La presa política venezolana Rocío San Miguel, absuelta de todos los cargos

Cerca de la medianoche del jueves ha culminado el juicio por el caso Brazalete Blanco, una supuesta conspiración militar denunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2024, por la que encarcelaron a la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. La activista ha sido absuelta por el tribunal tercero de terrorismo, al igual que su ex pareja Alejandro González de Canales, ambos con nacionalidad española, y los activistas del partido político Vente Venezuela Luis Camacaro y Guillermo López.

“Hoy culmina un duro capítulo de mi vida”, escribió San Miguel en sus redes sociales. “Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente. Durante este tiempo fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios”, agregó en el mensaje en el que agradeció a su familia, sus abogados, las misiones diplomáticas, organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

San Miguel fue detenida por agentes de inteligencia en febrero de 2024 cuando iba a tomar un avión en Maiquetía. Estuvo desaparecida por días y levantó las alertas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pasó dos años presa en la cárcel política del Helicoide, donde sufrió una fractura en el hombro. Fue de las primeras excarceladas, junto con otros ciudadanos españoles, tras la intervención militar y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cuando el Gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció liberaciones. La mediación española en su caso hizo que saliera de la cárcel directo a un avión para trasladarse a Madrid, donde se reencontró con su familia. En mayo, regresó al país para atender su situación judicial.

El exfiscal Tarek William Saab acusó a San Miguel de traición a la patria, conspiración y terrorismo. Según el funcionario, la abogada era parte de una trama que tenía como objetivo asaltar cuarteles militares y asesinar a Maduro y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal. Esta fue una de las decenas de supuestas conspiraciones denunciadas por el chavismo en 2024, el año en que el Gobierno y la oposición negociaban las condiciones para unas elecciones presidenciales que acabaron en un fraude y desataron una persecución que dejó más de 2.000 presos políticos.

Una de las supuestas evidencias encontradas durante un allanamiento en la casa de la activista fueron unos mapas de Venezuela, material con el que San Miguel daba clases como especialista en seguridad y defensa. La abogada dirigía la ONG Control Ciudadano, que hacía monitoreo del sector militar venezolano. También involucraron en el plan a su expareja, coronel retirado y gerente de la petrolera Chevron.

El Ministerio Público, ahora bajo la dirección de Larry Devoe —que era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos cuando ocurrieron estos arrestos—, solicitó la absolución de San Miguel y su expareja y de los activistas de Vente —el partido de María Corina Machado— tras “un análisis objetivo de los hechos y las pruebas”, según comunicó el propio fiscal general en sus redes sociales.

El juicio por esta causa comenzó con dos años de retraso, el pasado 11 de agosto. Varios de los imputados comparecieron en las audiencias de forma telemática desde la cárcel, sin apoyo de abogados y familiares. El capitán Anyelo Heredia fue condenado a 18 años de cárcel. El oficial denunció que fue capturado en Venezuela por miembros del Ejército de Liberación Nacional coolombiano (ELN) y entregado a las fuerzas de contrainteligencia del Gobierno. Permanece en la cárcel del Rodeo con una fractura sin tratar en su pierna por un disparo recibido durante su detención en diciembre de 2023. Otros militares como Guillermo Enrique César, Tomás Martínez Macías y Ronald Ferrer recibieron condenas por 12 años. Por encubrimiento, condenaron a tres años de prisión a cuatro oficiales y un civil.

En su mensaje, San Miguel se solidarizó “con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad” y pidió que las condenas contra los otros procesados en su causa sean anuladas por ser “profundamente injustas”. Y agregó: “La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”.