Author: rb809rb

  • Trump rehabilita a Bin Salman y lo exime del crimen del periodista Khashoggi: «A veces ocurren cosas»

    Trump rehabilita a Bin Salman y lo exime del crimen del periodista Khashoggi: «A veces ocurren cosas»

    La visita de Mohammed bin Salman a Donald Trump en el Despacho Oval ofreció este martes una imagen distinta a todas las recepciones anteriores. Tras el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018, el Príncipe heredero saudí había quedado marcado por el aislamiento y la desconfianza internacional. Esta vez ocurrió lo contrario: la Casa Blanca organizó para él un recibimiento de máxima categoría, con honores militares, intervenciones coordinadas y un mensaje destinado a mostrar una alianza sin fisuras.

    En visitas pasadas siempre asomaba alguna tensión comercial o energética; en esta ocasión no hubo rastro. Trump lo presentó como un aliado total, «amigo desde hace mucho tiempo», alguien con quien «siempre hemos estado del mismo lado en todos los asuntos».

    La sintonía quedó reforzada por las cifras. Trump habló de «600.000 millones de dólares» saudíes destinados a Estados Unidos y aseguró que trabajan para llegar al «billón». «Definitivamente», respondió Bin Salman. El Príncipe, que intervino en inglés, detalló proyectos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Trump añadió que, gracias a su relación con Riad, el país podría ver «gasolina a 2 dólares» y defendió el uso de aranceles «para traer dinero». Era la presentación de una alianza económica y política situada en el centro de su agenda.

    También surgieron las cuestiones delicadas. Preguntado por los negocios de su familia en Arabia Saudí, Trump dijo que no sabía nada, que «son muy pocos negocios» y que no tenía detalles. Sobre Khashoggi, recurrió a un «a veces ocurren cosas», insistió en que Bin Salman «no sabía nada» y definió al periodista asesinado como «alguien controvertido». Fue una respuesta que rebajaba un hecho considerado uno de los episodios más graves de la diplomacia reciente.

    A Bin Salman le preguntaron por la implicación de saudíes en los atentados del 11-S, incluida la figura de Osama bin Laden. Dijo que Bin Laden quiso «destruir la relación» entre ambos países, que «perdió la vida sin ningún propósito real», que «no hubo nada ilegal» y que el reino «dio todos los pasos necesarios» tras los ataques, con una investigación destinada a evitar que «volviera a ocurrir algo así, un error doloroso».

    El heredero saudí, antaño tratado como paria, fue convertido en invitado de honor y socio estratégico. Las tensiones que durante años definieron la relación quedaron relegadas por una visita construida para exhibir cercanía, inversiones y una agenda compartida que culminará con una jornada de reuniones y una cena de gala.

  • Los republicanos díscolos arropan a las víctimas de Epstein y atacan a Trump: «El traidor es él»

    Los republicanos díscolos arropan a las víctimas de Epstein y atacan a Trump: «El traidor es él»

    El culebrón de Jeffrey Epstein vive este martes un episodio decisivo y muy esperado por las decenas de mujeres que sufrieron los crímenes del malogrado financiero neoyorquino cuando eran jóvenes, muchas de ellas menores: la Cámara de Representantes votará a favor de la desclasificación de todos los documentos vinculados a las investigaciones sobre Epstein en manos del Departamento de Justicia y del FBI.

    Decenas de esas mujeres lo celebraron por la mañana, en una comparecencia delante del Capitolio de Washington, donde los legisladores por fin darán el paso que han exigido durante años. Junto a ellas, comparecieron los tres diputados más implicados en su causa: el demócrata Ro Khanna y los republicanos Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie.

    Los dos republicanos forman parte del minúsculo grupo de legisladores que se han enfrentado al presidente de EE.UU. y jefe absoluto de su partido, Donald Trump. Lo han hecho también en otros asuntos -como el reciente cierre gubernamental y las negociaciones presupuestarias-, pero la disputa ha sido virulenta en lo relativo a Epstein, un asunto de gran sensibilidad política para Trump, que fue amigo durante años del pedófilo.

    La votación se produce después de meses de oposición por parte de Trump y de sus aliados republicanos en el Congreso. El presidente de EE.UU. ha buscado evitar que le salpicara el asunto de Epstein de todas las maneras, desde mirar a otro lado a asegurar que es una «farsa» de los demócratas.

    Pero los acontecimientos de la semana pasada le han obligado a dar un volantazo. Los demócratas de la Cámara Baja revelaron correos electrónicos de Epstein en los que aseguraba que Trump «pasó horas» con una de sus víctimas; también decía que, aunque no participó en abusos o agresiones sexuales, «sabía todo lo de las chicas». Trump, que fue cercano a Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, cuando el financiero traficaba y abusaba sexualmente de decenas de mujeres, ha mantenido siempre que ni se implicó ni conocía las fechorías de sus amigos.

    Trump ha contado hasta ahora con el apoyo de los líderes republicanos en la Cámara Baja. En especial, de su presidente, Mike Johnson, que evitó votaciones impulsadas por los demócratas en verano y que ha obstruido el proceso «durante cuatro meses», como le acusó Massie, rodeado de víctimas.

    Cambio de opinión

    Una revuelta minoritaria de republicanos -Massie y Taylor Greene entre ellos- forzó la semana pasada que se llevara el asunto de la desclasificación al pleno. Fue entonces cuando Trump cambió de opinión y dijo que los republicanos deberían votar a favor.

    Pero eso no ha cerrado el enfrentamiento contra los díscolos de su partido. En especial, contra Taylor Greene, que fue seguidora acérrima, que es devota del mensaje populista de ‘America First’ (‘EE.UU. primero) y a la que Trump ahora llama «traidora».

    «Un traidor es un estadounidense que sirve a países extranjeros en su propio interés», dijo Taylor Greene sobre Trump, que poco después del acto recibía en la Casa Blanca al príncipe saudí Mohammed bin Salman, al que la inteligencia estadounidense acusó de estar detrás del secuestro y descuartizamiento de un periodista opositor residente en Washington. «Un patriots es un estadounidense que sirve a EE.UU. y a estadounidenses como las mujeres que están detrás mío», apostilló.

    Un asunto vergonzoso

    Las víctimas de Epstein tomaron el micrófono, contaron sus historias, condenaron la obstrucción a los esfuerzos por saber toda la verdad sobre el pedófilo y su entorno de contactos poderosos y exigieron a los diputados que votaran a favor.

