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  • Cómo los trabajadores del sector de la IA están disparando con sus ganancias los precios de la vivienda en San Francisco

    Cómo los trabajadores del sector de la IA están disparando con sus ganancias los precios de la vivienda en San Francisco

    Tres casas en una calle residencial de San Francisco. Las viviendas de tres plantas lucen limpias y bien mantenidas, con plantas y árboles bien cuidados en el exterior.

    Fuente de la imagen, Open Homes Photography

    Pie de foto, La parte superior de la casa del medio, un apartamento de tres habitaciones, estaba a la venta por casi 3 millones de dólares.

    En una calle arbolada del acomodado barrio residencial de Duboce Triangle en San Francisco, la parte superior de una casa unifamiliar atraía a posibles compradores.

    El lujoso apartamento de tres habitaciones, recientemente renovado, estaba a la venta por casi US$3 millones y había despertado un especial interés debido a una inusual forma de pago: el vendedor consideraría recibir acciones de las empresas de inteligencia artificial (IA) OpenAI o Anthropic en lugar de efectivo.

    “El valor [de la propiedad] es cuestionable, pero me gustaría comprarla”, dice un joven empleado de OpenAI que acaba de visitar el apartamento con su pareja.

    El trabajador, que se mudó a la ciudad californiana hace dos años para empezar en un puesto técnico en la empresa de tecnología, actualmente paga alquiler y, según comenta, planea preguntarles a sus jefes sobre la posibilidad de una transferencia de acciones.

    Epicentro de la IA

    Bienvenidos a San Francisco, ciudad que en 2026 es el epicentro de la revolución de la IA, y donde los precios de las propiedades han aumentado drásticamente.

    “Son precios astronómicos”, afirma Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, una empresa inmobiliaria que realiza un seguimiento del valor de las viviendas en Estados Unidos. “La gente tiene mucho dinero y está lista para comprar”.

    En marzo, San Francisco recuperó su título como la ciudad más cara para comprar una vivienda en Estados Unidos, superando a su rival San José, situada a 80 kilómetros al sur, en el corazón del tradicional Silicon Valley.

    Ese mes, el precio promedio de la vivienda en San Francisco subió un 19% respecto al año anterior, y esa tendencia ha continuado, con aumentos del 14,5% y el 14,1% en abril y mayo respectivamente, según datos proporcionados por Redfin.

    El precio promedio de venta en la ciudad a mayo de 2026 alcanzó un máximo histórico de US$1,76 millones, en comparación con los casi US$400.000 de Estados Unidos en su conjunto, donde los precios subieron solo un 1,4% en marzo y un 2% tanto en abril como en mayo.

    Un gráfico lineal muestra el precio medio de venta de viviendas en dólares estadounidenses para San Francisco, Nueva York y Estados Unidos en general, desde enero de 2024 hasta mayo de 2026. La línea más alta corresponde a San Francisco, que comienza cerca a 1,3 millones de dólares en enero de 2024 y fluctúa hasta 2026, cayendo a un mínimo de aproximadamente 1,27 millones de dólares en enero de 2025, subiendo a más de 1,5 millones de dólares en mayo de 2025 y volviendo a bajar a 1,3 millones de dólares en enero de 2026. A partir de ese momento, el precio comienza a subir bruscamente en los meses siguientes, alcanzando un máximo de aproximadamente 1,76 millones de dólares en mayo de 2026, cuando finaliza la serie temporal. Por el contrario, los precios para Nueva York y Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables a lo largo de la serie temporal, siendo Nueva York la ciudad con mayor variación. El rango de precios para Nueva York oscila entre aproximadamente 800.000 y 895.000 dólares durante todo el período, alcanzando un precio de 875.000 dólares en mayo de 2026. Para Estados Unidos en su conjunto, la cifra se mantiene entre aproximadamente 360.000 y 399.000 dólares, con un máximo de poco menos de 400.000 dólares en mayo de 2026

    La opinión generalizada es que el dinero proveniente de la inteligencia artificial es el motor del pujante mercado inmobiliario de San Francisco. “Hemos llegado a esa conclusión basándonos en los datos que observamos y en lo que nos comentan nuestros agentes”, afirma Fairweather.

