Author: rb809rb

Se ha cumplido un cuarto de siglo desde el ataque en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Su respuesta inmediata tras esos actos fue la destrucción de la organización que los había llevado a cabo y, en la búsqueda de su objetivo, el desencadenamiento de la guerra contra el terrorismo que se extendió desde Oriente Medio hasta los lugares que Estados Unidos consideró como amenazas.

En medio de esta confrontación, Afganistán se convirtió en el teatro de una guerra de más de veinte años que terminó con el regreso de los talibanes al poder. En ese mismo marco, Estados Unidos invadió a Irak, en 2003, sin que hubiera en ese caso relación alguna con los atentados. Veinticinco años después, el mundo es diferente, pero la inestabilidad con la que se inauguró el siglo XXI repercute en la actualidad. El así llamado 11-S dejó tras de sí consecuencias hasta entonces inéditas que dieron paso a una gran estrategia de vigilancia, recopilación de datos, control territorial, elaboración de listas de enemigos y sospechosos, entre otros resultados múltiples que incluyen la ampliación de poderes ejecutivos, la dramatización de la migración, ciberseguridad, para mencionar tan solo algunos.

Después del 11 de septiembre, se hizo célebre la declaración del entonces presidente estadounidense, George W. Bush: “O estás con nosotros, o estás con los terroristas”, enunciado en un discurso en el Congreso nueve días después de los ataques. Con esta afirmación se terminó cualquier posibilidad de que hubiera neutralidad en las relaciones internacionales y se estableció el inicio oficial de la denominada “Guerra contra el terrorismo”.

El autoritarismo dejó de ser una marca distintiva de regímenes tan solo vistos por fuera de Estados Unidos para convertirse en un rasgo que se puede dar dentro de las democracias. Son los propios Estados los que imponen un poder que puede atentar contra los pueblos. Ha crecido el poder de grandes corporaciones tecnológicas dominantes con influencia política, económica y militar.

América Latina es nuevamente un territorio en disputa y es fundamental para Washington en la carrera por el control geopolítico en el hemisferio occidental. El ascenso del poderío militar y político, más notorio aún bajo el actual gobierno, evidencia su interés en asegurar su dominio hegemónico en la zona en el siglo XXI. Es de interés particular su competencia con China. Están en juego también recursos naturales como tierras raras y minerales críticos. Desde México hasta Argentina, Estados Unidos quieren el control del Océano Pacifico, por ser el canal de comunicación con Asia Oriental. Con ese fin, le viene bien a la retórica estadounidense insistir en la invocación a la lucha contra el “narcoterrorismo” como la justificación para intervenir militarmente. A lo largo de estos años, la región pasó de ser patio trasero a territorio en disputa que contribuye a definir el orden global. Se entiende así el interés en controlar puertos y rutas marítimas, inversiones, mientras China, por su parte, quiere competir con alianzas comerciales, acuerdos, soberanía latinoamericana, apoyo con infraestructura.

Una de las prioridades de la visita reciente del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la región, que inició en Colombia y siguió a Ecuador y Perú, fue la agenda del “Escudo de las Américas” y los temas de cooperación militar en la lucha contra el narcoterrorismo y la cooperación militar conjunta en el marco de la seguridad hemisférica. En Colombia, Rubio señaló que Estados Unidos busca retomar una “época dorada” porque considera que es su aliado más importante en la región. Desde comienzos del 2000, con el Plan Colombia, Estados Unidos postuló a Colombia como su principal aliado en América Latina. Cabe recordar que el Plan Colombia fue la nomenclatura utilizada para la ayuda para combatir el narcotráfico y la guerrilla. El Plan Colombia convirtió al país en el mayor receptor de apoyo militar estadounidense en la región.

La respuesta del actual gobierno colombiano de alineación incondicional con Washington, lo puede llevar a adoptar un perfil bajo en los escenarios globales, al aceptar en forma casi exclusiva la agenda de la Casa Blanca. La política de Bogotá en su relación con Estados Unidos se está caracterizando por una aceptación de alianzas que comprometen la soberanía a nombre de la cooperación internacional en seguridad y narcotráfico. Es alto el riesgo de que se llegue a ceder control territorial en esta alineación incondicional con el gobierno estadounidense y su estrategia geopolítica.

Así, por ejemplo, debe recordarse que ningún funcionario estadounidense había atacado la Corte Penal Internacional como lo ha hecho Marco Rubio, quien anunció “desmantelar la CPI”, tras señalarla de institución corrupta y politizada. Ya en agosto le habían impuesto más sanciones a la presidenta de la Corte, además de las ya impuestas a 12 funcionarios. Recordemos que la jurisdicción de la CPI se ocupa de delitos como genocidio, crímenes de guerra y agresión en conexión con el uso de la fuerza armada contra la soberanía o independencia política de otro Estado.