    «Yo te voté, tu comportamiento en este asunto ha sido una vergüenza nacional», dijo a Trump una de esas víctimas, Jena-Lisa Jones, que fue objeto de los abusos de Epstein cuando tenía 14 años. Durante la pasada campaña presidencial, Trump y sus aliados prometieron transparencia total sobre Epstein, al mismo tiempo que alimentaban teorías conspiradoras sobre la muerte del financiero, que se suicidó en 2019 en una celda de Nueva York a la espera de juicio. Pero, una vez en la Casa Blanca, Trump y su Departamento de Justicia no han cumplido esas promesas y han obstaculizado esfuerzos para sacar a la luz documentos del caso.

    «Esto ha sido una de las cosas más destructivas para MAGA», dijo Taylor Greene en referencia al movimiento político trumpista, ‘Make America Great Again’ (‘Hacer a EE.UU. grande otra vez’). «Ver al hombre que apoyamos en tres elecciones, por el que la gente estuvo de pie durante horas, durmiendo en coches, para ir a sus mítines, que peleó por la verdad y la transparencia y para fiscalizar a un gobierno corrupto… Y ver que esto se ha convertido en una pelea que ha partido a MAGA».

    Con la aprobación de la Cámara de Representantes, la ley para la desclasificación de los documentos de Epstein pasará al Senado, donde es difícil pensar que no salga adelante. Después, Trump la tendrá que firmar.

    Todo esto podría haberse ahorrado si el presidente hubiera querido, le hubiera bastado ordenar esa desclasificación de forma directa al Departamento de Justicia. Preguntado por qué Trump no ha dado ese paso, Massie contestó: «Creo que trata de proteger a amigos y donantes», en referencia a los nombres que pueden emerger de los documentos en poder del Gobierno.

  • Zelenski anuncia la compra de 100 cazabombarderos Rafale franceses

    Zelenski anuncia la compra de 100 cazabombarderos Rafale franceses

    Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha firmado ante Emmanuel Macron la compra de 100 cazabombarderos Rafale, franceses capaces de lanzar drones, en el marco del ‘rearme’ ucraniano contra las ofensivas militares de la Rusia de Vladímir Putin.

    Zelenski llegó a París en la mañana del lunes, primera etapa de una gira europea destinada a «reforzar» las defensas ucranianas, cuando las ayudas de los EE.UU. están sufriendo recortes significativos y la prolongación indefinida de la guerra plantea interrogantes angustiosos para el futuro de toda Europa.

    La familia de los cazabombarderos Rafael es una de las armas estratégicas de Francia y una de sus ‘ventas’ más importantes en el mercado mundial de armamentos, donde París ocupa el tercero o cuarto lugar.

    La visita de Zelenski a París tiene otros capítulos, pero la compra de 100 cazabombarderos Rafale quizá tenga una importancia particular: está acompañada de la compra de otras familias de armas, drones, sistemas de radares y participación en el nuevo sistema de defensa aéreo, SAMP-T.

    La compra de los Rafale confiere a Francia una importancia especial en el futuro sistema de defensa nacional ucraniana.

    El arma aérea tiene una importancia estratégica particular: permite atacar objetivos en territorio ruso. Los drones, al mismo tiempo, ocupan un puesto especial, como ha demostrado el último año de la guerra, ofreciendo a Kiev la posibilidad de atacar objetivos próximos a Moscú. La participación ucraniana en el nuevo sistema de defensa aéreo propuesto por Francia es otro capítulo estratégico: París está ‘montando’ un sistema propio, ‘asociado’ a su parque de artillería nuclear…

    Durante su visita a París, Volodímir Zelenski abordará, asimismo, otros capítulos mayores para el futuro de la seguridad europea: la formación de una «coalición de voluntarios» dispuestos a participar en la defensa de Ucraniana, con tropas de los ejércitos de tierra; y la discusión del puesto de Ucrania en el futuro de la Unión Europea, asociada a la OTAN.

    Mientras Washington fue el primer gran aliado militar de Ucrania, los europeos pudieron asumir un puesto relativamente secundario. El lento y ambiguo alejamiento de Donald Trump confiere a los aliados europeos un nuevo puesto emergente.

    En tanto que potencias nucleares europeas, París y Londres, ocupan un puesto privilegiado. En tanto que grades potencias «fronterizas», Alemania y Polonia, están llamadas a reafirmar un puesto creciente.

    Ante ese abanico de amenazas y propuestas defensivas, el proyecto de compra de 100 cazabombarderos Rafale subraya el puesto que Kiev confiere a París en el futuro de su propia seguridad.

  • El Gobierno británico anuncia una reforma migratoria radical para «restaurar el orden y el control»

    El Gobierno británico anuncia una reforma migratoria radical para «restaurar el orden y el control»

    El Gobierno británico anunció este lunes una reforma de gran calado del sistema de asilo que la ministra del Interior, Shabana Mahmood, presentó ante la Cámara de los Comunes como un intento decidido de «restaurar el orden y el control» en las fronteras del país. El plan, descrito por la propia ministra como el intento más importante «en décadas», busca adaptar un marco concebido para la que calificó como «una era más sencilla» a un presente «más volátil y móvil», en el que, según sus palabras, «algunos huyen verdaderamente del peligro, pero otros intentan abusar del sistema».

    La arquitectura de la reforma, detallada en el documento oficial «Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones», plantea un giro sustancial en la política migratoria británica, con medidas como que el reconocimiento de la condición de refugiado pasará a ser esencialmente temporal, con permisos de 30 meses renovables solo si persiste el riesgo en el país de origen, y con la residencia indefinida aplazada hasta transcurridos veinte años, frente a los cinco actuales. Con ello, el ministerio del Interior rompe el vínculo casi automático entre asilo y asentamiento permanente, bajo el argumento de que es necesario «romper el ciclo de dependencia» y desincentivar abusos.

    Mahmood acompañó su presentación con datos que el Ejecutivo considera reveladores. En los últimos cuatro años, dijo, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, más de 100.000 viven en alojamientos financiados por el Estado, y más de la mitad de quienes obtuvieron asilo siguen dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.

    El documento plantea un conjunto de medidas dirigidas a transformar tanto la gestión económica del asilo como la logística del sistema. El Gobierno suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal y la sustituirá por un modelo discrecional basado en la necesidad real y en la cooperación de los solicitantes con las autoridades. Las ayudas podrán ser retiradas a quienes trabajen sin permiso o incumplan las normas de su alojamiento, mientras que se exigirá una aportación económica a quienes dispongan de ingresos o propiedades. El ministerio del Interior asegura que el nuevo marco permitirá concentrar los recursos en los casos más vulnerables y reducir la carga sobre el erario público.

