Author: rb809rb

En la puerta de la oficina de Jorge Lemus estuvo, durante dos mañanas, un funcionario del Ministerio de Hacienda. Tenía una carta entre sus manos. Buscaba que el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmara su renuncia al cargo, como había ordenado el presidente Gustavo Petro. El mandatario dio la instrucción el 20 de febrero, en una reunión en la Casa de Nariño, en la que sugirió que lo reemplazara Wilmar Mejía, exdirector de inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y quien ha sido señalado de filtrar información a un grupo ilegal. Lemus se enteró y solo firmó el documento este miércoles. Mientras tanto, la designación de Mejía sigue en suspenso.

Por eso este jueves el foco mediático está puesto, una vez más, en las movidas de la inteligencia colombiana. La UIAF, que depende del Ministerio de Hacienda por su foco particular, es una entidad de pocos escándalos y baja visibilidad mediática, pese a que es neurálgica en las investigaciones sobre el crimen organizado y especialmente el lavado de activos. En sus oficinas reposan expedientes sobre grandes capos criminales, pero también sobre las movidas financieras sospechosas de políticos, poderosos y empresarios. Es casi una fiscalía financiera, pero sus resultados solo se hacen públicos cuando el presidente de Colombia lo ordena.

El paso de Lemus por la dirección de la UIAF fue fugaz, de poco menos de tres meses. Según una fuente de esa entidad, el detonante para que Petro ordenara su salida fue una filtración de información muy sensible, pero la desconfianza del mandatario venía de tiempo atrás, aunque fuera poco visible. El antiguo compañero de Petro en la guerrilla del M-19 venía de encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante casi 11 meses y, si bien salió en medio de cuestionamientos y desencuentros con el presidente, recaló en un cargo estratégico y muy bien pago. La mezcla de aprecio y recelo que siente el presidente sigue vigente: una fuente cercana a la Casa de Nariño asegura que el mandatario le ha ofrecido un cargo técnico en el Ministerio de Hacienda, con el propósito de “sacarlo del foco de los escándalos”.

Uno de los más recientes desencuentros ocurrió en febrero, cuando el mandatario denunció un plan de integrantes de la Policía Nacional para sembrar cocaína en un vehículo de la Presidencia y sabotear su visita a Donald Trump. Con rumores y pocas pruebas, el presidente ordenó la salida de un general, Edwin Urrego, y un coronel, Óscar Moreno. Sin embargo, en los días siguientes, distintos integrantes de la Policía le aseguraron que había sido engañado en un esquema para sacar adelante una venganza interna, un plan que se había fraguado semanas atrás desde la DNI.

Fue entonces que apareció otro nombre en el tablero: César Augusto Ortiz, un mayor retirado, quien, hasta diciembre pasado, fue oficial de contrainteligencia de la DNI. En esa entidad aseguran que quien lo llevó allí fue Lemus. Ortiz llegó a asumir uno de los roles más sensibles en una entidad como esta: vigilar a quienes vigilan. Su nombramiento despertó malestar porque venía de ser jefe de la Sijín -la división de la Policía que se encarga de los asuntos judiciales- en el departamento de La Guajira, y salió en medio de denuncias penales por narcotráfico y contrabando. De acuerdo con un funcionario de la DNI, quien lideró las investigaciones que llevaron a esos señalamientos fue Urrego, el mismo que terminó acusado por Petro de querer entramparlo. “Ortiz siempre trabajó de la mano con Lemus y ellos fueron los que le entregaron la información al presidente del supuesto sabotaje”, explica esa fuente.

Ese episodio de desinformación al mandatario tenía antecedentes. El presidente había recibido informaciones cuestionadas del entonces director de Inteligencia. Algunas fueron públicas. En enero, cuando el escándalo del software Pegasus volvió a la agenda y el presidente tenía a dos ministros de su Gobierno peleando por supuestas interceptaciones, Lemus dijo en una entrevista a Caracol Radio que no sabían si ese software existía. La contradicción pública molestó a Petro, quien meses atrás había encabezado una fuerte y criticada denuncia de la existencia irregular de ese software israelí en Colombia.

