La detención de la influencer mexicana Karla Toledo, conocida en redes sociales como “Karlangas”, provocó una ola de indignación en Arizona y reavivó el debate sobre las acciones migratorias contra beneficiarios del programa DACA durante la nueva ofensiva de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Toledo, de 31 años y originaria de Ciudad Obregón, Sonora, fue arrestada el pasado 18 de mayo dentro de su vivienda en Tucson por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La joven llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía un año de edad y, de acuerdo con sus abogados y familiares, mantenía vigente su protección bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que agentes migratorios se aproximan a la vivienda mientras Toledo y su esposo se preparaban para salir a trabajar. En las imágenes se escucha a la joven cuestionar repetidamente si los oficiales contaban con una orden judicial para ingresar a la propiedad y proceder con su arresto.
Según el relato de sus padres, los agentes nunca mostraron una orden firmada por un juez. La familia sostiene que Toledo decidió salir de la vivienda creyendo que no podía ser detenida debido a que su estatus migratorio se encontraba en regla.
Karla Toledo ha ganado notoriedad en plataformas digitales por compartir contenido sobre moda, estilo de vida y superación personal, además de colaborar con organizaciones comunitarias que apoyan a migrantes en Arizona.
Crece presión política y comunitaria en Arizona
Horas después del arresto, decenas de manifestantes se congregaron frente a oficinas de ICE en Tucson con pancartas y consignas exigiendo la liberación inmediata de la joven mexicana.
La congresista Adelita Grijalva acudió al centro de detención y posteriormente informó que Toledo se encontraba en buen estado físico. La legisladora pidió públicamente que las autoridades migratorias expliquen las razones de la detención.
“Queremos dejar claro que Toledo fue secuestrada de su casa por agentes de ICE”, declaró el abogado Mo Goldman durante una conferencia de prensa en Tucson, al asegurar que el operativo fue “irregular e injustificado”.
La defensa legal sostiene que la beneficiaria de DACA no tiene antecedentes penales ni órdenes previas de deportación, situaciones que normalmente son consideradas prioritarias para una detención migratoria.
Carolina Silva, directora ejecutiva de la organización Scholarships, señaló que los arrestos de personas protegidas bajo DACA suelen ocurrir únicamente cuando existen delitos graves o violaciones migratorias importantes, circunstancias que —afirmó— no aplican en este caso.
DHS asegura que la influencer agredió a un agente
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de los agentes y aseguró en un comunicado que Toledo fue arrestada después de presuntamente agredir a un oficial federal durante un operativo dirigido contra otra persona.
La dependencia también afirmó que la inmigrante registró un “ingreso ilegal” a Estados Unidos el 12 de octubre de 2024 y que al momento de su arresto existía una orden de detención activa, además de una solicitud de renovación de DACA pendiente.
Sin embargo, los abogados de Toledo rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la joven contaba con un permiso oficial de viaje emitido por las autoridades migratorias, por lo que su reingreso al país fue legal.
Actualmente, Toledo permanece bajo custodia en el centro de detención de ICE en Eloy, Arizona, mientras enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en deportación.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten sobre un endurecimiento de las medidas migratorias incluso contra personas amparadas por programas federales como DACA, creado en 2012 durante la administración de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes traídos al país cuando eran niños.
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