cultura del narco encontraría un aliado en la cultura del algoritmo, pero eso es exactamente lo que son”.

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