El estado de Colorado ha escalado su pulso contra el gobierno de Donald Trump con la presentación de una demanda clave este martes para bloquear la apertura de una megainstalación de detención de migrantes con capacidad para 1,200 personas en la localidad rural de Hudson, a unos 50 kilómetros al noreste de Denver.
La acción judicial, incoada ante un tribunal federal por el fiscal general del estado, Phil Weiser, apunta directamente contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La demanda exige la anulación inmediata de un contrato quinquenal valorado en más de $500 millones de dólares adjudicado al gigante penitenciario privado GEO Group, destinado a rehabilitar y operar la antigua cárcel de la localidad, clausurada desde 2013 y bautizada ahora como Big Horn.
“Los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la administración Trump”, aseveró Weiser.
El frente ambientalista y la saturación de Hudson
El pilar central del recurso interpuesto por la Fiscalía sostiene que las autoridades federales vulneraron flagrantemente la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al saltarse las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias antes de comprometer los fondos públicos.
Asimismo, la demanda argumenta que la llegada de 1,200 reclusos alteraría de forma drástica e insostenible la estructura de Hudson, duplicando prácticamente la población total de la pequeña comunidad.
De acuerdo con los propios informes de planificación municipal, la reapertura requerirá construir un nuevo pozo, ampliar la planta de agua potable y reestructurar el sistema de aguas residuales, el cual ya opera por encima de su capacidad permitida de forma periódica.
Cerco judicial de triple vía
La iniciativa del fiscal general no es una acción aislada, sino que se suma a una ofensiva legal coordinada en los juzgados.
La semana pasada, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) junto a la organización GreenLatinos radicaron una querella paralela acusando también a ICE de ignorar las normativas ambientales federales.
A este cerco se añaden los propios residentes de Hudson y la agrupación Together Colorado, quienes mantienen otra demanda activa para exigir el cumplimiento estricto de las normas locales de zonificación.
Con información de EFE.
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