    La reforma contempla asimismo el cierre progresivo del sistema de hoteles contratados de emergencia, que actualmente acoge a decenas de miles de personas, y su reemplazo por centros de mayor capacidad gestionados directamente por el Estado. El Ejecutivo afirma que esta centralización mejorará la supervisión y reducirá los costes de manutención, aunque organizaciones humanitarias han advertido de que podría deteriorar las condiciones de vida y limitar el acceso a servicios básicos.

    Agilización de retornos

    En el ámbito del control migratorio, el plan endurece la lucha contra el trabajo ilegal y amplía las inspecciones a sectores donde el empleo informal es frecuente, como la hostelería. El bloque dedicado a las expulsiones prioriza la agilización de los retornos de personas cuya solicitud haya sido rechazada y la reanudación de deportaciones a países considerados seguros. Interior admite que el Reino Unido ha mostrado «excesiva cautela» en este terreno y anuncia que los retornos voluntarios recibirán incentivos económicos, mientras que los casos de negativa se resolverán mediante expulsiones forzosas.

    El Gobierno introducirá además un mecanismo específico para la deportación de familias cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, incluidas aquellas con hijos menores de edad, aunque la ministra aseguró que los niños y niñas no serán separados de sus progenitores. El documento oficial sostiene que la falta de aplicación de estas órdenes en el pasado ha generado «incentivos» que prolongan estancias irregulares durante años. Según datos de Interior, hay actualmente centenares de familias, alrededor de 700 sólo de nacionalidad albanesa, por ejemplo, viviendo en alojamientos financiados por el Estado pese a tener denegada su protección, una situación que el Ejecutivo considera «insostenible» y contraria a los acuerdos internacionales de retorno vigentes.

    También se prevé establecer centros de retorno en terceros países y aplicar restricciones de visado a los Estados que no cooperen en la repatriación de sus ciudadanos, con el argumento de que la falta de colaboración exterior socava la integridad del sistema.

    Reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos

    En el ámbito judicial, Mahmood anunció una profunda reforma del sistema de apelaciones. Los solicitantes tendrán una única oportunidad para presentar su caso y una sola vía de recurso. Se creará un nuevo órgano independiente con adjudicadores profesionales, que agilizará los procesos y reducirá la acumulación de expedientes, que en marzo superaban los 51.000. Asimismo, el Gobierno revisará la aplicación de los artículos 8 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida familiar y a la prohibición de tratos degradantes, ya que se «ha expandido su interpretación hasta el absurdo», dijo Mahmood en el Parlamento, aludiendo a casos en los que el Reino Unido no pudo deportar a delincuentes porque las prisiones de sus países de origen «tenían celdas demasiado pequeñas» o no hay suficiente atención a la salud mental.

    Además, el Ejecutivo planea modificar la legislación para que los tribunales limiten la ponderación del derecho a la vida familiar frente al interés público en la deportación y acoten el concepto de «familia» a los parientes inmediatos, es decir, padres, madres e hijos. El plan incluye la revisión del uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la edad de los solicitantes y el endurecimiento de las normas contra reclamaciones reiteradas o infundadas. Asimismo, prevé invalidar solicitudes de protección de ciudadanos que, pese a alegar persecución, hayan viajado de regreso a su país sin obstáculos.

    La presentación de Mahmood incluyó una crítica severa al legado del anterior Ejecutivo conservador. Acusó al Gobierno de Rishi Sunak de haber dejado «una herencia deplorable» y calificó de «grotesca» la gestión del plan de deportaciones a Ruanda, que costó más de 700 millones de libras sin que se materializaran traslados forzosos. «No tomaremos lecciones del partido que abandonó la responsabilidad de gobernar», replicó Mahmood a los diputados conservadores.

    Voces de alerta

    Las reacciones políticas y sociales han sido intensas. Dentro del propio Partido Laborista, varios diputados expresaron inquietud por el tono y el enfoque del plan, y algunos advirtieron de que el discurso del Gobierno podría «reforzar una cultura de creciente racismo». Organizaciones benéficas como Refugee Action y Refugee Council calificaron el paquete de «racista» y «cruel», afirmando que «viola compromisos internacionales de protección« y «socava la reputación humanitaria» del Reino Unido.

    La oposición conservadora criticó las medidas por considerarlas insuficientes. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, describió la reforma como «un pequeño paso en la dirección correcta», aunque reprochó a los laboristas no haber roto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La dirigente elogió, sin embargo, «la energía y la claridad» de Mahmood, reconoció que «ha hecho en tres meses más que su predecesora en un año» y ofreció cooperación parlamentaria, subrayando que su formación está dispuesta a apoyar al Gobierno en los puntos más duros del plan.

    El exdirector de la UK Border Force, Tony Smith, dijo por su parte que no es «particularmente optimista» sobre el resultado del plan y recordó que iniciativas anteriores fracasaron por la resistencia de los tribunales y las limitaciones legales, mientras que analistas citados por la prensa local subrayaron que la reforma plantea un dilema de fondo: cómo combinar el control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales.

    En su discurso, Mahmood insistió en que «el Reino Unido siempre ofrecerá refugio a quienes huyen del peligro», pero advirtió de que la falta de control «alimenta el odio y la división» y pone en riesgo la confianza ciudadana. El sistema, dijo con contundencia, «se siente fuera de control porque lo está», resumiendo así el espíritu de una reforma que busca recuperar autoridad y credibilidad institucional en medio de fuertes críticas. Para sus detractores, sin embargo, el precio podría ser el debilitamiento de los principios que durante décadas han definido la tradición humanitaria del país.

    Durante el debate parlamentario, la ministra desmintió las versiones que sugerían que el Gobierno planeaba confiscar pertenencias de los solicitantes de asilo, como joyas, para cubrir los costes de su manutención. La polémica surgió después de que algunos diputados compararan el plan británico con la ley aprobada en Dinamarca en 2016, que permitía requisar bienes de valor a los refugiados. Mahmood negó cualquier paralelismo y fue tajante: «No se están quitando joyas en la frontera ni se hará nunca».