En línea con una alianza que pone en riesgo, no solo la soberanía colombiana, como ya se señaló, sino también la participación de Colombia en sus relaciones multilaterales y sus compromisos con el ordenamiento penal internacional, el presidente De la Espriella anunció que quiere retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional siguiendo la agenda estadounidense. De materializarse este propósito, sería nocivo en grado sumo el impacto, en Colombia, en lo tocante a los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Si tenemos en mente que el presidente Trump ya firmó un decreto mediante el cual Estados Unidos se retira de 31 organismos de la ONU y de otras 35 organizaciones internacionales, se hace inocultable el desprecio de la administración Trump hacia las organizaciones internacionales y hacia el Estado de derecho, en particular. Colombia necesita salvaguardas internacionales que protejan los derechos humanos. Esta necesidad es ya una urgencia teniendo en cuenta el contexto marcado por un gobierno que dio inicio a su mandato con una ofensiva militar total contra grupos armados para imponer el orden por la fuerza. La población civil será la mayor afectada. Una alineación incondicional con Washington supedita principios como los de la soberanía nacional y derechos fundamentales.

Don Luis H. Álvarez fue un panista ejemplar en muchos aspectos. Su figura era un referente para los propios militantes y también para sus adversarios. Su liderazgo en el partido fue incuestionable por décadas. Sobre todo, fue un “militante de a pie” en las épocas en que ser de oposición era como predicar en el desierto. Don Luis fue candidato a la presidencia del país en 1958. Durante esa campaña no tuvo una sola entrevista en medios de comunicación y lo metieron a la cárcel por hablar mal del Gobierno. Años después, en 1986, llevó a cabo una huelga de hambre de cuarenta días en protesta por el fraude electoral en Chihuahua.

Esta brevísima semblanza es para enmarcar la siguiente anécdota: A finales de los noventa, don Luis —que era senador en ese entonces— formaba parte de la COCOPA, una comisión legislativa de todos los partidos para facilitar el diálogo con los zapatistas en Chiapas. La intención de esa comisión era mostrar un esfuerzo institucional, al margen del Gobierno, para restablecer la paz en ese Estado. Los legisladores decidieron hacer reuniones de la comisión en las oficinas de los partidos para mandar la señal de que no eran importantes los colores ni las banderas de cada partido, sino el esfuerzo conjunto. En esos días yo trabajaba en el área de comunicación del PAN. A mi oficina llegó un día don Luis y me dijo:

—Quiero que me ayudes con una cosa.

—Adelante, don Luis, lo que usted diga.

—Mira —continuó—, con esto de las reuniones de la COCOPA en los partidos, resulta que la que viene es en el PRI. Quiero que le digas al presidente (se refería a Felipe Calderón, que encabezaba el PAN) que no voy a asistir a esa reunión. Es un asunto personal y no quiero molestarlo con algo así, por eso quiero que se lo comentes tú. Nunca en mi vida he pisado la sede del PRI y no lo voy a hacer ahora. Me moriré sin haberla pisado.

Y así fue. Don Luis no asistió a esa junta y murió sin haber puesto pie en el PRI.

Por supuesto, la política ha cambiado desde entonces. El PAN también ha cambiado mucho, para bien y para mal. Claro, últimamente nada más para mal, pero eso ha sido una decisión de los propios panistas: la demolición de su casa.

El tema viene al caso por dos imágenes recientes que tienen que ver con el PAN de estos días. Una es la visita de Fox al PRI y su foto con el señor Alito. Don Luis hacía un tipo de política. Fox hace otro. Cada uno a su estilo. Sin embargo, Fox no es el PAN, aunque se hayan limado asperezas con el partido (quizá lo único que ha hecho bien esta dirigencia panista es reconciliarse con sus presidentes). Fox siempre ha ido por su lado. Estuvo con el PAN cuando lo necesitó. Desde siempre ha sido un creyente de las alianzas. A sus ochenta años quiere contribuir con lo que considera que es oportuno y necesario. Pero lo que haga él no es lo que quiere o vaya a hacer el blanquiazul. Es efectivamente algo a título personal. O por lo menos eso parece, pues el PAN no ha dicho nada sobre esa reunión.

La otra imagen es más delicada y sí involucra directamente al PAN de ahora y a su directiva. Se trata del senador panista Enrique Vargas en un evento con el diputado de Morena Pedro Haces. Una imagen grotesca por lo que representa de la política nacional. Una imagen que incluso asqueó a la propia presidenta y se pronunció al respecto cuestionando la labor política de Haces. Y, como de costumbre, el blanquiazul no ha dicho nada. El asunto es que Vargas sí representa al PAN, es senador, es el “dueño” del partido en el Estado de México y forma parte de órganos directivos del partido. En pocas palabras: la imagen que importa para saber en qué anda el PAN no es la de Fox, sino la de Vargas.

La directiva panista estaba esta semana por Europa, pero en días normales está en la luna. Los presidentes del PRI y de Morena estuvieron presentes en el arranque del proceso electoral en el INE y fijaron sus posiciones. El presidente del PAN no estuvo para dar algún mensaje. Fue a reunirse a Alemania –en una gira patética por sus mensajes– con la CDU, el partido de derecha alemán que acaba de perder más de la mitad de sus votos en las pasadas elecciones frente al partido de la ultraderecha. Ni siquiera se reunieron con los ganadores. Por supuesto, aunque anduvieron por allá, no sabemos qué piensa la presidencia panista del triunfo de la AfD en Alemania.

