Maryland se convirtió en el nuevo objetivo de una disputa legal del gobierno federal por sus políticas migratorias, ya que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado al acusarlo de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración y de interferir con la aplicación de las leyes federales.
La acción judicial es la número 21 que el DOJ presenta contra normas consideradas de “santuario”, debido a que, según el gobierno, estas medidas impiden el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y agentes federales de inmigración.
La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.
Frenan custodia federal
El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.
“Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.
El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.
La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.
La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ contra políticas santuario, incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.
Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.
El gobierno de México intensificó sus gestiones diplomáticas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió luego de recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.
Y es que la Embajada de México en Estados Unidos informó que dará seguimiento al caso y buscará que los hechos sean investigados con total transparencia.
El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, confirmó que la representación diplomática mantiene contacto con la esposa e hijos de Salgado Araujo y les brinda acompañamiento consular en este proceso.
Cancillería anuncia acciones ante autoridades de Estados Unidos
A través de un mensaje publicado en la red social X, Lazzeri explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores actuará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, con el objetivo de impulsar una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
El diplomático señaló que la Embajada de México en Washington y el Consulado de México en Houston utilizarán todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento al caso.
“Como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”, expresó.
Acompañamos, a través del @ConsulMexHou, a la esposa e hijos de Lorenzo Salgado Araujo en este momento de dolor. Como lo ha instruido la Presidenta @Claudiashein y lo ha señalado el Canciller @r_velascoa, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en?
Habrá reuniones con el Departamento de Estado, DHS e ICE
Como parte de las acciones diplomáticas, Lazzeri informó que sostendrá reuniones con autoridades estadounidenses para solicitar información y una revisión de los hechos.
Los encuentros incluirán representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ICE y legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
El objetivo, explicó, será solicitar una investigación transparente del operativo y promover protocolos más claros para futuras intervenciones de las autoridades migratorias.
México pide respeto a la vida y los derechos humanos
El embajador subrayó que la postura del gobierno mexicano no busca cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar sus leyes migratorias, sino insistir en que las acciones de las autoridades se desarrollen con pleno respeto a la vida y a la dignidad de las personas.
“Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, escribió Lazzeri.
Caso se suma a otras muertes de mexicanos relacionadas con el ICE
Roberto Lazzeri señaló que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo representa un nuevo caso que preocupa al gobierno mexicano.
De acuerdo con el embajador, 17 ciudadanos mexicanos han fallecido en incidentes relacionados con agentes del ICE o mientras permanecían bajo detención migratoria, una cifra que mantiene la atención de las autoridades consulares mexicanas.
El caso de Salgado Araujo continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras su familia y organizaciones civiles también han solicitado una revisión independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el operativo en Houston.
La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, ha intensificado las exigencias de organizaciones civiles, legisladores y autoridades mexicanas para fortalecer la transparencia, la supervisión independiente y la rendición de cuentas en las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.
El caso, ocurrido el 7 de julio en un vecindario predominantemente latino de Houston, ha trascendido la discusión sobre el uso de la fuerza para convertirse en un llamado a revisar los mecanismos de control sobre los operativos de ICE, particularmente cuando éstos terminan con la muerte de una persona.
En un posicionamiento difundido este jueves, la organización Fuerza Migrante sostuvo que “la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, no puede convertirse en un expediente más. Su familia merece verdad. La comunidad merece transparencia. Y toda actuación de una autoridad que termine con la pérdida de una vida humana debe estar sujeta al más alto nivel de revisión, supervisión y rendición de cuentas”.
El documento toma como punto de partida la movilización impulsada por la organización LULAC (League of United Latin American Citizens), que promovió una petición pública para exigir una investigación “completa, independiente y transparente”, así como la preservación y publicación de toda la evidencia disponible, incluidos videos, comunicaciones y testimonios. También destaca la creación de un fondo de apoyo para la familia del fallecido.
Las demandas coinciden con las de la familia de Salgado Araujo, que rechaza la versión oficial presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Mientras ICE sostiene que el agente disparó en defensa propia después de que el conductor presuntamente embistiera un vehículo oficial e intentara atropellar a un agente, los familiares aseguran que Lorenzo creyó estar siendo víctima de un asalto debido a que los vehículos involucrados no estaban claramente identificados y exigen que se divulgue toda la evidencia disponible.