  • El Gobierno británico alerta de que la inmigración ilegal «destroza al país»

    El Gobierno británico alerta de que la inmigración ilegal «destroza al país»

    En una semana marcada por cifras crecientes de llegadas a las costas británicas a través del canal de la Mancha y por un clima político cada vez más tenso, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, decidió elevar el tono y anticipar el alcance de la importante reforma migratoria que presentará este lunes. Lo hizo en una entrevista este domingo con la BBC en la que advirtió de que la inmigración irregular «está destrozando nuestro país», una afirmación que situó el tema en el centro del debate nacional y que justificó como respuesta a un sistema que, en su opinión, «ha dejado de funcionar» y ha generado «divisiones enormes» en las comunidades que soportan mayor presión.

    Mahmood definió su reforma como «una misión moral» y defendió que el Reino Unido sólo podrá preservar el consenso social sobre el asilo si actúa con determinación y reordena sus prioridades, un mensaje que resume el marco político en el que el Gobierno de Keir Starmer intenta recomponer la política migratoria del país.

    Las medidas que adelantó y que hará oficiales este lunes, incluyen una transformación profunda del estatuto de refugiado. En la actualidad, la protección se concede por cinco años, tras los cuales puede solicitarse la residencia permanente en el país. Mahmood anunció su intención de ampliar ese plazo a veinte años y revisar la condición del beneficiario cada dos años y medio. «Estamos cambiando la manera en que entendemos el estatuto de refugiado», declaró, al explicar que quienes procedan de países que más adelante se consideren seguros deberán regresar a ellos.

    La ministra subrayó que su propuesta se inspira en el modelo de Dinamarca, donde el Gobierno concede permisos temporales y sujetos a renovaciones frecuentes. El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, declaró que estas políticas buscan «enviar un mensaje a los traficantes de personas de que no deben elegir Dinamarca».

    Un sistema roto

    La referencia danesa provocó tensiones internas en el Partido Laborista. El diputado Clive Lewis afirmó que este tipo de medidas reproduce «argumentos propios de la extrema derecha». Mahmood rechazó esa acusación, recordó que ella misma es «hija de migrantes», explicó que sus padres llegaron al Reino Unido «legalmente a finales de los años sesenta y en los setenta» y añadió que la inmigración «forma parte de mi experiencia como británica». La ministra insistió en que su responsabilidad le exige actuar ante «un sistema que está roto y en el que algunas personas pueden burlar las normas, abusar del sistema y salir impunes».

    El Ministerio del Interior informó de que 109.343 personas solicitaron asilo en los doce meses previos a marzo de este año, un 17% más que en el periodo anterior. Y los datos más recientes indican que más de 10.000 personas cruzaron el canal de la Mancha desde que Mahmood asumió el cargo en septiembre, una cifra que supera los totales de 2024 y 2023, aunque todavía inferior a la registrada a estas alturas de 2022.

    El Ministerio del Interior informó de que 109.343 personas solicitaron asilo en los doce meses previos a marzo de este año, un 17% que en el periodo anterior

    Mahmood insistió en que las redes criminales venden «paquetes» que prometen alojamiento y comida gratuitos, y señaló que el país debe «afrontar esos factores de atracción» que favorecen las llegadas irregulares, y anunció que las ayudas en vivienda y subsistencia pasarán a ser discrecionales y se suprimirán para quienes tengan derecho a trabajar y no lo hagan.

    El director del Refugee Council, Enver Solomon, advirtió de que la ampliación del período previo a la concesión de la residencia permanente «dejará a las personas en un limbo y en una tensa ansiedad durante muchos, muchos años». En su opinión, un sistema eficaz debe «resolver los casos con justicia y rapidez» y permitir que quienes son reconocidos como refugiados «contribuyan a nuestras comunidades y devuelvan lo recibido».

    Medidas insuficientes, según la oposición

    La oposición conservadora sostiene que las medidas del Gobierno son insuficientes. El portavoz ‘tory’ de Interior, Chris Philp, declaró que las propuestas de Mahmood son «artificios» y que se limitan a «retoques superficiales». También añadió que su formación propone abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y aplicar un sistema en el que quienes lleguen de manera irregular «no puedan solicitar asilo en absoluto y deban ser deportados en el plazo de una semana».

    Desde el Partido Liberal Demócrata, su líder, Ed Davey, afirmó que su partido analizará los detalles de la reforma cuando se publiquen, aunque expresó «ciertas preocupaciones» por el rumbo que insinúan las medidas. Davey defendió que los solicitantes de asilo deberían poder trabajar, porque así «no necesitarían ayuda estatal» y la medida sería «mejor para la economía y mejor para los solicitantes».

    La directora del Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, señaló por su parte que resulta complejo anticipar el impacto de una norma concreta en los flujos migratorios, ya que «los solicitantes de asilo, al menos inicialmente, a menudo no saben cuáles son las políticas». Sumption recordó que muchos optan por el Reino Unido porque hablan inglés, tienen familiares en el país o han visto rechazadas sus solicitudes en otros países europeos.

    Mahmood declaró que su misión consiste en demostrar que la reforma «puede funcionar» y en persuadir al país y al Parlamento de que el replanteamiento profundo del sistema migratorio es necesario en un contexto marcado por un aumento de llegadas irregulares, un deterioro del clima social y un debate que atraviesa no solo al Reino Unido sino a toda Europa.

  • Jara y Kast se disputarán el 14 de diciembre la presidencia de Chile

    Jara y Kast se disputarán el 14 de diciembre la presidencia de Chile

    La candidata de la coalición gobernante de Chile, la comunista Jeannette Jara, con el 26,74% del voto, y José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano de extrema derecha, con el 24,07, se impusieron en la primera vuelta de la carrera presidencial este domingo. Los dos candidatos, representanes de los dos extremos de la política chilena, se enfrentarán el 14 de diciembre.

    En las elecciones más polarizadas y de mayor participación en la historia, los chilenos se inclinaron por los extremos, dejando nuevamente, como en 2021, en el tercer lugar al populista Franco Parisi con un 19,52% de las preferencias, quien se presentaba así en esta campaña: «No soy hijo de ningún dirigente, ni senador ni diputado, ni fundador de nada. Solo soy un vecino de la calle y un profe que quiere ser presidente y hacer un Gobierno para las personas y con los partidos políticos, no para los partidos políticos».

    A partir de este lunes, Jara, de 51 años, exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric, se enfrenta ahora a una tarea compleja considerando que los tres candidatos de derecha obtuvieron más del 50% de los sufragios y que con los del opositor Parisi, se alza sobre el 70%.

    Kaiser y Matthei, derrotados

    Los grandes perdedores de la noche electoral fueron el ultraderechista libertario Johannes Kaiser –a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast–, que se quedó en 13,94% de los sufragios, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que obtuvo un 12,62%. La posición de Parisi sorprendió a todos los encuestadores que nunca le dieron más de un 7% de apoyo.