    El economista destaca el fuerte aumento de precios en los códigos postales de lujo del área metropolitana de la Bahía de San Francisco, que incluyen a Duboce Triangle, desde que OpenAI lanzó ChatGPT a finales de 2022, una tendencia ausente en ciudades con menor riqueza derivada de la IA.

    Ha frenado la recesión que sufrió San Francisco durante la pandemia de covid, cuando la población disminuyó y los precios de la vivienda se moderaron.

    Hoy en día, los elevados salarios y las primas por incorporación que reciben los altos cargos de IA en la ciudad pueden ser extraordinarios, incluso para los estándares de Silicon Valley. Aún más generosas son las opciones sobre acciones que se les han permitido canjear parcialmente a los empleados mediante la venta limitada de títulos.

    Según se informó recientemente, el pasado mes de octubre, más de 600 empleados y exempleados de OpenAI vendieron acciones por un valor combinado de US$6.600 millones, lo que supone una media de US$11 millones por participante.

    En Anthropic, cuyo producto principal es Claude, también se dijo recientemente que a los trabajadores se les permitió vender acciones por un valor total de unos US$6.000 millones.

    El salón y el comedor del apartamento en San Francisco, con una zona de sofás y mesas de comedor.

    Fuente de la imagen, Open Homes Photography

    Pie de foto, El apartamento de tres habitaciones en Duboce Triangle ha sido lujosamente amueblado.

    “Una locura”

    Y dado que ambas compañías tienen previsto salir a bolsa a finales de este año o el próximo, creando así más empleados multimillonarios, muchos no ven que vaya a terminar pronto el auge del mercado inmobiliario de San Francisco.

    “Las guerras de ofertas de hoy en día se considerarán gangas, y de hecho ya lo son”, afirma Rachel Swann, la agente inmobiliaria encargada de la venta de la propiedad en Duboce Triangle.

    Enrico Moretti, profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley, sin embargo, afirma que aún estamos en una fase muy temprana del auge de la IA. Señala que, si bien la población y los niveles de empleo de la ciudad están aumentando, siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia.

    También existen fuerzas opuestas que podrían frenar el aumento de los precios. Grandes empresas tecnológicas como Meta han realizado recientemente despidos masivos.

    Y a medida que la industria de la IA pasa de su fase de innovación de rápido crecimiento a una de empresas consolidadas, es probable que necesite trabajadores menos especializados que no perciban los mismos salarios elevados.

    Moretti también señala que la mayor parte de la riqueza proveniente de las próximas salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic irá a parar a los inversores en lugar de a los empleados, y que estos se encuentran ubicados en todo el mundo.

    Una vista del horizonte de San Francisco, con los rascacielos del centro de la ciudad a lo lejos.

    Fuente de la imagen, Open Homes Photography

    Pie de foto, San Francisco es un lugar deseable para vivir, pero muchas familias no pueden permitirse vivir allí debido a los altos precios.

    Mientras tanto, el agente inmobiliario de San Francisco Matthew Goulden afirma que la situación actual es “una locura”.

    Goulden, quien lleva más de 20 años desempeñando este trabajo, afirma que empezó a notar un aumento en el número de posibles compradores, muchos de ellos del mundo de la IA, a finales del año pasado.

    Según explica, la tendencia al alza no se limita solo a las propiedades de lujo, sino que se extiende a todo el mercado, desde viviendas unifamiliares hasta apartamentos de un dormitorio, y aunque es más pronunciada en los barrios más cotizados, se percibe prácticamente en todas partes.

    Afirma que las guerras de ofertas son ahora habituales, y que en ocasiones elevan los precios de venta millones de dólares por encima del precio inicial.

    Al mismo tiempo, dice que las viviendas se venden más rápido que nunca y que el número de compras al contado parece estar aumentando considerablemente, sobre todo en el segmento más alto del mercado.

    Danielle Lazier, otra experimentada agente inmobiliaria de San Francisco, describe una situación similar, pero añade una perspectiva diferente.

    Según explica Lazier, en San Francisco existe desde hace tiempo la tendencia de poner las viviendas a la venta por debajo de su valor de mercado para generar un efecto de subasta.

