Un grupo de migrantes latinos expulsados de EE.UU. hacia la República Centroafricana se encuentra en un limbo legal y sin posibilidad de desplazamiento tras su expulsión del país en medio de la medida presidencial de deportaciones a terceros países, que ha afectado a 25,000 personas, según datos de la organización Human Rights First.
Entre los afectados figura Yasmany Moreno de Armas, un ciudadano cubano de 32 años detenido en Miami el pasado mayo y trasladado a la República Centroafricana tras diez años de residencia en territorio estadounidense, quien relató que abordó una aeronave en Louisiana sin previo aviso sobre el trayecto final: “Pensé que era mentira”, declaró el migrante a ABC News.
“Este es un país que lleva 50 años en guerra, donde Estados Unidos no permite la entrada a sus ciudadanos estadounidenses”, declaró, añadiendo que “cada día corremos peligro”, advirtió el migrante.
Por su parte, Aristides Fernández García, otro inmigrante cubano afectado por la medida señaló que “no tenemos visa ni papeles; somos ilegales”, y agregó que “somos prisioneros aquí, no nos dejan salir ni ir a ningún lado. Ahora mismo, aunque quisiera y tuviera los medios para viajar a cualquier otro país, no puedo”.
“Me siento secuestrado”, agregó Fernández García, quien además agregó que “han violado todos los derechos que existen en la vida, porque somos seres humanos”.
Marco institucional en el traslado a terceros países
La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ejecutar traslados a terceros países cuando existen impedimentos de recepción en el país de origen. La administración Trump estableció convenios con cerca de tres docenas de estados, incluyendo Liberia, Ghana y Sierra Leona.
El DHS sostuvo a ABC News que los entrevistados “fueron deportados a un país seguro” y puntualizó que “estamos aplicando la ley tal como está escrita”.
Por su parte, la abogada de inmigración Meredyth Yoon declaró a ABC News que “la administración Trump está enviando sistemática y cruelmente a personas a terceros países sin previo aviso, sin el debido proceso y sin ninguna oportunidad de oponerse a lo que les está sucediendo”, acotando que “la administración está haciendo esto de una manera extremadamente opaca y carente de transparencia”.
Asimismo, Savi Arvey, representante de Human Rights First, detalló que el gobierno destinó cerca de $50 millones de dólares en pactos bilaterales con terceros países y señaló que el envío de refugiados a naciones de alto riesgo “demuestra que la administración tiene un total desprecio por el debido proceso, por el derecho internacional y por la dignidad humana”.
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