Uno de los elementos que ha alimentado las dudas es que el operativo no contaba con grabaciones de cámaras corporales, circunstancia reconocida por las autoridades y que ha complicado la reconstrucción independiente de los hechos. Asimismo, ICE no ha precisado públicamente si Salgado era el objetivo original del operativo.
Propuestas para fortalecer la supervisión
Fuerza Migrante planteó cuatro medidas para evitar que casos similares queden limitados a investigaciones internas: activar obligatoriamente una revisión técnica e independiente cada vez que una persona muera durante un operativo migratorio; establecer un seguimiento bilateral entre México y Estados Unidos en casos de alto impacto; incorporar observadores externos cuando existan versiones contradictorias o posibles excesos en el uso de la fuerza; y publicar recomendaciones institucionales al concluir cada investigación para corregir fallas en los protocolos.
“La justicia no puede depender de la presión mediática ni de la capacidad de una familia para exigir respuestas. La vida de una persona debe estar protegida por reglas claras, controles efectivos y autoridades obligadas a rendir cuentas”, señala el documento.
Gobierno de México anuncia acciones legales
La presión también ha escalado al plano diplomático. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y bajo custodia de ICE, al considerar que los canales diplomáticos utilizados hasta ahora no han producido resultados suficientes.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, al menos 17 connacionales han perdido la vida en los últimos meses: 14 mientras permanecían bajo custodia de ICE y tres durante operativos de detención. Reuters informó que el caso de Lorenzo Salgado elevó a por lo menos seis el número de personas fallecidas durante acciones de aplicación de la política migratoria desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El documento de Fuerza Migrante retoma esas cifras para advertir que “cuando los hechos se repiten, la respuesta institucional no puede limitarse a esclarecer responsabilidades caso por caso. También debe revisar si los protocolos, controles internos y mecanismos de supervisión están siendo suficientes para proteger la vida y prevenir abusos”.
Un entrenador de fútbol de origen mexicano fue condenado a 30 años de prisión federal por explotar sexualmente a menores, grabar los abusos y poseer documentos migratorios y de identidad fraudulentos en Tennessee.
Camilo Campos-Hurtado, de 66 años y residente de Franklin, recibió la sentencia el 2 de julio de 2026. Una vez cumplida la pena, deberá permanecer cinco años bajo libertad supervisada, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee.
Campos-Hurtado se había declarado culpable el 17 de junio de 2025 de cuatro cargos de explotación sexual de menores, uno por recibir material de abuso sexual infantil, otro por utilizar o poseer documentos migratorios fraudulentos y uno más por tener un documento de identidad robado o producido sin autorización legal.
La Fiscalía había solicitado una condena de 50 años debido a la gravedad de los delitos, la extensión temporal de los abusos y el riesgo que representaba el acusado. El juez federal estableció finalmente una pena de 360 meses, equivalentes a 30 años de cárcel.
Un teléfono olvidado permitió descubrir los abusos
La investigación comenzó en junio de 2023, cuando una persona encontró un teléfono celular que Campos-Hurtado había olvidado en un establecimiento comercial de Franklin.
Al revisar el dispositivo, encontró videos sexualmente explícitos y alertó de inmediato al Departamento de Policía de Franklin. La denuncia dio lugar a una investigación que permitió descubrir varios años de explotación sexual infantil.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocidos como HSI, y policías locales ejecutaron órdenes de registro en la vivienda y el vehículo del acusado. Allí recuperaron dispositivos electrónicos con material de abuso sexual infantil y numerosos documentos migratorios y de identidad falsificados.
Drogaba o emborrachaba a las víctimas
Los investigadores determinaron que Campos-Hurtado utilizaba drogas o alcohol para incapacitar a menores antes de abusar sexualmente de ellos y grabar las agresiones.
Los delitos por los que fue condenado ocurrieron entre 2017 y 2021, periodo durante el cual trabajaba como entrenador de fútbol. Sin embargo, el análisis forense de sus dispositivos reveló que producía material de abuso sexual infantil al menos desde enero de 2013.
Las autoridades señalaron que aprovechaba su posición como entrenador para acercarse a los menores y ganarse su confianza.
La Fiscalía indicó que Campos-Hurtado se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Después de cumplir su condena federal y cualquier pena estatal que aún tuviera pendiente, se espera que sea sometido a un procedimiento migratorio para su expulsión a México.
El gobierno estadounidense no precisó en qué fecha ni por qué lugar ingresó al país.