    Kaiser reconoció pronto su derrota. «La tendencia no es reversible, reconocemos con hidalguía la victoria de J. A. Kast. Nosotros cumplimos nuestra palabra y respaldaremos su candidatura. Votar por José Antonio Kast hoy día es votar por Chile», afirmó.

    José Antonio Kast pronuncio sus primeras palabras acompañado de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la derecha tradicional, lo que no dejaba lugar a dudas del apoyo de ésta al representante de la derecha radical. «Tengo la convicción de que cada uno de ustedes continuará jugándosela para que Chile sea un país seguro y exitoso, en el que todos sus hijas e hijos puedan vivir y progresar y ese camino no es la continuidad de este mal Gobierno».

    Kast agradeció a continuación el respaldo de Matthei. «Creo que el llamado que ha hecho Evelyn a todos los chilenos a unirnos a una causa que es Chile es muy relevante. Lo que nos convoca es el bien de Chile. Y para lograrlo y salir de la crisis en la que estamos, tanto de seguridad como económica y en las áreas sociales, la unidad es fundamental. Podemos recuperar y reconstruir nuestra patria».

    En cuanto a Jeannette Jara, envió un mensaje «de esperanza y de futuro» y agradeció «la confianza». Antes de votar se había quejado de la desinformación durante la campaña.

    El populista Franco Parisi, eufórico, acusó a las encuestas de haber manipulado las cifras porque siempre lo dieron en quinto lugar. Apuntando a los extremos, dijo que Chile no quiere que «se hagan apologías ni a Allende ni a Pinochet», y como no les gustan las ideologías la bancada del PDG estarán dispuestos a llegar acuerdos con quien resulte ganador.

    Parisi aclaró que el no va a endosar sus votos ni a Jara ni Kast. «Les quiero decir a ellos: gánense los votos», dijo.

    El presidente Gabriel Boric, que votó en su ciudad natal, Punta Arenas, acompañado de su hija de cinco meses, felicito a Jara y a Kast «por su paso a la segunda vuelta». Y a continuación añadió: «Chile tiene una democracia sana y robusta que no podemos dejar de cuidar». En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión».

    El Servicio Electoral entregó los primeros cómputos a las 19.05 horas local, pero una hora más tarde la tendencia era clara en favor de Jara y Kast. Antes de las 22.00 horas ya estaban contabilizados más del 90% de las mesas, donde se registraban más de 12,1 millones de votos. Considerado un universo de más de 15,6 millones de electores, esta primera vuelta supera el 83% de participación.

    Estos resultados son tranquilizadores para el abanderado republicano, que en los últimos sondeos había experimentado una baja, pero que este domingo quedó a unos 350 mil votos de la militante del Partido Comunista (PC). Para la exministra, en tanto, el apoyo conseguido no es una buena noticia porque quedó bajo el 30% de respaldo que ha tenido el presidente Gabriel Boric de forma estable durante su mandato.

    Tal como lo adelantaron los sondeos, los tres restantes postulantes a La Moneda no lograron superar el 2% de los votos cada uno. El independiente Harold Mayne-Nicholls logró un 1,27%, mientras que Marco Enríquez-Ominami, quien postuló por quinta vez a la Presidencia, solo consiguió 1,17%. Eduardo Artés alcanzó apenas un 0,66% de los votos.

    La oposición ha logrado, junto al opositor Partido de la Gente (PDG) la mayoría tanto de la Cámara de Diputados que se renovó en su totalidad y del Senado, que eligió la mitad de sus miembros.

    Anhelada unidad opositora

    Durante toda la semana se había especulado si la noche del domingo se podría dar la denominada «foto de unidad» considerando la tensa disputa que sostuvieron José Antonio Kast y Evelyn Matthei. La duda se despejó rápidamente cuando en el comando republicano se dieron cita los más importantes dirigentes de Chile Vamos.

    Junto a los presidentes de la UDI, Renovación Nacional y Evopoli, Kast subió al escenario acompañado de Evelyn Matthei, quien llamó directamente a votar por él porque es importante que «no continúe el Gobierno en el poder» pues hay demasiados problemas.

    Kast le agradeció su respaldo y manifestó que en este momento lo importante es «sacar adelante a Chile, y para salir de la crisis que se está la unidad es fundamental». «Chile es más importante que los partidos, que las personas, podemos haber tenido diferencia, pero ellas no se comparan con las que hay al frente. Lo que se necesita hoy día es unidad para Chile», sostuvo.

    Tal como se presumía, ni los dirigentes de Demócratas, entre ellos, la senadora Ximena Rincón, ni de Amarillos, se hicieron presentes.

    Kaiser también concurrió al comando del Partido Republicano (PR) y le expresó todo su apoyo a su líder, indicando que «votar por José Antonio Kast es votar por Chile».

    La larga jornada concluyó con la celebración de Kast y su gente a los que le aseguró que «la tercera es la vencida». «Chile necesita un cambio… este es un primer paso, pero lo que viene hacia adelante es lo mas importante. Hoy la oposición logró derrotar a un gobierno fracasado», afirmó.

  • «En Venezuela tememos más a la inflación que a los marines de EE.UU.»

    «En Venezuela tememos más a la inflación que a los marines de EE.UU.»

    En una salida inusual de su despacho presidencial en Miraflores, Nicolás Maduro caminó este viernes por la calle para participar en un mitin chavista, donde declaró a la cadena CNN que Venezuela y Estados Unidos debían «unirse por la paz del continente», al tiempo que pidió la paz al presidente Donald Trump ante la creciente tensión por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

    Unas horas antes, el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, había anunciado a través de las redes la operación Lanza del Sur: «Vamos a expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental». «Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos», escribió Hegseth.

    La concentración de apoyo a Maduro estaba preparada con antelación al lado del Palacio del Gobierno, en el centro de Caracas, con una tarima alusiva al rechazo de la flota aeronaval de EE.UU. y los preparativos militares que organiza el régimen chavista para afrontar un eventual ataque de los marines.

    Maduro se mostró muy relajado cuando fue abordado por CNN en la marcha. «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz», aseguró. Y cuando le consultaron si tenía un mensaje para Trump, dijo: «Mi mensaje es: ‘¡yes, peace! ¡yes, peace!’». Luego instó a sus seguidores a resistir lo que consideró una amenaza de invasión por EE.UU., aunque su semblante no daba muestras de preocupación. Este martes firmó un decreto para crear los Comandos de Defensa Integral y anunció la movilización de 200.000 uniformados integrados por efectivos del Ejército, milicianos bolivarianos, empleados públicos y simpatizantes civiles. «Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz», añadió a la cadena norteamericana.