    Además, la oferta es crónicamente limitada: San Francisco es pequeña, tiene una alta proporción de inquilinos y ha tenido dificultades para construir nuevas viviendas (aunque el nuevo alcalde de la ciudad, partidario del crecimiento y centrado en la recuperación, esté intentando cambiar eso).

    “De repente, el dinero generado por la IA puede tener un efecto desproporcionado”, afirma.

    El agente inmobiliario Matthew Goulden posa frente a un edificio de ladrillo rojo.

    Fuente de la imagen, Matthew Goulden

    Pie de foto, Matthew Goulden, agente inmobiliario de San Francisco, afirma que el mercado inmobiliario de la ciudad está “de locos”.

    ¿Qué pasa si no tienes el dinero de la IA?

    Mientras tanto, a medida que se afianza el nuevo auge de la inteligencia artificial, los residentes de San Francisco son quienes saben quién puede quedarse y quién no.

    Dos familias de San Francisco con hijos en edad escolar que pidieron permanecer en el anonimato para proteger su privacidad, lograron recientemente comprar casas unifamiliares listas para habitar y así satisfacer su imperiosa necesidad de tener más espacio, pero solo una de ellas pudo hacerlo en la ciudad.

    Esa familia pudo comprar una vivienda en el atractivo barrio residencial donde había vivido de alquiler durante mucho tiempo, después de que uno de los padres, que trabaja en OpenAI, vendiera algunas acciones de la empresa el pasado octubre, lo que proporcionó a la familia el impulso financiero necesario para comprar en efectivo.

    La pareja afirma sentirse “confundida y cohibida” porque el dinero proveniente de la IA lo ha hecho posible. “No somos personas ostentosas”, añaden. “Simplemente hemos aprovechado la oportunidad al máximo”.

    En cambio, la otra familia, que no obtiene sus ingresos de la IA ni del mundo tecnológico, tuvo que mudarse a una ciudad del Área de la Bahía, hacia el norte.

    Su nueva casa, adquirida en parte con una hipoteca, incluye una piscina y terreno adicional.

    Es un tipo de vida diferente, señala la madre, y ya se han adaptado en gran medida, aunque implica un largo viaje diario para su marido, que tiene un alto cargo gubernamental en San Francisco, y todavía tienen momentos de “¿qué pasaría si…?”.

    “No nos habríamos ido si hubiéramos podido permitirnos quedarnos”, reflexiona. “Es una lástima, y me molesta un poco ver cómo todo este dinero extra de la IA está dejando fuera a los demás”.

    En cuanto al apartamento de Duboce Triangle: se vendió por US$3,2 millones, US$200.000 por encima del precio inicial, según su agente inmobiliario. Se desconoce si la transacción incluyó acciones de IA.

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    Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de BBCMundo revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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  • Dos guatemaltecos se declaran culpables en Texas de tráfico de personas ligado a tragedia en Chiapas

    Dos guatemaltecos se declaran culpables en Texas de tráfico de personas ligado a tragedia en Chiapas

    Dos guatemaltecos se declararon culpables ante una corte federal de Texas de participar en una red de tráfico de personas relacionada con un accidente migratorio más mortal registrado en México en los últimos años, ocurrido en diciembre de 2021 en el estado sureño de Chiapas, donde murieron 55 migrantes.

    El Departamento de Justicia nformó que Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26, se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 de cargos federales por tráfico de personas. Ambos podrían recibir una condena máxima de cadena perpetua y conocerán su sentencia el próximo 6 de octubre de 2026.

    La investigación de las autoridades estadounidenses relaciona a los acusados con una organización que reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba grandes cantidades de dinero por trasladarlos hacia Estados Unidos y utilizaba rutas y métodos de transporte de alto riesgo a través de México.

    La tragedia del tráiler en Chiapas que expuso la red

    El caso está vinculado al accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba al menos 166 migrantes volcó y se impactó contra un puente cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

    El saldo del accidente fue de 55 personas muertas y más de 100 heridas. Entre las víctimas mortales se encontraba una adolescente guatemalteca de 16 años. La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Guatemala, aunque entre los sobrevivientes y lesionados también había personas originarias de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador.

