Un ciudadano venezolano beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) presentó una reclamación administrativa contra el Gobierno de Estados Unidos tras haber permanecido detenido durante ocho días por autoridades migratorias, a pesar de contar con documentación válida que acreditaba su permanencia legal en el país.
La acción legal fue interpuesta por el Miñana Family Center for Immigration Law and Policy, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), mediante una reclamación bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act, FTCA).
El procedimiento escribe una página histórica y constituye el primer paso para solicitar una indemnización por presuntas violaciones a sus derechos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según la organización, el incidente ocurrió en septiembre de 2025 cuando el venezolano atravesaba un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Texas. En ese momento, una orden judicial federal mantenía vigente el TPS para ciudadanos venezolanos, luego de que tribunales federales bloquearan intentos del Gobierno estadounidense de poner fin a esa protección migratoria.
Documentos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmaban que ciertos beneficiarios venezolanos conservaban su estatus y autorización de trabajo por mandato judicial.
De acuerdo con la reclamación, el inmigrante mostró a los agentes su permiso de trabajo y la notificación oficial que extendía su TPS. Sin embargo, fue arrestado y trasladado primero a una instalación de la Patrulla Fronteriza y posteriormente a un centro de procesamiento de ICE en Nuevo México.
“Lo que me hicieron a mí y a otros no puede deshacerse”, afirmó el afectado, quien solicitó permanecer en el anonimato.
“Esta denuncia es la única forma que tengo de buscar algún grado de rendición de cuentas y, con suerte, añadir una protección adicional a un sistema que con demasiada frecuencia no ve a la persona detrás del caso”, siguió.
La abogada Sofía López Franco, del Centro Miñana, sostuvo que la detención nunca debió ocurrir. “El Gobierno ignoró una orden judicial federal que restauró el TPS para Venezuela y el mandato legal que prohíbe la detención de personas con este estatus vigente”, declaró.
La legislación que regula el TPS establece expresamente que los beneficiarios están protegidos contra la detención y deportación mientras su estatus permanezca válido. Además, pueden recibir autorización de empleo durante los periodos establecidos por el programa.
El caso surge en medio de una prolongada batalla judicial sobre el TPS para venezolanos. Durante 2025 y 2026, diversas cortes federales emitieron fallos contradictorios respecto a los intentos del Gobierno estadounidense de cancelar estas protecciones, generando incertidumbre para cientos de miles de beneficiarios.
Sobre este caso, si las agencias federales no responden o no alcanzan un acuerdo dentro de los próximos seis meses, el demandante podrá presentar una demanda formal ante un tribunal federal para reclamar daños y perjuicios.
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