    El mandatario aparenta no estar nervioso ante las cámaras, más bien activo y eufórico, dirigiendo una campaña bélica contra lo que llama «el imperio» de EE.UU. como si estuviera protagonizando una película, esta vez real. En la tarima baila y canta karaoke. Eso sí, va acompañado a todas partes de un voluminoso anillo de seguridad con guardaespaldas cubanos que muchas veces se confunden con militantes y seguidores.

    En la calle, ABC consultó a seguidores chavistas si estaban dispuestos a inmolarse por Maduro. Luzmira Gómez, de 65 años, ama de casa, aseguró: «No me veo empuñando un fusil, me parece ridículo; apoyo a Maduro, pero eso de dar la vida por él lo dudo». A su lado, Aracelis Saavedra, de 50 años, señalaba, por su parte: «No soy chavista, me parece mucha ignorancia y brutalidad dar la vida por un gobernante que nos lleva a la miseria y la desgracia».


    El líder chavista dándose un baño de pueblo en Caracas


    reuters

    Desde que comenzó hace tres meses el despliegue de los buques de EE.UU. en el Caribe, reforzado esta semana con la llegada del portaviones Gerald R. Ford, también empezaron a dispararse la inflación y el dólar en Venezuela. El país suramericano vivió una hiperinflación del 35.000% en 2016 y ahora va por un camino similar. Los venezolanos temen volver a vivir ese período, siendo el país con la inflación más alta del mundo.

    Pedro Palma, director de Ecoanalítica, estima que la inflación anual en Venezuela para este año superará el 400%. La tendencia mensual oscila entre el 20% y el 30%, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima la inflación en 275%. Todos coinciden en que la inflación será de tres dígitos; entre más del 250% y hasta el 400%.

    Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), «Venezuela cerraría con una inflación del 269,9% en 2025 y del 682,1% en 2026. Una cifra devastadora», dice el informe de este organismo.

    Para el político opositor Andrés Velásquez, esta proyección de la inflación para 2025, debería no sólo causar alarma sino «terror profundo».

    Pánico en el supermercado

    Los analistas se preguntan si el despliegue bélico de Maduro y su campaña anti-Trump sirven para tapar la inflación y distraer como una cortina de humo ante la crisis económica que vive su Gobierno. La inflación es su principal enemigo.

    En las puertas de un supermercado de Caracas una cliente, que pidió el anonimato, confiesa a ABC: «Le tengo más miedo a la inflación que a un ataque de los marines, porque los precios de los alimentos se disparan por las nubes todos los días».

    Carmen Suárez, de 40 años, siente pánico cada vez que va al supermercado: «Los precios suben cada día, los productos los marcan en dólares y en bolívares. Fíjese un litro de leche costaba dos dólares hace una semana y hoy cuesta 2,80 dólares. Mi sueldo no me alcanza para comer. Temo a la inflación más que a los marines -insiste-. Espero que lleguen y terminen con este infierno».


    Un hombre vende aceite, huevos y papel de baño en la calle, frente a un importante mercado carqueño


    AFP

    La remesa de 100 dólares que le envían a Carmen sus familiares desde Panamá ya no le alcanza para la compra semanal, ni siquiera para abastecerse de alimentos en caso de que haya un ataque.

    El dólar aumentó un 330% en lo que va de 2025. La moneda norteamericana se usa en el 60% de la economía venezolana y su incremento se produce por la escasez de divisas.

    Las quejas inundan las redes sociales. Una usuaria, Denny Álvarez, escribe: «Vivimos una hiperinflación silenciosa no oficial, pero sí oficial en el bolsillo de la sociedad civil venezolana; no hay poder adquisitivo, apenas alcanza para comprar un cartón de huevos y cero carne de res, pescado ni pollo, a veces algunos gramos de mortadela tipo B o C».

    Hay un ambiente de tranquilidad, incertidumbre y de espíritu navideño en las calles pese a la actividad febril bélica de Maduro. La gente pasa por las tiendas, entra, pregunta por los precios y sale con las manos vacías. Los comercios están llenos de productos, pero con poca clientela. Todo está paralizado y nadie quiere invertir hasta ver qué ocurrirá con los marines del Comando Sur y su anunciada Lanza del Sur.

  • Washington busca para Maduro una ‘solución a lo Noriega’: llevarlo preso

    Washington busca para Maduro una ‘solución a lo Noriega’: llevarlo preso

    Estados Unidos ha cruzado un umbral político con respecto a Venezuela que ya pocos ocultan. En Washington, altos cargos del Congreso y de la Administración Trump hablan abiertamente de un desenlace para Nicolás Maduro inspirado en el precedente de Manuel Antonio Noriega, el líder panameño capturado por tropas estadounidenses en 1989 y trasladado después a prisión en EE.UU.

    El senador republicano Lindsey Graham, una de las voces más influyentes en política exterior entre los aliados de Donald Trump, lo expresó sin rodeos en la red X: «Bush padre se cargó a Noriega en circunstancias parecidas. Hay un califato de la droga en nuestro vecindario que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para Venezuela y para Estados Unidos».

    Las palabras de Graham no son un gesto aislado. Reflejan el clima que se respira mientras Trump estudia planes de ataque selectivo en territorio venezolano y consolida una operación militar de gran escala en el Caribe bajo el nombre de «operación Lanza del Sur».

    Desde septiembre, la Casa Blanca maneja un mapa en constante revisión con pistas clandestinas, depósitos de combustible, nodos logísticos del Tren de Aragua y estructuras del cártel de los Soles en el país del Caribe. El objetivo declarado es la lucha antidroga; el no declarado es despojar al chavismo de su capacidad financiera y operativa hasta forzar un colapso interno. Asume la Casa Blanca que el último modo de ingreso del dictador y sus secuaces es el tráfico de cocaína.

    En este contexto, Graham ha querido dejar claro que el presidente está, en sus palabras, «totalmente comprometido» con impedir que «el narcoestado venezolano siga envenenando a los estadounidenses». «Maduro no es un líder legítimo, sino un narcotraficante imputado en tribunales de EE.UU., y sus días están contados», añadió el senador.