    Testigos del accidente relataron que los migrantes viajaban en condiciones extremas dentro del remolque, donde permanecían prácticamente de pie debido al reducido espacio. Tras el choque, imágenes del lugar mostraron la magnitud de la tragedia, con cuerpos esparcidos en la zona del impacto.

    Red de tráfico trasladaba migrantes en vehículos peligrosos

    Durante el proceso judicial, los acusados admitieron que la organización operaba como una estructura dedicada al traslado ilegal de personas desde Guatemala hacia Estados Unidos.

    La red utilizaba diferentes medios de transporte, incluidos recorridos a pie, microbuses, camiones utilizados para transportar ganado y tráileres, según la información presentada ante el tribunal.

    Uno de los aspectos más graves de la investigación fue la utilización de menores migrantes no acompañados dentro del esquema. Los responsables les proporcionaban instrucciones y respuestas preparadas para que pudieran contestar preguntas de autoridades migratorias estadounidenses en caso de ser detenidos durante el trayecto.

    El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, comparó el funcionamiento de la organización con una cadena de suministro, al señalar que los traficantes reclutaban personas en Guatemala, recibían pagos y posteriormente las trasladaban en vehículos sin importar las condiciones de seguridad.

    “Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló el funcionario.

    Detenciones y otros integrantes de la organización

    Jorge Agapito Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras permanecía en Estados Unidos sin autorización migratoria.

    Por su parte, Oswaldo Manuel Zavala Quino fue uno de los cinco acusados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos ante la justicia federal estadounidense.

    Antes de las declaraciones de culpabilidad de julio de 2026, otros tres integrantes de la presunta red ya habían aceptado su participación en los hechos.

    Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026, mientras que Daniel Zavala Ramos, de 41 años, hizo lo mismo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.

    Un sexto acusado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, mantiene cargos pendientes ante la justicia estadounidense.

    Las sentencias para Quino Canil De Zavala y Chitic fueron programadas para el 9 de septiembre de 2026. Ambos enfrentan también una posible pena de cadena perpetua y multas de hasta 250 mil dólares.

    Autoridades estadounidenses califican el caso como explotación de migrantes

    El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los integrantes de la red aprovecharon la vulnerabilidad de los migrantes al violar las leyes migratorias estadounidenses y poner en riesgo sus vidas.

    El funcionario señaló que los responsables buscaban aumentar sus ganancias al transportar a más de 100 hombres, mujeres y niños dentro de un tráiler, una práctica que terminó provocando consecuencias mortales.

    El director en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, indicó que el caso demuestra que los traficantes de personas priorizan sus beneficios económicos sobre la seguridad de quienes trasladan.

    Condon destacó que los migrantes enfrentan riesgos como temperaturas extremas, falta de ventilación y condiciones peligrosas durante los trayectos organizados por estas redes criminales.

    Investigación internacional contra tráfico humano

    La investigación fue desarrollada por HSI con apoyo de autoridades de México y Guatemala, como parte de la Joint Task Force Alpha, una iniciativa conjunta del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para combatir organizaciones dedicadas al tráfico de personas en América.

    El caso también forma parte de la Operation Take Back America, un programa impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir redes criminales y reforzar acciones contra delitos relacionados con migración irregular.

    Las autoridades estadounidenses señalaron que el proceso judicial contra los integrantes restantes de la organización continuará mientras avanzan las investigaciones sobre una de las redes de tráfico humano vinculadas a una de las mayores tragedias migratorias ocurridas en México.

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  • Departamento de Justicia demanda a Maryland por sus políticas de santuario para inmigrantes

    Departamento de Justicia demanda a Maryland por sus políticas de santuario para inmigrantes

    Maryland se convirtió en el nuevo objetivo de una disputa legal del gobierno federal por sus políticas migratorias, ya que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado al acusarlo de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración y de interferir con la aplicación de las leyes federales.

    La acción judicial es la número 21 que el DOJ presenta contra normas consideradas de “santuario”, debido a que, según el gobierno, estas medidas impiden el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y agentes federales de inmigración.

    La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.

    Frenan custodia federal

    El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.

    “Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.

    El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.

    La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.