Esa molestia no cayó en el vacío, pues a Petro ya le habían llegado cuestionamientos contra Lemus. En octubre, varios integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía advirtieron al mandatario, en un encuentro en la Casa de Nariño, que se estaban usando agencias de inteligencia para tenerlo distraído. También le informaron de denuncias de algunas reuniones, presuntamente irregulares, de miembros de la DNI con capos como el esmeraldero Julio Lozano Pirateque, en Dubái; o con capos como Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. Aunque las denuncias nunca trascendieron los pasillos de la Presidencia de la República, la alerta quedó encendida.

A Petro también lo distanció de Lemus el manejo que este dio a las investigaciones sobre la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, un actor que Petro ha puesto en la agenda más de una vez y cuya existencia es motivo de duda entre fuentes de inteligencia. Se trataba de uno de los encargos especiales que el mandatario dio a Lemus en la DNI y la UIAF. Las pesquisas del ahora exdirector apuntaban a un organigrama de antiguos narcos que siguen relacionados con la economía ilícita, pero no eran los peces más gordos. “Ese tema también fue muy determinante en la decisión de apartarlo de ambos cargos, porque el mandatario tiene versiones que contradicen los informes que entregó”, dice una alta fuente cercana al presidente.

Lemus, un viejo conocido de Petro

Desde su llegada a la presidencia, Petro ha buscado rodearse de gente de confianza en los cargos más relacionados con su seguridad. Varios de ellos son antiguos militantes de la guerrilla del M-19, como Lemus, y la DNI es una de las entidades que reflejan esa lógica.

En el inicio del cuatrienio, tres entidades herederas del antiguo DAS quedaron en manos de exmilitantes que lo han acompañado durante su carrera política. Manuel Casanova, filósofo de profesión, fue el primero en asumir la DNI; Augusto Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza del presidente, es desde entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), responsable de la seguridad de personas amenazadas; y Otty Patiño maneja las negociaciones con los grupos ilegales como su alto comisionado de Paz.

México ha resistido las últimas cuatro semanas la presión del aumento de los energéticos, por la guerra en Oriente Medio, con estímulos fiscales. El mayor de estos apoyos ha recaído en el diésel que mantiene un apoyo del 70,28%, es decir unos 5,17 pesos por litro. El Gobierno mexicano ha maniobrado para impedir que el combustible más utilizado para el transporte de mercancías alcance los 30 pesos por litro. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha impulsado también acuerdos con los gasolineros para poner un tope a los precios de los combustibles. Con el diésel ha acordado el precio de 28,3 pesos por litro. “Queremos disminuir también el precio del diésel; ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo”, ha mencionado la mandataria este miércoles.

Desde el Gobierno, la preocupación está enfocada en las consecuencias que un aumento en los combustibles puede tener en los precios de los productos. El último dato de inflación, revelado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se colocó en 4,63% y todavía no mostraba algún impacto por la subida de los energéticos. El diésel es una pieza fundamental en el transporte de las mercancías en el país, que está padeciendo la subida de los precios internacionales y también porque es un combustible altamente demandado. “Estamos sentándonos con los gasolineros para decir ‘no puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto’. Vamos a acordar un precio de manera voluntaria, como en el de la magna, que sea responsable en términos de las finanzas públicas, pero que no tenga estos excesos para las gasolinas”, ha añadido Sheinbaum.

La presidenta mexicana mostró cohesión con los gasolineros cuando cerró hace tres semanas un nuevo acuerdo para poner un tope a la gasolina magna en 24 pesos. Aunque una buena parte de las estaciones en el país respetaron ese primer acuerdo, los gasolineros fueron menos disciplinados con la petición de regular el precio del diésel. Sheinbaum ha asegurado que los gasolineros acceden de forma voluntaria y que el impacto real de la medida se encuentra en la recaudación de impuestos. “Queremos que todavía disminuya más con el acuerdo con los gasolineros y, al mismo tiempo, el apoyo que estamos dando por la reducción de los impuestos en la gasolina y el diésel para que no impacte en la inflación y, además, no impacte, sobre todo, en la economía de las familias”, ha dicho la mandataria.