    Su mensaje encaja con los pasos dados por la Administración: la recompensa por Maduro se ha duplicado a 50 millones de dólares, y en el Capitolio se estudia elevarla aún más.

    Preparados para la acción

    La presión militar se intensifica. El portaaviones USS Gerald Ford opera ya en el Caribe con unos 60 aviones, respaldado por una docena de barcos y miles de efectivos adicionales. Los marines entrenan desembarcos anfibios en Puerto Rico y unidades de guerra naval han destruido más de veinte embarcaciones sospechosas sin intentar abordajes previos. Si no son preparativos para una acción mayor, son una herramienta de disuasión colosal.

    En la Casa Blanca, los asesores han presentado a Trump opciones de ataque que van desde golpes quirúrgicos a infraestructuras críticas hasta operaciones más arriesgadas diseñadas para decapitar la cúpula chavista. No hay decisión final, pero la preparación es evidente. Uno de los planes incluye una operación para llevarse al dictador preso, pero no se considera aquí en Washington que sea la opción que Trump prefiere de entrada.

    En paralelo, crece también la inquietud legal. Senadores que participaron en una vista confidencial explican que la justificación jurídica del Gobierno solo cubre los ataques en el mar, no bombardeos en territorio venezolano. Si Trump ordena un golpe sobre suelo firme, el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable. El precedente de Irán -el ataque de junio contra su programa nuclear- pesa sobre un Congreso que ya vivió cómo la Casa Blanca actuó primero y notificó después.

    Venezuela, epicentro criminal

    Caracas responde con amenazas de «lucha armada» en caso de agresión. Pero en Washington, la lectura dominante es que la ventana de oportunidad se está estrechando. «Hemos descrito durante años a Venezuela como un narcoestado», resume un responsable de seguridad nacional. «Ahora estamos alineando capacidades militares, legales y financieras para que eso tenga consecuencias reales». En ese marco, la idea de una «solución a lo Noriega» -un líder capturado por fuerzas estadounidenses y enviado a prisión- se ha planteado claramente a los senadores.

    Desde hace meses, EE.UU. sostiene que Venezuela se ha convertido en el epicentro de una estructura criminal que opera a escala regional, con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua protegidos por la cúpula chavista. La Administración Trump utiliza la lucha antidroga como palanca jurídica y política para justificar una campaña militar en el Caribe que ya incluye portaviones, submarinos y operaciones letales contra embarcaciones sospechosas. En el Capitolio, tanto demócratas como republicanos reconocen que el país avanza hacia un escenario inédito desde Panamá.

  • Ucrania lanza su misil de largo alcance Neptuno contra un puerto ruso en respuesta al bombardeo masivo sobre Kiev

    Ucrania lanza su misil de largo alcance Neptuno contra un puerto ruso en respuesta al bombardeo masivo sobre Kiev

    El puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro ha suspendido las exportaciones de petróleo tras ser alcanzado por drones y misiles ucranianos en la madrugada de este viernes. El Estado Mayor del país invadido afirmó que la terminal petrolera de Sheskharis, perteneciente a dicho puerto, había sido golpeada por los proyectiles de nueva generación, «Long Neptune». Volodímir Zelenski había confirmado horas antes el uso exitoso de estos cohetes con un vídeo publicado en redes sociales, pero sin especificar el objetivo concreto. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania aseguraron a ‘The Kyiv Independent’ que el golpe afectó a «instalaciones de carga de petróleo en los muelles, infraestructura de oleoductos y de bombeo».

    «Nuestros soldados utilizaron con éxito los misiles Long Neptune contra objetivos designados en territorio ruso, y esta es nuestra respuesta totalmente justa al continuo terrorismo ruso. Los misiles ucranianos están produciendo resultados cada vez más tangibles y precisos», manifestó el mandatario ucraniano.

    Ucrania presentó el pasado mes de agosto la actualización del Neptuno con un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Hasta ese momento, estos cohetes antibuque podían recorrer distancias de 300 kilómetros. Los Neptuno de producción propia fueron empleados en 2022 para hundir el emblemático buque Moskva de la Flota rusa del mar Negro.

    El fortalecimiento de las capacidades de largo alcance es de gran importancia para Ucrania y así se lo hizo saber Zelenski a los aliados en numerosas ocasiones. Durante los últimos tres meses Kiev ha multiplicado los ataques en la retaguardia rusa empleando drones de fabricación nacional con especial énfasis en el sector petrolero. La campaña ucraniana tiene como meta poner en jaque a la columna vertebral de la economía rusa y a su esfuerzo bélico.

    Bombardeo masivo en Kiev

    Mientras Ucrania atacaba el puerto de Novorossiysk, Rusia castigaba al país vecino con otra oleada de drones y misiles. Todos los distritos de Kiev cayeron presa de la furia de los proyectiles rusos. Una oleada de más de 430 drones y 18 misiles sacudieron Ucrania durante la noche del jueves. Rusia mantiene la presión en el frente y castiga a los civiles. La mayoría de la sociedad ucraniana, que enfrenta a diario más de 10 horas de cortes eléctricos, se ha visto sometida a una vigilia de terror. Los muertos en la capital ascienden a seis y los heridos a 36. Los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a algunos vecinos que quedaron atrapados bajo los escombros. Rusia mantiene la presión en el frente mientras castiga los civiles con noches de bombardeos sin tregua.

    Imagen principal - Las fuerzas rusas golpearon a la capital y otras ciudades ucranianas durante la noche del jueves al viernes
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    Imagen secundaria 2 - Las fuerzas rusas golpearon a la capital y otras ciudades ucranianas durante la noche del jueves al viernes
    Bombardeo masivo en Kiev
    Las fuerzas rusas golpearon a la capital y otras ciudades ucranianas durante la noche del jueves al viernes
    Reuters

    El presidente de Ucrania denunció que se trata de un golpe calculado y «cruel» para causar «el máximo daño a la población y a la infraestructura civil. Tan solo en Kiev, decenas de edificios de apartamentos resultaron dañados». Zelenski informó, además, que se habían producido daños en el edificio de la embajada de Azerbaiyán.

    El Ministerio de Energía ha confirmado cortes de energía en Donetsk, Kiev y Odesa. Vitaly Zaichenko, director de la compañía estatal de transmisión eléctrica Ukrenergo, declaró que misiles balísticos y de crucero, así como «muchos drones» alcanzaron las instalaciones energéticas. «Sin nuevos ataques, creemos que podremos recuperar todo nuestro consumo de energía en tres semanas«, dijo Zaichenko.

