El entramado de la red de corrupción durante el mandato del exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna suma un tentáculo más. La Fiscalía General de la República (FGR) ha publicado este miércoles que ha arrestado a Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Prevención y Readaptación Social a cargo de los Centros Federales de Readaptación (CEFERESOS) entre 2013 y 2018. El detenido está acusado de desviar dinero público durante la construcción de ocho prisiones bajo el mando de García Luna.
Molina es uno de las decenas de funcionarios acusados de participar en la trama de corrupción liderada por García Luna y sus socios y testaferros Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg. Estos últimos eran los encargados de canalizar recursos a empresas controladas por el antiguo secretario de Seguridad. Lo hicieron a través de 10 contratos que alcanzaron la suma de 5.112 millones de pesos y que fueron desviados gracias a “diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”. El excoordinador general de Prevención y Readaptación Social habría participado en el desvío de fondos para las prisiones federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán.
Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y el Gabinete de Seguridad detuvieron a Molina en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Durante el arresto, le incautaron varias identificaciones apócrifas con distintos nombres falsos, teléfonos celulares y dinero en efectivo, tanto en pesos mexicanos como en dólares estadounidenses. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) le acusa de firmar contratos para la construcción de ocho prisiones federales entre 2013 y 2018, “período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos”. Por el momento ha sido trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en el CEFERESO No. 1 Altiplano, en el Estado de México.
El funcionario de prisiones trabajó también para el Instituto Nacional de Migración, donde fue director de Control y Verificación Migratoria y subalterno de Francisco Garduño, el director de los penales que estuvo al frente de la institución cuando sucedió el trágico incendio dentro de uno de sus centros que mató a 40 hombres e hirió de forma grave a otros 27. Molina, de hecho, estuvo vinculado al proceso por el accidente en el edificio público de Ciudad Juárez en 2023 y pudo seguir ese proceso en libertad. Sin embargo, al final ha terminado en la cárcel por su desempeño cuando estaba al cargo de las prisiones federales. Este proceso, que comparte con otros 60 funcionarios, es independiente a la denuncia que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un despojo multimillonario, y que también incluye a García Luna, la policía federal y sus socios y empresas a través de la compañía Nunvav Inc., que obtuvo contratos en 2012 de parte del órgano que administra las prisiones federales (OADPRS) por un monto de 233 millones de dólares.
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