El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, que investiga la sustracción de unos 1.300 menores que fueron adoptados ilegalmente en Chile, entre 1970 y 1990, ha procesado este viernes a Ivonne Gutiérrez Pavéz, una exjueza de un tribunal de menores de San Fernando, una ciudad ubicada a unos 140 kilómetros al sur de Santiago, por el robo de una bebé de 11 días, ocurrido en noviembre de 1982. Fue arrebatada a su madre de 18 años, quien se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad.
Se trata del tercer procesamiento dictado en contra de Gutiérrez, quien según ha establecido Aguilar fue parte de una red que operó durante los años ochenta, mientras ostentaba el alto cargo en el tribunal de San Fernando. La mujer, hoy de 86 años, huyó de Chile hacia Israel en 1983, donde le conoce como Ivonne Bronfman, en medio de un escándalo judicial por las adopciones ilegales, tras ser denunciada por el secretario de su juzgado. Aguilar decretó su prisión preventiva e insistió por segunda vez en su extradición.
De acuerdo con la indagatoria, la exjueza contactaba a madres jóvenes, la mayoría solteras, pobres y sin redes de apoyo y las hacían firmar papeles, que muchas veces no podían leer, y ellas acababan perdiendo a sus hijos, sin saber que los habían dado en adopción. Luego, los bebés eran entregados a parejas extranjeras, que pagaban por los niños.
Una supuesta sala cuna
El caso por el que Gutiérrez ha sido procesada este viernes fue denunciado por M.A.O.V. La madre fue internada en septiembre de 1982, embarazada, en el Hospital de San Fernando, hasta donde llegó sola y fue diagnosticada con desnutrición, una condición de “fragilidad y vulnerabilidad”, como destaca Aguilar en su resolución. En ese contexto, la jueza del tribunal de menores se presentó en el recinto de salud y le contó a la joven que estaba montando una sala cuna para que a futuro pudiese dejar a su bebé.
Dos meses después, según el procesamiento, mientras la joven madre era trasladada en una camilla dentro de una ambulancia a un hospital en Rancagua, una ciudad cercana a San Fernando, Gutiérrez se presentó nuevamente ante ella y le dijo que debía firmar tres documentos para que su bebé ingresara a la supuesta sala cuna. La apremió al señalarle que quedaban apenas dos cupos. M.A.O.V., que entonces tenía 18 años —legalmente era menor de edad en 1982—, firmó los papeles “estando con suero y dolores” y “sin leer nada”.
La bebé nació el 6 de noviembre de 1982 y su joven madre la inscribió en el Registro Civil 11 días después. Cuando salía del organismo estatal, y amamantaba a su hija en la puerta, nuevamente la jueza se le puso al frente y le ofreció ir a comer a un restaurante. Abordaron un automóvil gris, donde también iban otras dos personas: un hombre que oficiaba de chofer y una mujer.
Según la declaración de M.A.O.V. al magistrado Aguilar, en el restaurante la jueza le dio dinero, unos 5.000 pesos de la época (equivalentes a unos cinco dólares actuales) para que fuera a comprar ropa para su bebé. Cuando la joven regresó al local, unos 10 minutos después, no estaba ni su hija ni Gutiérrez ni las otras dos personas. Un mesero, describe la resolución, le entregó un mensaje de parte de la jueza: que la buscara en San Fernando para que se volvieran a contactar.
Desesperada, M.A.O.V. fue a denunciar los hechos a la Policía de Investigaciones, “sin lograr la recuperación de su hija hasta el día de hoy”, dice el procesamiento. Poco después, Gutiérrez se fue de Chile a Israel junto a su pareja, el abogado Alberto Bronfman, fallecido en 1985.
De las más de 1.300 causas por sustracción de menores que han sido judicializadas —se calcula que más de 20.000 niños fueron sacados de Chile—, unas 50 corresponden a San Fernando, donde funcionaba el tribunal que estaba a cargo de Ivonne Gutiérrez.
Los dos primeros procesamientos dictados por el ministro Alejandro Aguilar en contra de la exjueza fueron en junio de 2025. Uno fue por el caso de Andrea, a quien su madre, a gritos, logró quitársela a la organización cuando la niña tenía dos años. El segundo fue por la sustracción de Alex, el hijo de poco más de un año de Ruth Reyes, enviado en 1983 a Estados Unidos con una nueva familia.
Reyes fue la primera madre en denunciar los hechos. Tenía 16 años, dos hijos, estaba sola y vivía en la pobreza, por lo que aceptó el ofrecimiento de dejar a Alex en una residencia temporal hasta que mejorar su situación. Pero, cuando lo fue a buscar, se enteró que su bebé estaba fuera de Chile. Según la investigación de Aguilar, nunca firmó un papel en el que consintiera dar a su bebé en adopción.
Ruth murió en julio de 2025, un mes después de que la jueza fuera procesada. Poco antes había dicho EL PAÍS que nunca dejó de recordar y de buscar a Alex: “Todos los días pienso en él. Lo imagino caminando, chiquitito, gordito, morenito”.
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