Organizadores del grupo Centro CSO de Los Ángeles y del condado de Orange se reunieron este miércoles afuera del edificio federal Ronald Reagan en Santa Ana para apoyar a Nadia Topete, una activista que insiste en que está siendo investigada por las autoridades por su participación en protestas contra las redadas de ICE el año pasado.
“Nadia no hizo nada malo. Protestar contra ICE no es un delito, defender los derechos de los inmigrantes no es un delito”, dijo Verita Topete, hermana de la activista. “Esto es un intento de la administración de Trump de acosar y desmantelar el movimiento por los derechos de los inmigrantes. El hecho de que se haya señalado a Nadia forma parte de un sistema de represión política del gobierno federal”.
De acuerdo con Verita, el 1 de julio, las autoridades de Los Ángeles se presentaron en el domicilio de la activista por los derechos de los inmigrantes para entregarle una segunda citación en la que se le ordenaba comparecer ante un gran jurado el 8 de julio. Topete ya había sido citada para testificar en mayo, pero no asistió a la audiencia.
Los grupos activistas que apoyan a Nadia creen que la citación está relacionado con la participación de la joven en las protestas contra los operativos migratorios el verano pasado y recuerdan como miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del encarcelamiento masivo de miembros de su comunidad, tras una serie de detenciones violentas de ICE en el sur de California.
Creen que se trata de un intento de reexaminar el caso de Alejandro Orellana, otro activista por los derechos de los inmigrantes que participó en las protestas contra ICE el año pasado. Orellana fue acusado de conspirar para provocar disturbios civiles. Al final, se retiraron los cargos contra el activista del este de Los Ángeles, quien fue detenido por repartir protectores faciales durante una protesta contra las redadas federales de inmigración.
“¡Hoy es un buen día porque nuestra compañera entró a la corte y pudo salir libre!”, dijo Gabe de Centro CSO.
Nadia saliendo del edificio federal de Santa Ana con su equipo legal. Crédito: Janette Villafana | ImpremediaDos mujeres sostienen un cartel con la frase “Stand With Nadia”.Crédito: Janette VillafanaMiembros de la comunidad escuchan las palabras de organizadores afuera del edificio federal de Santa Ana. Crédito: Janette Villafana
El miércoles, Nadia asistió a la corte a la que la habían llamado para dar su testimonio sobre las múltiples manifestaciones de 2025, pero aunque asistió a su audiencia decidió no prestar testimonio, ya que piensa que podrían usar cualquier cosa que diga en su contra y en contra de sus compañeros.
“Nadia es una chicana de primera generación que se enorgullece de serlo y se dedicó a la defensa de los derechos humanos después de que nuestro papá fue secuestrado y detenido en el campo de concentración de Adelanto, donde pasó tres años sufriendo todo tipo de abusos y negligencia médica”, comentó su hermana. “Ella nunca ha salido a la calle para causar daño; solo estaba defendiendo los derechos de nuestros vecinos, como todos aquí lo hemos hecho desde que comenzó esta pesadilla”.
Topete no se tomó a la ligera la noticia de que la habían citado a comparecer, ya que no es la primera activista a la que las autoridades han requerido para prestar alguna declaración. Este año, unos manifestantes contra ICE fueron condenados a décadas de prisión tras una protesta frente a un centro de detención en Texas.
Carlos Montes, del Centro CSO, dijo que Nadia ha sido parte de su organización por mucho tiempo y, durante ese tiempo ha apoyado a su comunidad al proporcionar tarjetas de “conoce tus derechos”, vigilando la comunidad e incluso pintando las caras de niños en muchos de los eventos comunitarios que suelen realizar.
Nadia a lado de su hermana, agradeciéndole a la comunidad por apoyarla. Crédito: Janette VillafanaCrédito: Janette Villafana
“Ella nunca ha hecho nada malo; solo está defendiendo a personas que no pueden defenderse”, dijo Montes, quien lleva años organizando en Los Ángeles.
Aunque Nadia no pudo dar ninguna entrevista, ya que su caso sigue abierto y puede que la vuelvan a llamar, sí se tomó un momento para agradecer a las más de 30 personas que asistieron a apoyarla. Al final, se tomó un momento para hacerse una foto con el grupo.
“Dependiendo de lo que pase, estamos listos para actuar, listos para estar ahí y apoyar a Nadia hasta el final”, dijo Sol Márquez, de la organización Legalización para Todos. “Tenemos que mantenernos unidos porque estamos bajo ataque; hoy es Nadia, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.
