Más de 300 trabajadores surcoreanos detenidos en la redada migratoria de una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia preparan reclamaciones contra el Gobierno de Donald Trump, en un proceso que podría terminar en una demanda federal.
Los trabajadores, representados por un abogado identificado como Lee, presentarán primero reclamaciones administrativas ante nueve organismos federales, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia, ICE y el FBI.
Este paso es obligatorio antes de acudir a los tribunales.
El abogado sostiene que durante la operación se vulneraron los derechos de los detenidos y que sus clientes buscan no solo una compensación económica, sino también que el Gobierno estadounidense reconozca lo ocurrido y ofrezca disculpas.
La operación tuvo lugar el 4 de septiembre de 2025 en las obras de una planta de baterías de HL-GA Battery Company, una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution. Las autoridades detuvieron a 475 personas, entre ellas 316 ciudadanos surcoreanos, en una de las mayores operaciones migratorias realizadas en un solo emplazamiento por el DHS.
Imágenes difundidas tras la redada mostraron a varios trabajadores esposados y encadenados durante el operativo.
Después de ser trasladados a Corea del Sur, algunos de los detenidos denunciaron condiciones de hacinamiento, instalaciones insalubres, burlas por parte de funcionarios y la firma de documentos cuyo contenido, según dijeron, no comprendían.
Reclamos ante nueve agencias federales
Lee prevé presentar las reclamaciones administrativas antes de que termine este año. El proceso busca determinar posibles responsabilidades del Gobierno federal antes de que los trabajadores puedan recurrir directamente a una demanda judicial.
La redada se produjo en medio de una investigación estadounidense sobre presuntas prácticas laborales y posibles violaciones migratorias. Las autoridades afirmaron entonces que muchos de los trabajadores habían utilizado visas que no autorizaban labores en una obra, habían permanecido más tiempo del permitido o se encontraban en el país sin autorización.
El operativo generó una fuerte reacción en Corea del Sur y abrió un debate sobre las condiciones migratorias necesarias para que empresas surcoreanas puedan enviar especialistas a sus proyectos en Estados Unidos.
Pese al episodio, Hyundai anunció posteriormente nuevas inversiones por $2,700 millones de dólares en Georgia. La empresa también confirmó el regreso de especialistas surcoreanos al proyecto de la planta, aunque no precisó cuántos de los trabajadores deportados habían vuelto.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, propuso además crear un “visado de manufactura” que permitiera a técnicos extranjeros permanecer legalmente hasta 90 días para instalar maquinaria y capacitar a trabajadores estadounidenses, con el objetivo de evitar situaciones similares.
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