Comprar un teléfono móvil, uno de los productos tecnológicos más habituales, será ligeramente diferente en España a partir de este fin de semana. El cambio, sin embargo, no afecta únicamente a los smartphones, sino al conjunto de bienes de consumo vendidos en la Unión Europea, cuyos comercios deberán informar de forma más clara sobre los derechos de garantía de los compradores.
El cambio procede de la normativa europea destinada a reforzar la protección de los compradores y, sobre todo, a evitar que determinadas garantías que ya reconoce la legislación se presenten como una ventaja comercial añadida. La fecha clave es el 27 de septiembre de 2026, cuando comenzarán a aplicarse las medidas derivadas de la Directiva (UE) 2024/825 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960.
Una de las novedades que más fácilmente podrán detectar quienes acudan a comprar, por ejemplo, un teléfono será el aviso armonizado sobre la garantía legal. Los comercios físicos deberán colocarlo en un lugar claramente visible y con un tamaño mínimo equivalente a un A4.
La medida también afectará a las compras por internet. Las tiendas online tendrán que presentar esta información de manera destacada dentro de su página o interfaz de venta, de modo que el consumidor pueda conocer la existencia de la garantía antes de completar el pedido.
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El aviso recordará que los ciudadanos de la Unión Europea disponen de una garantía legal mínima de dos años. Sin embargo, esto no significa que España reduzca la protección actual: para los bienes nuevos adquiridos en nuestro país, el periodo general de garantía es de tres años desde el 1 de enero de 2022.
Por tanto, la novedad no consiste en ampliar o recortar ese plazo, sino en hacer mucho más visible un derecho que ya existe. El cartel incorporará, además, un código QR para acceder a información adicional y conocer las particularidades de la legislación aplicable.
Qué ocurre si el móvil tiene un defecto
La garantía legal protege al comprador cuando existe una falta de conformidad. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando el teléfono no funciona correctamente, presenta un defecto o no cumple con las características que se anunciaron en el momento de la venta.
Ante una situación de este tipo, el consumidor puede reclamar al vendedor y solicitar, con carácter general, la reparación o la sustitución del dispositivo sin coste. Los gastos necesarios para solucionar el problema, como materiales, mano de obra, transporte o envío, tampoco deben trasladarse al cliente cuando se encuentran cubiertos por la garantía.
Además, el vendedor es quien debe responder frente al comprador por la garantía legal. Si la reparación o la sustitución no son posibles o no permiten solucionar el problema, la legislación contempla otras alternativas, entre ellas una rebaja del precio o, cuando corresponda, la resolución del contrato y el reembolso.
La nueva etiqueta EU GARAN
Junto al aviso obligatorio aparecerá otro elemento que puede generar dudas: la etiqueta EU GARAN. A diferencia del cartel sobre la garantía legal, este distintivo está relacionado con una garantía comercial gratuita de durabilidad ofrecida por el fabricante.
La etiqueta permitirá identificar aquellos productos para los que el productor asume voluntariamente un compromiso de durabilidad durante un determinado número de años. Para poder utilizarla, la garantía tendrá que ser gratuita y cubrir el producto completo, no únicamente piezas concretas como la batería o determinados componentes internos.
La particularidad española está en que la garantía legal para bienes nuevos ya alcanza los tres años. Por ello, para que una garantía comercial de durabilidad pueda distinguirse mediante EU GARAN en España tendrá que superar esa protección legal, es decir, alcanzar al menos cuatro años.
Si una marca promete, por ejemplo, cinco años bajo estas condiciones, deberá responder durante ese periodo conforme a los términos anunciados. Este compromiso comercial será adicional y no sustituirá los derechos que la legislación ya concede al comprador.
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Otro de los objetivos de las nuevas reglas europeas es impedir prácticas que puedan llevar a confusión. Los comercios no podrán presentar como una ventaja extraordinaria una protección que el consumidor ya tiene obligatoriamente por ley.
Así, anunciar los tres años de garantía legal existentes en España como si fueran un beneficio exclusivo incluido gratuitamente con determinado teléfono puede inducir al comprador a pensar que está recibiendo una cobertura adicional cuando, en realidad, se trata de un derecho reconocido legalmente.
Los cambios forman parte de una estrategia europea más amplia para proporcionar información sobre la durabilidad, reparabilidad y vida útil de los dispositivos electrónicos. Desde junio de 2025, móviles y tabletas también cuentan con una etiqueta energética que aporta datos relacionados con aspectos como la autonomía de la batería, la resistencia o la facilidad de reparación.
La nueva regulación tampoco debe confundirse con el derecho de desistimiento de las compras a distancia. Son mecanismos distintos: la garantía protege frente a productos que no son conformes con lo acordado, mientras que el desistimiento permite, con carácter general y salvo determinadas excepciones, devolver una compra realizada por internet durante los 14 días naturales siguientes, aunque el artículo no tenga ningún defecto.
A partir del domingo, por tanto, quien entre en una tienda para renovar su teléfono no estrenará nuevos tres años de garantía, porque ese derecho ya existía en España. Lo que encontrará será más información antes de pagar y una distinción más clara entre la protección obligatoria por ley y las garantías adicionales que realmente ofrecen los fabricantes.
Comprar un teléfono móvil, uno de los productos tecnológicos más habituales, será ligeramente diferente en España a partir de este fin de semana. El cambio, sin embargo, no afecta únicamente a los smartphones, sino al conjunto de bienes de consumo vendidos en la Unión Europea, cuyos comercios deberán informar de forma más clara sobre los derechos de garantía de los compradores.
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