Es un hecho que el PAN de ahora no hace la política que hacía Luis Álvarez. Pero tampoco sabemos si quiere hacer la de Fox o si está de acuerdo con la de Enrique Vargas. No sabemos qué piensa el PAN de todo esto. Es más, ya no sabemos siquiera si piensa.

@juanizavala

Esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su propuesta de Criterios Generales de Política Económica 2027, así como la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo año. En su conjunto, esto conforma el llamado Paquete Económico 2027, que es la propuesta que plantea el gobierno para la conducción de la política económica del próximo año. Ahora, el poder legislativo, conformado por las Cámaras de Diputados y Senadores, deberá abocarse a su discusión, análisis y eventual aprobación.

Lo primero que hay que decir es que se trata de un paquete responsable y realista. Es responsable porque identifica como prioridad la necesidad de contener, en el mediano plazo, la expansión de la deuda pública como porcentaje del PIB. Esto es importante porque durante las últimas dos décadas la deuda del gobierno prácticamente se ha duplicado como porcentaje del PIB, ya que pasó de 28% a finales de la administración del presidente Fox en 2006, a un nivel de 54% hacia finales de este año. Dicho aumento de la deuda, por cierto, y a diferencia de lo que suelen repetir distintos políticos o analistas sesgados, ocurrió a un ritmo muy similar en las administraciones de los expresidentes Calderón, Peña Nieto y López Obrador. En concreto, cada una de estas administraciones aumentó la deuda pública en niveles cercanos a ocho puntos porcentuales del PIB.

La propuesta del actual paquete es tratar de estabilizar la deuda en un nivel de 56.5% del PIB hacia finales de la presente Administración, lo que implicaría un aumento de menos de cinco puntos porcentuales del PIB en esta gestión y, más importante, la posibilidad de finalmente estabilizar la deuda pública como porcentaje del PIB. Si se lograra esto, sería sin duda un logro muy importante que, por lo demás, garantizaría que el país pudiera mantener el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras.

Por otro lado, la propuesta es realista porque, a diferencia de lo ocurrido en años recientes, el escenario macroeconómico que se propone es más creíble y es, además, compatible con las estimaciones y expectativas de analistas del sector privado. Un componente importante de esto es el pronóstico de crecimiento de la economía, ya que una sobreestimación de este indicador podría conducir a un escenario en el que la deuda como porcentaje del PIB parecería disminuir de manera artificial e injustificada. Por ello, el que ahora se revisen a niveles más moderados las expectativas de crecimiento para este y otros años hace que las estimaciones resulten más creíbles de lo que habían sido en ocasiones anteriores.

Para lograr que el escenario sea más realista hay dos componentes que resultan cruciales: por un lado, la expectativa de que la recaudación mejorará y, por el otro, una cierta contención en la expansión del gasto público. Lo primero se atiende con algunas modificaciones en la recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) que prometen generar una recaudación adicional importante. Estas modificaciones buscan introducir una especie de impuesto de control para que empresas relativamente grandes (con ventas de 50 millones de pesos o más al año) paguen al menos un porcentaje (aunque sea bajo) de sus ingresos en forma de ISR. Esta modificación permitirá recaudar más impuestos por esta vía, al imponer un tope en las deducciones que pueden realizar estas empresas. Se espera que esta medida contribuya a desincentivar el uso de las llamadas empresas factureras (empresas que se dedican a vender facturas que amparan transacciones no realizadas, pero que permiten realizar deducciones importantes).

Por el lado del gasto, la contención ocurre porque el gasto en programas sociales prácticamente solo aumentará conforme a la inflación y por factores demográficos (esto es, por la incorporación de personas que cumplen con requisitos de edad para ser beneficiarios de algunos programas sociales). A diferencia de años anteriores, en los que se anunciaron nuevos programas sociales o aumentos significativos en los programas ya existentes, esta decisión permitirá que se comience a contener el gasto y la presión fiscal que esto implicaba.

Además de lo anterior, hay otros componentes importantes en el paquete económico como una propuesta de ley para fortalecer y promover el pago con medios digitales, así como una propuesta para avanzar en la homogeneización y homologación de los registros catastrales y de los registros públicos de la propiedad, lo cual anticipa la posibilidad de hacer una buena reforma al impuesto predial en el futuro.

En suma, se trata de un paquete económico que trata de transmitir certeza y confianza en la situación de las finanzas públicas del país y que podría contribuir por esa vía a mejorar el entorno de negocios. Todavía falta, por supuesto, una reforma de carácter más amplio a la Hacienda pública mexicana (tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto) que permita crecer más y mejorar el bienestar económico de la población, pero, al menos, este paquete ofrece un paso en la dirección correcta.