     La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ  contra políticas santuario,  incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.

    Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.

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  • Embajada de México exige transparencia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

    Embajada de México exige transparencia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

    El gobierno de México intensificó sus gestiones diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió luego de recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

    Y es que la Embajada de México en Estados Unidos informó que dará seguimiento al caso y buscará que los hechos sean investigados con total transparencia.

    El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, confirmó que la representación diplomática mantiene contacto con la esposa e hijos de Salgado Araujo y les brinda acompañamiento consular en este proceso.

    Cancillería anuncia acciones ante autoridades de Estados Unidos

    A través de un mensaje publicado en la red social X, Lazzeri explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores actuará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el objetivo de impulsar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

    El diplomático señaló que la Embajada de México en Washington y el Consulado de México en Houston utilizarán todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento al caso.

    “Como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”, expresó.

    Habrá reuniones con el Departamento de Estado, DHS e ICE

    Como parte de las acciones diplomáticas, Lazzeri informó que sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses para solicitar información y una revisión de los hechos.

    Los encuentros incluirán representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE y legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.

    El objetivo, explicó, será solicitar una investigación transparente del operativo y promover protocolos más claros para futuras intervenciones de las autoridades migratorias.

    México pide respeto a la vida y los derechos humanos

    El embajador subrayó que la postura del gobierno mexicano no busca cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes migratorias, sino insistir en que las acciones de las autoridades se desarrollen con pleno respeto a la vida y a la dignidad de las personas.

    “Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, escribió Lazzeri.

    Caso se suma a otras muertes de mexicanos relacionadas con el ICE

    Roberto Lazzeri señaló que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo representa un nuevo caso que preocupa al gobierno mexicano.

    De acuerdo con el embajador, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido en incidentes relacionados con agentes del ICE o mientras permanecían bajo detención migratoria, una cifra que mantiene la atención de las autoridades consulares mexicanas.

    El caso de Salgado Araujo continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras su familia y organizaciones civiles también han solicitado una revisión independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el operativo en Houston.

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  • Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    Muerte de mexicano en operativo de ICE desata exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas

    La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, ha intensificado las exigencias de organizaciones civiles, legisladores y autoridades mexicanas para fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.

    El caso, ocurrido el 7 de julio en un vecindario predominantemente latino de Houston, ha trascendido la discusión sobre el uso de la fuerza para convertirse en un llamado a revisar los mecanismos de control sobre los operativos de ICE, particularmente cuando éstos terminan con la muerte de una persona.

    En un posicionamiento difundido este jueves, la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.

    El documento toma como punto de partida la movilización impulsada por la organización LULAC (League of United Latin American Citizens), que promovió una petición pública para exigir una investigación “completa, independiente y transparente”, así como la preservación y publicación de toda la evidencia disponible, incluidos videos, comunicaciones y testimonios. También destaca la creación de un fondo de apoyo para la familia del fallecido.

    Las demandas coinciden con las de la familia de Salgado Araujo, que rechaza la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras ICE sostiene que el agente disparó en defensa propia después de que el conductor presuntamente embistiera un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente, los familiares aseguran que Lorenzo creyó estar siendo víctima de un asalto debido a que los vehículos involucrados no estaban claramente identificados y exigen que se divulgue toda la evidencia disponible.

    Uno de los elementos que ha alimentado las dudas es que el operativo no contaba con grabaciones de cámaras corporales, circunstancia reconocida por las autoridades y que ha complicado la reconstrucción independiente de los hechos. Asimismo, ICE no ha precisado públicamente si Salgado era el objetivo original del operativo.

    Propuestas para fortalecer la supervisión

    Fuerza Migrante planteó cuatro medidas para evitar que casos similares queden limitados a investigaciones internas: activar obligatoriamente una revisión técnica e independiente cada vez que una persona muera durante un operativo migratorio; establecer un seguimiento bilateral entre México y Estados Unidos en casos de alto impacto; incorporar observadores externos cuando existan versiones contradictorias o posibles excesos en el uso de la fuerza; y publicar recomendaciones institucionales al concluir cada investigación para corregir fallas en los protocolos.