    La caída de restos de proyectiles afectó también a la tubería de una red de distribución de agua en la capital.

    No hay lugar seguro en Ucrania. Las consecuencias de la guerra se sienten en las ciudades cercanas al frente y en la lejana retaguardia. Kramatorsk, la capital administrativa de Donetsk sufre una nueva jornada de más de 14 horas sin electricidad. Los apagones están siempre acompañados de frágiles conexiones telefónicas que imprimen una sensación de aislamiento entre los residentes.

    Problemas en el frente sur

    La embestida de las tropas rusas no cesa en el frente ucraniano. Durante las últimas semanas toda la atención estuvo centrada en Pokrovsk, la estratégica ciudad del sur de Donetsk asediada durante más de un año. Pero hay otros sectores preocupantes. En la provincia de Zaporiyia, al sur del país, los soldados ocupantes tratan de desplazar aun más a los defensores.

    A principios de semana los soldados de Zelenski tuvieron que retirarse de cinco posiciones. El jueves los portavoces militares declararon cierta estabilización, sin embargo, las noticias de este viernes son pesimistas de nuevo. «La situación no es muy tranquila y, digamos, se está intensificando en algunas zonas de la línea de combate», declaró el jefe de las Fuerzas de Defensa del Sur, Vladyslav Voloshyn. Uno de los objetivos rusos en esta zona es expulsar a las fuerzas de defensa de Ucrania de Huliaipole.

  • Trump acelera la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela

    Trump acelera la operación militar en el Caribe y estudia ataques selectivos dentro de Venezuela

    Donald Trump estudia ya planes de ataque selectivo dentro de Venezuela, al mismo tiempo que consolida la campaña militar en el Caribe bajo un nuevo nombre: «Operación Southern Spear» («Operación Lanza del Sur»). La designación, anunciada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en la red X, refleja que ya no se trata de una serie de golpes puntuales, sino de una operación sostenida y de largo recorrido con el régimen de Nicolás Maduro en el centro del radar.

    El miércoles, según ha podido confirmar ABC, un grupo de altos mandos militares presentó a Trump, en la Casa Blanca, opciones actualizadas para posibles operaciones dentro de Venezuela, incluidas por primera vez acciones selectivas sobre objetivos en tierra firme. En la reunión participaron el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros responsables de seguridad nacional.

    No se ha tomado aún una decisión final, pero, según esas mismas fuentes, el presidente pidió a sus asesores que detallaran efectos, calendario y previsibles represalias del chavismo y de sus aliados.

    En paralelo, Hegseth confirmó en X que la campaña antidroga en el Caribe pasa a denominarse «Operación Lanza del Sur» y que estará dirigida por un mando específico, la «Fuerza Conjunta Lanza del Sur», bajo la órbita del Comando Sur de EE.UU. «El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo», escribió. «Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narco-terroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestro país de las drogas que matan a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de América, y lo vamos a proteger».

    Ese nombre ya había circulado en enero, nada más entrar Trump en la Casa Blanca, pero ahora se reutiliza para una operación sostenida y de amplio alcance en el Caribe, donde se ha desplegado un contingente extraordinario de la Armada estadounidense, incluido el portaaviones Gerald Ford.

    La dimensión militar es considerable. A la fuerza inicial ya desplegada —buques armados con misiles Tomahawk, un submarino de ataque y más de 4.000 marineros y marines— se suman ahora casi una docena de barcos de la Armada y alrededor de 12.000 efectivos en total en la región. Trump ha ordenado además reposicionar diez cazas F-35 en Puerto Rico, donde unidades de marines entrenan desembarcos anfibios y operaciones de interdicción marítima.

    La campaña estadounidense ha incluido hasta ahora al menos 17 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas de Sudamérica y del Caribe, en operaciones que han alcanzado un total de 21 barcos. En ellas han muerto entre 69 y 80 presuntos traficantes, algunos de ellos designados por Washington como integrantes de organizaciones terroristas. Solo dos supervivientes, rescatados por unidades estadounidenses, fueron repatriados a Ecuador y Colombia; uno quedó en libertad al no hallarse pruebas en su contra.

    En el plano político, la Casa Blanca no esconde que Venezuela es el objetivo principal. Como publicó ABC en septiembre, Trump estudia desde entonces emplear la coartada de la lucha antidroga para golpear la logística del cártel de los Soles y del Tren de Aragua, estructuras que, según la Fiscalía de EE.UU., operan bajo protección de la cúpula chavista. La recompensa por la captura de Nicolás Maduro se ha duplicado a 50 millones de dólares y en el Senado se discute ya elevarla a 100 millones. El mandatario venezolano está acusado en EE.UU. de enviar cocaína al país «en beneficio personal y de su entorno familiar».

    Las fuentes consultadas por ABC describen un mapa en constante revisión con posibles blancos dentro de Venezuela: pistas clandestinas, campamentos logísticos, depósitos de combustible y nodos donde confluyen los intereses de los carteles y de la cúpula chavista. «El objetivo es restar al régimen sus capacidades financieras y operativas sin entrar en una invasión clásica», resume un cargo conocedor de esos debates. Oficialmente, la línea sigue siendo que «no se habla de cambio de régimen», pero los preparativos militares y financieros apuntan a una estrategia de asfixia que busca provocar un movimiento interno contra Maduro.

    La escalada externa se cruza además con un pulso interno en Washington. El ataque de junio contra el programa nuclear iraní sirve como precedente y advertencia. Aquel golpe obligó a la Casa Blanca a enviar cartas al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente «pro tempore» del Senado, Chuck Grassley, para dejar constancia de que Trump actuó bajo su autoridad constitucional como comandante en jefe. Fuentes del Congreso explican a ABC que, si se extienden los ataques al territorio venezolano, el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable.

    En los últimos dos meses EE.UU. ha destruido varias narcolanchas cargadas de cocaína en aguas internacionales, en algunos casos sin intentar la interceptación previa. «En vez de abordar la embarcación, por orden del presidente la volamos. Y volverá a ocurrir», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, insistiendo en que «esta es una operación antidroga» y en que «vamos a enfrentarnos a los carteles dondequiera que estén».

    En Caracas, Maduro ha advertido de que cualquier agresión supondría el paso a una «etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión». En Washington, la impresión entre los sectores más duros de la Administración es otra: «Llevamos años describiendo a Venezuela como un narcoestado. Ahora estamos alineando capacidades militares, legales y financieras para que eso tenga consecuencias reales», afirma otra fuente de la Casa Blanca.