Los estímulos fiscales para los combustibles ya fueron utilizados en 2022 cuando comenzó la guerra en Ucrania. Esa experiencia le permite a los expertos estimar que, durante un tiempo, el descenso en la recaudación del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) no impactará significativamente en las finanzas públicas. Al mismo tiempo que México importa la mitad de sus combustibles y sufre las subidas de los precios internacionales de los hidrocarburos, es un productor y exportador de crudo. Al cumplirse un mes del conflicto en Medio Oriente, la mezcla mexicana de exportación alcanzó a situarse por encima de los 100 dólares por barril. “Los ingresos petroleros extraordinarios serían suficientes para compensar el impacto fiscal aunque con menor holgura frente a un entorno de mayor volatilidad”, estima un análisis de Banamex.

“Asumimos que el sector privado tiene cierto margen para absorber parte del ajuste actual, facilitando un esquema de contención de precios compartido y reduciendo la carga directa sobre las finanzas públicas. Bajo estos supuestos, estimamos que el costo fiscal para el gobierno del estímulo a la [gasolina] magna sería solo 50% del total, 10% para la premium y 60% para el diésel”, añaden desde la entidad. La estrategia del Gobierno mexicano para evitar súbitas subidas en los precios de los combustibles, como ha ocurrido en otros países, de momento opera paso a paso con cierta holgura, a pesar de que el conflicto todavía no cesa. “El Gobierno federal mantendrá medidas para estabilizar los precios de los combustibles, con el objetivo de contener presiones sobre los costos de transporte y producción, limitar efectos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares”, señala la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Hacienda es optimista sobre el panorama al que se enfrenta. Este miércoles ha entregado al Congreso su estimación sobre el panorama macroeconómico para los próximos meses. En el documento estima que el precio del petróleo mexicano estará en 77,3 dólares por barril durante 2026 y que las condiciones le permiten un espacio para maniobrar en las finanzas públicas. “La estimación para 2026 incorpora un supuesto conservador, al considerar que la duración del conflicto no exceda dos meses; no obstante, persiste una elevada incertidumbre en torno a su magnitud y evolución. Asimismo, se consideran otros factores como la guerra en Ucrania, los cambios en la industria petrolera de Venezuela y la política arancelaria de Estados Unidos”, indica el reporte, que además calcula que el PIB de este año podría cerrar en un crecimiento de entre 1,8% y 2,8%.

Cuba atraviesa hoy horas cruciales. El estado de la nación es de angustia y desesperanza, con una economía moribunda y la vida cotidiana —en todas sus manifestaciones— paralizada por una aguda escasez de combustible. Nunca antes, en la historia moderna del país, habíamos enfrentado un escenario tan desolador. Nunca antes, en mis 35 años como parte del movimiento prodemocrático, habría imaginado a la nación cubana asomada a su quiebra como proyecto.

Este sentido de fracaso que nos envuelve a todos tiene una razón: por mucho tiempo los políticos de dentro y de fuera ―la responsabilidad estructural de este fracaso recae en el gobierno de la isla― ignoraron por igual a los cubanos que aspiramos a una Cuba democrática, independiente y próspera para el presente y las próximas generaciones.

Extender la agonía de la gente no es una opción. Sobre ese cimiento compartido debería sostenerse cualquier negociación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así como entre los cubanos de la isla, entre sí, y de los cubanos con su exilio. Encontrar soluciones prontas y mutuamente aceptables, en beneficio de un pueblo que ha sufrido hasta la extenuación, debe ser la brújula que guíe dichos procesos.

En ese contexto, el gobierno cubano debería dar un paso decisivo. En acto soberano, podría decretar una amnistía general para las personas encarceladas o buscadas por crímenes políticos, dondequiera que se encuentren, e iniciar la despenalización del ejercicio de los derechos. Esa medida beneficiaría también a quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder en Cuba, y abriría una senda real a la concordia nacional.