    “La justicia no puede depender de la presión mediática ni de la capacidad de una familia para exigir respuestas. La vida de una persona debe estar protegida por reglas claras, controles efectivos y autoridades obligadas a rendir cuentas”, señala el documento.

    Gobierno de México anuncia acciones legales

    La presión también ha escalado al plano diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia de ICE, al considerar que los canales diplomáticos utilizados hasta ahora no han producido resultados suficientes.

    De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 17 connacionales han perdido la vida en los últimos meses: 14 mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres durante operativos de detención. Reuters informó que el caso de Lorenzo Salgado elevó a por lo menos seis el número de personas fallecidas durante acciones de aplicación de la política migratoria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

    El documento de Fuerza Migrante retoma esas cifras para advertir que “cuando los hechos se repiten, la respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer responsabilidades caso por caso. También debe revisar si los protocolos, controles internos y mecanismos de supervisión están siendo suficientes para proteger la vida y prevenir abusos”.

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  • Entrenador de fútbol mexicano recibe 30 años de cárcel por explotar sexualmente a menores

    Entrenador de fútbol mexicano recibe 30 años de cárcel por explotar sexualmente a menores

    Un entrenador de fútbol de origen mexicano fue condenado a 30 años de prisión federal por explotar sexualmente a menores, grabar los abusos y poseer documentos migratorios y de identidad fraudulentos en Tennessee.

    Camilo Campos-Hurtado, de 66 años y residente de Franklin, recibió la sentencia el 2 de julio de 2026. Una vez cumplida la pena, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee.

    Campos-Hurtado se había declarado culpable el 17 de junio de 2025 de cuatro cargos de explotación sexual de menores, uno por recibir material de abuso sexual infantil, otro por utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y uno más por tener un documento de identidad robado o producido sin autorización legal.

    La Fiscalía había solicitado una condena de 50 años debido a la gravedad de los delitos, la extensión temporal de los abusos y el riesgo que representaba el acusado. El juez federal estableció finalmente una pena de 360 meses, equivalentes a 30 años de cárcel.

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    Un teléfono olvidado permitió descubrir los abusos

    La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona encontró un teléfono celular que Campos-Hurtado había olvidado en un establecimiento comercial de Franklin.

    Al revisar el dispositivo, encontró videos sexualmente explícitos y alertó de inmediato al Departamento de Policía de Franklin. La denuncia dio lugar a una investigación que permitió descubrir varios años de explotación sexual infantil.

    Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, y policías locales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda y el vehículo del acusado. Allí recuperaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y numerosos documentos migratorios y de identidad falsificados.

    Drogaba o emborrachaba a las víctimas

    Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado utilizaba drogas o alcohol para incapacitar a menores antes de abusar sexualmente de ellos y grabar las agresiones.

    Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo durante el cual trabajaba como entrenador de fútbol. Sin embargo, el análisis forense de sus dispositivos reveló que producía material de abuso sexual infantil al menos desde enero de 2013.

    Las autoridades señalaron que aprovechaba su posición como entrenador para acercarse a los menores y ganarse su confianza.

    La investigación estuvo a cargo de HSI, el Departamento de Policía de Franklin y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El caso fue procesado por las fiscales federales adjuntas Monica R. Morrison y Kathryn D. Risinger.

    Podría ser expulsado de Estados Unidos

    La Fiscalía indicó que Campos-Hurtado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Después de cumplir su condena federal y cualquier pena estatal que aún tuviera pendiente, se espera que sea sometido a un procedimiento migratorio para su expulsión a México.

    El gobierno estadounidense no precisó en qué fecha ni por qué lugar ingresó al país.

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  • ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    ‘Protestar contra ICE no es un delito’

    Organizadores del grupo Centro CSO de Los Ángeles y del condado de Orange se reunieron este miércoles afuera del edificio federal Ronald Reagan en Santa Ana para apoyar a Nadia Topete, una activista que insiste en que está siendo investigada por las autoridades por su participación en protestas contra  las redadas de ICE el año pasado.  

    “Nadia no hizo nada malo. Protestar contra ICE no es un delito, defender los derechos de los inmigrantes no es un delito”, dijo Verita Topete, hermana de la activista. “Esto es un intento de la administración de Trump de acosar y desmantelar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. El hecho de que se haya señalado a Nadia forma parte de un sistema de represión política del gobierno federal”. 

