La controversial Ley 1720, que planteaba la mayor reforma agraria del siglo en Bolivia, fue abrogada la noche del martes por la Cámara de Senadores. La norma permitía la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana, convirtiendo a la tierra en un activo financiero y garantía para créditos, pero perdiendo su característica de inembargabilidad. Varios campesinos percibieron una amenaza de mercantilización del territorio y, desde el día en que la ley fue promulgada, el 26 de marzo, agricultores amazónicos emprendieron una marcha de casi 1.000 kilómetros hacia La Paz, sede de Gobierno. Confederaciones campesinas de otras regiones del país se sumaron al reclamo y mantienen bloqueadas las carreteras de la capital administrativa desde hace una semana.
El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que la reforma está anulada, pero se ha instruido a la Cámara de Diputados a trabajar en una nueva ley que recoja el espíritu de la anterior pero concertada con los sectores movilizados. “La ley 1720 ya no existe, pero hemos introducido una disposición transitoria para que se elabore una nueva norma pactada con los actores involucrados que permita una reclasificación voluntaria de la tierra”, aseguró en una entrevista radial.
El intento de conciliación comenzó el pasado miércoles con un acuerdo entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) para devolver la ley al Parlamento. La abrogación prosiguió el sábado en la Cámara de Diputados y ahora fue el turno del Senado, que registró 32 votos a favor, tres en contra y nueve en blanco. Los senadores que apoyaron la revocación justificaron su decisión en aras de “pacificar” el país. “Es una pena que lleguemos a esto porque es una ley que le daba al pequeño campesino la libertad que no tiene (…) estoy dispuesto a votar por la abrogación con el compromiso de que los marchistas acaben con las presiones”, aseguró quien fue el principal impulsor de la norma, el empresario y senador Branko Marinković.
Paz espera algo de oxígeno tras la abolición. Las protestas han ido escalando y se multiplican en varios frentes. Además de los campesinos, están movilizados los profesores públicos rurales y urbanos; entre varios pedidos, sobresale lo que llaman una “compensación salarial” del 30% por la crisis económica, reflejada en la inflación de dos dígitos que pronostican las instituciones financieras. Indígenas aimaras del altiplano, agrupados en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y su brazo miliciano, los Ponchos rojos, demandaban inicialmente la abrogación de la 1720, pero ahora han elevado su exigencia a la renuncia del presidente.
Al ultimátum de la Túpac Katari se ha sumado la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor central sindical del país; ambas organizaciones han firmado un pacto de no dialogar con el Gobierno y llevar las presiones hasta forzar la salida de Paz. Estos sectores populares, en los que se apoyó la anterior gestión de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), acusan al jefe de Estado de haber favorecido con sus políticas —en los seis meses de gestión que lleva— a los latifundistas y élites empresariales, olvidándose de los sectores populares.
El intento de la reforma agraria fue el empujón final para detonar su descontento, pues aseguran que no fueron consultados para la elaboración de la ley y que, más bien, fue impulsada desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), cuya directiva está conformada por agroindustriales de la capital económica del país, Santa Cruz de la Sierra. La CAO, en una primera instancia, se declaró en emergencia, pero el miércoles, después de una reunión, decidió apoyar la abrogación y dejar la vía expedita al Senado: “Por pacificar el país, por el bien de todos los bolivianos que están sufriendo y no les llegan tanques de oxígeno por los bloqueos. No pueden continuar con esta excusa”.
Marinković y la bancada de la que forma parte, el partido de derecha conservadora Libre, aseguraron en la sesión del miércoles que los diputados cuentan ahora con 60 días para elaborar una nueva versión de la reforma agraria.
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