El perdón sabe amargo, pero la historia demuestra que suele ser el primer paso real en cualquier proceso de sanación personal y social. La venganza, venga de donde venga, solo nos encadena al pasado.

Amnistía no es lo mismo que impunidad. Casos de individuos involucrados en hechos de sangre o en graves violaciones a los derechos humanos deberían ser abordados como parte de un proceso de justicia transicional, en el marco de un Estado de derecho, con plenas garantías procesales y orientado tanto a la reconciliación como al resarcimiento histórico de las víctimas.

De igual modo, más de seis décadas después de su instauración, el embargo de Estados Unidos no ha alcanzado su objetivo. Y cuando más cerca han estado de hacerlo, la propia Casa Blanca ha dado un paso al costado debido al elevado costo humano que provocaría un endurecimiento final. Precisamente para evitar una catástrofe humanitaria mayor, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio acaban de permitir, in extremis, la entrada de un barco ruso con crudo de emergencia a puertos cubanos.

Ese gesto de la administración Trump constituye el reconocimiento definitivo de que el éxito del embargo sería, al mismo tiempo, su propio fracaso. Persistir en una política que agrava las condiciones de vida de quien se pretende liberar no acerca la democratización; la aleja.

Si queremos un nuevo horizonte para Cuba y su gente, es momento de que Estados Unidos proceda a eliminar el embargo, un esquema que ya ha demostrado sus límites.

A la par, y en beneficio de ese mismo pueblo, los gobernantes de Cuba deberían generar dinámicas claras de apertura y buena voluntad. Tras dos mandatos y medio en la presidencia, Miguel Díaz-Canel podría adoptar un gesto de responsabilidad histórica y adelantar su retiro—constitucionalmente previsto para 2028—, abriendo así el camino a una nueva generación de líderes cubanos.

Bajo esos estímulos, las posibilidades serían significativas: Cuba podría profundizar reformas económicas en favor de la propiedad y la participación de todos los cubanos, estén donde estén, con idénticas protecciones jurídicas y deberes; así como abrir la banca, la agricultura, las telecomunicaciones, los puertos y el turismo a la inversión extranjera, incluyendo el capital estadounidense.

En el terreno jurídico, la nación podría establecer negociaciones definitivas para la compensación de propiedades estadounidenses confiscadas después de 1959, incluyendo la aplicación de incentivos fiscales y esquemas de deuda por inversión. Ambos países podrían fortalecer, además, acuerdos vigentes para el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.

Por la senda del diálogo civilizado y el estímulo generado a través de la apertura económica, Cuba podría avanzar hacia un modelo democrático parlamentario ―el primer paso en esa dirección debe ser la eliminación del artículo 5 de la Constitución que consagra la hegemonía de un partido único―, el fortalecimiento de la sociedad civil, garantías a las libertades y derechos humanos básicos y una transición política ordenada e irreversible.

Finalmente —y también con los cubanos en el centro—, la Casa Blanca debería evitar la deportación de más de medio millón de refugiados que llegaron al exilio en los últimos años y que hoy viven entre el pánico y la incertidumbre ante la posibilidad de una repatriación forzosa.

El presidente Trump conoce de primera mano el espíritu emprendedor de los exiliados cubanos, en este caso una comunidad mayormente joven, educada, deseosa de contribuir a los Estados Unidos. Forzar su retorno en las actuales condiciones de Cuba no solo sería inviable, sino profundamente injusto.

Muchos de ellos, con el tiempo, serán actores clave en la reconstrucción del país, un motor para el futuro de Cuba. En ese sentido, una política sensata hacia esta diáspora no solo constituye un imperativo humanitario, sino también una inversión estratégica para ambas naciones.

Los países no cambian cuando alguien pierde. Cambian cuando alguien decide empezar de nuevo. Es la hora de las decisiones. De la audacia política.