    De acuerdo con Verita, el 1 de julio, las autoridades de Los Ángeles se presentaron en el domicilio de la activista por los derechos de los inmigrantes para entregarle una segunda citación en la que se le ordenaba comparecer ante un gran jurado el 8 de julio. Topete ya había sido citada para testificar en mayo, pero no asistió a la audiencia. 

    Los grupos activistas que apoyan a Nadia creen que la citación está relacionado con la participación de la joven en las protestas contra los operativos migratorios el verano pasado y recuerdan como miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del encarcelamiento masivo de miembros de su comunidad, tras una serie de detenciones violentas de ICE en el sur de California. 

    Creen que se trata de un intento de reexaminar el caso de Alejandro Orellana, otro activista por los derechos de los inmigrantes que participó en las protestas contra ICE el año pasado. Orellana fue acusado de conspirar para provocar disturbios civiles. Al final, se retiraron los cargos contra el activista del este de Los Ángeles, quien fue detenido por repartir protectores faciales durante una protesta contra las redadas federales de inmigración. 

    “¡Hoy es un buen día porque nuestra compañera entró a la corte y pudo salir libre!”, dijo Gabe de Centro CSO. 

    Nadia saliendo del edicificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Nadia saliendo del edificio federal de Santa Ana con su equipo legal.
    Crédito: Janette Villafana | Impremedia
    Dos mujeres sostienen un cartel con las palabras "Stand With Nadia".
    Dos mujeres sostienen un cartel con la frase “Stand With Nadia”.
    Crédito: Janette Villafana
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Miembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana.
    Crédito: Janette Villafana

    El miércoles, Nadia asistió a la corte a la que la habían llamado para dar su testimonio sobre las múltiples manifestaciones de 2025, pero aunque asistió a su audiencia decidió no prestar testimonio, ya que piensa que podrían usar cualquier cosa que diga en su contra y en contra de sus compañeros. 

    “Nadia es una chicana de primera generación que se enorgullece de serlo y se dedicó a la defensa de los derechos humanos después de que nuestro papá fue secuestrado y detenido en el campo de concentración de Adelanto, donde pasó tres años sufriendo todo tipo de abusos y negligencia médica”, comentó su hermana. “Ella nunca ha salido a la calle para causar daño; solo estaba defendiendo los derechos de nuestros vecinos, como todos aquí lo hemos hecho desde que comenzó esta pesadilla”.

    Topete no se tomó a la ligera la noticia de que la habían citado a comparecer, ya que no es la primera activista a la que las autoridades han requerido para prestar alguna declaración. Este año, unos manifestantes contra ICE fueron condenados a décadas de prisión tras una protesta frente a un centro de detención en Texas.

    Carlos Montes, del Centro CSO, dijo que Nadia ha sido parte de su organización por mucho tiempo y, durante ese tiempo ha apoyado a su comunidad al proporcionar tarjetas de “conoce tus derechos”, vigilando la comunidad e incluso pintando las caras de niños en muchos de los eventos comunitarios que suelen realizar.

    Nadia a lado de su hermana, agradeciendole a la comunidad por apoyarla.
    Nadia a lado de su hermana, agradeciéndole a la comunidad por apoyarla.
    Crédito: Janette Villafana
    Crédito: Janette Villafana

    “Ella nunca ha hecho nada malo; solo está defendiendo a personas que no pueden defenderse”, dijo Montes, quien lleva años organizando en Los Ángeles.  

    Aunque Nadia no pudo dar ninguna entrevista, ya que su caso sigue abierto y puede que la vuelvan a llamar, sí se tomó un momento para agradecer a las más de 30 personas que asistieron a apoyarla. Al final, se tomó un momento para hacerse una foto con el grupo.  

    “Dependiendo de lo que pase, estamos listos para actuar, listos para estar ahí y apoyar a Nadia hasta el final”, dijo Sol Márquez, de la organización Legalización para Todos. “Tenemos que mantenernos unidos porque estamos bajo ataque; hoy es Nadia, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.

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