La administración del presidente Donald Trump avanza con un nuevo plan para imponer multas de hasta $18,000 dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que posteriormente sean arrestados por autoridades migratorias, en una medida que forma parte de la estrategia federal para endurecer la política migratoria y promover la autodeportación.
La propuesta fue publicada esta semana por el Department of Homeland Security (DHS) en el Registro Federal y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el próximo 22 de junio. El gobierno busca elevar la multa actual de $5,130 dólares, establecida apenas el año pasado, argumentando que la cifra ya no cubre los costos reales de localizar, detener y expulsar a un inmigrante.
Funcionarios del DHS señalaron que el nuevo monto contempla gastos relacionados con investigaciones, operaciones de arresto, detención, transporte, personal de apoyo, capacitación y recursos logísticos utilizados por las autoridades migratorias.
La medida afectaría principalmente a inmigrantes que recibieron órdenes de deportación en ausencia, es decir, personas que no acudieron a una audiencia ante la corte migratoria y que posteriormente fueron declaradas deportables por un juez.
La Casa Blanca busca incentivar la autodeportación
Funcionarios federales han reconocido que probablemente el gobierno nunca logre recuperar gran parte del dinero de estas sanciones, debido a que muchos inmigrantes carecen de recursos económicos suficientes para pagarlas.
Aun así, la Casa Blanca sostiene que las multas tienen un objetivo disuasivo y buscan presionar a los inmigrantes indocumentados para abandonar voluntariamente Estados Unidos.
“Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”, indicó el DHS en declaraciones citadas por medios nacionales.
Datos federales muestran que entre enero y marzo de este año las autoridades migratorias ya impusieron alrededor de $36,000 millones de dólares en multas a unas 65,000 personas. El promedio de sanción supera el medio millón de dólares por individuo, aunque el gobierno no ha informado cuántos inmigrantes han logrado pagar esas cantidades.
El endurecimiento ocurre en medio de un aumento significativo en las órdenes de deportación emitidas en ausencia. Según estadísticas oficiales, más de 223,000 personas recibieron este tipo de fallos en 2024, una cifra muy superior a la registrada hace apenas dos años.
Paralelamente, la administración Trump transformó la aplicación migratoria CBP One, utilizada durante el gobierno de Joe Biden para solicitudes de asilo, en la nueva plataforma CBP Home, diseñada para facilitar procesos de autodeportación.
El gobierno incluso ofrece incentivos económicos de hasta $2,600 dólares para quienes abandonen el país voluntariamente y certifiquen su salida de Estados Unidos.
Organizaciones denuncian una política basada en el miedo
Grupos defensores de inmigrantes criticaron duramente el aumento de las sanciones y acusaron a la administración Trump de intentar criminalizar a migrantes, incluidos aquellos que originalmente ingresaron de manera legal al país.
American Civil Liberties Union advirtió que las nuevas medidas generan miedo entre las comunidades inmigrantes y podrían provocar que más personas eviten acudir a sus audiencias judiciales.
Sarah Mehta, directora adjunta de políticas migratorias de la ACLU, afirmó que muchas familias migrantes ya trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía estadounidense, pese a enfrentar procesos migratorios complejos.
Por su parte, American Immigration Council señaló que aumentar las multas no resolverá las fallas estructurales del sistema migratorio ni garantizará mayor cumplimiento de las leyes.
Abogados migratorios también aseguran que el temor a ser detenidos al acudir a la corte está provocando que algunos inmigrantes decidan no presentarse ante los jueces. El abogado de inmigración Nicolás Chávez, con sede en Texas, sostuvo que muchos consideran que ya no tendrán una oportunidad real de defender sus casos.
“El aumento de multas parece menos una solución y más una respuesta a un problema que el propio gobierno contribuyó a crear mediante tácticas agresivas y mensajes basados en el miedo”, afirmó Chávez.
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